cannabis

Pocos debates despiertan tantas pasiones como la discusión sobre el estatus legal de la marihuana. Para algunos, su prohibición atenta contra el valor de la libertad individual; para otros, su legalización atenta contra la salud y el orden público. ¿Qué explica tanta sensibilidad? Ya sea como herramienta de desinhibición o analgesia de la angustia, la droga es un objeto que radicaliza la ficción –y las tensiones– de libertad y soberanía individual sobre la cual se sostienen nuestras sociedades democráticas, arrastrando consigo imaginarios de descomposición social o decadencia individual.

Hoy asistimos a una reorganización de los criterios sociales de clasificación de la droga. La ausencia de este debate en Chile durante mucho tiempo no sólo es signo de la erosión de nuestra vida política; ello es también sintomático de nuestra dificultad de elaborar un debate sobre las drogas a partir de una visión de conjunto. No se trata simplemente de una batalla entre prohibicionistas versus anti-prohibicionistas. Es necesario salir de esta dicotomía y asumir una posición agnóstica para empezar a pensar la complejidad del problema, alimentar la deliberación democrática y avanzar hacia alternativas posibles. Ese es el objetivo de la serie “Cannabis”. Las conclusiones son responsabilidad del lector.

Piense en dos alternativas respecto al estatus legal del cannabis: prohibir (y aplicar severas sanciones legales frente al cultivo, uso y distribución) o despenalizar (y regular el cultivo, consumo y distribución). ¿Qué opción tomaría usted?

En un escenario con tan sólo dos posibilidades, pareciera ser relativamente fácil llegar a una respuesta y elaborar una política. Nada más lejano a la realidad. El problema del estatus legal pone de relieve un dilema fundamental de toda política de drogas: ¿nos enfocaremos en la reducción de la prevalencia (número de usuarios), de la intensidad (número de dosis por usuario) o de los daños (nocividad de cada dosis) asociados a la droga? Es imposible proyectar con certeza cómo el cambio del estatuto legal del cannabis podría impactar en el equilibrio de esta ecuación.

El proyecto que fue recientemente aprobado en la Cámara de Diputados modifica la ley N° 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como aspectos específicos del Código Sanitario. En términos generales, la reforma busca legalizar el uso del cannabis con “fines medicinales, espirituales y recreativos”. Recordemos que hoy en Chile es lícito el consumo personal de marihuana si se lleva a cabo de manera espontánea y privada. Además, durante el año 2013 el Instituto de Salud Pública ya había autorizado la importación y administración de medicamentos en base a cannabis. El nuevo proyecto implica la despenalización del auto-cultivo (6 plantas máximo) y la tenencia de cannabis para consumo privado en mayores de edad (10 gramos máximo), además de la regularización de su uso para fines terapéuticos.

cannabis-2La diputada Karol Cariola calificó esta medida como “un día histórico contra el narcotráfico”, el diputado Giorgio Jackson enfatizó la necesidad de “fortalecer los procesos educativos para no estigmatizar su consumo”, mientras que Ana María Gazmuri, presidenta de Fundación Daya, sostuvo que “se hizo eco de las demandas ciudadanas”, y el diputado Nicolás Monckeberg se preguntaba: “¿estamos realmente conscientes de lo que estamos haciendo?”. Al interior de este debate, ¿cuáles han sido las principales posiciones y argumentos en juego? Se pueden distinguir principalmente tres posiciones: la de organizaciones ciudadanas, la de sociedades médicas y la de algunos personajes del mundo político.

Las organizaciones ciudadanas (Revista Cáñamo, Fundación Daya, etc.) que han realizado una campaña sostenida para poner fin a la política de prohibición y criminalización que opera en la actual ley de drogas, han movilizado un discurso basado en la “dignidad”, “derechos” y “libertades” de las personas en un Estado democrático, apuntando al “mejoramiento de la calidad de vida tanto en términos materiales como espirituales”. ¿Cuáles han sido sus argumentos?

(1)  La prohibición e impedimentos del auto-cultivo y consumo personal de cannabis atentaría contra la libertad de elección y autodeterminación en un Estado de derecho que no debiera interferir en la vida privada de las personas. Además, el paradigma prohibicionista ha traído consecuencias nefastas al obligar a muchas personas a consumir drogas de baja calidad y ha favorecido la existencia del narcotráfico.

(2)  La despenalización del auto-cultivo y el expendio de marihuana medicinal ayudaría a la descongestión del sistema penal y judicial (la mayoría de los detenidos por infracción a la ley N° 20.000 son usuarios y no traficantes).

(3)  La evidencia proporcionada por ensayos clínicos que sugieren que el cannabis puede ser un efectivo agente terapéutico en el tratamiento de ciertas condiciones médicas: dolor crónico, esclerosis múltiple, glaucoma, cáncer, entre otras. Este es uno de los principales argumentos que ha movilizado a distintas organizaciones de la sociedad civil en el mundo para cambiar el estatus legal del cannabis.

Por otro lado, algunas sociedades médicas (Colegio Médico, sociedades de psiquiatría y pediatría, entre otros) y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) han contra-argumentado a partir de la idea de que la legalización del cannabis enviaría un mensaje erróneo a la población, y reclaman que es deber del Estado proteger la salud por sobre la libertad de consumo. Sus principales argumentos han sido que:

(1)  El cannabis produce efectos negativos sobre la salud de las personas a nivel cognitivo, conductual y somático: efectos adversos sobre la memoria, la concentración y el aprendizaje, así como sobre la coordinación y el juicio. Además, la marihuana es un factor de riesgo para algunos problemas de salud mental (sintomatología ansiosa y depresiva, síntomas psicóticos) y sería la “puerta de entrada” hacia drogas más duras.

(2)  La despenalización “aumentará la oferta de marihuana en medio de una epidemia de uso juvenil e infantil”, decía Raúl Schilkrut, especialista en adicciones. La marihuana tiene un efecto nocivo en el desarrollo del cerebro del adolescente y sus efectos se extienden hasta la adultez: reducción en rendimiento académico, mayor probabilidad de dependencia de otras drogas ilícitas, mayor probabilidad de realizar un intento de suicidio.

(3)  Es necesario contar con mayor evidencia tanto sobre los aspectos clínicos como sobre los efectos sociales de la legalización del uso terapéutico, fundamentalmente debido a las limitaciones metodológicas de muchos de estos estudios.

Las sociedades médicas, por cierto, parecen estar abiertas a la posibilidad del uso medicinal del cannabis (“los derivados de la marihuana debieran tener el mismo trato que cualquier fármaco, ni más ni menos”, sostuvo el psiquiatra Carlos Ibáñez). En este sentido, el problema parece situarse fundamentalmente en su uso recreativo, sobre todo en el caso de los menores de edad. ¿Por qué este énfasis en los menores de edad? Porque la edad de inicio del consumo es un importante factor de riesgo al largo plazo: a menor edad de inicio, mayor probabilidad de presentar problemas en el futuro.

Finalmente, algunos políticos y economistas (Ricardo Lagos, Klaus Schmidt-Hebbel, entre otros) han elaborado un discurso que parte del principio siguiente: debemos reconocer que bajo el actual paradigma “hemos perdido la guerra contra las drogas”, tanto en términos políticos y económicos, como sociales y de salud pública. De ahí se desprenden sus argumentos y propuestas:

(1)  Los efectos negativos del consumo de drogas legales (tabaco, alcohol) son mayores a los efectos negativos del consumo de drogas ilegales en términos de morbilidad, mortalidad, costo económico y social. La ilegalidad de las drogas generaría más costos que beneficios, ya sea en términos de costos directos (recursos fiscales necesarios para prevenir, reprimir, sancionar, rehabilitar) o indirectos (crimen, violencia, inseguridad ciudadana).

(2)  La ilegalidad de las drogas pone el foco en políticas represivas en lugar de políticas sanitarias. Un menor gasto fiscal en represión y un mayor ingreso fiscal por la vía de impuestos específicos a las drogas, permitirían un mayor gasto en programas de prevención y tratamiento.

(3)  Por lo tanto, la legalización progresiva de las drogas actualmente ilegales bajo un estricto control de las condiciones de producción, consumo y comercio permitiría desarrollar políticas más coherentes y eficaces, y se traduciría en mayor bienestar social.

Tal es a grandes rasgos el panorama de la discusión en Chile. En este contexto, es curioso que el Ministerio de Salud se haya mantenido al margen del debate, guardando un silencio irresponsable. ¿Alguien sabe con claridad cuál es la posición del MINSAL al respecto?

Todo este debate se produce en un contexto que es necesario (re)conocer: la incidencia del consumo de drogas es elevada en Chile, particularmente entre los jóvenes (lo paradojal es que ello se ha producido bajo una política de prohibición). La reciente publicación del Décimo Primer Estudio de Consumo de Drogas en la Población General de Chilede SENDA vino precisamente a reavivar el debate.

cannabis-graf1

¿Qué nos dice este gráfico? Fundamentalmente dos cosas. Primero, que la tendencia del consumo de marihuana entre los chilenos va al alza: en sólo cuatro años el consumo aumentó de un 4,6% a un 11,3% (equivalente a 1.114.129 personas). Segundo, que esta alza ha sido más pronunciada en la población joven. A ello habría que agregar dos resultados más: entre la población joven y adolescente, el consumo ha aumentado principalmente en los sectores socialmente más vulnerables y un 20% de esta población presentaría un consumo problemático (abuso o dependencia a la marihuana, problemas en la vida asociados al consumo).

Teniendo en mente esta foto del problema, inmediatamente emergen dos preguntas: (1) ¿Qué explica esta alza? (2) ¿De qué modo la despenalización del cannabis impactaría en esta tendencia?

Respecto a la primera pregunta, SENDA y las sociedades médicas han desarrollado una línea de interpretación que explica el alza en el consumo de marihuana fundamentalmente por una disminución de la percepción de riesgo: los escolares parecen percibir la marihuana como una sustancia que carece de poder adictivo y cuyo uso experimental no tendría consecuencias, produciéndose un efecto de banalización al percibir que la mayoría de los jóvenes la consume.

El potencial aumento del consumo en los adolescentes es probablemente la principal preocupación señalada por quienes se oponen a la despenalización del cannabis. Respecto a la segunda pregunta, la respuesta que ha dado el SENDA y las sociedades médicas se encuentra asociada al primer tipo de argumentación: el auto-cultivo aumentaría el acceso a la marihuana y su despenalización valida el consumo por parte del Estado, disminuyendo la percepción de riesgo del uso.

De este modo, la ecuación que parece configurarse es la siguiente:

liberalización = aumento de la oferta = disminución de la percepción de riesgo= aumento del consumo = aumento de la adicción

Esta ecuación se sostiene en tres ideas: (1) la prevalencia del uso de marihuana es inversamente proporcional a la percepción de riesgo asociada a su uso, (2) la existencia de una sanción legal influencia la decisión inicial (experimentación) del uso de la droga, y (3) a mayor dificultad en el acceso, menor consumo.

Evidentemente, emergen nuevas preguntas: ¿Es correcta esta ecuación? ¿Cuál es la veracidad de estas hipótesis? ¿Es esta efectivamente la forma en que se debe pensar el problema? Esto será objeto de la próxima columna.

 

Vea aquí la segunda parte de esta serie:  “¿Qué tan evidente es la evidencia?”

Vea aquí la tercera parte de esta serie: “Un problema de deliberación democrática”