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El 17 de enero de 2013, el Minvu de O’Higgins dejó fuera de la modificación del Plan Regulador Intercomunal 173 hectáreas de la comuna de Machalí, sepultando toda opción de cambiar esos suelos a uso urbano. Allí estaban los terrenos pretendidos por CAVAL. Tras una larga ofensiva, las autoridades edilicias lograron revertir la decisión con un Estudio de Capacidad Vial que nunca se licitó y que fue elaborado por terceros sin que el municipio pusiera reparos. El estudio fue aportado por Cynthia Ross Wiesner, hoy en la mira de la Fiscalía por su doble rol como funcionaria municipal y gestora inmobiliaria.

El pasado miércoles 8 de julio, el ex director de Obras de la Municipalidad de Machalí y hasta hace poco responsable de las finanzas edilicias, Jorge Silva Menares, fue destituido de su cargo por “graves faltas al principio de la probidad administrativa”. Fue el propio alcalde José Miguel Urrutia (UDI) quien, luego de conocerse los resultados de un sumario administrativo contra Silva, tomó la decisión. Desde fines de febrero, Silva se encuentra en el centro de la polémica por el rol que le cupo en la millonaria compraventa de terrenos realizada por CAVAL, la empresa de Mauricio Valero y Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet (ver reportaje de CIPER: El sospechoso historial del destituido director de Obras de Machalí).

El sumario sólo se limitó a esclarecer el papel de Silva y no de otros funcionarios, pero con su destitución el alcalde Urrutia espera cerrar el capítulo que involucra a la Municipalidad de Machalí en el Caso CAVAL. También acotar las responsabilidades respecto de las presiones indebidas que se habrían ejercido desde el municipio para acelerar el cambio al Plan Regulador Intercomunal de Rancagua (PRIR), el que involucra a seis comunas de la Sexta Región. La modificación al plan regulador –tarea que en el municipio de Machalí recaía en Jorge Silva– implicaba un aumento sustancial en el valor de los terrenos adquiridos por CAVAL en enero de 2014.

Mauricio Valero y Natalia Compagnon

Mauricio Valero y Natalia Compagnon

Pero el deseo del alcalde Urrutia por exorcizar el fantasma del Caso CAVAL podría verse frustrado. Nuevos antecedentes vuelven a ubicar al municipio de la Sexta Región al centro de las diligencias de la Fiscalía de Rancagua, que busca determinar la existencia de enriquecimiento ilícito, negociación incompatible y/o conflicto de interés en el negocio protagonizado por la empresa de Compagnon y Valero.

Y el nuevo foco busca indagar también el rol del propio alcalde Urrutia en apurar y delimitar las modificaciones al plan regulador. Distintos oficios municipales a los que tuvo acceso CIPER, dan cuenta de su activa participación. En uno de los documentos, de enero de 2013, el alcalde le reclama formalmente al seremi de Vivienda y Urbanismo de O’Higgins porque el proyecto original desarrollado por el organismo regional para modificar el Plan Regulador Intercomunal había dejado fuera 173 hectáreas de la comuna. Esa superficie incluye 36 de las 44 hectáreas que más tarde compró y vendió CAVAL.

Según los antecedentes recabados por CIPER, el tira y afloja entre el municipio y la Seremi se extendió por casi un año. Hasta que apareció un documento clave que se convertiría en la tabla de salvación para que el municipio –también los protagonistas del polémico negocio de Machalí– mantuviera a flote la posibilidad de incorporar esas 173 hectáreas a la zona de extensión urbana en la modificación al PRIR. Se trata de un Estudio de Capacidad Vial (ECV) remitido por la Municipalidad de Machalí al Minvu de O’Higgins a fines de 2013 y con el cual se logró convencer al organismo de modificar el proyecto original e integrar en el cambio de uso de suelo el área propuesta por el hoy destituido Silva Menares y su equipo de la Dirección de Obras.

El ECV podría haber sido otro más de los documentos presentados por la Municipalidad de Machalí ante el Minvu para lograr su cometido, si no fuera porque el estudio arrastra vicios de origen: el ECV no fue licitado ni elaborado bajo la observancia de la Municipalidad de Machalí. Fue la arquitecta Cynthia Ross Wiesner quien lo aportó al municipio sin que ninguna autoridad edilicia pusiera reparo en ello.

Tal como lo reveló CIPER a fines de febrero pasado (ver aquí), Cynthia Ross arrastra graves conflictos de interés: es sobrina del dueño de los predios de Machalí que adquirió CAVAL, Patricio Wiesner del Solar, a quien asesoró para promover un cambio en el plan regulador; luego se desempeñó como funcionaria a honorarios del municipio, encargada de modificar el mismo plan; y fue, además, estrecha colaboradora del operador UDI Juan Díaz Sepúlveda. Díaz fue contratado a mediados de 2011 por el síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín para acelerar el cambio del plan regulador en Rancagua y buscar compradores para los predios de Machalí. Como recompensa por los trabajos realizados, el operador de la UDI recibió $415 millones.

Parte de los dineros entregados por el síndico Chadwick fueron al bolsillo de Díaz. También a financiar los gastos de la operación inmobiliaria que lideró en terreno –principalmente en la Municipalidad de Machalí–, entre los que se encontraría la confección del Estudio de Capacidad Vial y el pago a quienes colaboraron en el millonario negocio.

“CON LOGOS DEL MINVU”

El 29 de octubre de 2012 tuvo lugar una reunión clave en el municipio de Machalí. A ella asistieron todos los concejales de la comuna. También concurrió el entonces director de Obras, Jorge Silva Menares, acompañado de su equipo.

Para entonces Cynthia Ross Wiesner llevaba casi dos meses trabajando como profesional de apoyo en la Dirección de Obras del municipio. Su primer sueldo, por $500 mil, lo recibió a fines de agosto de 2012. El rastro de Ross en la municipalidad, en todo caso, data de mucho antes: ya había pedido reuniones con Silva Menares para ella y para su tío Patricio Wiesner, el dueño de los predios que compró CAVAL, en abril y mayo de 2011.

Jorge Silva Menares (Fuente: 24 Horas)

Jorge Silva Menares (Fuente: 24 Horas)

En esa reunión del 29 de octubre Silva fue el protagonista. El arquitecto tenía que lograr la aprobación del concejo municipal para iniciar los trámites ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo para modificar el Plan Regulador Intercomunal de Rancagua (PRIR), puerta de entrada para ampliar el límite de extensión urbana de la comuna de Machalí, justo hacia donde estaban los polémicos terrenos que más tarde compraría CAVAL.

La propuesta es bastante concisa y abarca 173 hectáreas solamente, lo que equivale al 0,01% de la superficie regional, siendo su ámbito de acción directa el sector de Nogales, lo que va desde el cruce de la avenida Monseñor Escrivá de Balaguer con la Carretera del Cobre hacia el sur –señaló Silva en su presentación.

La exposición del director de Obras resultó convincente. Todos los concejales presentes votaron a favor de iniciar el trámite ante el Minvu de la Región de O’Higgins y ante las otras cinco municipalidades –Rancagua, El Olivar, San Francisco de Mostazal, Graneros y Codegua– involucradas en el Plan Regulador Intercomunal de Rancagua para modificar el “instrumento de planificación vigente”.

Casi al terminar su exposición, Silva explicó que la propuesta desarrollada por la Municipalidad de Machalí iría con “logo e indicaciones de la Seremi Minvu con el fin de ganar tiempo y preocuparse del contenido de su revisión y no de aspectos formales” (ver acta municipal).

A nadie le pareció extraña la disposición de Silva. Así, la propuesta del arquitecto y su equipo fue enviada con los logos del Minvu a los otros cinco municipios de la región para su aprobación.

La Seremi del Minvu recibiría la propuesta de la Municipalidad de Machalí recién un mes más tarde, el 28 de noviembre, de manos del propio alcalde Urrutia. Solo dos días después, el organismo sectorial pidió formalmente información adicional que “sustentara la propuesta entregada por la Municipalidad de Machalí”, requerimiento que fue diligentemente cumplido por el alcalde el 7 de diciembre de 2012.

Hasta entonces, el viento soplaba a favor de los intereses de la municipalidad. También a favor de Juan Díaz, quien ya mostraba avances concretos en las dos tareas encomendadas por el síndico Herman Chadwick: acelerar el cambio al plan regulador en el propio municipio y conseguir un comprador para los terrenos de Machalí.

Por esas fechas Compagnon y Valero –contactados por Juan Díaz a través del ex administrador municipal que tuvo Joaquín Lavín en Las Condes y Santiago, Patricio Cordero Barrera– ya se habían interesado en el negocio. Para abordarlo, crearon una división inmobiliaria al interior de CAVAL y encargaron una serie de estudios de factibilidad para proyectar en los terrenos una zona de comercio y servicios.

EL DESCONCIERTO DE URRUTIA

El 17 de enero de 2013 apareció el primer escollo. Ese día, el jefe del Departamento de Desarrollo Urbano de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Patricio Olate Correa, concurrió a la Municipalidad de Machalí para dar a conocer la propuesta del organismo regional de modificación del PRIR en el sector de Machalí. En su exposición, Olate presentó dos alternativas. Pero ninguna recogía las propuestas que Silva y su equipo habían presentado ante el concejo a fines de octubre.

Los reparos del Minvu de O’Higgins recaían principalmente en la congestión que se produciría en la ya colapsada ruta entre Rancagua y Machalí como consecuencia del cambio propuesto por el municipio liderado por José Miguel Urrutia. Los mismos reparos que manifestaría a fines de agosto de 2013 el edil de Rancagua, Eduardo Soto Romero (UDI), cuando se opuso públicamente a la modificación planteada por las autoridades de Machalí.

José Miguel Urrutia, alcalde de Machalí

José Miguel Urrutia, alcalde de Machalí

La reacción del municipio no se hizo esperar. Un día después de la polémica reunión, el 18 de enero, el edil José Miguel Urrutia envió un oficio dirigido al propio seremi, Jorge Silva Herreros, manifestándole su “desconcierto” y el del resto de las autoridades comunales, por la exposición realizada por Olate.

Ninguna de las dos propuestas presentadas ayer por su Departamento de Desarrollo Urbano recoge la iniciativa presentada por este municipio. Más aún, la iniciativa que dichos funcionarios (a la reunión también asistió la geógrafa del organismo regional, Constanza Viejo Bolbarán) potenciaron como la “ideal” es la que más se aleja de los intereses comunales y territoriales de este municipio, incluso no se ajusta a los lineamientos y soluciones que queremos plasmar en ella –dice la Ordenanza Municipal Nº 47 enviada por el alcalde al titular del Minvu de O’Higgins.

En otro oficio (Nº265), enviado por José Miguel Urrutia al seremi Silva Herreros con fecha 20 de marzo de 2013, el alcalde le pide validar las acuerdos alcanzados entre el municipio de Machalí y la Seremi en una reunión realizada anteriormente. En esa cita, según lo escrito por Urrutia, el organismo regional habría aceptado la propuesta presentada por el edil sobre la base del trabajo de Silva Menares y su equipo. “Vimos con mucha alegría que han tomado la iniciativa que les hemos presentado, razonando que se trata realmente de poder dar solución a las necesidades territoriales que tenemos como comuna”, señala Urrutia en el oficio.

Contrariamente a lo que se expresa en el documento municipal, de la declaración de Patricio Olate ante la Fiscalía de Rancagua el 22 de abril pasado, se desprende que hasta ese momento no había acuerdo entre el municipio y el Minvu de O’Higgins. En las propias palabras de Olate, el oficio era solo “para solicitar expresamente la incorporación de los terrenos objeto de esta investigación” y, para eso, se incluyó “un plano con los terrenos”.

EL POLÉMICO ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL

Cuando el 29 de octubre de 2012, Silva Menares hizo su presentación ante el Concejo Municipal, el arquitecto señaló que su propuesta iría acompañada de un “informe vial que da los lineamientos principales para el Estudio de Capacidad Vial” y que en ese momento se encontraba en elaboración. Agregó que una vez terminado, se enviaría a la Secretaría de Planificación de Transporte (Sectra), organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que presta asesoría técnica a distintos organismos del Estado en la planificación de los sistemas de transporte, para su aprobación. Con el tiempo, este estudio se convertiría en la llave que abriría la puerta para que el Minvu de la Sexta Región integrara la zona que había quedado marginada del Plan Regulador Intercomunal.

Plano de flujo vehicular del Estudio de Capacidad Vial

Plano de flujo vehicular del Estudio de Capacidad Vial

Uno de las principales objeciones del Minvu para incorporar las 173 hectáreas a la modificación del Plan Regulador Intercomunal, decía relación con el colapso que produciría el cambio en el ya congestionado eje vial que une Machalí con Rancagua. Por eso era clave el Estudio de Capacidad Vial (ECV), documento que contenía “los análisis para lograr coherencia entre la capacidad de transporte de la red y las demandas derivadas de la extensión del actual límite urbano y cambios en las densidades en la comuna de Machalí”.

Según declaró Patricio Olate al equipo liderado por el fiscal Luis Toledo, en el Minvu se convencieron de aceptar la propuesta de la Municipalidad de Machalí cuando se dieron cuenta de que el ECV venía respaldado por Sectra. “La entrega del informe visado por Sectra nos termina por convencer de incluir los terrenos (…) ya que estaba visado por el organismo competente a nivel nacional”, dijo Olate en su declaración.

Pero el paso por Sectra tampoco fue fácil. El alcalde Urrutia remitió el estudio el 1 de marzo de 2013, mediante el oficio municipal 189, y según la declaración que prestó a la Fiscalía la coordinadora del Sectra, Alicia Santana Sáez, el estudio fue derivado al área estratégica del organismo para su revisión. Hecha la tarea, la conclusión fue lapidaria: el ECV “no cumplía con los requerimientos para un informe de ese nivel”.

–Eran muchas las observaciones, su estructura y orden no cumplía. El contenido también debe corresponder a la metodología establecida. Le mandé un email a Jorge Silva Menares y le pregunté qué profesional se iba a hacer cargo del tema. Me contestó indicándome que me contactara con la profesional Cynthia Ross –dijo Santana ante los fiscales.

EL PROTAGONISMO DE CYNTHIA ROSS

Desde entonces Ross se transformó en la contraparte validada por el municipio dirigido por José Miguel Urrutia para arreglar el ECV bajo la guía del Sectra. Ese mismo mes de marzo de 2013, el alcalde de Machalí había firmado un segundo contrato en el que extendió por un nuevo periodo la labor de la arquitecta en el municipio.

Según la declaración de Alicia Santana, a la primera reunión de coordinación en el Sectra asistieron dos personas del municipio y un consultor de Gestiona, sociedad creada en agosto de 2012 y ligada a los ingenieros en transporte Luz María Loyola Torrealba y Hernán Bravo Galdames.

Tras dar respuesta a una larga lista de observaciones, el municipio volvió a enviar a través del Oficio Nº 937 el Estudio de Capacidad Vial al Sectra. Al estudio se adhirieron nuevas observaciones. En noviembre de 2013 la municipalidad envió la última versión del ECV, la que fue finalmente aprobada el 22 del mismo mes.

Ahí fue cuando el ECV llegó a manos de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de O’Higgins, lo que, según la versión de Olate, sirvió para convencer al organismo de incluir las 173 hectáreas en el Plan Regulador Intercomunal de Rancagua.

Cynthia Ross Wiesner

Cynthia Ross Wiesner

–Incluso, algo que no ocurre normalmente, ellos nos facilitan un Estudio de Capacidad Vial autorizado por el Sectra. Este estudio es de la institución oficial en el país que aprueba los ECV, por tanto era para convencernos de que realmente se mejoraba la conectividad vial, y ese estudio se refería precisamente a los terrenos involucrados en esta causa –declaró Olate al momento de detallar las presiones que recibió de Jorge Silva Menares y Cynthia Ross para agilizar los trámites de modificación del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua.

–La presión de Cynthia Ross y Jorge Silva la ejercían generalmente por correos electrónicos. De hecho, cuando no obtenían lo que querían, ellos saltaban mi jerarquía y le dirigían los correos al entonces jefe de gabinete del Seremi (…) La presión ejercida era tanta que no nos dejaba trabajar tranquilos (…) incluso llegaba a mis subalternos, como Constanza Viejo, quien “le para el carro” (a Cynthia Ross) porque la presión era demasiada –agregó Olate en su declaración.

Cuando a fines de noviembre el Minvu de O’Higgins accedió a incorporar las 173 hectáreas a las modificaciones del PRIR, CAVAL se encontraba negociando a contrarreloj el crédito con el Banco de Chile para adquirir los tres predios de Machalí.

El 18 de noviembre, el banco propiedad de la familia Luksic le había rechazado a CAVAL una primera solicitud de crédito. Pero la incorporación de las 173 hectáreas al PRIR cambió el escenario. El 11 de diciembre el banco elaboró una tasación con la certeza de que los predios pretendidos por la sociedad de Natalia Compagnon y Mauricio Valero habían sido incorporados en el diseño del PRIR de la Seremi de Vivienda.

El avalúo de los predios realizado por el banco con este nuevo dato alcanzó los $7.400 millones (UF 310 mil). Varios millones más de los que arrojaron las sucesivas tasaciones que meses antes había realizado para CAVAL el Banco Santander por UF 210 mil, UF 240 mil y UF 150 mil.

Dos días más tarde, el 13 de diciembre, el préstamo fue aprobado: CAVAL, con un crédito de $6.500 millones en su cuenta, quedó ad portas de convertirse en el nuevo dueño de los terrenos.

UN ESTUDIO FANTASMA

Pese a las activas gestiones que desplegó el alcalde para que la modificación al PRIR incorporara la propuesta del municipio, en su declaración ante la Fiscalía el alcalde Urrutia señaló no conocer en qué contexto ni bajo qué circunstancias se elaboró el Estudio de Capacidad Vial, el cual resultó estratégico para todos los involucrados en el millonario negocio de Machalí.

–Desconozco o no recuerdo en este momento, el proceso de cómo llega a la municipalidad el Estudio de Capacidad Vial. Este estudio no fue licitado, fue aportado directamente por Cynthia Ross. Yo sabía que se requería de un Estudio de Capacidad Vial (…) pero la verdad yo no pregunté quién era el encargado de pagar los informes técnicos (se refiere también a un Estudio de Impacto Estratégico) y no sé si la municipalidad que dirijo los pagó o no –señaló el jefe comunal.

Municipalidad de Machalí

Municipalidad de Machalí

La Fiscalía tomó también declaración a la directora de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Machalí, Natalia Pereira. Pereira se desempeña en su cargo desde marzo de 2013, justo cuando se iniciaban las conversaciones con el Sectra para la revisión del Estudio de Capacidad Vial. Consultada sobre si conoció ese estudio, la funcionaria experta en tránsito respondió que no.

–El estudio nunca lo vi, lo conocí ahora. Se supone que es un estudio que presenta la propia municipalidad, por lo que debió ir visado por la Dirección de Tránsito y la Dirección de Obras –señaló Pereira.

La declaración del alcalde confirmó lo que ya había sido mencionado a la Fiscalía por otros funcionarios municipales. Fue Cynthia Ross quien introdujo el Estudio de Capacidad Vial en la Municipalidad de Machalí. Y aunque aún no se conoce con certeza quién elaboró el informe, todos los dardos apuntan a que fue Juan Díaz Sepúlveda quien lo financió.

Uno de los últimos registros de la participación del alcalde José Miguel Urrutia en las gestiones para el cambio del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua, data del 4 de abril de 2014. Se trata de un oficio municipal enviado a la entonces intendenta de la Región de O’Higgins, Morín Contreras –quien fue removida esta semana, lo que se atribuyó en parte a su manejo del Caso CAVAL–, en el que el alcalde le manifiesta la intención de “avanzar rápidamente en el proceso de modificación del PRI”.

URRUTIA: NO CONOZCO A JUAN DÍAZ

Pese a que según la declaración que prestaron a la Fiscalía varios funcionarios municipales en las que reconocen que Juan Díaz Sepúlveda –responsable de articular el negocio de compraventa de los predios de Machalí– visitaba frecuentemente junto a Cynthia Ross las oficinas de Jorge Silva Menares, hombre de confianza de José Miguel Urrutia, el edil aseguró no conocer al operador de la UDI.

–Juan Díaz fue muchas veces a la municipalidad y parece que era una persona bien entradora, pero que yo sepa no lo conozco (…). Sólo recuerdo en una oportunidad del año 2013 que recibí a una persona que dijo ser militante de la UDI, pero no sé si corresponderá a esta persona –dijo Urrutia.

Todos los funcionarios que declararon lo recuerdan como una persona sociable, con personalidad. Díaz, quien aún no ha sido citado a declarar por la Fiscalía, ingresaba al municipio con autoridad. Y de ello dio prueba un día en que, según el testimonio de dos miembros del municipio, le gritó de manera grosera a una funcionaria que le había advertido que el baño, que en ese minuto estaba ocupando Cynthia Ross, no era para visitas. La funcionaria no sabía que Ross había sido contratada por el municipio meses antes. Pero Juan Díaz, que la esperaba afuera, se lo hizo saber: “¡¿Acaso no sabes que es la encargada de modificar el plan regulador?!”.

Nota de la redacción:

En este reportaje, publicado el 14 de julio, se señaló que el primer contrato firmado por Cynthia Ross con la Municipalidad de Machalí era de marzo de 2013. Además, que la arquitecta había recibido su primer sueldo en agosto de 2012. Si bien es efectivo que existe un contrato entre el municipio y la profesional con fecha 12 de marzo de 2013, ese no fue el primero firmado entre ambas partes. El primer contrato firmado por Ross y la administración de Machalí data del 21 de agosto de 2012, aunque este documento, a diferencia de los contratos que firmó la profesional a partir de marzo de 2013, no se encuentra disponible en las bases de datos digitales del municipio.

A raíz de esta omisión, se señaló en el reportaje que Ross Wiesner estuvo siete meses trabajando en la Dirección de Obras del municipio “sin que las autoridades edilicias formalizaran las funciones que la arquitecta debía realizar para el municipio”, lo que no es correcto. Sin embargo, es importante señalar que, según la declaración que prestó a la Fiscalía de Rancagua Natalia Shiappacasse, la jueza encargada de llevar a cabo el sumario administrativo en la Municipalidad de Machalí, uno de los cargos que le formuló a Jorge Silva Menares dice relación con “haber autorizado y visado pagos de honorarios a Cynthia Ross, sin embargo la arquitecto sólo indica en forma genérica sus funciones realizadas, sin especificar los trabajos concretos realizados, haciendo imposible, de esta manera, el corroborar si realmente desarrolló o no dichas funciones. Pese a ello, Jorge Silva autoriza que se le pague, a pesar de la falta de precisión y acreditación de los trabajos realizados”.