(Vea los siguientes cuadros en PDF con las indicaciones que generaron los cambios más importantes al proyecto original: Arriendo y compra de inmuebles; Agencias de Asistencia Técnica Educativa, ATE; Negocios con empresas relacionadas; sostenedores como “cooperadores” del Estado; y Admisión de alumnos)

Desde “deslavada” hasta “enriquecida”. En el amplio arco de calificativos que caben entre estos dos conceptos, se mueven los juicios emitidos por parlamentarios y dirigentes oficialistas sobre la versión final de la primera ley de la reforma educacional, aprobada el pasado lunes 26 de enero. Para la oposición, en tanto, la nueva ley es sencillamente mala. Al margen de cualquier adjetivo, la promesa de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet fue poner fin al lucro, al copago y la selección. Y así, sin apellidos ni atenuantes, fue plasmada en su programa de gobierno. La fecha límite que se autoimpuso La Moneda para convertirla en ley, fue la última semana de enero de este año. El gobierno logró aprobarla dentro de ese plazo y el oficialismo se felicitó por ello. Pero el proyecto original sufrió importantes cambios, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

El pasado lunes 26 el Congreso puso fin al lucro, la selección y el copago en la educación particular subvencionada. Al menos lo hizo nominalmente, pues está por verse si se podrá fiscalizar el cumplimiento efectivo de la nueva norma.

Senador Ignacio Walker

CIPER reconstruyó la ruta de las transformaciones que experimentó la iniciativa durante su tramitación legislativa, identificó a los autores de las indicaciones que modificaron aspectos cruciales y detectó que algunos de estos cambios incuban la posibilidad de que se reabra la puerta a los negocios entre sostenedores y sus sociedades relacionadas, especialmente por un cambio introducido por los senadores democratacristianos Ignacio Walker, Andrés Zaldívar y Jorge Pizarro.

“Se terminó por fin este parto”, comentó, al salir del hemiciclo de la Cámara de Diputados, uno de los ministros que allí desembarcó el lunes 26 de enero para apoyar al titular de la cartera de Educación, Nicolás Eyzaguirre. Esa larga jornada no hizo más que ilustrar un camino arduo y pedregoso: ocho meses de tironeos con la oposición, la Iglesia Católica, los sostenedores de colegios y también al interior de la coalición oficialista, para sacar adelante una ley que estuvo dominada por la incertidumbre sobre su versión final.

En los últimos días el debate no se centró en si el texto legal cumplía o no con el objetivo inicial del gobierno de poner fin al lucro en la educación particular subvencionada, para que cada peso de las subvenciones se destine a la educación de los alumnos. La controversia final, seguida con avidez por la prensa, fue de forma y no de fondo: si la Cámara de Diputados aprobaría la norma en la última semana de enero, como lo quería la Presidenta Bachelet, o si la discusión se extendería a una comisión mixta.

Por eso, la aprobación fue considerada como un gran triunfo para el comité político de La Moneda, pues logró alinear a la Nueva Mayoría y consiguió los votos para cerrar el trámite. En todo caso, no fue tarea fácil. Un puñado de diputados díscolos mantenía sus cuestionamientos, argumentando que el paso del proyecto por el Senado terminó “descremando” y “ablandando” su sentido original. Hasta el último minuto se contaron los votos.

DOS AÑOS PARA RECONVERTIRSE

El cambio que se viene en el sistema de colegios particulares subvencionados es radical y masivo. Involucra a casi 1,9 millones de alumnos en todo el país, prácticamente la mitad de la matricula escolar. Sin embargo, la gradualidad que impone la ley para su aplicación, diluye el impacto inmediato que tendrá esta reforma sobre el negocio de los sostenedores y su efecto en apoderados y alumnos. Esta puesta en marcha “gradual” fue la herramienta fundamental que puso sobre la mesa el gobierno -vía indicaciones- para acercar posiciones no solo con la oposición, sino al interior de la Nueva Mayoría.

En el Senado, el ministro Nicolás Eyzaguirre se encontró con un obstáculo más duro de lo previsto: algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana que defendieron con fuerza la posición de los sostenedores, quienes se opusieron tenazmente a la compra de los edificios de los colegios por parte del Estado (que buscaba terminar con los arriendos entre partes relacionadas), así como a poner fin a la selección y el copago. Estos fueron los ejes del conflicto, pues apuntaban al corazón del negocio de la educación escolar con fondos públicos.

Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre

La ley que sancionó el lunes 26 el Congreso termina con un sistema en el que muchos sostenedores pagan abultados canon de arriendo a empresas de su misma propiedad. Como el lucro hasta ahora estaba permitido, eso no era una falta, aunque en muchos casos esta fórmula se usaba para aumentar los gastos del sostenedor y rebajar su base imponible, a objeto de pagar menos impuestos. Esta figura no podía subsistir bajo la nueva ley que erradica el lucro, pues podía convertirse -tal como ocurrió en las universidades privadas- en una vía para extraer utilidades de manera ilegal.

La oposición de los sostenedores se debía también a que, como ahora se prohibirá el lucro, sus cuentas serán sometidas a una fiscalización rigurosa para comprobar que efectivamente invirtieron todo el dinero público en la educación de sus alumnos. Eso fue considerado, por los sostenedores y la oposición, como una intervención indebida del Estado que vulneraría la libertad de enseñanza, porque orienta la administración de los proyectos educativos privados y les resta autonomía. Hasta ahora, los fondos que los sostenedores recibían del Estado caían en una caja oscura, pues la subvención general era de libre disposición de los dueños de los colegios y otras subvenciones que debían ocuparse sólo en aspectos educacionales -tal como ha quedado demostrado en el trámite de esta ley- no eran debidamente fiscalizadas por entidades estatales.

El cambio más radical que trajo este primer proyecto de la reforma educacional es el término del negocio de las sociedades con fines de lucro en los colegios particulares subvencionados, las que representan el 85% del universo de establecimientos privados que reciben aporte estatal (el 15% restante ya son fundaciones o corporaciones sin fines de lucro).

La extinción del negocio de los sostenedores provocó que, en cuanto entró el proyecto a la Cámara de Diputados, se desatara una acalorada discusión legislativa, condimentada con la opinión de 54 invitados a las comisiones de Educación y Hacienda, quienes marcaron con vehemencia sus puntos de vista.

Pese a los airados reclamos de los afectados y de las fallidas indicaciones presentadas por la oposición, en el punto referido al fin del lucro no hubo cambios sustantivos. A partir del 31 de diciembre de 2017 los sostenedores que quieran seguir recibiendo aportes regulares del Estado o subvenciones, deberán estar constituidos como corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro o bien como corporaciones educacionales, figura que fue creada por la propia ley. Así, cada peso que los sostenedores reciban por concepto de aporte estatal tendrá que destinarse exclusivamente a mejoras del proceso de educación o de infraestructura.

Para evitar que el dinero público se desvíe a otros fines no educacionales y que la nueva ley no se transforme en letra muerta, el registro contable de cada colegio y la fiscalización del uso de los recursos por parte del Estado deberán ser mucho más exhaustivos que las fórmulas que se han usado hasta ahora. Pero está por verse si el futuro reglamento de esta ley y las facultades de la superintendencia que tendrá a su cargo la fiscalización, incorporarán recursos suficientes y normas que sin ambigüedades impidan que a través de triquiñuelas los sostenedores burlen las nuevas obligaciones.

Aquellos sostenedores que decidan no formar parte del nuevo sistema sin fines de lucro, podrán transformar sus colegios en particulares pagados, pero no recibirán aporte del Estado. El anuncio de algunos empresarios de la educación de que podrían adoptar esa vía -o que incluso podrían cerrar sus colegios- ha generado una alarma creciente entre el significativo porcentaje de apoderados que tienen a sus hijos en establecimientos particulares subvencionados.

La nueva ley no solo termina con los sostenedores con fines de lucro, sino que establece sanciones para quienes hagan mal uso de las subvenciones bajo el nuevo modelo. Senadores y diputados de la Nueva Mayoría presentaron distintas indicaciones para endurecer con penas de cárcel el mal uso del dinero público. Sin embargo, no consiguieron patrocinio del gobierno, porque en La Moneda estimaron que bastaba con obligar al reintegro de los fondos mal utilizados, además del pago de una multa del 50% de esos recursos. Salvo, por cierto, que se constate la comisión de un delito.

Si bien el oficialismo ejerció la mayoría que ostenta en ambas cámaras legislativas, las discrepancias al interior de la coalición oficialista abrieron brechas por donde se colaron indicaciones que modificaron el proyecto original del Ejecutivo. Uno de los cambios es cómo se define la figura del sostenedor frente al Estado. De ser un mero “administrador” de los recursos públicos, pasó a ser un “cooperador”, lo que le da un grado de autonomía para decidir cómo usar los fondos dentro de su proyecto educativo.

LOS NEGOCIOS RELACIONADOS

El fin del lucro ataca el corazón del negocio de algunos sostenedores, especialmente los más grandes, que obtienen ganancias por la vía de contratar empresas relacionadas. Uno de esos negocios consiste en pagar los servicios de Agencias de Asistencia Técnica Educativa (ATE), que son consultoras que venden servicios de capacitación docente o de mejoras curriculares, en las que tiene interés el sostenedor o su familia.

Un ejemplo de cómo funciona este sistema lo constató CIPER en una investigación sobre los siete grandes sostenedores que reciben mayores aportes del Estado en la Región Metropolitana (vea el reportaje: “Colegios subvencionados: así operan los siete grupos de ‘megasostenedores’ que lideran el negocio”). En esa investigación se expone el caso del sostenedor de colegios y dirigente de la Democracia Cristiana, Walter Oliva, quien en 2011 y 2012 se “autopagó” más de mil millones de pesos al contratar en sus establecimientos una ATE de su propiedad: la consultora Innovación Tres.

Oliva le pagó a su ATE con fondos de la subvención SEP, destinada a mejorar la educación de los alumnos más pobres. El empresario mantiene estrechos vínculos con el líder DC Gutenberg Martínez, con quien integra el directorio de la Universidad Miguel de Cervantes, quien en el debate político fue uno de los principales defensores de las posiciones de los sostenedores.

Haciendo caso omiso de estas conexiones, en la Cámara se juntaron 16 diputados DC para plantar una bandera que apuntó a poner fin al sistema que permite a los sostenedores contratar sus propias ATE. Los diputados DC Mario Venegas, Yasna Provoste, Fuad Chaín, Marcelo Chávez, Aldo Cornejo, Sergio Espejo, Iván Flores, Roberto León, Juan Enrique Morano, Sergio Ojeda, José Miguel Ortiz, Ricardo Rincón, Gabriel Silber, René Saffirio, Víctor Torres y Matías Walker, se sumaron a parlamentarios de otras bancadas y presentaron una indicación transversal para que las ATE se constituyan como personas jurídicas sin fines de lucro y, de esa forma, impedir la triangulación de dineros.

En la sala de la Cámara se aprobó la indicación, pero cuando pasó al Senado no corrió igual suerte. Fue el propio gobierno quien echó por tierra la idea: propuso eliminar la exigencia de convertir las ATE en entidades sin fines de lucro. Sólo mantuvo la exigencia de adjudicar los contratos vía licitación o concurso público.

No solo eso. En la Cámara Alta se abrió nuevamente una puerta al negocio entre empresas relacionadas -algo que el proyecto del gobierno prohibía taxativamente-, esta vez por una indicación de los senadores democratacristianos Andrés Zaldívar, Jorge Pizarro e Ignacio Walker. Esta modificación permitirá a los sostenedores contratar empresas relacionadas, siempre que éstas hayan trabajado “permanentemente en red” con su colegio.

Lo que dice la indicación de Zaldívar, Pizarro y Walker es que se permitirá contratar empresas “en aquellos casos que se trate de personas naturales o jurídicas que trabajen permanentemente en red con el establecimiento educacional y dentro del marco de los fines educativos señalados anteriormente, ya sea en la capacitación, formación, desarrollo o ejecución del proyecto educativo y habiendo informado previamente dichas actividades a la Superintendencia de Educación”.

La indicación fue ratificada por la Cámara -a regañadientes de algunos diputados oficialistas que debieron ceder para que el gobierno consiguiera la meta de aprobar la ley a fines de enero-, con lo cual quedó incorporada en la ley.

LA BANDERA DC POR LOS ARRIENDOS

Uno de los puntos de conflicto más álgidos se vivió cuando los sostenedores se movilizaron para echar abajo la exigencia inicial de que debían ser propietarios de los inmuebles donde funcionan sus colegios. La iniciativa original, pensada para evitar la extracción ilegal de utilidades a través de los arriendos de establecimientos, les daba un plazo de 12 años para comprar o en última instancia vender al Estado, pero su oposición fue infranqueable.

El conflicto principal se anidó en el seno de la Nueva Mayoría. La Democracia Cristiana se opuso a destinar millonarios fondos a “comprar fierros”. Y su presidente, el senador Ignacio Walker, interpeló públicamente al ministro Eyzaguirre: “Nunca pensamos que íbamos a transformar al Mineduc en un gestor inmobiliario”.

En la vereda opuesta, el senador Fulvio Rossi (PS) acusó: “Hay un sector de la DC que está demasiado vinculado al negocio de la educación”, aludiendo a la relación estrecha de algunos empresarios del rubro con dirigentes de ese partido (vea el reportaje de Ciper: “Sostenedores vinculados a la DC recibieron en 2013 más de $41 mil millones en subvenciones”).

Según las estimaciones iniciales del gobierno, el costo de comprar colegios para las arcas fiscales sería de unos US$200 millones anuales (unos US$2.400 en 12 años). Los sostenedores replicaron que la cifra correcta era cuatro veces superior, a lo que el ministro Eyzaguirre respondió -en junio de 2014- que el Estado no pagaría sobreprecios por los establecimientos.

Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal

Por esos días, cuando la reforma vivía sus momentos más inciertos, la Iglesia Católica dejó caer una verdadera bomba dirigida a los parlamentarios. En noviembre de 2014, días antes de que pasara el proyecto desde la Cámara al Senado, la Conferencia Episcopal emitió una extensa declaración, planteando sus inquietudes frente a la reforma con un explícito llamado a los senadores a “una reflexión serena, amplia, informada, sin apuros y con el tiempo que sea necesario”.

Y fue más allá en sus aprensiones: “Nos preocupa que la actual discusión se haya centrado en la estructura de propiedad de los colegios, la falta de libertad para crear nuevos establecimientos y proyectos educativos, la creciente inflexibilidad para asignar recursos a las prioridades definidas por cada sostenedor según su propio proyecto educativo, el exceso de regulaciones innecesarias que amenazan con instalar la sospecha y la desconfianza como el modo ordinario de percibir el servicio de los establecimientos, también la falta de incentivos reales para el comodato y compraventa de propiedades, como los obstáculos para un arriendo regulado y legítimo”, decía la declaración de los obispos.

El tema de los arriendos es sensible para la Iglesia Católica, que administra una red amplia de colegios a través de congregaciones religiosas -algunas de las cuales subsisten gracias a los recursos que les dejan los establecimientos- o de organizaciones de laicos que promueven proyectos educativos afines a la espiritualidad católica. En 2013, los colegios vinculados a la Iglesia Católica recibieron más de $109 mil millones en subvenciones sólo en la Región Metropolitana (vea el reportaje de CIPER “El peso de la Iglesia Católica en la reforma: Recibe un 18% de las subvenciones a privados en la RM”).

En la Cámara de Diputados, el gobierno había logrado alinear a la Nueva Mayoría tras la idea de no permitir más arriendos, ofreciendo a los sostenedores las opciones acotadas de compra o venta.

Diputados de oposición intentaron que se permitiera el arriendo entre partes relacionadas, pero no tuvieron los votos necesarios y sus indicaciones quedaron por el camino. El diputado Felipe Kast (Evópoli) afirmó desencantado: “Estoy seguro de que el Senado lo va a arreglar (…) para evitar un Transantiago en la educación, que después tendremos que arreglar con una ‘ley del mono’”.

En el Senado, en cambio, la DC hizo valer el peso de su opinión y la presión se hizo insostenible para el gobierno. Ante la amenaza de que este proyecto insignia de La Moneda fracasara en la Cámara Alta, el Ejecutivo dio un giro y apoyó otra moción de los senadores Zaldívar, Pizarro y Walker: los sostenedores ya no estaban obligados a comprar o vender, sino que podían seguir arrendando y las opciones de compra eran mucho más flexibles.

Tras su paso por el Senado, la DC ganó la partida. Finalmente, la opción de compra por parte del Estado quedó muy restringida respecto de la idea original: sólo para casos excepcionales en que el sostenedor no quiera seguir en el sistema y siempre y cuando la demanda en ese sector sea superior a la oferta de matrículas, entre otras condiciones.

MUERE EL “COPAGO” Y NACE EL “APORTE”

En octubre del 2014, cuando la reforma estaba a punto de pasar al Senado, algunas agrupaciones de padres y apoderados salieron a marchar contra la reforma. Las pancartas se oponían al fin del copago o financiamiento compartido.Estas agrupaciones defendieron con vehemencia la posibilidad de pagar para educar a sus hijos en un establecimiento subvencionado, pues consideran que eso les garantiza una mejor calidad de enseñanza. Otros apoderados reclamaron que el copago funciona como un “filtro” para evitar que sus hijos convivan con alumnos de un entorno social violento en las zonas más vulnerables.

Hoy, el copago oscila entre los $2.000 y los $84.000 mensuales, con un promedio de $21.000, según cifras del Ministerio de Educación. El gobierno lo considera una barrera de entrada al sistema educacional que quiere eliminar, de modo de asegurar a todos los niños la igualdad de condiciones para acceder al colegio de su preferencia, sin consideraciones económicas de por medio. La fórmula que contempla la ley pasa por avanzar gradualmente hacia la gratuidad total del sistema. El 2018 se espera que entren en régimen los colegios que tienen menor copago, para llegar al 2019 con un 93% de la matrícula gratuita y un año más tarde con el 97% de gratuidad asegurada.

Para apoyar el cambio del sistema de financiamiento compartido a uno totalmente gratuito, el gobierno propuso tres tipos de aportes adicionales a las subvenciones existentes. El primero, un bono de gratuidad que se entregará a los sostenedores y que alcanzará al tercer año de aplicación las 0,45 Unidades de Subvención Escolar (USE) por alumno, equivalente a $9.476, según el informe financiero que acompañó el proyecto de ley. El segundo, aumentar en un 20% el monto actual para la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Por último, crear una nueva subvención educacional destinada a los alumnos preferentes, beneficio que alcanzará a quienes formen parte del 80% de familias más vulnerable y que oscilará entre $17.836 (para la educación básica) y $11.887 (para la enseñanza media) mensuales.

El único cambio que logró timbrar la oposición, en este acápite, fue permitir que los apoderados hagan aportes voluntarios y no permanentes para financiar proyectos específicos del colegio. Estos aportes no se pueden constituir en requisito de ingreso o permanencia de los alumnos.

ADMISIÓN: SOBREVIVEN LAS ENTREVISTAS

El tercer gran objetivo del gobierno fue terminar de raíz con los procesos de selección que aplican la mayoría de los colegios particulares subvencionados en la admisión de sus alumnos. Las fórmulas de selección implican entrevistas, requisitos socioeconómicos, religiosos, académicos y otras exigencias, dependiendo del proyecto educativo de cada establecimiento.

Hoy ya se prohíbe la selección hasta sexto básico, pero en la práctica un amplio grupo de colegios subvencionados no cumple esa norma, como lo demostró un estudio realizado por La Tercera y Educación 2020 publicado en julio de 2011. La idea de la reforma educacional recién aprobada es hacer extensiva -y efectiva- la prohibición hasta la educación media.

La propuesta original del gobierno centralizaba todo el proceso de admisión de los establecimientos que reciben aportes del Estado, en manos del Ministerio de Educación: desde la postulación hasta la matrícula de los alumnos. Para ello, se pensó en una plataforma única de postulación, administrada por el ministerio y no por los colegios, donde los padres podrían ordenar los colegios de su preferencia y postular de acuerdo a los cupos ofrecidos y la información sobre los proyectos educativos que debían aportar los sostenedores al ministerio.

La oposición se alineó con la postura de la Iglesia Católica, quien se opuso con vehemencia a este cambio, defendiendo la posibilidad de que los colegios puedan escoger las familias que estén en sintonía con el proyecto educativo del establecimiento. En cambio, el gobierno defendía el principio de que, si el colegio recibe plata pública: “La familia elije el colegio, no el colegio a la familia”.

En este punto, el ministro Nicolás Eyzaguirre se encontró con una Nueva Mayoría desalineada y con posturas muy disímiles en la Cámara, lo que complicó su camino y lo obligó a incorporar modificaciones. Aunque la ley mantuvo el principio de no discriminación, transparencia y libre acceso de los padres, finalmente la postulación y la admisión la administrarán directamente los colegios en forma independiente del ministerio. La secretaría de Estado sólo pondrá a disposición de los apoderados un registro donde podrán inscribir los colegios de su preferencia, en orden decreciente.

Si el colegio ofrece menos vacantes que el número de postulantes que desean ingresar, el mismo establecimiento ocupará un sistema aleatorio -aprobado por el ministerio- para sortear los cupos. El ministerio tendrá un rol de árbitro en caso de que surja un reclamo y de fiscalizador, de modo de garantizar que el proceso de admisión se efectúe sin requisitos para todos los alumnos.

Aunque el proyecto original lo prohibía, finalmente se aprobó una indicación introducida en el Senado que permite a los colegios entrevistar a los padres y apoderados que postulan a sus hijos a ese establecimiento, siempre que la reunión sea solicitada por la familia. También se permitió que el colegio organice “encuentros públicos de información” para presentar sus proyectos educativos a los padres interesados. Otra modificación, propuesta por el diputado José Antonio Kast (UDI), autoriza que el colegio entreviste a los apoderados una vez que el niño ya está matriculado.

La autorización de las entrevistas a los padres recoge uno de los planteamientos más defendidos por la Iglesia Católica, institución que considera que estos encuentros ayudan a que las familias se informen sobre el proyecto educativo del colegio, en particular sobre los deberes y derechos de quienes se integran a esos establecimientos. Los detractores de estas iniciativas temen que mediante las entrevistas o “encuentros públicos de información” se pueda “desalentar” a los padres para que finalmente no inscriban a sus hijos o los retiren si ya están matriculados, encubriendo de esa manera una acción discriminatoria.

El cambio en el sistema de admisión en los colegios será gradual a lo largo del país. Comenzará a aplicarse en 2017 en una región con menos de 300 mil habitantes; en 2018 se incorporan cuatro nuevas regiones con población inferior a 1 millón de habitantes y, finalmente, en 2019 se integrarán las diez regiones restantes, incluida la Metropolitana. Se espera que al 2020 no exista selección en el proceso de admisiones en ningún colegio del país que reciba fondos públicos.

LA BATALLA DE LOS EMBLEMÁTICOS

No sólo el cambio en el sistema de admisión general provocó problemas al ministro Eyzaguirre. Al momento de votar el proyecto en su último trámite en la Cámara, el lunes 26 de enero, la tensión se centró en un artículo que elimina la selección de alumnos en los llamados colegios gratuitos emblemáticos, como el Instituto Nacional o el Carmela Carvajal. Ese artículo estuvo a punto de mandar el proyecto de reforma a comisión mixta, y de paso, echar abajo la promesa de la presidenta Bachelet de despacharlo antes del 31 de enero.

Instituto Nacional

En su discurso en la Sala, el diputado radical Alberto Robles anunció que no votaría ese artículo, en su condición de ex alumno del Instituto Nacional, porque en su opinión “el fin de la selección en colegios emblemáticos generará una elite cada vez más homogénea, la misma que hoy permite permear este sistema vigente de selección”. Su voto era esencial y los rostros de los ministros Rodrigo Peñailillo (Interior), Ximena Rincón (Secretaría General de la Presidencia) y Álvaro Elizalde (Secretaría General de Gobierno) se demudaron. La norma requería de 65 votos y en ese momento, no sobraban.

Mientras sesionaba la Sala, los ministros se desplegaron con las distintas bancadas para convencerlos de apoyar la ley bajo el argumento de que a esas alturas “este es un tema político, necesario para el gobierno, y no es la hora de las argumentaciones más técnicas”. La votación fue tensa, pero los parlamentarios finalmente se alinearon tras el gobierno.

En las horas previas, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y el de Educación, Nicolás Eyzaguirre, almorzaron con la bancada PPD, que hasta ese momento presentaba una oposición férrea a terminar con la selección en los colegios emblemáticos. De ahí salió el compromiso personal del ministro Eyzaguirre para garantizar un proceso de selección cuando se envíe la ley sobre educación pública. Lo propio hicieron con la bancada DC la ministra Ximena Rincón y el secretario ejecutivo de la Reforma Educacional, Andrés Palma.

Tras la aprobación de la ley, los senadores de RN y la UDI recurrieron Tribunal Constitucional porque consideran que la reforma es una “transgresión” a la libertad de educación. Por lo mismo el “parto” al que aludía un ministro al salir de la Sala de la Cámara el día que se votó el proyecto, no ha terminado. Por lo demás, esta ley es sólo el primer paso de la reforma, enfocado a resguardar que el dinero de las subvenciones escolares se invierta íntegramente en enseñanza o infraestructura. Ahora vendrá el debate de los proyectos que buscan mejorar la calidad de la educación y que pueden ser tan o más controversiales, como el que debe regular la nueva carrera docente, por ejemplo, y que promete un duro round con el magisterio.