Recientemente el Estado de Chile se ha endeudado. Sin embargo, no se habla de deuda, sino de “bonos soberanos”. Incluso se trata como un éxito internacional, pues se ha conseguido esta deuda a bajos intereses, lo que respaldaría la situación sólida del país en el plano mundial. Aunque en mayo del 2014 el ministro Alberto Arenas anunciaba que Chile no accedería a emitir deuda soberana, más tarde, en noviembre, ya deslizaba esta idea que se concretó este mes con la emisión de US$ 2.060 millones.
¿Por qué Chile recurrió a estos “bonos soberanos”? El problema se habría producido porque la diferencia entre el PIB proyectado para 2015 y el PIB real, inyecta menores ingresos de los proyectados en relación al gasto público. Tal como lo dijo claramente un parlamentario: “La recaudación fiscal vía reforma tributaria no va a alcanzar, por lo que un mayor endeudamiento soberano es una buena alternativa». En cambio, el senador Andrés Zaldivar planteó que el Estado no debe endeudarse sino que “restringir el gasto”.
La ecuación es bastante simple y tiene sólo dos términos contables: los ingresos y los gastos. El fracaso de aumentar ingresos vía reforma tributaria provocó que el Estado tuviera que generar un “pasivo” para cubrir el gasto, al no poder recaudar más impositivamente a los súper ricos más ricos del mundo relativamente hablando (si utilizamos el dato de que el 1% acumula el 30,5% de la riqueza, la más alta concentración registrada hasta el momento).
A su vez, dado que el Estado ha tenido un acotado rol de subsidiador de la demanda y de mínimos sociales, los servicios básicos, asociados a derechos sociales y económicos, tales como la educación, la salud y las pensiones generan un aumento de gastos para los hogares (además del IVA con el cual ya se contribuye). Esta situación disminuye sus ingresos, que ya son exiguos producto de la precariedad laboral y el bajo valor del trabajo, donde el 70% de los trabajadores obtiene menos de $426 mil líquidos y sólo un 6,7% obtiene más de un millón.
El sistema de relaciones laborales, como normativa que regula la relación capital-trabajo, a su vez, ha permitido contener el poder del actor sindical. También ha contenido su capacidad de incidir en la distribución primaria de la riqueza por medio de la negociación colectiva centralizada y un efectivo derecho a huelga. Ambos mecanismos se han reducido a su mínimo, lo que los hace ineficaces a la hora de disputar ingresos por el trabajo frente al capital.
La ausencia del Estado en la prestación de derechos sociales y en la regulación normativa entre capital y trabajo, hace que los hogares queden en la misma disyuntiva del Estado: dado que no aumentan los ingresos, pero las necesidades continúan, se debe decidir si se deja de gastar o se endeuda. De esta forma, tanto el Estado como los hogares subsidian al gran capital. ¿Cómo ocurre el subsidio? El Estado lo hace dando un tratamiento impositivo especial a las empresas y no tocando sustantivamente la legislación laboral pro-empresa, mientras que los hogares lo hacen no teniendo un actor constituido y articulado que permita distribuir los ingresos en el lugar de trabajo y así aumentar los suyos.
Pero tanto el sistema tributario como la acumulación de las empresas necesitan de los hogares. Y más que de los hogares en su totalidad necesita de los “consumidores”. Se le puede negar el trabajo a alguien capacitado para ejercerlo, pero no se le niega el consumo a una persona que pueda pagar. Es por ello que sociólogos como Zygmunt Bauman plantean que el cambio epocal fundamental es el paso de una sociedad de productores a una de consumidores. Es en el consumo donde se jugaría la integración social, el poder de compra dirime la ciudadanía. Pero ¿cómo puede pagar si no trabaja? O incluso si trabaja, ¿cómo se cubre la brecha entre bajos ingresos y consumo?
Como hoy es el individuo el que “elige” el curso de acción, la sociedad de consumidores provee el entorno para que los individuos se transformen del homo faber a homo eligens, y de esa forma ellos mismos sean productos vendibles y elegibles. La elección se torna así fundamental, y el ejercicio de la libertad lo es en tanto elección de las infinitas posibilidades que el mercado de consumo ofrece (o restringe), como de los múltiples demandantes de mi persona/mercancía/valor de cambio.
De esa forma el crédito viene a reemplazar la función del Estado en la asignación y selección de aptitudes sociales, así como en la posibilidad de acceder a los bienes que me permiten ser ciudadano en la sociedad actual.
Aclaremos lo anterior usando un ejemplo dramático. El lunes 8 de diciembre, el programa periodístico Informe Especial, emitió un reportaje sobre el SENAME. Mostró el caso de una mujer a la que le habían arrebatado a sus hijos por no tener las condiciones suficientes para tenerlos (básicamente ser pobres). En el reportaje la mujer se preparaba para asistir a una audiencia que podía devolverle a sus hijos y en la que ella debía mostrar “que no hay pobreza” para “no dejar flanco abierto” para la devolución de sus hijos, arreglándose “como si fuera a una cita amorosa” y no descuidando “ni el más mínimo detalle”, relataba el periodista.
El reportaje, lejos de profundizar en las causas de su pobreza o dar cuenta del abandono de los servicios sociales por parte del Estado, mostraba a una mujer que era consciente de su “falta” (ser pobre) y lo intentaba “remediar” (estaba en un Centro de Formación Técnica estudiando y se vestía “como para una cita”), pero aún así el Estado no la escucha. Es decir, se mostraba a una persona que al comprar “educación” que la capacite credencialmente, un vestuario que la capacite visualmente, un vocabulario que le permita dar cuenta que es “apta”, se estaba vendiendo para formar familia. Todo lo había adquirido en el mercado de consumo, espacio donde ella podría elegir su propia aptitud social para ser madre.
El sistema financiero así lo reconoce: para junio 2014, el 38% de los préstamos del sistema financiero en su conjunto son créditos para personas. Éstos fueron de $51 billones superiores, que equivalen al 74% del PIB trimestral proyectado por el FMI para el 2014[1]. Así, en la actualidad existen 7,9 millones de trabajadores pero 10,4 millones de deudores, así como 3,1 millones de morosos. El monto promedio de los ingresos mensuales del trabajo principal es de $454 mil líquidos y el promedio de la deuda morosa es de $1,2 millones. Por lo tanto, la desalineación entre ser trabajador y ser consumidor, se registra en la deuda. A mayor distancia entre ambos, mayor es la contradicción y mayor es el uso de la deuda para continuar perteneciendo a la sociedad de consumidores.
De hecho, justamente en las poblaciones más afectadas por la mercantilización de los derechos sociales, como son los jóvenes y los adultos mayores, el aumento de los morosos es más pronunciado. Los jóvenes morosos entre 18 y 29 años aumentaron un 28,8%, mientras que los mayores de 70 años aumentaron en un 33,2% entre junio 2013 y junio 2014. Para estos últimos el monto promedio de la deuda es de un $1.281.739, más alto que el promedio total de $1.264.360. Y, además, tiene la tasa más alta de “nuevos morosos” con un 83%. En el caso de los jóvenes, junto a las precarias condiciones de ingreso al mundo del trabajo, se agrega la carga que implica endeudarse en estudios de educación superior: según INJUV el 68% habría accedido a hacerlo para poder tener una credencial.
La deuda pasa a ser un componente estructural de las nuevas formas de producción, reproducción e integración social, así como un componente central de la acumulación por desposesión. Los préstamos totales del sistema financiero para el trimestre abril-junio 2014, fueron de US$ 217 mil millones, que es un 83% del PIB proyectado por el FMI para el 2014. El Banco de Chile tiene utilidades diarias de $1.714 millones y el recientemente incorporado Banco Ripley, proveniente del retail financiero, es quien lidera la tasa de utilidades anuales con un crecimiento de un 484% de utilidades, mientras el país “se enfría económicamente” creciendo un 1,8% acumulado durante el año y la masa salarial está creciendo a los niveles más bajos de los últimos 10 años.
El trabajo crea valor, pero la deuda lo destruye. Hoy más que nunca debemos dar la pelea, defender el trabajo y a los trabajadores y hacer que no nos vendan nuestros derechos.
[1] Que fue calculado bajo una división simple en 4 trimestres del dato anual del FMI.
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Estimado gustavo y Joaquín
Creo que la opinión de uds es completamente fundada en las bases neoliberales, pues todo lo traducen en mercantilismo y consumo, sin embargo existen otros mecanismos donde no se trate todo como un producto-negocio, sino que se trate como un derecho social, por ende los ciudadano, y no los que uds llaman consumidores, deben exigir sus derechos como es tener educación, salud, pensiones, trabajo, entre otros...Es ahí donde el rol del estado es distinto al que uds mencionan, necesitamos desarrollo humano y gente educada no ciudadanos que sean consumidores, es por tanto el capitalismo una forma nefasta para cumplir con estos derechos de todo ciudadano, pues sólo vela por los interés individuales y lo que necesitamos para todos los ciudadanos son intereses colectivos y de esta forma colectiva todos tengamos el acceso a nuestros derechos.
Saludos
Leo.
Joaquín Rodriguez | 19.12.2014
He leído la columna y quedo sorprendido por la falta de coherencia argumental de la misma. Fuera del hecho de que todo está inconexo, como bien indica el último comentario, debo destacar que sus palabras finales, que malamente podrían llamarse conclusión, son del todo objetables por dos razones: 1. Es falso que el trabajo cree valor per se, el valor es un ejercicio mental individual y por tanto subjetivo, y en él ningún medio de producción adquiere objetivamente valor ni lo transfiere a su producto. Podria invertirse mucho capital y mucho trabajo en un producto X, pero si los consumidores finales desestiman a X y se vuelve un fracaso, luego el trabajo y el capital invertidos en X valen nada porque los consumidores decidieron que X valía nada. Y 2. El Crédito es una institución cuya necesidad se explica en la teoría de preferencia temporal, y lo que hace es adelantar riqueza futura. Es cierto que muchas veces las entidades que prestan tomarán malas decisiones de negocios, como prestar a alguien insolvente, pero son riesgos que toman con sus propios capitales y a mí me tienen sin cuidado. Lo mismo pasa con las personas que piden préstamos sin estar medianamente seguros de solvencia futura, pero nuevamente sin riesgos que corresponde solo a ellos tomar o no. Fuera de eso, sin la institución del crédito la tasa de capitalización que ha logrado que Chile en las últimas cuatro décadas superará tan enormemente la pobreza extrema del pasado y avanzara de una sociedad de proletarios a propietarios, nuestra historia sería menos grata de lo que es actualmente. Por tanto, tampoco es cierto que el crédito destruya per se el valor, sino solamente cuando el riesgo de hace efectivo, cosa que cualquier hombre de negocios medianamente diligente, como cualquier "buen padre de familia" querrá evitar a toda costa. Sí estoy a favor de que se prohíba al estado endeudarse, eso es un terrible acto de injusticia generacional por el cual se endeuda a los electores del futuro para el bien de los electores del presente, menudo negocio redondo para los políticos.
Gustavo Muñoz | 17.12.2014
Los argumentos son completamente inconexos y falaces. El asociar que una persona por precariedad económica se le han quitado los niños y por eso el estado no la ampara ergo la precariedad nace del consumismo
