Entrevista al Ministro de Transportes Pedro Pablo Errazuriz

El ex titular de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, formó una empresa de servicios para la minería. Entre sus socios figura Fanalca Chile Limitada, propietaria del 66,3% del operador del Transantiago Subus. Errázuriz dice que no hay conflicto de interés, aunque él renegoció los contratos que ampliaron la cobertura de los operadores del transporte metropolitano. La ley no restringe los nexos societarios que las ex autoridades pueden tener con las empresas que fiscalizaban. Sólo les prohíbe, durante los seis meses siguientes a su salida del gobierno, mantener una “relación laboral” con ellas.

A cinco meses de dejar su cargo de ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz se asoció con Inversiones Fanalca Chile Limitada, controladora de la concesionaria Subus que opera dos recorridos del Transantiago. Junto a otras tres sociedades de inversión, Errázuriz y Fanalca formaron una nueva empresa de asesorías mineras: Servicios Integrales para la Minería S.A. (Servimin S.A.). El ex ministro considera que no ha incurrido en conflicto de interés al concretar esta nueva inversión. “Me pareció interesante el proyecto y no veo problema, porque se trata de un ámbito totalmente diferente al transporte”, dijo a CIPER.

La ley restringe las “relaciones laborales” de las ex autoridades de gobierno, para evitar que sean empleados por empresas que antes debían fiscalizar, pero no hace alusión a los vínculos societarios. El artículo 58 de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado señala: “Son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo. Esta incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses después de haber expirado en funciones”.

En el caso de que esta sociedad formada por el ex ministro e Inversiones Fanalca diera origen a una “relación laboral” –si Errázuriz asumiera una labor ejecutiva en Servimin-, no se habrían cumplido los plazos requeridos por la ley. La constitución de la sociedad fue publicada en el Diario Oficial el 1 de agosto pasado, es decir sólo cinco meses después de que Pedro Pablo Errázuriz dejó el gobierno el 11 de marzo último.

La ministra Secretaria General de Gobierno, Ximena Rincón, anunció en abril, durante el seminario Transparencia 2014, que la actual administración está preparando cambios a la ley, precisamente para acotar otro tipo de relaciones comerciales que no sean estrictamente laborales. Como están las cosas hoy, incluso se puede burlar la norma por la vía de contratar a honorarios a una ex autoridad. De ese modo, no se establece una relación laboral entre las partes.

RENEGOCIACIÓN CON SUBUS

Pedro Pablo Errázuriz, en su rol de ministro, tenía a su cargo la fiscalización de todos los operadores de transporte público, incluida la empresa Subus. Cuando asumió en 2011, su principal tarea fue renegociar los contratos de los operadores del Transantiago.

Como resultado de la gestión del ex ministro, a Subus le aumentaron las exigencias y, al igual que los otros operadores, debió hacerse responsable del cobro y la evasión, mientras que sus ingresos fijos -el piso mínimo asegurado por el Estado- pasaron a representar solo el 30% de sus entradas. De esta forma, la gestión de Errázuriz obligó a Subus a ser más competitiva y entregar un mejor servicio para hacer rentable el negocio. Pero, al mismo tiempo, la negociación con el ex ministro amplió el negocio de Subus: el nuevo contrato le permitió a este operador incrementar el radio de cobertura de su Línea Troncal 2 al incorporar la Línea Alimentadora G, que da servicio a cinco comunas de la zona sur de Santiago. Esto permite a la empresa aprovechar sinergias y hacer economías de escala, lo que le generaría mayores ingresos.

Prácticamente hasta fines del gobierno de Sebastián Piñera el ministerio hizo revisiones y adecuaciones de contrato con cada empresa operadora en particular. En el caso de Subus, el último addendum o agregado contractual fue ratificado por la Contraloría un mes antes del cambio de gobierno, en febrero de 2014. Según se lee en el hecho esencial enviado por Subus a la Superintendencia de Valores (SVS), esos ajustes se relacionan con compensaciones ante las nuevas exigencias económicas y logísticas (ver hecho esencial).

En su papel de ministro, Pedro Pablo Errázuriz le negó a un particular el acceso -vía Ley de Transparencia- a todos los correos electrónicos enviados desde y hacia el Ministerio de Transporte, durante la negociación de los nuevos contratos. Lo anterior generó una controversia entre el Consejo para la Transparencia y ese ministerio, la que fue zanjada a fines de 2013 por la Corte Suprema. El máximo tribunal le dio finalmente la razón al solicitante y estimó que esos correos no son privados, como argumentó en su momento el ex ministro Errázuriz. Desde el Consejo para la Transparencia se informó a CIPER que, tras el fallo de la Corte Suprema, la información requerida fue entregada en un CD al solicitante.

Un mes después de haber dejado el gobierno, Errázuriz asumió un cargo que ahora podría abrirle otro flanco por conflicto de intereses, debido a su nueva relación comercial con los controladores de Subus. En abril fue nombrado integrante del  Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, creado a instancias de la Presidenta Michelle Bachelet. Este organismo consultivo debe revisar y proponer políticas para el desarrollo armónico de las ciudades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por lo mismo, una de sus tareas prioritarias es sugerir políticas relacionadas con el transporte de pasajeros.

SOCIOS COLOMBIANOS

El nuevo socio de Pedro Pablo Errázuriz en la empresa Servimin S.A., es Inversiones Fanalca Chile Limitada, formada con capitales colombianos y propietaria del 66,3% de la operadora del Transantiago Subus. A partir de noviembre de 2008, la filial chilena de Fanalca es controlada en un 99% por Fanalca Panamá S.A. y el 1% restante está en manos de Alberto Losada Torres, empresario colombiano, cuya familia fundó Fanalca.

La nueva empresa Servimin S.A. está orientada a la asesoría y servicios en la actividad minera, privada o pública, incluido el transporte, según se lee en el extracto de su constitución (vea una copia del registro publicado en el Diario Oficial).

Pedro Pablo Errázuriz

El ex ministro dijo a CIPER que Servimin “es una iniciativa que está recién comenzando, en etapa muy preliminar. Son capitales de riesgo, orientados a buscar posibilidades de servicios a la actividad minera, aprovechando la experiencia en el rubro que tienen los otros socios”.

Errázuriz insistió en que no ve conflicto alguno en asociarse con el controlador de una de las empresas que sirve al Transantiago, habiendo sido él titular de Transportes y el negociador de los nuevos contratos:

-Fanalca tiene experiencia en muchos otros negocios, entre ellos la minería, y lo que estamos buscando son nuevas oportunidades, un nuevo emprendimiento. De hecho, a mí me invitó a integrar la sociedad otro de los socios y me incorporé cuando ellos ya estaban. No fui yo quien contactó a Fanalca para sumarse a la sociedad.

El capital con que se inicia este nuevo negocio es de $120 millones que, según explicó el mismo Errázuriz, aportarán en partes iguales los cinco socios en un plazo de seis meses. Los otros tres integrantes son Inversiones Lede Limitada, de propiedad de Jorge Lesser García-Huidobro y María Olga de Heeckeren; Inversiones Buriti e Inversiones Brod Limitada, propiedad de Maristella Ranzetta Anelli, José Antonio y Felipe Trevizan Ranzetta.

El ex ministro de Transportes constituyó este año otras dos sociedades. La primera de ellas es la consultora Veta Tres SpA, en sociedad con Abel Ignacio Bouchon –ex gerente general de Embotelladora Andina y director de Madeco- y Juan Carlos Jobet Eluchans, ex ministro del Trabajo. El giro de esta empresa es la inversión y la asesoría profesional para el desarrollo de negocios. La segunda es la Sociedad de Inversiones y Consultoria Quiz SpA, una inversión que emprendió junto a la ex subsecretaria de Transportes, Gloria Hutt, y Cecilia Godoy Cruz, ex coordinadora de planificación y desarrollo del mismo ministerio.

Desde abril de este año, Pedro Pablo Errázuriz integra además al directorio de la mayor empresa constructora peruana: Graña y Montero, que opera en Chile desde 2011. El año pasado la compañía anunció que proyecta invertir unos US$ 400 millones en Chile, principalmente en las áreas de minería y energía. En esta última espera desarrollar proyectos relacionados con hidro y termo electricidad.