La aclaración de Laureate Chile y la respuesta de CIPER

Tras el artículo publicado hoy por Ciper Chile titulado “U. Andrés Bello, U. Las Américas y U. Viña del Mar: cómo Laureate tomó el control de un lucrativo negocio”, es de nuestro interés aclarar lo siguiente:

1)     Los datos difundidos en el reportaje contienen una serie de imprecisiones y especulaciones que generan dudas sobre la operación de Laureate International Universities en Chile. Primero que todo es de nuestro interés aclarar que todas y cada una de las operaciones mencionadas en el artículo de Ciper fueron realizadas de manera transparente y por medio de instrumentos públicos y no “silenciosamente” como de forma errónea asegura el medio.Tanto así que Ciper tuvo acceso a ellos para su reportaje, sin consultar a Laureate en nigún momento.

El proceso de reorganización societaria tuvo un objetivo puntual que podría haber sido aclarado a Ciper si sólo se nos hubiese contactado. Es lo que se espera de un medio que realiza investigaciones en profundidad.

2)     Respecto al foco de la nota, la razón de la reestructuración societaria es simple: desde el arribo de Laureate a Chile y su incorporación a las universidades Andrés Bello, Viña del Mar y Las Américas, la red educacional heredó una compleja estructura formada por numerosas sociedades que poseían los antiguos miembros de cada una de ellas y que Laureate estimó innecesarias para su operación.

Esta situación llevó a que Laureate, previo a 2011, diera inicio a un proceso de simplificación de la estructura societaria heredada. Si bien este proceso se hizo visible desde ese año, éste venía generándose con anterioridad y con el único objetivo de dar mayor transparencia y simplicidad a dicha estructura.

3)     En relación a la creación de Laureate Desarrollos Educacionales SpA el año 2011, se afirma en Ciper que ésta es una sociedad que “no aparece en los estados financieros de ninguna de las tres universidades –todas investigadas por lucro– ni en la red de entidades relacionadas informadas al Mineduc”. Nuevamente se comete una imprecisión, a nuestro juicio tendenciosa e impropia por parte del medio.

Laureate Desarrollos Educacionales SpA no presta servicios de ninguna clase a las universidades, razón por la cual no figura mencionada en los estados financieros de éstas. Situación que sí ocurre respecto de aquellas sociedades que prestan servicios a las instituciones y que por ende figuran en los estados financieros, en la información enviada al Mineduce incluso en los portales de transparencia de cada universidad asociada a la Red.

4)     Respecto a Inmobiliaria Educacional SpA también se comete una imprecisión relevante de aclarar. Según la nota de Ciper “hoy, a poco más de tres años de su creación, es el principal brazo inmobiliario del grupo”. Esta afirmación es incorrecta como lo aclara el propio reportaje algunos párrafos más abajo. Inmobiliaria Educacional SpA no es propiedad de Laureate. De hecho, el 82,88% de su propiedad pertenece a las instituciones de educación superior. El 17,12% restante pertenece a entidades Laureate.

La inversión en la inmobiliaria garantiza el desarrollo del plan de infraestructura de las instituciones, haciendo más sustentable en el largo plazo los proyectos educativos.

5)     Por último queremos ser enfáticos en aclarar un aspecto mencionado en el reportaje de Ciper que llama a confusión cuando no se precisa el alcance de los términos utilizados. Según el artículo, “las universidades del grupo traspasaron entre 2009 y 2012 a empresas de la red en el extranjero” US$ 80 millones, lo que estaría siendo investigado por el Servicio de Impuestos Internos.  El uso del término «traspaso»  incurre en la ambigüedad de poder ser entendido como transferencia sin causa, con lo cual se estaría imputando una conducta al margen de la legalidad. No existe ningún tipo de “traspaso” de recursos. Lo que existe son pagos por servicios efectivos prestados por entidades relacionadas a Laureate, que las instituciones autónomamente han optado por adquirir. Reiteramos que todos estos servicios son útiles y necesarios para el desarrollo del proyecto educativo de cada una de ellas y son prestados a precios de mercado.

Jesús Villate
Director Ejecutivo
Laureate Chile

RESPUESTA DE CIPER A LAUREATE CHILE

En rigor, nuestro reportaje en ningún momento buscó generar “dudas” sobre el funcionamiento de Laureate International Universities en Chile. Tampoco hizo eco de rumores y menos recabó datos de fuentes  desconocidas. Los problemas que enfrentan hoy las instituciones que controla la red Laureate, no derivan de un reportaje de CIPER, sino de al menos cuatro investigaciones de organismos estrictamente oficiales del sistema institucional chileno: el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y el Ministerio de Educación (Mineduc).

Lo primero que hicimos entonces, fue tomar precisamente como fundamento los considerandos legales que llevaron al fiscal Carlos Gajardo a ubicar las operaciones de las universidades de ese conglomerado de Educación Superior en Chile, dentro de aquellas que habrían vulnerado la ley vigente, obteniendo lucro indebido de sus actividades educacionales. Fueron las razones esgrimidas por esa fiscalía, al decidir investigar su estructura de negocios y de propiedad, el primer fundamento para profundizar en nuestra investigación.

El segundo material al que tuvimos acceso fue de otra fuente oficial: la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y los fundamentos que esgrimieron sus consejeros para rechazar la acreditación de la Universidad de Las Américas (octubre de 2013) y rebajar después de cinco a cuatro los años de acreditación de la Universidad Andrés Bello (diciembre de 2013). En ambas resoluciones el cuestionamiento principal es al modelo de negocios que presentan ambas universidades, el que representa dicen: “algún grado de riesgo para el proyecto educativo”.

Examinando la resolución de la CNA sobre la rebaja de la acreditación de la Universidad Andrés Bello, una de las primeras cosas que llama la atención es el cuestionamiento que se hace a que la propiedad de los 35 inmuebles que posee la UNAB en Santiago, Viña del Mar y Concepción, sea “de sociedades inmobiliarias – a su vez propiedad de terceros relacionados- en la que la UNAB tiene participación aunque no el control”. Y se agrega:

“En opinión de los pares evaluadores, la estructura de propiedad de los inmuebles de la universidad, en que la UNAB es parte de sociedades inmobiliarias, presenta el inconveniente que la disponibilidad de uso y mantención mayor de los inmuebles puede ser condicionada a factores ajenos al mejor interés institucional, lo que representa algún grado de riesgo para el proyecto educativo. La comisión comparte esta apreciación. Además, el pago de arriendos impacta negativamente en el patrimonio de la entidad legal UNAB, que de por sí es bajo en términos relativos si se considera la exigencia de recursos que impone el gran número de carreras y programas y el número de estudiantes de la universidad. Es evidente, de lo anterior la necesidad de revisar estas políticas por parte de la dirección superior de la universidad. Por otra parte, se hace necesario extremar los mecanismos para transparentar los pagos por uso de recursos de infraestructura y servicios, así como garantizar la plena justificación de su validez”.

La explicación entregada a la CNA por la dirección de la UNAB es que, “ese mecanismo de propiedad indirecta” de los inmuebles, es para establecer un “fondo fiduciario (“endowment fund”) que garantice rentas futuras para el financiamiento institucional, ya que los arriendos pagados son destinados en parte a financiar dicho fondo”.

Esa explicación resulta contradictoria con la necesidad de fondos que requieren las urgentes carencias detectadas por la CNA al rebajarle los años de acreditación a la UNAB. Una de ellas es la insuficiencia de estructura, la misma queja que llevó a paro a los estudiantes de Derecho de la UNAB. La segunda, tiene relación con la calidad de la educación que se imparte a los más de 43 mil alumnos que tiene la universidad: el 69% de los 4.346 académicos son contratados por hora (llamados profesores taxi) y, en su mayoría, “no cuentan con grados académicos avanzados”. Además, se afirma que el proyecto evidencia “una falta de sello institucional y de un procedimiento de evaluación de desempeño académico”. Otro dato que arroja dudas sobre la calidad es que de las 73 carreras que imparte, sólo 11 están acreditadas.

En esta misma línea de la calidad de la educación que imparte la UNAB versus su modelo de negocios, es interesante detenerse en otro punto que arroja el diagnóstico realizado por los evaluadores oficiales de la CNA. Las tasas de titulación, que ya eran bajas hace cinco años, han disminuido de 46,6% a 42,6%. A ello se agregan los “magros resultados” obtenidos por sus alumnos en las pruebas Inicia 2012 (para egresados de Pedagogía) y Eunacom (para los egresados de Medicina).

En ese contexto, resulta bastante evidente que nuestro reportaje no es “tendencioso” y su contenido no es “impropio” ya que, como es de conocimiento de todos nuestros lectores, no ha sido ninguna de las universidades del Grupo Laureate objeto exclusivo de las investigaciones de CIPER. Desde el año 2011 hemos asumido en profundidad la investigación del lucro indebido en el sistema de Educación Superior, para lo cual hemos debido pasar meses y meses en oficinas notariales y del Conservador de Bienes Raíces, además de revisar una y otra vez bases de datos oficiales (como el Diario Oficial), para poder empezar a entender y develar el entramado que crearon algunas  universidades para lucrar.

Es cierto, los documentos que legalizan la creación de sociedades que diseñaron los controladores de la propiedad de esas universidades, así como sus múltiples modificaciones, son fáciles de obtener en notarías y otras oficinas públicas. El problema radica en que todos esos documentos no están a disposición de los alumnos y de sus familias en ningún sitio asequible de esas entidades de Educación Superior. Es por ello que debimos hacer un rastreo que ya dura tres años porque es con el conjunto de documentos que se logra armar el verdadero rompecabezas que permite empezar a descifrar el complejo y sofisticado modelo de las sociedades relacionadas.

Al igual como nos ocurrió con la Universidad del Mar, la Universidad San Sebastián, la Universidad Gabriela Mistral, la Universidad SEK y la Pedro de Valdivia, por mencionar algunas de las entidades que han sido investigadas por CIPER en su modelo de negocios y de propiedad, ninguno de los documentos que “simplificaron” la estructura societaria del Grupo Laureate en Chile estaba disponible en sus páginas web. Tampoco en los documentos oficiales que las universidades del grupo entregaron a los organismos públicos que los fiscalizan y que se los requirieron. Y se entiende. Así ocurrió con todos los casos mencionados y con otras universidades que fueron vendidas total o parcialmente a otros controladores, una operación que contraviene la legislación vigente.

Dado que 30 mil de los 43 mil alumnos que estudian actualmente en la UNAB son beneficiarios del Crédito con Aval del Estado (CAE), y que el Ministerio Público le pidió al Servicio de Impuestos Internos que investigara si las universidades de Laureate cumplieron con sus obligaciones tributarias al pagar los servicios de su casa matriz en el extranjero, decidimos en CIPER que era necesario rastrear todos los documentos que permitieran entender el proceso de “simplificación” del control de la propiedad asumido por Laureate. Y lo hicimos a sabiendas que no están todos y que nos faltan muchas piezas que permitirían entender a cabalidad la forma en que se obtuvieron ganancias y se pagaron servicios de marca y otros que implica la nueva propiedad.

Por estas mismas razones es que, en nuestro reportaje afirmamos que es extraño que la sociedad Laureate Desarrollos Educacionales SpA no aparezca en ningún documento financiero de las universidades del grupo.  La afirmación responde a que, luego de la transformación que se ejecutó a partir de 2011 con las sociedades que hasta entonces controlaban la propiedad de las entidades del Grupo Laureate en Chile, Laureate Desarrollos Educacionales SpA quedó en 2012 como la principal accionista de todas las sociedades relacionadas que sí aparecen como receptoras de pagos por servicios en los documentos financieros. Por ello, creemos que ayudaría a la transparencia saber qué rol juega en la actualidad Laureate Desarrollos Educacionales SpA en la estructura de propiedad.

Que el reportaje está incompleto, qué duda cabe. Un ejemplo de lo que faltó investigar en nuestro reportaje es la relación existente entre la estructura de propiedad de la UNAB con los cursos de postgrado realizados por IEDE, cuya sede en Providencia aparece siendo vendida en los últimos cambios inmobiliarios.

Con respecto al uso del término “traspasos” de dineros, y que dicen relación con el cálculo hecho por el  Ministerio Público de aproximadamente US$80 millones que habrían salido desde las universidades del Grupo Laureate en Chile hacia las sociedades de la red en el extranjero, no nos parece ofensivo y menos objeto de menoscabo para las entidades que hicieron esos pagos. Lo que importa es lo que determinará la investigación en curso que lleva adelante el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público. Es decir, si esos pagos corresponden efectivamente a servicios realizados y que éstos ameritan el monto pagado por ellos. Y en segundo lugar y no menos relevante, si esos pagos debieron cancelar algún tipo de impuestos y si se hicieron guardando estricto respeto por las condiciones que deben cumplir las instituciones que gozan del estatuto legal de entidades sin fines de lucro.

Por último, CIPER manifiesta el mayor respeto por los más de cien mil alumnos y sus familias que actualmente estudian en la Universidad Andrés Bello, la Universidad de Las Américas y la Universidad de Viña del Mar y también el Instituto Profesional AIEP y la Escuela Moderna de Música. La única motivación de nuestro trabajo es que todo el esfuerzo que esas familias realizan para lograr que uno de los suyos sea un profesional, sea correspondido con una educación de calidad y sin obstáculos ni interrupciones.

Mónica González
Directora de CIPER