Contraloría envía al Ministerio Público una auditoría basada en reportaje de CIPER

Con la presentación de una denuncia al Ministerio Público y el envío de antecedentes al Servicio de Impuestos Internos terminó la auditoría de la Contraloría que revisó el funcionamiento del Centro Clínico Maruri y las atenciones realizadas para la disminución de las listas de espera no AUGE en el Complejo Hospitalario San José. La investigación se inició tomando como antecedente principal el reportaje de CIPER «Hospital San José: Así opera el sistema que reduce falsamente las listas de espera«, publicado el 10 de junio de 2013, e incluyó la revisión de las prestaciones hechas por los profesionales médicos que atendían en el también llamado Policlínico Maruri desde enero de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013 (ver informe completo).

La auditoría ordenó iniciar un procedimiento disciplinario por los honorarios de los médicos de Maruri y las prestaciones que cobraban, ya que a éstas se les asignaba el mayor valor que entrega Fonasa por las atenciones de especialistas, sin embargo, ellos son médicos generales. Señala además el informe que eran los mismos médicos contratados quienes determinaban el número de atenciones que hacían diariamente, sin que los directivos las planearan de acuerdo a las reales necesidades que debían ser satisfechas por ese hospital. En la respuesta entregada por el hospital a las observaciones hechas al preinforme se refuerza este punto, ya que médicos declararon que los contratos se redactaban con posterioridad a la realización de las prestaciones.

Llama la atención del ente contralor, además, que los pagos percibidos mensualmente sean por montos casi exactos durante el año 2012. Lo anterior está relacionado con otra de las conclusiones: la cantidad de atenciones informadas para el pago de los honorarios no corresponde a las atenciones efectivamente realizadas por los profesionales. Médicos que trabajaban en Maruri declararon a los auditores de la Contraloría que cobraron montos mayores a lo que les correspondía por prestaciones realizadas y parte de ese dinero “extra” fue entregado al médico identificado en el informe como R. G. S. (Rodrigo Gutiérrez Soto, médico encargado de gestión de camas y médico jefe de Maruri).

Rodrigo Gutiérrez

Además, y tal como se mencionó en el preinforme publicado por CIPER (ver recuadro del reportaje) , se constató que Rodrigo Gutiérrez y otros médicos contaban con autorizaciones notariales de los doctores contratados a honorarios para retirar sus cheques, cobrarlos y repartir el dinero entre ellos, práctica que fue corroborada en las declaraciones de médicos que fueron parte de este sistema de pago. Los antecedentes serán derivados al Servicio de Impuestos Internos porque configurarían una eventual evasión del impuesto global complementario. Esto tiene relación con las declaraciones hechas por los médicos involucrados, entre ellos Rodrigo Gutiérrez, quienes reconocieron que la justificación para que las atenciones realizadas por algunos facultativos las cobraran otros médicos era no reflejar sus ingresos reales y evadir de ese modo los impuestos correspondientes. El ex médico jefe de Maruri, citado en el informe final, señala respecto a esta forma de funcionamiento: “(…) La mayoría de las veces se le paga a un profesional por las prestaciones de él más las de varios médicos más, a los cuales posteriormente se les entregaba el dinero correspondiente a sus atenciones». Sobre el motivo de tal procedimiento, manifestó que «por flojera y comodidad y porque nunca se les dijo que no podían hacerlo y para efectos del pago del impuesto del global complementario».

Se menciona también la “creación” de órdenes médicas con la finalidad de acreditar prestaciones no otorgadas. Para esta labor, se verificó que se destinaba a varios funcionarios para llenar papeletas con datos de pacientes del año 2011, con el objeto de cuadrar y justificar los honorarios pagados. En el informe se menciona que el equipo fiscalizador vio en una de sus visitas papeletas en blanco almacenadas en el hospital y que luego estas mismas les fueron presentadas llenadas a mano o impresas. De acuerdo a la Contraloría, esto configuraría el delito de participación de un empleado público en la falsificación de instrumentos públicos o auténticos. Es precisamente sobre esta observación que Contraloría determina la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público.

Finalmente, respecto al proceso disciplinario, el informe detalla el pago a profesionales que no tenían contratos a honorarios con el centro hospitalario a través de otros facultativos, durante junio de 2012. Tal como se menciona en el preinforme, estos “medios pollos”, como se les llamaba, eran amigos y compañeros de universidad de Gutiérrez.

El informe también pone reparos a las siguientes observaciones: pago de honorarios insuficientemente acreditados, incumplimiento de las funciones pactadas a través de los contratos a honorarios y pagos de honorarios sin informe de la actividad ejecutada. Respecto al primer punto, señala el informe que no existen antecedentes que respalden, íntegramente, el pago de las prestaciones que habrían ejecutado los médicos contratados a honorarios, siendo el total de los gastos insuficientemente acreditados ascendente a Ia suma de $367.963.482.

El informe ordena adicionalmente iniciar un sumario administrativo respecto al registro de las prestaciones médicas del Hospital San José, ya que de una muestra aleatoria de 125 fichas clínicas solicitadas para ser revisadas, y de las cuales el hospital sólo entregó 113, el 100% de ellas no contenían el registro de las atenciones otorgadas a los pacientes. La misma medida solicita respecto del resguardo, custodia y almacenaje de antecedentes, ya que se constató que los formularios con atenciones efectuadas eran almacenados en cajas de cartón repartidas en un box de atención. De la revisión de dichas fichas clínicas se concluyó que en 91 casos no hay registro de la interconsulta por la cual se ingresó al paciente al Repositorio Nacional de Lista de Espera (RNLE).

Otra situación irregular, incluida en el artículo de CIPER ya mencionado, se evidencia respecto a pacientes que salieron de la lista de espera no GES. De una muestra de 73 pacientes, 72 no tenían respaldo del egreso de su ficha médica. Señala el informe también que 30 atenciones que fueron eliminadas del RNLE aparecen en la base de datos entregada al Servicio de Salud Norte como beneficiarios a los que se les prestó atención médica. En otros 13 casos se detectó que los pacientes fueron sacados de la lista de espera porque habían sido atendidos por un especialista o no requerían intervención quirúrgica, en circunstancia que simultáneamente eran citados al policlínico para una nueva atención. También se menciona que Rodrigo Gutiérrez, mediante correo electrónico, informó que 424 pacientes salieron de la lista de espera por la causal “atención realizada”, en circunstancia que esa atención fue realizada por médicos generales y no por especialistas como lo estipula la norma que regula el registro de listas de espera.

El informe también se refiere a tres casos de pacientes que están incluidos en el reportaje de CIPER, quienes fueron sacados de la lista de espera sin que sus respectivos tumores fueran extirpados. El organismo contralor ratifica y detalla dicha información y determina agregarlo al sumario administrativo que deberá iniciar el hospital.

Dicho sumario deberá incluir además la regularización de la situación del policlínico ubicado en calle Maruri, pues no tiene autorización sanitaria para funcionar como tal. A esto se suma que no existe acto administrativo que ratifique la entrega de la administración y traspaso de dependencia y responsabilidad del policlínico desde el Servicio de Salud Norte al Complejo Hospitalario San José, situación que se repite en el nombramiento de Rodrigo Gutiérrez como encargado del Policlínico Maruri y respecto al cierre del mismo. En el mencionado artículo de CIPER de junio de 2013, el director del Hospital San José Raúl Vásquez –quien fue suspendido en febrero de sus funciones por estos mismo hechos– aseguró que se decretó el cierre del Policlínico Maruri. A septiembre del mismo año la resolución de cierre no se había emitido, precisa el informe de Contraloría.

El informe también dictamina el reintegro de $9.716.095 pagados por concepto de asignación de responsabilidad a Rodrigo Gutiérrez Soto, ya que no correspondía que se autorizaran dichos pagos.

Esta es la tercera denuncia que recibe el Ministerio Público sobre posibles delitos en el Hospital San José. A comienzos de febrero, el Ministerio de Salud envió a la Fiscalía Centro Norte los antecedentes sobre la contratación de servicios de hospitalización domiciliaria sin licitación en el Hospital San José que reveló CIPER en enero (ver reportaje) y días más tarde denunció posible fraude y asociación ilícita por los manejos de las listas de espera (ver reportaje).