La lucha de un grupo de trabajadores por salvar el Servicio de Neuropsiquiatría Infantil del Hospital San Borja

El terremoto del 27 de febrero de 2010 dejó al Servicio de Neuropsiquiatría Infantil del Hospital Clínico San Borja Arriarán (HCSBA) en la calle. Perdimos el 100% de nuestras dependencias. Entonces nos quedaban dos opciones: desintegrarnos como equipo y trasladarnos a distintos hospitales o luchar con lo que teníamos. Decidimos lo segundo.

El Servicio de Neuropsiquiatría Infantil del HCSBA es el centro de derivación nacional de enfermedades que alteran el movimiento o el pensamiento de niños y adolescentes. Como en regiones no existen la experiencia ni el acceso a estos estudios de alta complejidad, somos el último eslabón en todo Chile que puede entregar acceso a procedimientos diagnósticos y tratamientos. Entonces, atendimos sobre colchonetas apoyadas en el suelo o sobre las mesas. Incluso realizamos ecografías cerebrales con los recién nacidos en sillones de un comedor. Logramos salir adelante y después de una manifestación realizada fuera del pabellón Errázuriz (nuestras antiguas dependencias), logramos que se instalaran paneles que permitieran separar un paciente de otro y entregar algún grado de privacidad y dignidad. Luego nos trasladaron a un espacio “transitorio” que no cuenta con cortinas ni puertas, por lo que las interrogaciones de niños vulnerados enviados por los Juzgados de Familia, por ejemplo, son en condiciones indignas, inseguras y alejadas de lo que llamamos la medicina del siglo XXI. Después de tres años, aún seguimos allí.

Durante todo este tiempo trabajamos en conjunto con el Servicio de Psiquiatría Adulto y los distintos directores del HCSBA y del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC) para diseñar nuestras nuevas dependencias. El proyecto original contemplaba un área al aire libre en los patios del hospital, donde se realizaría terapia para niños con trastornos psiquiátricos, disminuyendo el estrés que genera el estar internado, los tiempos de hospitalización y complicaciones psiquiátricas. Era una forma pionera y moderna de realizar terapia psiquiátrica en niños. Útil además para menores con discapacidad mental y neurológica que también requieren de ese tipo de terapias durante su hospitalización.

Faltaba el financiamiento. Los más de $2.500 millones que se requerían fueron comprometidos en una carta firmada por Giovanna Gutiérrez, la primera subsecretaria de Redes del ministro Jaime Mañalich, que recibió el entonces director de hospital, Inti Paredes. Lamentablemente, al poco tiempo Gutiérrez renunció a su cargo y la promesa ya casi no valía nada. Esperamos durante dos direcciones más, hasta el actual director, Claudio Robles. Con él nos reunimos en varias oportunidades para enterarnos sobre qué ocurría con el proyecto. Fue rechazado más de una vez por la Contraloría General de la República, ya sea por índole técnico o por falta de financiamiento. Como lo segundo comenzó a ser el principal problema, recortaron del proyecto el espacio destinado a terapias al aire libre para niños con trastornos psiquiátricos como bipolaridad, depresión, intentos suicidas, esquizofrenia, maltrato severo o retardo mental, entre otros.

El servicio ha sido visitado por escasas autoridades. El diputado y médico Juan Luis Castro fue el primero. Nos dejó el teléfono de su jefe de gabinete, pero después, cuando lo llamábamos, habitualmente lo excusaba por no estar disponible. El senador Guido Girardi también prometió visitarnos para conocer nuestra realidad, lo cual nunca ocurrió. Y del senador Gabriel Silber, a quien le enviamos los planos y documentos formales del proyecto a través de su jefe de su gabinete –el único que llegó a la reunión que el diputado había fijado con nosotros–, nunca más recibimos una respuesta. Muchas cartas y correos electrónicos fueron enviados explicando la situación que vivían nuestros pacientes, mientras nuestro equipo sostenía la atención a duras penas, con una alta carga emocional e innumerables fracasos golpeando la puerta de las autoridades sanitarias.

Enviamos cartas al Presidente de la República, a la primera dama, al ministro de Salud, al subsecretario de Redes Asistenciales, al secretario regional ministerial, a los directores del SSMC, a la comisión de salud del Senado, a Unicef Chile. La mayoría no respondió. La primera dama, Cecilia Morel, nos envió a conversar con el director del hospital, la persona que nos mostraba y prometía semestralmente que nuestro proyecto comenzaría a construirse. Unicef nos respondió un correo asegurando comprender nuestra situación, pero que escapaba a las funciones que tenían encomendadas.

En marzo de 2013 decidimos salir a las calles, bloquear el tránsito, pararnos afuera del Ministerio de Salud y gritar tan fuerte como fuera posible lo que nos estaba ocurriendo. Luego de recibir amenazas y ser detenidos por Carabineros, logramos que el decreto que aprobaba el financiamiento del proyecto fuera firmado a los cinco días de iniciada la movilización. La Contraloría lo aprobó dos meses después.

Celebramos colocando globos en las puertas de las instalaciones donde llevábamos más de tres años “transitoriamente”, especialmente cuando se inició la construcción, no de nuestro proyecto completo, pero sí en parte de lo básico para empezar a realizar atenciones dignamente. Eso último ocurrió en julio, y en agosto, mientras el arquitecto explicaba algunas modificaciones menores al proyecto, la jefa de nuestro servicio se percató de:

1. La eliminación de dos salas de atención para pacientes ambulatorios, las cuales ya habían sido reducidas del proyecto original de 27 a 23. Ahora el director del hospital las reducía nuevamente a 21, lo que se traduce en cerca de 7.000 atenciones menos al año y el aumento de las listas de espera;
2. Disminución del área en la sala de espera de los niños y sus padres, lo que significaba perder la sala de espera infantil donde se realizaban terapias multimodales a niños con trastornos neuropsiquiátricos, aumentar la situación de hacinamiento con el consiguiente aumento del riesgo de contagios de virus y bacterias que pueden causar neumonía y otras enfermedades graves con alta mortalidad;
3. Modificación de las vías de transporte y evacuación, provocando que éstas fueran más sinuosas y difíciles de transitar con pacientes que son absolutamente dependientes porque no entienden, no se pueden mover o lo hacen en camilla, con muletas, respiradores o tubos de oxígeno. Además, esta última modificación obliga a niños que salen o se dirigen a nuestro servicio, a pasar por la sala de espera de Psiquiatría Adulto, mezclando pacientes de distinto grupo etario y patologías psiquiátricas con alto riesgo de agresiones, accidentes o incluso muertes.

Los directores del hospital (Claudio Robles) y del SSMC (Fernando Benavente), han dicho que los motivos para esos cambios son evitar la pérdida de seis camas de pensionado, permitir que se instale la admisión de pensionados en el espacio destinado a la sala de espera de nuestros pacientes, entregar cinco camas al Servicio de Psiquiatría Adulto y evitar que nuestros niños pasen por el pasillo de pensionado. Como se desprende de las causas: discriminación de los niños en pro del servicio de pensionado. Cuando solicitamos reuniones para discutir la situación, ambos directores afirmaron que la decisión respecto a la reducción de los espacios ya estaba tomada.

Al encontrar oídos sordos en nuestras autoridades directas, optamos por acercarnos a otras instituciones. Nos acercamos al Juzgado de Familia de Santiago para interponer un recurso de protección. La jueza Gloria Negroni nos invitó a una reunión y nos recomendó no interponer el recurso, ya que era mejor no judicializar la situación. Nos entrego el teléfono de una integrante del gabinete de la ministra de Justicia, quien aseguró que me contactaría. Nunca más recibimos noticias de la ministra de Justicia ni de la jueza Negroni.

También le presentamos nuestra problemática al doctor Enrique Paris, presidente del Colegio Médico. Lo invitamos a visitar nuestro servicio. Después de conocer nuestras instalaciones, nos acercamos a pensionado, y quedó muy impactado con la diferencia de espacio, infraestructura y número de pacientes. Nuestro servicio estaba en estado de hacinamiento y parecía un campo de concentración, mientras que pensionado se asemejaba más a una clínica privada con hotelería inserta en el mismo hospital. Es el más claro ejemplo del doble estándar de atención en los hospitales públicos: los que no pueden pagar v/s los que sí pueden hacerlo. En los hospitales modernos, como los de Maipú y La Florida, esta diferenciación no existe, se considera poco ética.

Le pedimos al doctor Paris que nos acompañara el pasado 25 de septiembre a una reunión en el Ministerio de Salud con el subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Luis Castillo, su abogada y Benavente. Les expusimos planos y fotos y les entregamos los argumentos técnicos para que actuaran en contra de la vulneración de los derechos de los niños de nuestro servicio. Pero no encontramos su apoyo. Dijeron que los pacientes pensionados y adultos tenían los mismos derechos que los de nuestro servicio, desconociendo los tratados que Chile ha ratificado en las convenciones internacionales sobre derechos de los niños.

Al no contar con apoyo de la autoridad, los padres de nuestros pacientes han firmado un libro de apoyo y además manifestaron su intención de acompañarnos a todas las instancias necesarias para que no se continúe vulnerando el derecho de sus niños. Así fue que junto a una mamá de un paciente, nos reunimos con profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Después de una breve discusión y de analizar todos los antecedentes, por primera vez una institución del Estado nos confirmaba que se estaban vulnerando, no sólo uno, sino que varios de los derechos de los niños, ofreciéndonos su opinión de expertos en las instancias legales que recurramos en instituciones nacionales o internacionales.

Los niños no se pueden defender por sí mismos. Por lo tanto, somos los adultos los responsables de cuidar de ellos y defenderlos cuando se están vulnerando sus derechos. Solicitamos conversar con el presidente de la Corte Suprema, como autoridad máxima del Poder del Estado que vela porque se cumplan las leyes, pero la audiencia fue rechazada. Lo único que esperamos ahora es poder encontrar apoyo que nos ayude a defender una gran inversión para los miles de niños chilenos que atendemos al año, pues cada mejor tratamiento, junto a más espacio y mejor calidad, mejorará sus expectativas de vida y de mejor forma se integrarán a la sociedad.

*El autor de esta carta es médico neurólogo infantil del Servicio de Neuropsiquiatría Infantil en el HCSBA.