A comienzos de enero de 2013, un gran anuncio de “clausurado” terminaba con un nuevo y pequeño emprendimiento dedicado al servicio de lavandería. Le faltaba un determinado requisito, necesario para validar el respectivo permiso, algo que el Municipio de Santiago rápidamente constató, clausurándolo de manera inmediata.
El citado emprendimiento se encontraba en uno de los edificios del megaproyecto inmobiliario Santiago Downtown, situado en la manzana donde se emplaza la conocida torre Entel. Su última etapa, Santiago Downtown 4 y 7, está radicada en la Corte de Apelaciones de Santiago por presentación del titular del proyecto en contra de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Santiago, ya que ésta no pudo otorgar la recepción final de la obra, por las razones que a continuación se describen.
El actor privado le hizo notar a la Corte que dicha DOM tenía la obligación de cursar la recepción final de su proyecto, conforme al hecho de que él actúa de buena fe en los negocios y que, por lo tanto, adquirió derechos incorporados en su patrimonio. Lo anterior, a pesar del cúmulo de ilegalidades conocidas y ratificadas por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y la Contraloría General de la República (CGR), materia que también se está investigando en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte del Ministerio Público y próximamente se entregará un dossier en el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que investigue.
¿Pero por qué Inmobiliaria Alameda 2001 S.A., titular del negocio, recurrió al argumento de “la buena fe” y no a los fundamentos legales, que en un Estado democrático de Derecho, le permitirían obtener la recepción final de su construcción? Siguió ese camino básicamente porque tal proyecto, en conocimiento de la DOM así como del ex alcalde Zalaquett y de la alcaldesa Tohá, se construyó violando la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su Ordenanza (OGUC), ciertas circulares y pronunciamientos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el propio Plan Regulador Comunal (PRC) de Santiago, la Ley de Copropiedad Inmobiliaria y, como si fuera poco, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, según la Resolución Nº 946 del 06/09/13 de la recién creada Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).
Esto último, ya que el titular del megaproyecto lo fraccionó en etapas para así no ingresarlo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pese a que globalmente su carga de ocupación supera las 10.000 personas, contempla más de 1.400 estacionamientos y se localiza en la proximidad del Monumento Histórico Casa Rivas, inmueble éste que condicionaba la altura de las nuevas edificaciones en esta manzana a no más de 3 pisos, ello por mandato del artículo 27º del PRC de Santiago.
Es más, dos de sus etapas, por sí solas, igualmente debieron someterse al SEIA. E incluso en una de ellas, la DOM, cometiendo una lamentable equivocación numérica, emitió el certificado de recepción de obras verificando 299 departamentos, uno menos de los 300 exigidos para ingresar al SEIA, en circunstancias que realmente eran 309;hecho constatado por los ágiles sabuesos de la SMA. No sabemos qué dirá el Ministerio Público ante este tamaño disimulo utilizado para “desburocratizar” el proceso administrativo y por ende para no darles trabajo a las empresas consultoras ambientales.
Como vemos, a diferencia del pequeño emprendimiento reseñado al principio, el cual fue rápidamente fiscalizado y clausurado por la municipalidad, en esta ocasión en que el infractor es un poderoso actor del mercado, las mismas autoridades municipales, pese a que fueron informadas constantemente de estas irregularidades, prefirieron desvirtuarlas y/o negarlas, incluso como respuesta a diversos recursos de protección, como el interpuesto por un particular afectado en contra de la constructora ICAFAL, la que no tenía los permisos de instalación de 3 grúas torre que amenazaban la seguridad de los edificios dispuestos a pocos metros de ellas. Es más, en el marco de otro recurso, dicho municipio fiscalizó “equivocadamente” su propia resolución de paralización de faenas, cursando dos denuncias, extrañamente mal formuladas, gracias a lo cual la constructora se evitó pagar una cuantiosa multa, como cumplir, por el período de 40 días, la resolución municipal, hasta que ésta fue dejada sin efecto por el mismo municipio.
A comienzos de este año seguí la situación a través de columnas en el diario electrónico El Mostrador (Ver Un negocio inmobiliario muy trucho en Santiago y ¿Qué te pasó Carolina?) A pesar de los contenidos de estas publicaciones, nunca rebatidas, lejos de subsanarse al menos las irregularidades más nimias, simplemente nada se hizo. Ello, aunque a la alcaldesa Carolina Tohá se le entregaron por escrito varias denuncias y antecedentes concretos, con la idea de que ella, como representante legal del municipio y reconocida figura política, asumiera el rol conductor impartiendo las instrucciones de rigor en todos los niveles e iniciando los sumarios administrativos correspondientes, para así adoptar las duras decisiones conforme al marco legal.
No obstante, no deja de sorprender que la alcaldesa sólo se pronunciara a través de su Administradora Municipal, informando que “habiéndole consultado a la DOM”, dicha dirección municipal concluyó que había actuado conforme a la Ley.
Hemos sabido que el titular del proyecto suscribió hace unos meses una promesa de compra-venta con el Ministerio de Bienes Nacionales para que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones utilice la torre Santiago Down Town 7, edificio que viola la normativa urbanística central y local como la medioambiental vigente. Pero, aparentemente estos ministerios no estaban al tanto de lo que sucede, ello a pesar de que contrataron a un experto abogado en derecho inmobiliario y urbanístico para que confeccionara el aludido contrato de promesa.
Es más, en un nuevo recurso de protección interpuesto contra el municipio por conceder permisos de carga y descarga de materiales entre enero y febrero de 2013, fecha en que estaba vigente una nueva paralización total de obras, esta vez dictada por la Seremi de Salud RM (tercer sumario sanitario por contaminación acústica y ambiental), la nueva jefa Jurídica Municipal informó a la Corte de Apelaciones que la obra se ajustaba a derecho y que las unidades municipales habían actuado conforme a la ley.
Lo informado por dicha autoridad jurídica municipal se mantuvo incluso ante de Corte Suprema y aún en conocimiento del sumario administrativo iniciado contra la DOM por la CGR y conociendo la investigación que instruyó la Seremi de Vivienda y Urbanismo en contra del arquitecto revisor independiente por no saber hacer su trabajo técnico.
Siendo así, la actitudes de las autoridades municipales sólo han buscado ocultar o desvirtuar las irregularidades cada vez que han sido denunciadas, además de negarlas ante cualquier autoridad administrativa de mayor rango o judicial, lo que tuvo como nefasta consecuencia que una imponente obra totalmente ilegal avanzara hasta alcanzar un potencial estado de recepción municipal. A partir de ahí, su titular pudo alegar pomposamente que estamos ante una “situación consolidada, derechos adquiridos y buena fe”, permitiéndole así obtener un lucro que jamás pudo haber logrado si la municipalidad hubiese actuado, controlado y fiscalizado conforme a la normativa vigente.
Es más,desde febrero de 2013,se ha solicitado tanto a la alcaldesa como al director de obras, la invalidación de las resoluciones de modificación de las torres Santiago Downtown 4 y 7, ello conforme al artículo 53º de la Ley Nº 19.880, del Procedimiento Administrativo. No obstante, a la fecha, transcurridos más de 7 meses, ni siquiera se ha citado a audiencia a los interesados, ni tampoco ha existido un pronunciamiento con respecto a dicha invalidación.
La consecuencia más clara de esta falta a la probidad es que se estamos próximos a cumplir el plazo de dos años, en que tal invalidación puede ser ejercida conforme a dicha ley.
Terminamos el relato enumerando las razones que la alcaldesa Carolina Tohá debiera tener presentes, pues impiden la recepción de obras de estas dos torres, Santiago Downtown 4 y 7, dejando en claro eso sí que las 7 torres violan la ley, aunque 5 de ellas ya son hechos consumados:
Las torres 4 y 7 han sido levantadas en un predio distinto al del permiso aprobado, y además no cuentan con un documento que constate las medidas de gestión y control de calidad adoptadas durante su ejecución, según lo estableció la CGR.
El permiso de edificación y sus resoluciones de modificación han sido validados por un arquitecto revisor independiente que está siendo investigado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, por emitir informes técnicos vulnerando la normativa urbanística.
Aunque la DOM consideró que no correspondía el ingreso de esta obra al SEIA, luego de una denuncia la SMA exigió su ingreso a éste y todos sabemos que sin Resolución de Calificación Ambiental favorable no se pueden iniciar las faenas de este tipo de proyectos, conforme al mandato del artículo 8º de la ley ad hoc.
La obra no ha presentado un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) como conjunto de edificios, con estacionamientos conectados por servidumbres vehiculares en sus subterráneos.
La obra no presenta un correcto cálculo de carga ocupacional y sus certificados de dotación de agua potable y alcantarillado no dan cuenta del número real de personas que se pretende atender.
La obra no puede acogerse a la ley de Copropiedad Inmobiliaria, pues el artículo 10º de dicha ley lo prohíbe cuando no se cumple con la normativa exigida en la LGUC, la OGUC, así como el PRC.
Así las cosas, lo que se juega actualmente en los tribunales superiores de Justicia es de la máxima importancia por sus precedentes y sería necesario que la alcaldesa ahora tomara en serio este “problemita” que tiene en sus manos ya que ella es una figura pública bien evaluada por la ciudadanía.
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Eugenia Velasco | 05.12.2013
Un día vote por Carolina feliz ....hoy lo pensaría ....
daniel | 21.11.2013
Sofia
SI a ti te chocan el auto, tú tienes derecho a ser indemnizada por los daños que te causo el choque. Si te dejó en cama 6 meses, no sólo es una indemnización por daños material, sino también por lucro cesante y daño moral.
La ley siempre ha contemplado indemnizaciones cuando cuando una parte daña a la otra. Esto es algo arbitrario, sino que una justa compensación por los daños causados, siendo algo estructural dentro del ordenamiento jurídico.
De hecho este año el SERNAC incluso elaboró y difundió profusamente una Guía para interponer una demanda de indemnización, por daños a la ley del Consumidor, en un esfuerzo por transparentar el tema y empoderar a los consumidores haciendo más trasparente el proceso para ellos.
Pensar que estas empresas debiesen indemnizar a la comunidad es algo obvió, pues pasaron por encima de todas las leyes y al hacer eso nos dañaron como comunidad. Y son las mismas instituciones públicas fiscalizadores las que lo dicen.
Incluso, esta empresa debió haber ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y haber consultado su proyecto antes de ejecutarlo a nuestra comunidad, la cual incluso debía aprobar todo lo que hiciera. Incluso debió haber informado el cercamiento de la obra y cómo respetarían nuestros derechos de servidumbre.
El no hacerlo es una infracción gravísima que les puede reportar varios cientos de millones de pesos, ya que la Ley del Medio Ambiente, expresamente establece esa infracción como la más grave de todas.Â
Incluso la misma Ley contempla en su articulado la indemnización por daño ambiental a las comunidades afectadas. Y este caso hay un montón de sumarios sanitarios,denuncias por trabajos fuera de horario, paralizaciones de obras no cumplidas, etc. Y todas !!!!sin haber ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental!!!.
Lo que te estoy diciendo es que ni siquiera hay que probar el daño, este ya fue constatado.
Entonces, si desde la roma antigua se contempla la posibilidad de indemnización, si la ley del consumidor lo contempla y si la ley de medio ambiente lo contempla; el sólo pensar que si la comunidad solicite una indemnización eso signifique que se esta aprovechando para "ganar plata", es sinceramente lo más inconsistente e ilógico que he escuchado.
Yo me sumaré a cualquier demanda colectiva que se haga y concuerdo además con que nosotros teníamos una salida incluso con cámaras y citófono, la cual la empresa simplemente eliminó a a finales de 2010, esto era un derecho de servidumbre, en otras palabras nuestra propiedad indiscutida e incluso registrada en el conservador de bienes raíces.
Por último agregó un antecedente que este artículo no menciona.
Si buscan en la web del SERNAC encontrarán una demanda que perdió la inmobiliaria Alameda 2001 interpuesta por uno de nuestros vecinos. La demanda era porque el los metros cuadrados de nuestros departamentos, por lo que pagamos un valor por metro cuadrado, era menor a lo que realmente construyeron.
Como dije se puede buscar directamente desde internet, siendo una denuncia apoyada por SERNAC y que ganó nuestro vecino.
Seguramente también lo encontrarás una patraña y al vecino un aprovechador por defender sus derechos
daniela | 20.11.2013
Sofia,
La verdad no me gusta participar en foros, porque al final siempre es pelea, pero me sorprendió tanto tu actitud que me animé a participar.
Sinceramente, creo que estás en un tremendo error. Todos nuestros deptos tienen un derecho a servidumbre de paso hacia la Alameda.
Ese derecho está en mi contrato y también me imagino en el tuyo.
Es un derecho que nunca debió haber sido limitado. La empresa nunca debió haber obstruido nuestro derecho de servidumbre y eso es una de las cosas que se está reclamando desde el principio, al leer los artículos
Si es que eres propietaria, sabrás que antes teníamos un pasaje con rejas y circuito cerrado de tv, para autorizar el ingreso a nuestro terreno. Cuando comenzaron a construir los estacionamientos subterráneos (finales de 2010) esa servidumbre simplemente la cerraron.
Llevamos casi 3 años con un privado que simplemente nos quitó nuestro derecho de propiedad a su antojo, como tú dices, obligándonos a salir por la calle San Martín e incluso por donde pasan los autos.
Por favor, yo también usaba la salida al supermercado, con mi marido, ya que quedaba al lado de nuestro portón de ingreso. Pero esta empresa hasta nuestro portón nos sacó y terminó con nuestro acceso directo. Yo siempre reclamé por eso, pero la anterior directiva nunca hizo nada
No entiendo, cómo no puedes ver eso con claridad y no ves la responsabilidad de esta empresa al limitar el derecho de propiedad de todos.
Tú deberías ser la primera en exigirle a esta empresa que nos habilite, con la seguridad necesaria, nuestra servidumbre de paso hacia la Alameda (que nunca debió haber sido obstruida) o por último pedírselo a la actual Directiva, para que lo exija, ya que al menos ésta no se queda en silencio frente a estos hechos, como la anterior.
Si eres propietaria también sabes que en frente a nuestro edificio se prometió una plaza. Y por las irregularidades detectadas resulta que no sólo nos engañaron construyendo un edificio donde estaría la plaza, si que además ese edificio por la Ordenanza Local de Santiago, tendría que haber tenido como máximo 3 pisos, no 18 como ahora.
Realmente es un descaro gigante de esta empresa, que supone que las personas son ignorantes, no se van informar y no van a reclamar.
Lo que me sorprende es que tú apoyes a la empresa. Porque mejor no te unes a la gente que está organizando una demanda colectiva, entre otras tantas cosas por inhabilitar nuestra servidumbre de paso.
sofia rubio | 19.11.2013
Estimado Vecino, asi es pero creo que es injusto que todos los de la comunidad sean afectados por este personaje que es vos populis que lo unico que quiere es plata.. y como no se la dieron esta reclamando por todos lados y haciendo este tipo de publicaciones, somos afectados por este señor como 300 familias.. sin poder usar el paso hacia el supermercado y resguardar nuestras familias pasando por san martin...
claudio vecino | 16.11.2013
Yo creo que no tiene sentido polemizar. Lo de la Superintendencia de Medio Ambiente es verdad, porque Superintendente ha salido en diarios hablando de ese caso en particular, con nombre y apellido. Es decir, aquellas empresas que eluden presentarse al Sistema de evaluación de impacto ambiental, evitando realizar un estudio del impacto en las comunidades vecinas con la participación obligatoria de la comunidad para definir medidas de mitigación. Lo de la Contraloría es verdad porque se puede buscar en su web directamente, lo de la Seremi de Salud y la Seremi de Vivienda es verdad, porque es su sección de ley de trasparencia aparecen las resoluciones vinculadas a terceros (no todas en realidad). Lo de las denuncias por ruidos es verdad, porque lo viví y sé que se cursaron denuncios. Lo único que no se puede saber directamente, aunque sé que sucedió, es que la lavandería, que funcionó varios meses, la clausuraron porque le faltaba un papel (eso es lo que dice el artículo). Si es efectivo lo que tú dices es el papel de uso de alcantarillado. No obstante, a estos edificios, le faltaron muchísimos papeles y se saltaron numerosas regulaciones y autorizaciones, sin embargo están allí terminados, saltándose la ley de manera brutal. Con respecto a la plusvalía, concuerdo con ha aumentado la plusvalía, pero, esto no es un fenómeno aislado, todo Santiago en los últimos 3 años ha aumentado tremendamente su plusvalía por la escases de suelos para construir cerca de áreas con gran infraestructura. Por eso las constructoras están mirando a sectores como Maipú o San Bernardo, donde en algunos años más también subirá la plusvalía notoriamente. Por lo tanto es un fenómeno relacionado con la escasez de suelos, con la capacidad económica de las personas, con la consolidación de la clase media, etc. Lo que si es seguro, que un edificio a medida que avanza en altura tiene un mayor valor por departamento, principalmente por la vista despejada, valor que sube aún más si es vista norte. Pero si te colocan un edificio al frente, a una altura que nunca debió haber tenido (como en este caso), obviamente pierdes plusvalía (es un hecho objetivo) independiente de como avance la plusvalía en el sector. Un ejemplo claro es providencia, donde edificios de 10 años, de altura mediana, han subido más de 60% su valor por depto., sin embargo, los que más valen son los que se encuentran en zonas donde el plan regulador no permite nuevas edificaciones de más de 5 o 7 pisos, o que tienen alguna restricción patrimonial; por lo tanto en edificios antiguos de más de 10 pisos siempre seguirás teniendo departamentos con vista despejada.
sofia rubio | 13.11.2013
Estimado Daniel:
Si esta estudiando leyes.. deberia saber que no todo lo que sale por internet es verdad hasta que se compruebe con tus ojos... Yo tambien reclame por los ruidos,, por hoy en dia me doy por pagada ya que mi propiedad vale el doble que hace un semestre atras... por estas dos torres que se contruyeron... Bienvenido a la modernidad... del centro.. y si quieres vender tu depto, te lo compro... ….
Ademas te comento, esto es para que tengas la información mas clara y con verasidad , el local de lavandería lo cerraron por culpa del comité de la comunidad.. porque ellos no autorización el uso de alcantarillado, documento necesario para presentarlo en la municipalidad y otorga el permiso municipal..
Daniel | 08.11.2013
Sofía a diferencia que tú, yo averigüé gran parte de los datos que se mencionan en el artículo. Ello porque estudio derecho y se que la mayoría de estos antecedentes es posible consultarlos desde internet (y verificarlos, como lo hice). Y no hay que ser mago para eso.
También vivo en uno de estos deptos. y se que no es mentira, porque también lo viví, también reclamé al municipio a nuestra administradora para que hiciera algo. Los antecedentes que están en el artículo son verdad, no son patrañas, como tu dices
sofia rubio | 07.11.2013
Señor Herman:
Porque habla tantas patrañas. lo invito a usted, a conocer realmente mi departamento... y donde se vive... usted... no conoce algun otro edificio con las condiciones que compramos muchos de los propietarios... hasta cuando usted, habla sin averiguar realmente los problemas o se ajusta solamente a una persona que esta picada contra la inmobiliaria... eso es voz populis señor en las comunidades que este señor espinola lo unico que quiere es plata.. y como la tuvo.. esta picado..
Ciudadana Alexa | 08.10.2013
Es un hecho que, en Chile, los hechos consumados son una política consuetudianaria, de modo tal que ninguna autoridad se atreve a ordenar la demolición o destrucción de bienes o construcciones no apegadas a la Ley, que pasan a ser legales sólo por el transcurso del tiempo y el aburrimiento de los afectados ante las largas tramitaciones, especialmente en los Tribunales de Justicia. Peor resulta este caso, donde se supone que la alcaldesa cumpliría sus postulados de rigurosidad, diligencia y transparencia y está reflejando exactamente lo contrario. Los hechos aquí narrados terminan de empeorar la situación por la complicidad que están teniendo los Ministerios señalados, al celebrar contratos de compra venta con una sociedad privada ya con procesos judiciales POR VIOLAR LA LEY y, para rematar, querellada POR EL FISCO. Paradójicas resultan la risa y la indignación que producen que un o unos sujetos aleguen "buena fe" en los negocios, cuando ESTà A LA VISTA que la buena fe sólo rige para los violentados y mayor rabia produce su argumento para que la Corte falle en su favor ante los hechos consumados el que haya "adquirido derechos incorporados en su patrimonio", sin que nunca le hayan importado los derechos que definitivamente VIOLÓ. Si la Corte falla en favor del delincuente, estaríamos frente a un claro caso de prevaricación de sus miembros, de lo que resultaría que TAMPOCO podemos confiar en nuestros Tribunales de Justicia. No obstante, para entregar un poco de optimismo, bien puede el Estado (con cargo a multas e indemnizaciones por pagar por el delincuente) contratar a demoledores profesionales que, con unas cuantas cargas explosivas, pueden derribar torres de 50 pisos sin afectar edificios aledaños, excepto por el polvo...
El actor privado le hizo notar a la Corte que dicha DOM tenía la obligación de cursar la recepción final de su proyecto, conforme al hecho de que él actúa de buena fe en los negocios y que, por lo tanto, adquirió derechos incorporados en su patrimonio. Lo anterior, a pesar del cúmulo de ilegalidades conocidas y ratificadas por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y la Contraloría General de la República (CGR), materia que también se está investigando en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte del Ministerio Público y próximamente se entregará un dossier en el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que investigue.
Es más, en un nuevo recurso de protección interpuesto contra el municipio por conceder permisos de carga y descarga de materiales entre enero y febrero de 2013, fecha en que estaba vigente una nueva paralización total de obras, esta vez dictada por la Seremi de Salud RM (tercer sumario sanitario por contaminación acústica y ambiental), la nueva jefa Jurídica Municipal informó a la Corte de Apelaciones que la obra se ajustaba a derecho y que las unidades municipales habían actuado conforme a la ley.
