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Cuando aún resuena la controversia por las palabras del precandidato presidencial Pablo Longueira (UDI), quien sostuvo que “mucho de los inmigrantes ilegales que ingresan, lo hacen perjudicando a los chilenos”, en esta columna el Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados señala las carencias y vacíos que persisten en el país en relación a la situación de los extranjeros que deciden quedarse. Los autores desmenuzan el Proyecto de Ley sobre Migración y Extranjería que el gobierno envío al Congreso, el que consideran demasiado enfocado en los aspectos económicos del fenómeno migratorio: “Lleva consigo un foco utilitario de la migración para la economía nacional, dejando de lado la integración como norte”.

Después de un año de anuncios y pequeños adelantos, finalmente hace unas semanas el Gobierno envió al Congreso su Proyecto de Ley sobre Migración y Extranjería para modificar la ley vigente desde 1975 que está enfocada, acorde con la ideología de la época, fundamentalmente en la defensa y seguridad del país.

Está claro que el país necesita una reforma en esta materia, pues la norma actual es de las más antiguas del continente. Creemos necesario detallar algunos de los puntos que abre esta normativa de ser aprobada tal y como el Gobierno de Sebastián Piñera la plantea.

Si bien la propuesta ha sido presentada como un proyecto que moderniza la política migratoria del país y facilita la entrada de extranjeros a Chile, lleva consigo un foco utilitario de la migración para la economía nacional, dejando de lado la integración como norte y en buena parte la realidad del fenómeno migratorio en Chile. Cabe recordar que en los últimos años hemos experimentado un alza constante en el flujo de migrantes: este grupo pasó a ser el 0,79% de la población total en el Censo 1992 al 1,22% en el Censo 2002, y a un 2,04% en el cuestionado Censo 2012.

Pese a ello, al leer el documento nos encontramos una vez más con la idea de que la legislación busca trabajadores y no personas y, aunque asegura una serie de derechos para los migrantes, en su espíritu sigue primando el peso de una visión materialista frente al factor humanitario.

Así, por ejemplo, una de las grandes reformas establecidas en el documento es la creación de un nuevo estatus migratorio temporal. Éste contempla a extranjeros que podrán venir al país para hacer “trabajos de temporada” por períodos únicos o interanuales y que no podrán aplicar a una residencia definitiva en Chile. Esto pasa por alto cualquier vínculo que puedan entablar en nuestro país durante su estadía, legalizando de esta forma una suerte de importación temporal de mano de obra, de bajo costo y fácil devolución.

Esta herramienta supone una doble trampa, pues no sólo aplica una visión productiva y empresarial a un fenómeno social, sino que también supone una forma de dar la espalda a los problemas de un determinado sector productivo: en lugar de mejorar las condiciones laborales, el Estado prefiere abrir las puertas a mano de obra extranjera de bajo costo con la condición de que sea temporal.

Esto está asegurado en la propuesta, donde se prohíbe expresamente que un migrante bajo esta condición pueda optar a otro tipo de visa en nuestro país y sólo podría reingresar a trabajar (de nuevo de forma temporal) un año después de su última salida.

Aunque aún no se conocen aspectos técnicos de este estatus –muchas definiciones esenciales quedan pendientes de la elaboración del Reglamento que acompañará la ley una vez que esta sea promulgada- cabe preguntarse el mecanismo mediante el cual el Estado asegurará el cumplimiento de los derechos. Por ejemplo, qué se hará con leyes sociales y la atención sanitaria de este grupo de personas, es posible imaginar que la limitación de tiempo abra la puerta a la vulneración de estos derechos fundamentales.

La segunda gran modificación que incluye el proyecto tiene que ver con el lugar y el organismo ante el cual un migrante que quiera establecerse en Chile debe realizar sus trámites. Hasta hoy, un extranjero que llega al país como turista puede tramitar en las oficinas de Extranjería una visa bajo otras condiciones (estudiante, sujeta a contrato, temporaria, etc.), algo que la nueva ley elimina en parte, trasladando las solicitudes que apuntan a establecerse en el país en su mayoría a las delegaciones chilenas en el extranjero.

Este cambio podría dificultar la permanencia regular de un migrante que llegó al país como turista y estableció redes o encontró en Chile un buen lugar para desarrollarse, abriendo la puerta a una potencial situación irregular. Es fácil pensar que el trámite adicional, con los costos que implica, haría que algunas personas opten por quedarse en el país de manera irregular, expuestos a posibles abusos que su situación le dificultaría denunciar.

Por otro lado, la modificación tiene un aspecto técnico ausente en la Ley que hace dudar de su aplicabilidad. Si el Estado traslada este trámite a sus delegaciones en el extranjero sin antes realizar una reestructuración a gran escala del Ministerio de Relaciones Exteriores, es fácil prever que en los consulados chilenos en los países con mayor flujo de migrantes habrá un salto repentino en los trámites y afluencia de público hacia estas oficinas que no podrá ser abordado.

Por otra parte, cuesta pensar en la posibilidad de que el país pueda basar su nueva política migratoria en la visión de uno u otro sector productivo, como el agrícola. Para nadie es un secreto que el Ministerio de Agricultura fue el principal impulsor de la propuesta y el propio ministro Luis Mayol ha señalado que la solución para el déficit de mano de obra en el sector se soluciona con “temporeros” extranjeros.

Curioso resulta también que la propuesta surja precisamente en el contexto de una campaña presidencial en la que uno de los mensajes principales de los candidatos –sin importar la vereda política- es hacer de Chile un país más justo e igualitario. No parece que ese sea un propósito real cuando se vierten declaraciones del tipo “mucho de los inmigrantes ilegales que ingresan a Chile, lo hacen perjudicando a los chilenos”, atribuidas al precandidato presidencial de la UDI Pablo Longueira. Con este proyecto, el cual parecía desconocer Longueira, el país caminaría en el sentido contrario, acrecentando las diferencias entre migrantes de primera y segunda (según su origen o formación). Esto deja de lado la diversidad y riqueza del fenómeno migratorio en nuestro país, en donde la tradicional llegada de trabajadores peruanos ha sido reemplazada por el arribo de migrantes de países como Colombia, grupo que pasó de tener 4.095 personas en el Censo 2002 a 27.411 en la encuesta del año pasado.

En este sentido, es necesario que junto a una nueva Ley se implementen una serie de reglamentos, normas e instructivos que tomen en cuenta esta realidad, dejando poco margen para la arbitrariedad de las autoridades con las que finalmente se topa cara a cara la migración, como es el caso de las policías en las fronteras.

Sólo una ley precisa, sin vacíos legales y con procedimientos claros para que los extranjeros puedan ejercer sus derechos podrá poner fin a la discriminación arbitraria de la que hoy son víctimas muchos migrantes.

Pese a todo esto, la propuesta del Ejecutivo supone una oportunidad para debatir un tema que tradicionalmente ha estado en segundo plano y que atañe a casi 400.000 personas que han llegado a Chile con el sueño de un futuro mejor abierto a oportunidades.

 

(*) Esta columna fue redactada por el Equipo de Comunicaciones e Incidencia de Ciudadano Global (Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados)