Colapso hídrico de Chile: crónica de un desastre anunciado

Desde 1955, al menos en la Cuenca de Santiago, se ha registrado empíricamente una sobreexplotación del agua subterránea que se traducía en el descenso de niveles del orden de un metro por año. En esa época, el uso de agua subterránea era reducido. Posteriormente, en 1968, y a raíz de una de las tantas sequías, se demostró que los descensos eran generalizados y se advirtió sobre la necesidad de hacer algo para evitar su agotamiento. Esto, sin necesidad de aplicar modelos matemáticos de dudosa validez, sino que simplemente midiendo los niveles en los pozos.

Numerosos profesionales de muy alta calificación académica –de los cuales hoy hay pocos– advertían sobre la necesidad de regular la explotación del agua subterránea porque estaba demostrado que la demanda era superior a la oferta en numerosas cuencas de Chile. Pero las autoridades teóricamente responsables nada hicieron, lo cual es frecuente.

Aparece el Código de Aguas en cuya redacción no participó nadie que entendiera el problema global. Y sólo por mencionar un error garrafal, ese código hizo un distingo entre aguas superficiales y subterráneas, ignorando lo que todos saben: que se trata de un solo recurso.

Con la Constitución del ’80, se estableció que las aguas dejaban de ser un bien nacional de uso público y pasaban a ser de propiedad de quienes habían obtenido legalmente los respectivos derechos. En el último inciso del Nº 24, Artículo 19 de la Constitución, dice: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Textual. Posteriormente, se modificó el Código de Aguas y, salvo la incorporación de una patente irrisoria por no uso, nada importante cambió.

A modo de ejemplo de esta transformación economicista que ingenuamente consideró que debía establecerse un mercado del agua, tenemos como resultado que hoy la mayor parte del agua existente en Chile no es chilena. Menos del 10% de personas del país concentran más del 90% de los derechos otorgados y en tramitación. Y de los usos no consuntivos, el 81% del agua chilena es italiana, ya que pertenece a Enel, que la compró a ENDESA España, la que a su vez la obtuvo graciosamente de ENDESA Chile. Lo mismo pasó con las sanitarias: se las regaló gentilmente.

El recurso agua no es manejado por el Estado chileno. La Dirección General de Aguas (DGA) ha carecido crónicamente de los mínimos recursos para poner orden en el sector y muchas de las controversias pueden terminar en juicios casi eternos en los tribunales de justicia, donde la contienda con los privados es muy desigual por un asunto de recursos tecnológicos y económicos.

En la situación actual y sobre la base de datos irrefutables, se puede afirmar categóricamente que el desarrollo de Chile no es sustentable en el muy corto plazo porque no hay agua suficiente. Carece absolutamente de sentido elaborar una matriz energética porque no habrá en qué utilizarla, porque el agua se está acabando.

A modo de ejemplo, un caso concreto: el valle de Copiapó. ¿Cómo se explica que se hayan otorgado cuatro veces más derechos de lo que la hidrogeología y el sentido común aconsejaban? ¿Ignorancia, presiones políticas y privadas, sobres blancos a fin de mes, corrupción, marco legal absurdo? Algo de ello debe haber y/o una mezcla de todo.

No hay duda de que la explotación de agua subterránea ha ido en aumento en términos explosivos. Si la recarga de acuíferos es menor y la descarga por explotación es mayor, lo lógico es que los embalses subterráneos tiendan a agotarse. Pues bien, eso es precisamente lo que está ocurriendo sin que tomemos decisiones igualmente obvias para provocar recarga artificial de acuíferos, cosa que se viene haciendo por décadas en países más desarrollados y conscientes de que la explotación indiscriminada de los recursos naturales hoy, es pobreza segura para el mañana.

Sean cuales sean las razones, que son similares en todo Chile, hay que hacer un alto porque principalmente los pequeños poseedores de pozos, como los APR, van a ser los primeros en quedar sin agua. Les seguirán los agricultores, luego la industria, la minería –que podrá adecuarse si el precio del cobre se mantiene alto– y los consumidores domiciliarios. Gran parte de estos últimos no podrá pagar los altísimos precios que se cobrarán por metro cúbico.

Siendo esta la cruda realidad, no logro entender que se haya planteado un seminario para evaluar si existe sobreexplotación de agua subterránea en Chile. No era siquiera necesario reunirse porque la respuesta es obvia: sí existe. Los derechos de aguas subterráneas se otorgan –más bien se regalan– en condiciones de ejercicio permanente y continuo. Se pueden aprovechar las 24 horas del día y los 365 días del año, sin respetar norma alguna de la autoridad, la que no tiene la capacidad de fiscalizar ni tampoco atribuciones reales para prevenir efectos indeseados.

Del simple análisis del comportamiento de las componentes del Ciclo Hidrológico se deduce en forma meridianamente clara que: no se pueden otorgar derechos de agua subterránea en el carácter de permanentes y continuos porque la disponibilidad del recurso es variable y depende de la relación oferta-demanda. Pero eso no se ha considerado. La modificación –buena para algunos y muy mala para otros– del Código de Aguas, lleva más de 12 años “discutiéndose” en el Congreso Nacional.

Como tanto la población, la superficie cultivada y el consumo por parte de la industria han aumentado, el concepto mismo de sequía debe ser modificado por el de “escasez”, es decir, considerar que no solo importa la oferta sino que también es fundamental y obvio considerar la demanda. Por eso, pretender convertir a Chile en una potencia alimentaria me recuerda el cuento de la lechera que escuché cuando era niño. Se proponía, por los que invitaban al seminario, explotar 300.000 litros más por segundo. ¿De dónde se sacará esa agua?

Un Estado ineficaz e incompetente, políticos más preocupados de aparecer en las noticias, ministros inexpertos técnicamente y una institucionalidad incapaz de todos los gobiernos –desde Alessandri hasta ahora–, son los responsables del colapso hídrico al que ya se llegó y que no es de fácil solución. Si los daños del terremoto aún no se han resuelto, menos aún se podrá resolver con la urgencia requerida el desabastecimiento ya existente.

Ver informe preparado por el autor: “La sequía subterránea y silenciosa”

*Raúl Campillo Urbano es hidrogeólogo y académico de la Universidad de Chile.