Disparidad selectiva de criterios frente a las muertes en Vilcún y en La Pintana

Por medio de la amplísima cobertura que el gobierno y los medios de comunicación han dado al horroroso asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, ocurrido en Vilcún, pudimos ver cómo el Presidente de la República suspendía su agenda para viajar a dar las condolencias a los hijos de la familia y anunciar siete medidas para “combatir con todas las herramientas de las que dispone el Estado de Derecho” a los “delincuentes y terroristas”.

Entre las medidas me llama la atención el nombramiento por parte del Fiscal Nacional (por petición del propio Presidente) de un persecutor especial con dedicación exclusiva a la investigación de la causa y la creación de un equipo jurídico especial.

El pasado 6 de octubre fue baleado en la esquina de su pasaje, en el sector El Castillo de La Pintana, Carlos Chacón Quezada, de solo 15 años, acólito de una parroquia y miembro de un grupo scout. Si bien los responsables de su muerte fueron capturados a los pocos días, la señora Clara, su abuela, sin otros medios y ante el pavor que le producía pensar que los asesinos de su nieto se vieran beneficiados con la ya famosa “puerta giratoria”, decidió a escribirle una carta al Presidente de la República pidiéndole justicia.

Con fecha 19 de noviembre, Felipe Alessandri V., director de la Dirección de Gestión Ciudadana, le respondió a la señora Clara diciéndole que si bien entiende “los inconvenientes que provoca la situación que comenta” (ver carta) la Constitución Política de la República de Chile establece la separación de los poderes del Estado y que, aludiendo al artículo 76 de la misma, “el gobierno no puede intervenir ni pronunciarse frente a las resoluciones o causas que son llevadas por la justicia”.

Si bien las palabras de Alessandri se ajustan a ley, distan muchísimo del trato preferencial que el caso ocurrido en Vilcún, igualmente horroroso e indignante, está teniendo.

Sin necesidad del nombramiento de un persecutor especial o de un equipo jurídico del gobierno para abordar el caso de Carlos Chacón, el señor Alessandri podría al menos haberse molestado en sugerirle a la señora Clara el acudir a un PRJ (Proyecto de Representación Jurídica del SENAME) para recibir asesoría jurídica que le permita conseguir una condena justa para esta terrible vulneración a los derechos de su nieto. La señora Clara no recibió ni orientación ni empatía con su dolor.

No es un problema de cifras el que justifique actuar con distinto criterio en ambos casos. El sector El Castillo se encuentra dentro de las 83 zonas ocupadas constatadas en el reportaje de CIPER “El dominio del narco en las poblaciones más vulnerables de Santiago”. Según esa investigación periodística son alrededor de 700 mil personas (solamente en la Región Metropolitana) las que viven en verdaderos guetos donde “el hacinamiento, el abandono de las autoridades y la violencia asociada al tráfico de drogas son lo cotidiano”. La cantidad total de habitantes de la Región de La Araucanía es de 978 mil (de los cuales 309 mil viven en Temuco).

Por las cifras resulta claro que son muchos más los aterrorizados en las poblaciones de la Región Metropolitana, viviendo encerrados en sus casas por miedo a las constantes balas, riñas y amenazas, con las que se convive durante la noche y el día.

La señora Clara tampoco está siendo discriminada por una priorización por parte del gobierno hacia zonas con una mayor cantidad de lesionados por armas. En la Región de La Araucanía se registró una tasa de 32 lesionados por armas cada 100 mil habitantes durante el año 2011. En la Región Metropolitana este valor es de 39, mientras que el promedio nacional es de 33,7. En La Pintana, esta tasa es de 111,6 (cifra que no se ha alterado mayormente en los últimos tres años, según los datos del Observatorio Niñez y Adolescencia). En la comuna de Vilcún esta tasa es de 70,9.

Tampoco se trata de una priorización por niveles de pobreza. La pobreza en la Región de La Araucanía es más del doble que en la Región Metropolitana (27,2% y 11,6%, respectivamente, de acuerdo con los datos de la encuesta CASEN 2009) y podría usted pensar que se está priorizando socialmente, pero la comuna de La Pintana tiene un 30% de pobreza. La disparidad de procedimientos tampoco se debe a esta variable.

Si bien la misma Constitución a la que alude el señor Alessandri establece la igualdad entre todos los ciudadanos chilenos, existen otros criterios para priorizar el caso de los Luchsinger por sobre el de los Chacón. Estos criterios no tendrían que ver con los tamaños poblacionales, la cantidad de lesionados con armas ni la pobreza de las zonas.

Cuando la señora Clara y sus vecinos ven la diferencia con que se abordan ambos casos por parte del gobierno, no les queda otra que sentirse ciudadanos de segunda clase, mientras los narcotraficantes se sienten mucho más ciudadanos que los mapuches. Por más miedo que causen entre miles de familias en los “guetos” chilenos productos de la violencia permanente, las pandillas y bandas de narcotraficantes nunca serán enjuiciadas por Ley Antiterrorista.

Quiero creer que las diferencias entre las formas de reaccionar del Ejecutivo no tienen nada que ver con la diferencia entre apellidarse Luchsinger y Chacón. Tampoco con la diferencia que se pueda hacer entre un latifundista y un niño poblador. ¿Dónde queda la separación de los poderes del Estado, señor Alessandri? ¿Quién le explica a la familia Luchsinger MacKay que la Presidencia no puede intervenir…? La muerte injusta de una pareja de ancianos es tan indignante, intolerable, insoportable, como la de un niño poblador. Sería esperable que en todos estos casos el Ejecutivo tome postura.

Mientras las acciones del gobierno sigan teniendo esta disparidad selectiva de criterios, la muerte de un Luchsinger seguirá siendo la gota que rebalsa un vaso de horrores que es llenado gota a gota por todos los Chacón que viven en los guetos capitalinos.

(*) Arturo Latorre es ingeniero civil, miembro del equipo técnico del Observatorio Niñez y Adolescencia