El talón de Aquiles del futuro de la Ley de Pesca

Las principales pesquerías de Chile están en crisis y debemos buscar formas de recuperarlas y sustentarlas. Algo que, a esta altura, resulta mucho más fácil de decir que de hacer.

Las medidas de administración amparadas en la “Ley Corta” que se promulgó en 2001 y que expira en diciembre de 2012, no han sido eficientes en asegurar la sustentabilidad de los principales recursos pesqueros. Tampoco han frenado la persistente caída de las poblaciones de estos recursos. Se supone que hay consenso en que se requieren cambios de fondo en la estructura de la institucionalidad del sector, y no sólo cambios cosméticos en la administración pesquera. Y esto último podría ser el final de una nueva ley que estará vigente por los próximos veinte años.

El proyecto de ley de Pesca que se discute en el Senado –así lo han expresado senadores, el propio gobierno y varios políticos– debe tender a asegurar, y por cierto recuperar, la sustentabilidad de la pesca en Chile. Los principales puntos para lograrlo apuntan a otorgar a la investigación y a los científicos la atribución de determinar las cuotas de captura sustentables para cada pesquería sin la intromisión de cualquier tipo de interés, ya sea de la industria, del sector artesanal o incluso aquel proveniente del gobierno de turno.

En todo caso, lo anterior no está asegurado. Tanto la Ley de Pesca como el proyecto de ley en el Senado, sin ningún programa de investigación conocido, asumen que los datos que se les entregan a los Comités Científico Técnicos son los necesarios o lo mejor disponible para que puedan hacer su labor. Pero la trampa está en que el proyecto no se hace cargo de asegurar y dar atribuciones a los observadores científicos del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) para recopilar, registrar y almacenar los datos de la actividad de pesca y la real captura a bordo de las naves (industriales y artesanales) de forma fidedigna e independiente de los sectores involucrados.

El actual proyecto de ley –tal y como el Senado lo aprobó en general–, asume que las capturas (que incluyen descartes y subreportes) son iguales que los desembarques (productos almacenados en las bodegas de los barcos y desembarcados en el puerto). Pero lo cierto es que estos desembarques son sólo una fracción del total real de recursos capturados. Por lo mismo, de aprobarse como está, la ley inducirá a que se ignoren malas prácticas como el descarte (botar al mar especies capturadas por el barco que quedan sin registrar) y el subreporte (informar menos de lo que capturó), y con implicancias e impacto sobre las pesquerías mediante las capturas no informadas a niveles que podrían estar alrededor de un 30% más de los niveles recomendados por los científicos.

Entre los políticos, la comunidad científica general y los actores relevantes de la pesca, existe un amplio consenso en que la nueva ley debe asegurar el registro de la captura real mediante los observadores científicos y el fortalecimiento del rol investigador del IFOP. No obstante, hasta la fecha no hay muestras de que exista intención de modificar el proyecto en esta línea, siendo evidente el recelo por parte de sectores interesados de que se conozca la captura real, dadas las implicancias que ello tendría en las cuotas de capturas que les serían asignadas. Si una correcta fiscalización resulta en que las capturas reales son inferiores a aquellas declaradas, se les podría reducir la cuota a los armadores y, por lo tanto, sus beneficios económicos. Un punto que la mayor parte del sector extractivo no está dispuesto a tranzar a favor de la sustentabilidad del recurso pesquero.

Por otro lado, el proyecto de ley reconoce al IFOP sólo como un asesor de investigación para la toma de decisiones por parte de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) y como ejecutor de un limitado programa de investigación en pesca y acuicultura, en cuyo diseño no tiene injerencia. También están ausentes la entrega de mayores facultades al Instituto para que registre el dato real de la captura de las especies capturadas a bordo del barco y el reconocimiento como la entidad encargada de llevar el programa de observadores científicos en pesca a nivel nacional. En este sentido, si el proyecto se aprueba como hoy está en el Senado, los datos de la actividad de pesca y de captura que ingresarán en la estimación científica de la cuotas contendría sesgos y estaría contaminada con el descarte y el subreporte, poniendo en jaque la real sustentabilidad de las pesquerías nacionales.

Se debe tener presente que el IFOP es considerado por todos los actores como el único organismo facultado para desarrollar la investigación que dé sustento a la toma de decisiones en la administración pesquera y acuícola. Por eso resulta extraño que su rol no esté recogido y asegurado en la nueva ley a la altura que todos esperan: se le quiere limitar sólo a un organismo que obtiene datos, pero que no se fortalece, justo ahora que será el criterio científico el que mandará. O sea, se quiere seguir con un modelo mejorado, pero muy similar al actual, ese que no ha asegurado la sustentabilidad de los recursos y que ha permitido que el 60% de las pesquerías se encuentren sobreexplotadas (información entregada por el ministro de Economía).

Si el proyecto de ley tiene la intención de que el criterio científico sea vinculante a la hora de determinar las cuotas de captura, ¿por qué no asegura que los datos sean fidedignos ni fortalece y faculta al IFOP de mayores atribuciones para cumplir su labor “blindándose” así de intereses externos? Si el fin de la ley es lograr por fin la sustentabilidad que las regulaciones anteriores han pasado por alto, ¿qué esperan el gobierno y el Senado para arreglar la situación y recuperar la pesca?

Este lunes 29 de octubre se acaba el período para que el Ejecutivo y los senadores ingresen indicaciones al proyecto de ley. Es la oportunidad de que estas preguntas tengan respuestas antes de que la iniciativa sea aprobada definitivamente. De otro modo, todo el esfuerzo hacia la sustentabilidad de la pesca será en vano.