La culpa de los parlamentarios en el por qué los chilenos no comemos ni comeremos pescado

Las sardinas, las anchoas y el jurel –las principales pesquerías en Chile– constituyen una de las más formidables y abundantes fuentes de alimentación saludable en el mundo. Su carne posee la más rica composición en proteínas y ácidos grasos saludables –omega-3, EPA y DHA– y su consumo aporta a la disminución del colesterol, triglicéridos, presión arterial y resistencia a la insulina. En términos comparativos, comer esos pescados resulta mucho más beneficioso que consumir carne de pollo, pavo o cerdo. Por eso es una lástima que en la mesa de la mayoría de las familias chilenas, esos pescados no estén disponibles.

Desde hace años que la clase política chilena ha apoyado a los grandes grupos económicos pesqueros para que sus capturas pasen directamente de las bodegas de sus embarcaciones a sus fábricas de harina y aceite de pescado, destinando casi todo a la alimentación animal. En el caso del jurel, lo que no se transforma en harina de pescado, pasa a las mega industrias de conservas de exportación. Pareciera que ni a parlamentarios ni a empresarios les importara sumar al odioso modelo de desigualdad la prohibición al acceso a una alimentación saludable de bajo costo.

En Perú, España, Japón, China y muchos países de Asia, las familias tienen la posibilidad de alimentar a sus hijos con sardinas y anchoas capturadas por su flota pesquera. Eso es porque sus estados han fomentado su consumo y preparación en distintas alternativas gastronómicas. Pero en Chile, las autoridades y las élites se han encargado de que no exista disponibilidad de captura de estos peces con los cuidados del consumo humano, es decir, en pequeñas cantidades, cuidando la frescura química de sus proteínas, del cuidado de su valor nutritivo y de las condiciones físico-organolépticas de su carne.

Por un kilo de sardinas o anchoas, los grupos económicos no pagan más de $100. En el caso del jurel, el valor no supera los $300. Y aunque estuvieran dispuestas a pagar un mayor precio, las familias chilenas no tienen acceso a ellos. Eso es porque el Estado chileno se ha encargado de amparar la colusión existente entre los grandes grupos pesqueros y la flota de semi-industriales –que no alcanzan a representar al 2% del sector pesquero artesanal–, los que en conjunto monopolizan el 100% de la captura, desembarque y destino de estos pescados hacia la alimentación animal. En otras palabras, han avalado que los peces más ricos en proteínas y omega-3, imprescindibles para una alimentación saludable, se destinen a la engorda de animales, sin importarles el impacto en la salud de la población.

Los parlamentarios saben bien que cuatro de cada cinco familias chilenas vive con bajos salarios. Y que por esa razón, comprimen el presupuesto destinado a su alimentación mediante el consumo de alimentos de bajo costo y abundantes en calorías, carbohidratos, grasas saturadas, colesterol y sodio, lo que incide en el aumento de las tasas de obesidad y enfermedades como la hipertensión y la diabetes.

Ningún partido político se ha hecho cargo del problema. Ni siquiera después de que la última Encuesta Nacional de Salud revelara que casi 9.000.000 de chilenos están con sobrepeso, lo que le significa al Estado un gasto en enfermedades derivadas por sobre los US$ 200 millones anuales. Tampoco hay diputado o senador que desconozca la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre lo imperioso que es promover el consumo de pescados como producto básico para una alimentación saludable. Aun así, en la última década no han hecho nada para posibilitar el acceso y el consumo a pescados de bajo precio como sardinas y anchoas. En cambio, han optado por seguir amparando que esos pescados terminen alimentando animales o, en el mejor de los casos, se exporten, ayudando a potenciar el negocio de los grandes grupos económicos. Se han lavado las manos concordando con las élites en que el bajo consumo de pescado sería un problema cultural de los chilenos.

El subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, anunció que ya sabe cómo solucionar la situación: una campaña público-privada para promover el consumo de pescado. El problema es que apuntaría solo a las familias del quintil de mayores ingresos, ya que los pescados de bajo precio no estarían incluidos al estar comprometidos en su totalidad para la industria de harina y aceite de pescado. Por eso, no es casualidad que la campaña se realice en conjunto con las empresas de los grandes grupos pesqueros y los dirigentes de los armadores semi-industriales.

El primero de junio, El Mercurio difundió las conclusiones de un seminario organizado por el subsecretario, donde destacó que “encantar a los niños es clave para aumentar el consumo de pescado”. Resulta difícil, en todo caso, que Galilea se haya referido a los niños de familias de menores ingresos, ya que la política pública de alimentación subvencionada del Estado nunca ha incluido la enseñanza del consumo de pescado y productos del mar. En cambio, esa misma política ha apostado por una comida industrializada y estandarizada que no incorpora la variedad de preparaciones a partir de pescado fresco, desaprovechando la oportunidad de alimentar de forma saludable y enseñar sobre su consumo a las decenas de miles de niños más vulnerables que no tienen posibilidad de consumirlo en sus casas.

Lo peor es que ningún parlamentario ha manifestado su intención de cambiar la situación. El ministro Pablo Longueira ha recibido el apoyo mayoritario de la industria para reducir el área de captura de productos del mar para la familia chilena a 1.800 metros (una milla), y ceder la rica zona de recursos pesqueros de las primeras 5 millas –la zona de captura exclusiva para la pesca artesanal– a la pesca semi-industrial, dependiente de las grandes compañías pesqueras. De aprobarse esa modificación, se terminaría de concentrar la explotación de prácticamente toda la riqueza de nuestro mar en manos de unos pocos grupos económicos, salvo la milla que quedaría para los últimos vestigios de la pesca artesanal, la única capaz de proveer a la población de pesca de calidad y a bajos precios.

De no reaccionar ante la indiferencia política y la concentración económica en el sector pesquero, las familias chilenas seguirán a perpetuidad sin acceso al consumo de pescados de bajo precio. La obesidad y el sobrepeso que afecta al 67% de los chilenos es el resultado de un modelo perverso en el que las mayorías ni siquiera tienen derecho a tener una alimentación saludable. Mientras, la clase política se cruza de brazos, avalando que las instituciones del Estado operen para que las élites económicas sigan cada día destinando el 100% de nuestra principal riqueza de proteínas y omega-3 a la alimentación animal.