La siguiente columna de opinión presenta el caso de una menor de 13 años con discapacidad intelectual leve que denunció abuso sexual en su hogar. Después de ocho meses de presentada la acusación ante el Tribunal de Familia, la niña sigue conviviendo con los mismos adultos y no se han tomado medidas para incorporarla a un ambiente protegido. “¿Cómo responden las instituciones del Estado ante una situación extrema de vulneración de los derechos del niño? ¿Cuánto se nos engaña al pretender que se cumple en este ámbito con los estándares de un país desarrollado?”, se pregunta la autora.
Tiene 13 años, portadora de un síndrome genético y discapacidad intelectual leve. Para los técnicos sociales las condiciones en que ella vive son calificadas de alto riesgo físico, psicológico y social cuando está en presencia y al “cuidado” de terceros, además, con modelos negativos en su entorno familiar por uso de drogas y alcohol. La madre de esta menor es un referente perjudicial, con ausencia de normas de convivencia y trato responsable. Quienes asistieron a esta familia comprobaron la incapacidad de la progenitora para atender las necesidades básicas en el proceso de desarrollo vital de la niña, todo ello en un contexto de hacinamiento y promiscuidad. Sólo podemos calificar la condición de esta menor como dramática.
Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos comunes ante el oprobio de una menor indefensa? ¿Es posible quedar indemne ante el comprobado maltrato infantil? ¿Cómo responden las instituciones del Estado de Chile ante una situación extrema de vulneración de los derechos del niño? ¿Cuánto se nos engaña al pretender que se cumple en este ámbito con los estándares de un país desarrollado?
En los primeros días de junio de 2011 se inició una compleja y burocrática travesía en el sistema público con el fin de dar solución a este caso, que refiere al presunto abuso sexual hacia la menor por parte de un adulto que vive en su hogar. El hecho fue descrito con detalles por la menor a una docente en educación diferencial, quien realizó de inmediato la denuncia, trasladándola al Instituto Médico Legal. El Tribunal de Familia acogió la causa por protección y se decretó medida cautelar de prohibición de acercamiento del imputado. En la audiencia preparatoria la madre negó el hecho ante el tribunal, aludiendo al déficit intelectual de su hija. Los adultos en convivencia ignoran lo sucedido. Todos los informes sociales y peritajes que acreditan la adversa y riesgosa situación de esta menor, cuyo nombre y apellido está resguardado bajo reserva, están en poder del 3° Tribunal de Familia de Santiago.
En este y muchos otros casos de vulnerabilidad social le corresponde al Servicio Nacional del Menor (Sename) actuar directamente o bien a través de la OPD (Oficina de Protección de Derechos de Infancia), cuya función es intervenir con celeridad con las opciones existentes, es decir, mediante el Programa de Protección y, específicamente, tramitar el caso en una FAE (Programa de Familia de Acogida Especializada)
Las razones son considerables para atender esta situación. Sin embargo, ya trascurridos casi ocho meses desde la formalización de la denuncia, la niña aún permanece en su “hogar”, conviviendo en precarias condiciones, en riesgo inminente de ser violentada por el agresor u otros adultos convivientes, sin ningún apoyo directo ni solución a su condición de riesgo social de alta complejidad. Es más, la tramitación hasta ahora, da cuenta que esta menor se encuentra en lista de espera para ser incorporada a uno de los internados de Coanil (Fundación de Ayuda al Niño Limitado) que, lamentablemente, no ofrece escolaridad en su estadía. En resumen, el peligro para ella continúa día a día y la solución no se vislumbra, de no producirse una vacante en el centro mencionado y, aún así, se debe procurar la asistencia de la menor a una escuela especial.
Lo expuesto no sólo representa la perversa ineficiencia de las instituciones a las que corresponde por ley atender y velar por el bienestar socio-afectivo de los menores vulnerables, sino del Estado de Chile por incumplimiento de la normativa descrita en la Convención sobre los Derechos del Niño (1990). En dicho contexto, acusamos directamente al Tribunal de Familia, al Sename y a la OPD, por transgredir los derechos inalienables y fundamentales establecidos en la constitución del país y los tratados internacionales que Chile ha suscrito.
Esta es la cruda realidad. Basta ya de grandes seminarios y elocuentes panelistas; a saber, Unicef y Sename, que dan cuenta de un estudio sobre familias de acogida (enero 2012); un convenio entre Junji y Sename, que pretende coordinar y reunir recursos y capacidades para promocionar el buen trato y la atención de niños vulnerados en sus derechos (enero 2012).
En el contexto de organismos gubernamentales relacionados, se solicitó información al Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), sobre su injerencia en casos como el mencionado y sobre estadísticas de la población infanto- juvenil con algún tipo de discapacidad en situación de riesgo social. Hasta la fecha no hay respuesta. ¿Cuánto tiempo deberá la menor seguir arriesgando su integridad física y psicológica? ¿Cuánto falta para que el sistema público funcione eficientemente como se ha prometido en reiteradas ocasiones?
La realidad nos señala que aún seguimos a la deriva, que las incógnitas no tienen respuestas satisfactorias. Es obvio que en nuestro país no se tratan con la debida urgencia los problemas que involucran los derechos fundamentales de los niños, niñas y jóvenes, en riesgo social.
La indiferencia hacia el otro dañado prima. La pobreza tiene un rostro triste. La impunidad es habitual. La justicia demora y a veces no llega a tiempo. La sensibilidad es escasa. La precaria educación formal sí puede ser una excusa para el que delinque. Nuestros niños sufren y la impotencia es inmensa.
La indefención de los niño(a)s en riesgo social no es nada nuevo. Hay que recordar el caso de las niñas en riesgo social que prostituía el Charly en Valparaíso. ¿Alguien se ha preguntado qué será de ellas? . Peor, resulta que los abusadores son Policías que aún se encuentran en servicio activo. Mucho más indignante, la PDI premió a uno de ellos con darle el cargo de encargado de relaciones públicas en Valparaíso. En cambio al denunciante lo desvincularon, persiguieron, hicieron pública su ficha médica (siendo ilegal) todo en castigo por destapar el abuso por parte de agentes del estado a niñas vulnerables. Ese es el trato que da el Estado de Chile a los niños y jóvenes en riesgo social. Respecto a los tratados suscritos por el Estado de Chile, al parecer son firmados sólo con la intención de ser socios con el mundo desarrollado que exige estándares sociales mínimos para hacer negocios con países tercer-mundistas.
Por desgracia en este país están más protegidos los abusadores que los abusados y me ha tocado verlo en dos ocasiones, una de las cuales terminó bien, ya que la madre pudo escapar con la niña a un lugar lejano, pero en el otro, el mismo tribunal entregó a la niña de vuelta con su madre después de 6 meses en un hogar de menores, y la pareja de ella quien era el abusador. Ahí no me quedó más que hacer, porque yo misma había sido la denunciante de acuerdo a lo relatado por la niña que entonces tenía tres años y de la cual yo era educadora. En realidad da una impotencia enorme. ¿ Qué podemos hacer contra este sistema que promueve el abuso infantil?
Tengo un hijo con una diferencia o discapacidad similar a la que describen, y me revuelve la güata la historia de esta niña. Mi hijo tiene 5 años, y mi mayor miedo la posibilidad de abuso de quienes son "normales", en todo sentido, no sólo el abuso sexual. Qué lamentable, qué desalmados somos/estamos como comunidad.
Concuerdo con Andrés, esto es algo que pasa a diario, los niños y niñas de este país sólo le importan verdaderamente a unos pocos, y no precisamente a quienes tienen el poder de protegerlos verdaderamente y hacer justicia. Peor si son pobres. Sería cosa de meterse a escarbar un poquito en el Sename para darse cuenta lo que ocurre en el organismo que supuestamente es el principal encargado de la protección de niñas y niños. Ojalá estos temas no queden sólo en columnas de opinión y se hagan investigaciones más profundas y constantes, de tal manera que estén siempre en el tapete y no se olviden como se olvidó lo que pasó en Valparaíso.
Andrés está desfasado en la información, cuando la justicia resuelve se produce cosa juzgada y en ese caso el supuesto denunciante también fue condenado y para ello razones habrá tenido la justicia . Ahora respecto a la vulnerabilidad , pareciera ser que hoy la preocupación está en los imputados y no en las víctimas, ya que si fuera así, ésta menor debiera tener las medidas de protección correspondiente y no estar expuesta a presuntas revictimizaciones, lo que en ésta tipología delictual no es poco común . Ahora el Sename , reacciona oportunamente , pero si la Srta Basso refiere a que sigue junto a los presuntos abusadores, algo debe haber ocurrido y necesario sería poner éstos antecedentes en conocimiento de su Director Nacional o de los encargados regionales. El tema de la vulnerabilidad de los menores abusados debe ser estudiado profundamente ya que el 90 % de los abusos se produce en la propia familia y lo restante de forma disntinta , como puede ser , religiosos, educadores,vecinos,etc . Excelente artículo . Felicitaciones.
Alberto, respecto a las razones que haya tenido la justicia, ... usted como también sus colegas y amigos "Arturo Herrera" y "Alfredo Jimenez" ambos EXPULSADOS por la Ex-Presidenta Michelle Bachelet del alto mando después de destaparse el escándalo en Valparaíso, saben muy bien como operó la Justicia en este caso. Aquí primó proteger la imagen Internacional del país y de las policías por sobre las víctimas abusadas por agentes del estado. Muchos colaboraron para planificar pérfidamente la forma de denostar a las víctimas y al denunciante para lograr el "objetivo país". Ahora, lo de sus amigos aún no entiendo con que propiedad se sienten para dar actualmente charlas y lecciones de "ética y moral" porque lo que hacen no encaja con lo que realmente profesan. Para saber realmente lo que piensan de las niño(a)s en riesgo social y el entornoen que ello(a)s conviven recordemos lo que formuló el Ex Director Arturo Herrera a su sub-alterna Sra Edita Salgado cuando llevaba el sumario al interior de la PDI: ..."y quién no se ha acostado con una putita alguna vez ? "... (Este comentario fue denunciado por Edita Salgado en juicio, frente a un Magistrado y muchos testigos en la Sala). Con ese raciocinio no hay que sacar muchas conclusiones cómo se forman los actuales policías del futuro. Señores, por el bien de Chile estos personajes encubiertos de "formadores" deben dejar de "manipular" a las nuevas generaciones. Luego, no nos quejemos de la calidad de policías que protegerán a los niños y jóvenes en riesgo social que deambulan en las calles de nuestro país.
Andrés: " los abusadores son policias que aún se encuentran en servicio activo ..." En Valparaïso no hay un jefe de policia ?
Una Vergüenza... Este no es mi país.... Todos se lavan las manos, partiendo por el Desprestigiado Poder judicial.... Hasta cuando tanta basura!!!!