La Corte de Apelaciones determinó que la fiscalía debe pagar las costas del juicio y las defensas de los acusados en el “caso bombas”. Hacerlo de otro modo, dice el fallo, “no resulta serio, prudente ni respetuoso con los derechos de quienes debieron soportar los efectos de esta investigación, incluso con extensos periodos de privación de libertad”. El fallo es una bofetada al desempeño del ex fiscal Alejandro Peña -hoy asesor del ministro del Interior-, que llevó adelante la frustrada investigación. Mario Antonio Guzmán, periodista de radio Cooperativa especializado en información judicial, analiza los alcances del fallo en la siguiente columna de opinión.
La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó un fallo que no cayó bien ni en la Fiscalía Metropolitana Sur ni en la Moneda ni en la sede del Consejo de Defensa del Estado. El jueves 26, de forma unánime, los tres jueces del tribunal de alzada capitalino señalaron que el Fisco debe pagar los costos de las defensas y el juicio mismo del “caso bombas”. La decisión se basa en que “no resulta serio, prudente ni respetuoso con los derechos de quienes debieron soportar los efectos de esta investigación, incluso con extensos periodos de privación de libertad” resolver en otro sentido. Una nueva derrota para el Ministerio Público, el titular de Interior, Rodrigo Hinzpeter, y su ahora asesor, el ex fiscal de la causa, Alejandro Peña. La cifra a pagar será millonaria y los defensores ya comenzaron a calcular cuánto gastaron para cobrarle al Fisco.
Cuando el 4 de octubre pasado el juez Fernando Valderrama Martínez cerró la audiencia de sobreseimiento definitivo de todos los acusados de “asociación ilícita terrorista” por la colocación de artefactos explosivos al menos en 25 ocasiones en la Región Metropolitana -entre el año 2005 y 2010-, el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, fue sorprendido por la última resolución del letrado. De inmediato el magistrado lo condenó a pagar a las 14 defensas y a todas las partes que intervinieron en la investigación y la preparación del frustrado juicio oral que nunca se efectuaría a raíz de esa misma audiencia.
Ese día, el juez Valderrama aseguró en su fallo que existe una norma expresa que advierte que será responsabilidad del Ministerio Público responder por los honorarios de cada uno de los abogados defensores. Y estimó que “existen razones fundadas para ello, consistentes en los motivos plausibles para haber deducido acusación y luego decidir sobreseer definitivamente a los imputados”. Es decir, por haber lanzado la piedra y ahora esconder la mano.
Desde esa fecha y tras la evidente molestia del fiscal Guzmán, quien heredó la causa más polémica que ha enfrentado el Ministerio Público en los últimos dos años, la Fiscalía Metropolitana Sur ha interpuesto todos los recursos procesales posibles para intentar revertir esta situación. Y en todos, a excepción de las admisibilidades de dichas acciones legales, ha perdido.
Y ayer no fue la excepción, pues la fiscalía recibió un nuevo golpe: ahora deberá pagar a los abogados defensores por las audiencias que suscitaron sus apelaciones. Así las cosas, deberá cancelar los honorarios por el año y medio de investigación del denominado “caso bombas”, las siete semanas de preparación de juicio oral y las citas en la Corte para evitar solventar los gastos de los más de 20 profesionales que se han involucrado en el proceso.
En su exposición ante los jueces de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, el fiscal Guzmán aseguró que la ley beneficia al Ministerio Público, pues el persecutor interpreta que las normas del Código de Procedimiento Civil, que contiene las reglas comunes a todo procedimiento, están sobre el Código Procesal Penal, que es la norma que se usa para el sistema de actual de persecución criminal. O sea el primer texto legal es el que debía ser aplicado para regular las llamadas “costas”. Pero sus alegaciones fueron absolutamente desechadas por los sentenciadores.
Los ministros Mario Rojas, Pilar Aguayo y el abogado integrante Rodrigo Asenjo, no sólo aseguraron en su fallo que cargar las costas a la fiscalía es la única forma de tratar con seriedad, prudencia y respeto a los imputados, sino que estimaron que tampoco es valorable que en la Cuarta Sala del tribunal de alzada existiera un voto de minoría que no respaldó la idea de desechar más de 4 mil pruebas para el juicio oral. Esa pruebas presentadas por la fiscalía fueron desestimadas por el juez de garantía Luis Avilés, quien además recibió un espaldarazo implícito el martes pasado cuando el Pleno de la Corte no votó en mayoría para sancionarlo por sus dichos de que la investigación y tesis de los fiscales del caso parecían más “sociología barata” que una indagatoria seria, con pistas y hechos comprobables sobre quiénes eran los responsables de colocar los artefactos explosivos en bancos, automotoras, empresas eléctricas e iglesias.
Por último, los ministros y el abogado integrante resaltan que el Ministerio Público también deberá responder monetariamente por los costos de las audiencias en el tribunal de alzada desde octubre hasta la fecha.
Los abogados de los 14 acusados en el caso ya presentaron al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago sus pretensiones de honorarios, donde algunos estiman que los gastos de su representación son de 15 millones, mientras que otros se conforman con 6 millones de pesos. La Fiscalía ya puso el grito en el cielo y pretende que esos gastos no sean superiores a un millón y medio o dos millones cuando mucho.
La disputa por fijar el valor del trabajo de los defensores será una nueva batalla que se desarrollara como colorarlo de un proceso que al partir el 14 de agosto de 2010 fue calificado de inmediato por lo familiares de los detenidos como “un montaje”, ideado desde el Ministerio del Interior y con la complacencia del Fiscal Regional Metropolitano Sur por esa época, Alejandro Peña. Ocho meses después Peña terminó trabajando en una de las oficinas de Palacio bajo las órdenes del titular de Interior, Rodrigo Hinzpeter.
En declaraciones reproducidas por radio Cooperativa, el abogado Mauricio Daza, defensor de uno de los acusados por la fiscalía, lamentó que la obligación de pagar las costas se adopte contra el Ministerio Público y no “en contra del patrimonio personal de los grandes responsables de esta situación, que son, ni más ni menos, el ministro Hinzpeter y el ex fiscal Peña”.
Si el Ministerio Público termina pagando el costo de las defensas de los hoy 14 sobreseídos por “asociación ilícita terrorista”, el Fisco podría llegar a pagar 200 millones de peso por lo más alto y 20 millones por lo bajo. Saque usted las conclusiones de lo que la Ley Orgánica de la Fiscalía asegura es un trabajo “objetivo e imparcial” para encontrar a los responsables penales de los delitos cometidos en el territorio nacional.
Una idiotez el fallo, o acaso ahora deberán pagarse todas las costas en todos los juicios que pierda el Ministerio Público?? Ello resultará en que menos casos aún irán a juicio, aumentando la cantidad de delincuentes en las calles (o acaso nadie se dio cuenta que mientras estos tipos estaban presos no hubo bombazos?)
Sr(a). BBR. ¿Realmente Ud. considera que debieran haber sido condenados sólo porque no hubo bombazos? ¿Y con esa básica conclusión Ud. tiene el descaro de tratar de idiotez el fallo?
Hinzpeter debe asumir su responsabilidad politica y judicial en este caso. Fué un montaje por parte de Hinzpeter conocedor en detalle de como funciona el Ministerio Público, la ley de seguridad del estado y antiterrorista y el problema de los Fiscales que no tienen carrera funcionaria. BBR se un poco más hombre e identificate. El fallo no es ninguna idiotez y lo que paso fué duramente sancionado por el Poder Judicial, las pruebas y todo lo demás.
Es realmente una verguenza para el ministerio publico y para el ministro del interior, lo peor es que Hinzpeter no ha vuelto hablar del tema, siendo que cuando se inicio el caso hablaba dia por medio utilizando y abusando de la palabra terrorismo. Aca obviamente hay incompetencias graves en cualquiera de las dos posibilidades. Primero si las personas realmente fueran culpables, el ministerio publico no fue capaz de demostrarlo, y segundo, que las personas fueran inocentes y, por lo tanto, todo fue un montaje, con prision preventiva incluida, siendo en este caso un abuso de poder terrible y un error mayor del ministerio publico y Hinzpeter incluido.
Dos mas dos son cuatro, cierto. Te explico BBR... Si estas personas han sido absueltas en un juicio contra el Ministerio del Interior del Estado Chileno es por que en realidad son INOCENTES. Dada la capacidad del acusante, sería prácticamente imposible que hubieran podido defenderse en caso de ser culpables y bastante fácil haber sido abusados en un proceso contra ellos -de hecho lo fueron-. El problema acá es que claramente ésto fué un montaje para mostrar logros en cuanto al tema de delincuencia-terrorismo, arista fundamental en el programa de éste gobierno. El poseer ideas anarquistas no te hace culpable de poner bombas. Del mismo modo los nazis (morenitos, como yo) que pululan por nuesta larga y angosta faja no pueden ser procesados jurídicamente por los crímenes del tercer reich en la Alemania de los 40s, -pero si por sus ideas-. Lo lógico es que Hinzpeter fuera procesado por los abusos que ha cometido en su mandato. Creo que este oscuro personajeha sido uno de los peores enemigos del gobierno de Piñera.
Riberto parece que somos una inmensa mayoría que entendemos que Hinzpeter le hace una pega muy sucia y contraproducente a Piñera. El ex Fiscal Vinco Fodic fué el primero en pasarse del Ministerio Público al Ministerio del Interior, en una movida que cercanos a el ex Fiscal Armendariz hayan bastante oscura.
Una gran mayoría de los fiscales son una tropa de incompetentes que no saben cómo investigar ni dirigir las investigaciones hasta aquellas más simples de hechos delictuales, por lo tanto, en casos más complejos, dificilmente la ciudadanía puede esperar buenos resultados. Es cosa de consultar cuál es la tasa de delitos aclarados en el país. No es el nuevo sistema de justicia penal el malo, es la incompetencia profesional de fiscales y policías la razón de la impunidad de muchos crímenes en que no son capaces de demostrar ni probar la participación y responsabilidad de los autores de delitos.