Cómo hacer que los ricos paguen más impuestos y la señora Juanita mucho menos

Vea aquí la columna anterior, “Cómo recuperar la enorme cantidad de dinero en impuestos que los más ricos no pagan”.

Vea aquí el estudio que da origen a estas propuestas.

Hay tres grandes falacias sobre los impuestos con las cuales se ha engañado y se intenta seguir engañando a los chilenos para el beneficio de muy pocos. Primero, al contrario de lo que los defensores del statu quo han planteado majaderamente, un aumento de los impuestos a las grandes empresas en un sistema como el chileno no disminuye la inversión. Los dos únicos estudios empíricos aplicados a Chile que consideran las grandes empresas separadamente de las medianas y pequeñas y que se han publicado en revistas científicas rigurosas (Bustos, Engel y Galetovic, 2004; Cerda y Larraín, 2005) avalan este resultado. Además, la teoría económica moderna ha establecido hace algún tiempo que en general el efecto de los impuestos corporativos sobre la inversión no es necesariamente negativo y, bajo ciertas circunstancias, puede ser hasta positivo.

Proponemos reducir el IVA dejando exentos de este impuesto a los alimentos y la cultura. Esta reducción favorecería a los sectores pobres y medios que dedican más del 50% de su ingreso a gastos en alimentos. Esto implicaría que su ingreso real aumentaría en más de 10%, lo cual les permitiría no sólo aumentar su consumo, sino que también invertir más en capital humano.

Segundo, contrariamente a lo que nos han querido hacer creer, no todas las inversiones son socialmente deseables. Nuestros análisis sugieren que en el caso de Chile el sistema impositivo al que deben someterse las empresas genera una distorsión a favor de proyectos de inversión “chatarra”, es decir, rentables para el inversionista, pero socialmente indeseables; negocios que, en términos de eficiencia económica, no se realizarían porque tienen un retorno menor que si la sociedad utilizara sus recursos escasos en otros proyectos; negocios que, lejos de aumentar el ingreso nacional, causan una caída en él pero que se hacen pues, curiosamente, al aplicarles el sistema impositivo, se vuelven rentables para aquellos a los que privilegia el sistema.

Tercero, nuestros análisis demuestran que el IVA no es meramente un impuesto al consumo, como la mayoría de los analistas sostiene. En realidad el IVA reduce la inversión en capital humano de los hogares pobres o de clase media, al disminuir la cantidad de dinero a la que tienen acceso. Es decir, un alza en el IVA no solo reduce el consumo de las familias de sectores medios y bajos sino que, puesto que gran parte de sus ingresos se gastan en consumo inmediato, es posible que no puedan realizar inversiones importantes como la educación de sus hijos.

Lo anterior sugiere que un sistema impositivo como el chileno, en el que el IVA es extremadamente alto y los impuestos efectivos a las empresas son inferiores a los impuestos que se pagan por otros ingresos (incluyendo los ingresos por intereses), fomenta la sobreinversión en capital físico (ver columna anterior) en proyectos que a veces son poco rentables. A la vez, hace caer la inversión en capital humano, provocando un desbalance que tiene serias consecuencias para el desarrollo económico de largo plazo y para la equidad.

En base a todo esto, nuestra propuesta de reforma al sistema tributario busca eliminar las fallas que lo hacen ineficiente, inequitativo e insuficiente para proveer al Estado de los recursos que éste necesita.

Primero: crear un Impuesto Único a las Utilidades que reemplace a los dos impuestos actuales que se aplican en forma secuencial. Este impuesto único se pagaría de una vez, al momento en que las utilidades son generadas y no como ahora en dos etapas, primero cuando las utilidades son generadas (Primera categoría), y después, cuando y si es que las utilidades son retiradas(1) (Global complementario). Esta sola reforma puede generar alrededor de 10.000 millones de dólares en recaudación fiscal adicional, es decir un 5% del PIB, todo esto sin resentir la inversión socialmente rentable.

Contrariamente a lo que nos han hecho creer, no todas las inversiones son socialmente deseables. El sistema impositivo al que se someten las empresas genera una distorsión a favor de proyectos de inversión “chatarra”, es decir, rentables para el inversionista, pero socialmente indeseables.

Segundo, reducir el IVA, dejando exentos de este impuesto a los alimentos y la cultura, lo cual sería financiado con una parte de los ingresos tributarios adicionales antes descritos. Esta reducción favorecería a los sectores pobres y medios que dedican más del 50% de su ingreso a gastos en alimentos. Es decir, esto implicaría que su ingreso real aumentaría en más de 10%, lo cual les permitiría no sólo aumentar sus gastos en consumo, sino que también invertir más en capital humano.

Tercero, dedicar el resto de los ingresos tributarios adicionales a financiar un aumento sin precedentes en la inversión social en el capital humano del país, a través de una mejora radical en la educación tanto pre-escolar, como escolar, técnica y superior, así como también en mejoras a los servicios públicos de salud para las grandes mayorías de la población.

La reforma propuesta permitiría, primero, reducir de manera importante las ineficiencias económicas causadas por los incentivos perversos implícitos del actual sistema tributario. El impuesto a las utilidades generadas reduciría los incentivos artificiales a la sobreinversión en capital físico, la inversión ‘chatarra’ y la sobreinversión en sectores primarios y ambientalmente sucios. Esto tendría el efecto de nivelar el terreno de modo de eliminar el desincentivo actualmente existente a las inversiones en capital humano y en sectores de la economía del conocimiento y de las industrias limpias, que tienen un potencial mayor de crecimiento de la productividad. La mejora en el capital humano y la menor dependencia de los recursos naturales y el medio ambiente contribuiría a aumentar el crecimiento de la productividad, única manera de permitir una expansión del producto y una reducción de la pobreza de manera sostenida en el mediano y el largo plazo.

En segundo lugar, permitiría mejorar de manera significativa la distribución del ingreso al redistribuir la carga tributaria de tal forma que los sectores más pudientes de la población contribuyan con una proporción mucho mayor de ella. Además, los mayores ingresos tributarios permitirían un aumento masivo de las inversiones públicas en el capital humano de la población, especialmente de las clases medias y pobres, lo cual se traduciría en mayores ingresos en el mediano plazo para estos grupos y un mayor potencial de crecimiento de la productividad.

Tercero, al gravar las rentas económicas de manera mucho más significativa disminuirían los incentivos económicos a las actividades licitas e ilícitas de búsqueda de rentas, lo cual causaría una mejora en la eficiencia económica y haría más fácil la labor de los entes públicos encargados de evitar la colusión y otras prácticas ilegales.

Un sistema impositivo como el chileno fomenta la subinversión en capital humano, provocando un desbalance que tiene serias consecuencias para el desarrollo económico de largo plazo y para la equidad.

Para terminar, es necesario reiterar que una reforma tributaria como la que proponemos es imprescindible si se quiere asegurar el crecimiento de largo plazo de Chile. El país necesita financiar la educación de sus niños y sus jóvenes, necesita financiar un avance científico y tecnológico sin precedentes, necesita invertir en el futuro si quiere realmente despegar y alcanzar el desarrollo de manera definitiva. Los recursos están, las posibilidades son evidentes, los argumentos técnicos indican con claridad el camino que debe seguirse para mejorar las regulaciones existentes y perfeccionar y fortalecer los mercados, de modo de nivelar el terreno para que florezcan los grandes emprendedores, los innovadores, y se incentive verdaderamente a quienes más se esfuercen, de modo que los recursos y el trabajo nacional favorezcan a las grandes mayorías, y no a los buscadores de rentas de siempre y a quienes siguen detentando y acrecentando su riqueza y su poder gracias a las imperfecciones existentes. Lograrlo es posible; sólo falta la honestidad y la voluntad políticas para impulsar los cambios requeridos, y la transparencia para informar al país verazmente, de modo que la voluntad y la honestidad políticas logren el apoyo ciudadano para impulsar pacíficamente los cambios requeridos, único camino aceptable en democracia.