Los intereses del CAE: “No sé por qué se pagaron a los bancos sobreprecios excesivos”

-¿Cómo surgió entre las autoridades del gobierno de la época, la idea de vender un porcentaje de los Créditos con aval del Estado (CAE), con recarga?
La posibilidad del sobreprecio surge porque la licitación que ideamos hace al CAE ser un crédito único en cuanto a que el banco no fija la tasa, y el Fisco le impone que el cliente sea de segmentos bajos y no pueda pedir garantías a la familia. Esto lo diferencia radicalmente del Fogape o créditos Corfo con garantía estatal, donde el banco fija la tasa, elige al cliente y pide garantías. Pero con una tasa del 5,6%, y un costo de fondos del 4%, no hay ninguna garantía de que un banco quiera participar del sistema. Entonces, la pregunta es si es conveniente para el Estado pagar un sobreprecio. Y la respuesta tajante es sí. Si como resultado del mecanismo, el Estado se ahorra el costo de financiamiento de la cartera, reduce el incumplimiento del 50% a un 10% o 15%, y se deshace de un 10% del riesgo de crédito, entonces es conveniente pagar un cierto sobreprecio, por cierto dentro de márgenes razonables.

-¿Cuáles son márgenes razonables para usted?
En los dos primeros años de funcionamiento del CAE, mientras los actores entendían cómo funciona el sistema, es razonable un sobreprecio de hasta un 30%. En los años siguientes, el sobreprecio no debió ser superior al 10 por ciento.

-Cuando diseñó este sistema, ¿pensó usted que los bancos podían elevar tanto los porcentajes de recarga?
No. Dado que el sistema contempla la posibilidad de que el Fisco venda los créditos adquiridos a los bancos en el mercado de capitales (la ley contempla una garantía especial para esto), si el sobreprecio supera lo conveniente para el Fisco, lo lógico es que éste financie directamente la cartera y entregue solamente la administración de la misma a los bancos. De hecho, el sistema contempla un pago separado por administración. La ventaja del mecanismo de licitación, es que el Fisco no está obligado a aceptar todas las ofertas de los bancos; puede elegir entregar a los bancos únicamente los paquetes con sobreprecios adecuados. El costo, eso sí, podía significar tener menos alumnos con acceso al CAE. En la última licitación la recarga fue del 6%, lo que me parece conveniente. Porque está dentro del nivel de sobreprecio en el que al Fisco le conviene. Todo el asunto está en fijar cuál es el sobreprecio adecuado, tarea que se debe hacer año a año en función de las condiciones de cada momento.

-En 2009 está claro que las tasas de interés que se pagaron no fueron convenientes para el Fisco.
Claramente. Dado que no he participado en la implementación del programa, no tengo claras las razones de por qué se pagaron los sobreprecios que se pagaron. Creo que se privilegió el que pudieran acceder al crédito muchos alumnos. He escuchado, además, una interpretación a mi juicio, completamente equivocada: de que debido al artículo 2 de la ley del CAE, el Fisco está obligado a pagar cualquier sobreprecio a los bancos. El sentido de ese artículo es que el Fisco no administre los créditos (por ejemplo, tipo Corfo) y que se concentre en otorgar garantías. Para nada ese artículo impide declarar desierta la asignación de algunos de los paquetes licitados y hacer una segunda licitación donde únicamente se licita la administración de los créditos y en su defecto, encargarle al BancoEstado la administración de los mismos. Desde el punto de vista conceptual, la gracia del diseño es que el Fisco fije un precio de reserva y no compre los créditos con sobreprecios excesivos. Por lo demás, así es como funciona cualquier licitación.

-¿Por qué había que recurrir a los bancos para otorgar el CAE?
Eran una opción porque este es un sistema de crédito y los sistemas de crédito hay que originarlos, administrarlos y cobrarlos. ¿Por qué a los bancos los tienen dando crédito hipotecario de vivienda social y no los da la CORFO? Bueno, porque la CORFO que hasta el año 90 daba muchos créditos, lo hacía mal cobrando, tenía un desempeño pésimo y finalmente nadie los pagaba. En el Crédito Solidario ocurría lo mismo. Por eso conviene recurrir a los bancos: porque el crédito necesita administración. También se pensó en las compañías de seguros, pero en esa época no podían dar créditos con las facilidades de ahora.

-¿No le parece hoy que era mejor financiar estos créditos con fondos del Estado? Es decir, hacer una especie de Fondo Solidario pagándoles bien a gerentes para que diseñaran un sistema de cobro correcto. ¿No era razonable también?
El sistema político definió una La ley 20027 que dice con claridad: “Los créditos con garantía estatal no podrán ser otorgados por el Fisco”. Más allá de lo que yo piense, la lógica de la ley apunta a no tener una agencia estatal administrando los créditos, dejando al Estado en un rol de garante. La idea, por ende, es que los privados administren y ojalá financien los créditos. Si me pregunta hoy, teóricamente la respuesta es sí, porque uno puede imaginar una agencia estatal que haga la tarea. Pero en la práctica, la experiencia de agencias estatales administrando créditos es pésima, tal como lo muestra la Corfo en el pasado e Indap en el presente. Los bancos cobrando una sobrecarga razonable, liberan al Fisco de toda esa carga. Si las tasas se mantienen en torno al 6% que pidió Corpbanca en 2011, me parece que el sistema funciona bien.