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Con cierta frecuencia se cuestiona a Carabineros por alguna actuación o incluso se detecta que algunos de sus miembros aparecen involucrados en delitos. Por una parte, la reacción de su Alto Mando es drástica, con duras sanciones y afirmaciones que indican que los involucrados se han apartado de “la doctrina de la institución”. Sin embargo, los mismos errores se vuelven a repetir. Por otra parte, la sociedad critica y pide sanciones, pero no repara, al igual que el Alto Mando, que se están atacando los síntomas, pero no las causas del problema.

La institución existe para garantizar a los integrantes de la sociedad que podrán realizar sus actividades en forma segura y ordenada. Y todas las acciones que con este fin emprenda Carabineros se deben efectuar en un marco de irrestricto apego a la legalidad y respeto a los derechos, en los lugares y oportunidades requeridos, con una calidad óptima. Esto significa que debe anticiparse a los hechos y no actuar después de que han ocurrido, pues no es lo que la sociedad le demanda.

Está muy descuidada la verificación de la calidad, oportunidad y sujeción a la legalidad del servicio prestado y si el usuario quedó conforme, por lo que no son de extrañar las críticas que se reciben. Por otra parte, los jefes respectivos no responden por el mal desempeño de sus dirigidos, no obstante que su misión es asegurar el trabajo eficaz de sus subalternos

Carabineros, al igual que toda organización, necesita declarar en forma clara, consistente y permanente, su misión, de manera de crear en todos sus miembros un consenso sobre la dirección de sus esfuerzos. También es deber de su Alto Mando determinar el tipo de capacitación que deberá dar a todos sus integrantes para asegurar la calidad de su desempeño, además de definir su estrategia, la que permanentemente deberá evaluar para comprobar que efectivamente le está permitiendo satisfacer las necesidades de seguridad, orden público y respeto a las leyes que le corresponde hacer cumplir con eficiencia y eficacia.

El descuido en declarar la misión ha sido constante y nunca la institución ha expresado el cómo “prevenir los riesgos de que se altere la seguridad y el orden público y se incumplan las leyes que le corresponde supervisar”. Si lo declarase, se encontraría de inmediato frente a un enorme desafío, pues significaría que debe evitar que los hechos que tanta alarma causan en la sociedad se continúen repitiendo o incluso aumenten, como hasta ahora ocurre con asaltos a residencias o robos de cajeros automáticos, entre otros.

El proceso de Carabineros para cumplir su finalidad está compuesto por lo que denomina “servicio de guardia” y “servicio de población”. Ambos están regulados por reglamentos relativos a la forma, pero no a su finalidad. El primero funciona en el cuartel y es donde se reciben las denuncias o requerimientos de quienes sienten amenazada o quebrantada su seguridad. Es una de las principales fuentes de información sobre las necesidades de seguridad y orden de los usuarios o sobre la calidad, oportunidad y pertinencia del servicio que Carabineros les ha prestado. Sin embargo, esa información no se procesa ni analiza para usarla en la planificación.

El segundo opera en la calle y su finalidad debería ser neutralizar los riesgos de que se altere la seguridad, el orden público o se incumplan las leyes que a la institución le corresponde fiscalizar. Lamentablemente, durante su preparación, equivalente al plan de acción, se transforma en una mera rutina reglamentaria donde no se da a conocer lo que ha estado ocurriendo ni menos que la tarea será impedir que eso se repita, por lo que cada cual deberá suponer lo que debe hacer.

Existe en todo el proceso formativo un fuerte énfasis en la instrucción a pie y en las presentaciones de corte militar, que es lo único que el mando valora. Sin embargo, el desarrollo de la capacidad analítica es el gran ausente. Todo se limita a lo memorístico, en desmedro de la resolución de los problemas propios de la finalidad institucional

La supervisión de ambos procesos es muy escasa y no está orientada a la gestión del desempeño y a la recolección de información que permita planificar con eficacia las futuras acciones y a establecer metas que permitan medir el desempeño de cada cual. También está muy descuidada la verificación de la calidad, oportunidad y sujeción a la legalidad del servicio prestado y si el usuario quedó conforme, por lo que no son de extrañar las críticas que se reciben. Por otra parte, los jefes respectivos no responden por el mal desempeño de sus dirigidos, no obstante que su misión es asegurar el trabajo eficaz de sus subalternos.

El accionar completo de la institución ha descuidado el análisis, elemento esencial para garantizar la eficiencia, eficacia y mejoramiento del servicio que la sociedad le ha encomendado, pues continúa haciendo más de lo mismo, sin reparar que en la actualidad lo decisivo es el talento y éste se desarrolla únicamente con una educación de calidad.

Los directivos o jefes deben ser preparados para su cargo, pues de su experiencia y compromiso con su misión, dependerá también el compromiso de sus dirigidos, aspecto también muy descuidado, puesto que están más interesados en la forma que en obtener los resultados deseados mediante el trabajo del equipo de colaboradores. Si no están capacitados para potenciar y mejorar las habilidades de sus colaboradores, no conseguirán prevenir los riesgos inherentes a la finalidad institucional.

El otro aspecto muy descuidado es la comprobación de la calidad, oportunidad e interés por el buen servicio que se debería prestar, sea en la guardia o en la población. Es frecuente que, cuando no se hace nada ante un requerimiento, esto termine ventilándose por la prensa y con la baja del responsable, pero nunca se busca la causa de esos comportamientos.

El proceso de formación y capacitación

Este proceso se realiza de manera autónoma y desvinculado de la misión, en el sentido de que no considera los aspectos antes planteados ni menos analiza los desempeños de sus egresados para efectuar las correcciones pertinentes. No existe una coordinación con la línea operacional para formular sus planes ni asume su responsabilidad por el mal desempeño de sus egresados.

El señor General Director, como se le denomina dentro de la institución, es intocable y siempre está rodeado de obsecuentes que lo consideran infalible. Y si comete errores inaceptables, nunca la sociedad, a través de sus representantes, lo ha hecho responder ni menos pedido cuentas de cómo usa los recursos institucionales

Existe en todo el proceso formativo un fuerte énfasis en la instrucción a pie y en las presentaciones de corte militar, que es lo único que el mando valora. Sin embargo, el desarrollo de la capacidad analítica es el gran ausente. Todo se limita a lo memorístico, en desmedro de la resolución de los problemas propios de la finalidad institucional.

La oficialidad que hace clases -las que son remuneradas- generalmente no está preparada para ese cometido. Incide mucho en esto la costumbre de repartir las horas de clases y distribuir los ramos de acuerdo al grado que quién los impartirá, sin verificar la competencia del profesor y, lo más grave, sin evaluar su desempeño ni la pertinencia de lo aprendido con las futuras exigencias del cargo que desempeñará el alumno. Tampoco se conoce que hagan alguna publicación relativa a su disciplina o trabajo de investigación que permita mejorar el proceso. Por otra parte, quienes son destinados al área docente no reciben una formación previa que los habilite para tan decisiva función en el futuro desempeño de los egresados.

El Estado ha hecho un continuo aumento de las dotaciones, con un enorme costo. Sin embargo, la situación de alarma pública por la seguridad continúa igual, precisamente porque no se ha reparado en que, más que un problema de recursos, es un asunto de gestión. Por consiguiente, ¿tiene sentido el aumento de diez mil plazas sin un análisis sobre cómo se emplean?

Por otra parte, la sociedad debe informarse acerca de cómo funciona la organización y exigir al Alto Mando, a través de sus representantes, que responda por el mal desempeño de sus dirigidos y no aceptar sanciones aplicadas a quienes han cometido errores que se deben, tal como lo he señalado, a una mala gestión institucional.

Como ejemplo, puedo citar el caso del uso de balines con pintura en unos incidentes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. El incidente provocó serios reclamos de su rector, lo que significó graves problemas a un coronel y un mayor. Las preguntsa son: ¿Ellos compraron esos elementos? ¿Qué directiva dictó el Alto Mando para su uso? En mi época nunca las dictó y cada cual debía determinar su empleo.

No hace mucho se cuestionó la actuación del General Director, pero nunca se esclareció el hecho. En cambio, casos parecidos le costaron la eliminación a otros de menor graduación. Mientras la sociedad no exija transparencia y seriedad a sus representantes, la situación no cambiará.

El señor General Director, como se le denomina dentro de la institución, es intocable y siempre está rodeado de obsecuentes que lo consideran infalible. Y si comete errores inaceptables, nunca la sociedad, a través de sus representantes, lo ha hecho responder ni menos pedido cuentas de cómo usa los recursos institucionales. Por ejemplo, ¿es correcto que al acogerse a retiro continúe con auto, chofer y bencina institucionales de por vida? Tampoco se le pide cuenta por el ineficaz resultado del llamado Plan Cuadrante, que si fuese sometido a un verdadero escrutinio por expertos en planificación se concluiría que no responde a los mínimos estándares de establecimiento de metas medibles. Tampoco se le ha evaluado como para afirmar, con antecedentes concretos, si está resolviendo el problema de inseguridad.

El meollo del problema radica en la pésima formación que recibimos todos los integrantes de la institución y en la creencia de que es una deslealtad decir lo que está malo, tal como me lo expresó un oficial que me pidió hacer clases a sus dirigidos, donde se comprobó que nadie sabía exactamente su misión como jefe de retén o de turno: “Debemos tener mucho cuidado, pues el Alto Mando puede tomarlo como una crítica”, me dijo.

No hace mucho se cuestionó la actuación del General Director, pero nunca se esclareció el hecho. En cambio, casos parecidos le costaron la eliminación a otros de menor graduación. Mientras la sociedad no exija transparencia y seriedad a sus representantes, la situación no cambiará.

Finalmente, el gobierno del momento, al elegir al nuevo General Director, debe evaluar su competencia y no su obsecuencia o grado de amistad con la clase política.