En nuestra empresa consultora iniciamos un juicio de desafuero en contra de dos trabajadoras que se encuentran embarazadas. Ellas tenían un contrato para trabajar en un proyecto de un cliente, pero el proyecto terminó, por lo que debíamos desvincularlas y para ello, obtener su desafuero por vía judicial. Las trabajadoras no estuvieron de acuerdo con esta premisa, por lo que presentaron sus argumentos en el juicio. Hasta ahí, todo seguía un procedimiento judicial normal. Sin embargo, la jueza a cargo de la causa en la audiencia preparatoria nos presionó para lograr el siguiente acuerdo: la empresa mantendría a ambas mujeres contratadas hasta el fin de su post natal, a cambio de que las trabajadoras se comprometieran a presentar licencias médicas hasta el inicio de su prenatal, de esa forma “no paga la empresa, sino que la isapre y luego el Estado”.

Mi empresa no quiso llegar a ese acuerdo, porque nos pareció inaceptable que la resolución del conflicto fuera a través de un fraude a la isapres. Como no quisimos llegar a acuerdo, esta jueza nos amenazó diciendo que nuestra falta de disposición era un pésimo precedente para el juicio y la sentencia final.

Lo más probable es que no nos den el desafuero y en términos de dinero hubiese sido más barato para la empresa aceptar el acuerdo, pero creemos que es inaceptable que un juez plantee “estafar” a las isapres.

Más allá de este caso, creo que frecuentemente los jueces fuerzan ilegítimamente a las partes a llegar a acuerdo, como ocurrió en este juicio, para después mostrar buenos números de su gestión y que la “reforma laboral funciona”.