La ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA) o “Ley de los peces gordos” entregó a dedo y gratis a un grupo de familias los recursos pesqueros de todo el país, entregando riqueza y poder económico para atrapar peces y voluntades de muchos políticos, trabajadores y “dirigentes de papel”.

Hoy vemos con desazón como se utiliza a los trabajadores pesqueros como medio de presión para que se prorroguen los privilegios de la ley de LMCA y se siga beneficiando a las mismas siete familias de siempre, desangrando a los Pymes que damos valor agregado a los recursos y hacemos de la pesca nuestra actividad de vida.

Han sido recurrentes las declaraciones del sector industrial y sus empleados en contra de nuestro gremio. Somos pequeños y medianos emprendedores del sector pesquero que desde 2001 hemos visto desaparecer a cientos de plantas similares a causa de la ambición desmedida de la industria que hoy utiliza a sus soldados en una campaña de desprestigio que menosprecia a nuestros trabajadores, desconoce nuestra existencia, nos acusa livianamente y elude la discusión de fondo, para así mantener sus privilegios y seguir desangrando el mar y a las pymes pesqueras.

Han buscado por todos los medios la forma de alejarnos de un debate transparente y público: se han constituido mesas de trabajo entre cuatro paredes que no cuentan con actas ni transcripciones de sus reuniones y se ha dejado al margen al Congreso Nacional, lo que le ha valido fuertes críticas al ministro Longueira por parte de los propios parlamentarios. Consideramos que todas estas situaciones han convertido al Ministerio de Economía en un organismo funcional a los intereses de las pocas familias que hoy controlan el mar de Chile.

Las declaraciones del señor Hugo Roa nos invitan a caer en una guerra sucia a la que no queremos entrar y nos obliga a iniciar acciones legales que desviarán el verdadero foco de la ley: la sustentabilidad de la pesca, que los peces alcancen para todos y no se regalen a las mismas siete familias.

En Pymepes somos 11 plantas de proceso, todas con sus permisos y resoluciones sanitarias vigentes. Este año fuimos visitados por el subsecretario de Pesca y hemos invitado al ministro a conocer nuestras instalaciones y así conocer la forma cómo debemos realizar nuestras operaciones sin acceso a la materia prima.

La ley nos está extinguiendo día a día, dejando a cientos de mujeres jefas de hogar sin trabajo. Si el señor Hugo Roa avala esta situación estamos peor de lo que pensábamos. Él hace alarde de nuestra desgracia y relativiza el número de empleados de nuestras empresas, del mismo modo como lo hiciera hace unos días el gerente de ASIPES, Luis Felipe Moncada.

Queremos que Chile entero sepa que hay mendigos del mar que vivimos de lo que le sobra a la industria, la que tiene en su poder el 95% de las cuotas del jurel y que aún así hemos logrado certificar nuestras plantas para los mercados más exigentes del mundo. Los volúmenes que necesitamos son mínimos y no estamos de acuerdo con que el alimento de los niños de Chile se convierta en harina de pescado. Se requiere coraje y voluntad política para hacer los cambios que Chile necesita y hacer de las pymes una gran fuente de empleo y dignidad.