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La LOCE, publicada el día anterior al fin del régimen de Pinochet en 1990, determinó que las universidades privadas sólo pueden ser corporaciones y serían regidas únicamente por el Ministerio de Educación, en abierta contradicción con la legalidad que rige a todo el resto de esas instituciones obligadas a entregar sus cuentas al Ministerio de Justicia, que acredita que no tienen fines de lucro. El autor rescata esa normativa y plantea que quienes fueron cómplices del lucro de las universidades deben dar explicaciones y cómo deben funcionar una vez que se sancione el fin del negocio de la educación.

En 1981, durante la dictadura militar de Pinochet, a través de ciertas disposiciones se estableció que las nuevas y competitivas universidades obligatoriamente tenían que ser fundaciones o corporaciones de derecho privado. Aunque el lector no lo crea, en aquel entonces se decía que dichas universidades gozarían de personalidad jurídica por el simple hecho de depositarse en la División de Educación Superior del Ministerio de Educación una copia de la escritura pública en que constara el acta de constitución y los estatutos por los cuales se regiría.

Enseguida, en marzo de 1990, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) instituyó que tales casas de estudios superiores solo podían ser corporaciones, dejando la posibilidad que continuaran como tales las fundaciones de la Universidad Gabriela Mistral, la Universidad Bernardo O’Higgins, ambas muy ligadas a ese régimen, y otras pocas hoy inexistentes.

Todos sabemos que las personas jurídicas denominadas fundaciones y corporaciones son autorizadas y fiscalizadas por el Ministerio de Justicia y el Consejo de Defensa del Estado interviene en la tramitación de sus solicitudes de aprobación, las que en todo caso deben ser publicadas en el Diario Oficial. Estas personas jurídicas no se pueden vender ni traspasar y, de acuerdo al Código Civil, no pueden perseguir fines materiales, sino tan solo objetivos ideales, tales como la cultura, la educación, la religión, etc.

En las escrituras de tales personas jurídicas -fundaciones y corporaciones- se señala que su asamblea (compuesta por los socios activos que eligen el directorio, la comisión revisora de cuentas y el tribunal de disciplina), debe estar integrada por personas naturales o personas jurídicas sin fines de lucro, que es lo que ha existido en nuestro país desde hace más de 150 años.

Ahora bien, y yendo al fondo de nuestro planteamiento, lo novedoso es que la LOCE, publicada el día anterior del término del gobierno de Pinochet, al disponer que las universidades privadas sólo pueden ser corporaciones, también dijo, en nuestra opinión en forma inconcebible y acomodaticia, que van a estar regidas únicamente por el Ministerio de Educación. Quien ejercía el cargo de ministro el 10 de marzo de 1990 era René Salamé, uno de los actuales dueños de la Universidad Mayor, siendo Ricardo Lagos su sucesor a partir del 11 de marzo de 1990.

El Ministerio de Educación, desatendiendo a don Andrés Bello, ha dicho que esa asamblea puede estar integrada por personas naturales o jurídicas que persigan fines de lucro. Entonces ocurre que los socios activos de las corporaciones universitarias son diversas sociedades comerciales o inmobiliarias, vulnerándose abiertamente así la sana doctrina fijada en el Código Civil y por la institucionalidad chilena. Como vemos, el díscolo Ministerio de Educación ha ido elaborando una doctrina totalmente distinta de lo establecido por el Código Civil y por el Ministerio de Justicia para las corporaciones.

Recordemos que, por un período de tiempo, bajo el actual gobierno ejerció ese cargo público un político que era socio, y posiblemente lo sigue siendo, de una sociedad inmobiliaria que obtuvo lucro arrendándole uno de sus inmuebles a la Universidad del Desarrollo. Tampoco podemos olvidar que en el dolo de la becas Valech, detectado en el gobierno de Bachelet, intervinieron, coludidos, altos funcionarios del Ministerio de Educación con autoridades de la muy privada Universidad UNIACC.

En Chile, país que curiosamente es miembro de la muy seria y conspicua OCDE, se ha llegado a un escenario fantasmagórico: mientras el Ministerio de Justicia establece que los directores de las corporaciones no pueden recibir retribuciones económicas, el Ministerio de Educación dice lo contrario. Si en una corporación regida por el Ministerio de Justicia, como en rigor corresponde, se contraviene alguna de las disposiciones de esas personas jurídicas sin fines de lucro, entra a tallar el Consejo de Defensa del Estado en resguardo del cumplimiento de la legalidad y del Estado de Derecho.

Las universidades privadas, por ser corporaciones, están exentas del impuesto a la renta y del IVA. En varias de ellas las inmobiliarias succionan las utilidades, vía arriendo de edificios, en otras son los familiares de los dueños quienes por la vía de contratos de servicios u otras figuras retiran las utilidades y con esta simulación, tolerada por todos los que han ejercido el poder político, se configura el fraude.

Toda la clase dirigente sabe lo que estamos afirmando y por ello sería interesante conocer ahora la opinión del actual ministro de Educación respecto del momento que estamos viviendo. La opinión pública tiene el deber de estar al tanto de lo acontecido después de la LOCE y espera conocer las explicaciones de aquellos que han ejercido el cargo de ministro de Educación durante los 20 años de la Concertación.

Dos ministras eran dueñas de colegios particulares subvencionados y ambas, especialistas en el tema, no hicieron nada para revertir lo que acontecía con el lucro mal habido en las universidades privadas. Los estudiantes, quienes con sus intensivas marchas pusieron en el tapete público este escándalo, esperan las explicaciones de todos aquellos que han tenido responsabilidades en el aparato público.

El ministro Bulnes, arrinconado por las evidencias de los millonarios fraudes cometidos, ha dicho que bajo su administración se empezará a fiscalizar para que las ganancias que tengan las universidades privadas sean efectivamente reinvertidas en las actividades propias, es decir, pedagógicas, de esas corporaciones hasta ahora muy lucrativas.

Desde esta tribuna le señalamos al ministro que tal fiscalización es innecesaria ya que solo basta la modificación precisa para que las corporaciones universitarias estén bajo la tutela y control del Ministerio de Justicia y del Consejo de Defensa del Estado. Si ello ocurre, ninguna de estas universidades privadas se va a atrever a cometer las trampas que la periodista María Olivia Monckeberg denunció años atrás con lujo de detalles, sin que nadie se diera por aludido. Todos miraron para el lado porque este negocio era muy bueno. Lo mismo sucedió con los derivados financieros que ocasionaron en el 2008 la crisis hipotecaria subprime en EE.UU.: como todos ganaban a raudales, todos enmudecieron a sabiendas del timo.

El gobierno de Piñera ha anunciado que está dispuesto a reunirse con los dirigentes estudiantiles en La Moneda, lo que es necesario para resolver en debida forma las legítimas demandas de una ciudadanía joven cada día más consciente que Chile puede llegar al desarrollo sólo si se cuenta con una educación igualitaria de calidad y erradicándose los ardides en la estructura de nuestra institucionalidad.

Finalmente, estamos de acuerdo en que existan universidades privadas con fines de lucro porque hay mercado para ellas y porque nuestro país es un devoto del sistema neoliberal llevado al extremo. Estas universidades deberían estar constituidas como sociedades privadas, tales como anónimas abiertas o cerradas, colectivas, de responsabilidad limitada u otras, pero no deberán estar exentas del impuesto a la renta, ya que sus socios u organizadores han ingresado al giro educacional estimando que obtendrán utilidades.

Asimismo, estas universidades no deberían recibir aportes del Estado y obviamente no tendrán las restricciones respecto a las inhabilidades para contratar profesores, directivos o administrativos. En estas universidades mercantiles debería operar la libertad más absoluta y nadie podría exigir ningún tipo de regulación, tal como le gusta a quienes concentran la riqueza en Chile. Luego, los alumnos que dispongan del dinero suficiente para pagar sus aranceles no podrán reclamarle al Estado por sus eventuales insatisfacciones que tengan mientras allí estudien.