Estimado Director CIPER: su artículo titulado “Cómo lucran las universidades que por ley no deben lucrar” es sin duda un gran aporte a indicar, una vez más, como el espíritu de la Ley es violado flagrantemente. Es una situación que recuerda la elusión de impuestos, es decir, buscar el resquicio de la letra para no cumplir el espíritu de la ley. Contribuir a que estas prácticas desaparezcan de la educación universitaria (y de la sociedad en general) por medio de la denuncia es un objetivo noble y destacable.

Sin embargo, debo indicarle mi desagrado por el uso de la situación de una persona con nombre y apellido (Natalia Carrizo) indicando que su angustiante situación se debe a que la UDLA (en esta oportunidad, porque sin duda que hay muchos ejemplos más) comente esta inaceptable acción de eludir la obligación de funcionar sin fines de lucro. Una verdad a medias es una falacia, y su uso como introducción lejos de introducir adecuadamente al tema, sugiere que Natalia pagó mucho más por su educación porque la universidad en cuestión funciona, en los hechos, como una sociedad comercial, cuando los hechos no dicen otra cosa.

Si Natalia entrara nuevamente a estudiar arquitectura, en la UDLA tendría que financiar (ya sea vía deuda, o vía pago directo) un arancel anual de $2.620.000 anuales. Si entrara a la Universidad de Chile, tendría que financiar un arancel de $2.806.000 anuales, es decir, un 9,3% más alto. ¿Cómo entonces es posible que su situación ahora sea tan dramática, siendo que estudió endeudándose MENOS que si lo hubiera hecho en la Universidad de Chile?

El origen de la situación desesperada de Natalia no se produce en las mañosas prácticas que la UDLA u otras universidades usen para retirar ganancias. Sería absolutamente la misma en una universidad pública con el mismo arancel si Natalia hubiera tomado el crédito con aval del estado. Son el costo y las condiciones del crédito a los que puede optar siendo alumna de la UDLA y de la Universidad de Chile los que son dramáticamente distintos, no los aranceles, que incluso son mayores en ésta última. Cuando Natalia se endeudó con una tasa de interés del 6% de pago a todo evento, no lo hizo porque desechara la posibilidad de tomar un crédito con un 2% de interés, con cuotas máximas del 5% sus ingresos efectivos y con un plazo de 15 años máximo, lo hizo porque era la única posibilidad que tenía, dado que no ingresó a una universidad del CRUCH.

Mientras no se abra la posibilidad de un crédito para todos los estudiantes con intereses mínimos o incluso cero y contingente a los ingresos, de poco o nada servirá a las futuras Natalias que la UDLA se transforme de una sociedad comercial encubierta a una fundación altruista equivalente al Hogar de Cristo. Estas Natalias presentes o futuras (no todas las universidades que no pertenecen al CRUCH tienen el perfil de la UDLA) están ahogadas por el lucro, pero no por el lucro en su universidad, sino por el lucro en el crédito. Cómo no, si los bancos son los entes que buscan el lucro por definición. El estado puede (y ha intentado) extender el crédito solidario a toda la educación superior, pero no hay que olvidar de dónde proviene la principal resistencia a extender el crédito solidario a universidades que no pertenecen al CRUCH, a los Institutos Profesionales y a los Centros de Formación Técnica.