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El reciente índice Paz Ciudadana-Adimark sobre percepción de victimización de la delincuencia, que en líneas generales concluye que ha existido un aumento de 4,9% en los niveles de victimización de la ciudadanía, arroja interesantes perspectivas de análisis. Un cambio evidente con lo que ha venido ocurriendo en años anteriores, es que figuras políticas que antes estaban atentas al escrutinio del Gobierno sobre indicadores de percepción de la delincuencia –el caso más notable es el del senador Alberto Espina, referencia obligada en la materia– hoy, en cambio, callan. O bien se podría mencionar que el Gobierno en el poder, el mismo que hizo de la lucha contra la delincuencia su slogan de campaña, hoy parece estar “al debe” al respecto –lo que muestra, una y otra vez, que la amenaza y modificación legal que llama a la aplicación de penas más altas jamás será un factor decisivo en el control del delito.

Pero el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, siempre ocurrente, ha querido ir más lejos. No se queda con análisis simplones sobre quiénes hoy callan, ni sobre cuáles son las razones para hacerlo. En primer lugar, descalificó las encuestas a las que su coalición siempre concedió la última palabra en materia de delincuencia:

“Esta lucha siempre tendrá alzas y bajas pero así como ninguna encuesta vuelve victorioso a un gobierno, ninguna encuesta puede derrotar a un gobierno en su compromiso por brindar a cada compatriota una vida con más seguridad y menos temor”. (La Tercera, 19 de julio de 2011).

El ministro reclamó contra la exigencia ciudadana, misma que, sin embargo, sirvió de eje para la campaña política de la Alianza por Chile, y luego culpó a la prensa:

“La ciudadanía es muy dura para juzgar a los gobiernos, algo tiene que ver la influencia de la televisión, y la verdad es que la cantidad de delincuencia que transmiten los noticiarios es realmente impresionante” (El Mostrador, 3 de agosto de 2011).

Finalmente, y empujando un poco su imaginación, ha preferido sugerir una explicación propia:

“En los últimos años el nivel de delincuencia ha tenido dos ‘peaks’ en dos momentos específicos (…). Esos dos peaks coinciden con el período de los pingüinos del año 2006 y los pingüinos, por llamarlos del mismo modo, del año 2011. En ambos casos hemos tenido una compleja situación de orden público con los estudiantes” (El Mostrador, 3 de agosto de 2011).

Y digo que dicha explicación es parte de su imaginación porque, al menos a la luz de los indicadores que hoy sirven de sustento para ella, se trata de una afirmación falsa. En efecto, los ‘peaks’ de percepción sobre la delincuencia no se ubican en los años 2006 y 2011, sino en los años 2009 y 2011. Esto ya debiera ser antecedente suficiente para descartar la vinculación entre victimización y las protestas.

Así, si uno toma los indicadores en materia de distribución entre hechos delictuales cometidos (o intentados) dentro del hogar y en la vía pública, y presta atención a estos últimos –la protesta tiene lugar, precisamente, en las calles– nota que la percepción ciudadana sobre delincuencia era de 80,5% en 2006. Por debajo del 81,9% de 2004; 81,1% de 2005; 83,8% de 2009; y 82,8% de 2010. Las cifras muestran que no hay vínculo necesario entre el aumento de las movilizaciones, en 2006 y 2011, y el aumento de la percepción ciudadana sobre victimización.

El índice arroja, además, otros datos que deben colocarse sobre la mesa a efectos de escrutar las palabras del ministro. Por ejemplo, que el alza en los niveles de victimización haya sido más alta en regiones, siendo que las protestas más masivas se han realizado en Santiago. O que el sector de Santiago donde mayor alza se ha producido haya sido el sector surponiente, siendo que la comuna de Santiago –epicentro de las protestas– se encuentra ubicada en el sector suroriente.

Quizás valga la pena recordarle al Ministro Hinzpeter que cuando uno se refiere al ejercicio de derechos, con ánimo, claro está, de restringirlos (el mismo día 3 de agosto hemos conocido su decisión de no autorizar más marchas por la Alameda), los intereses que el Estado debe alegar deben ir más allá de intuiciones, conjeturas y apreciaciones personales. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, órgano vigilante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha venido insistiendo hace años sobre el especial cuidado que debe tener la autoridad de Estado en vincular la protesta a hechos de violencia. Ni el derecho de reunión ni la libertad de expresión deben considerarse como contrarias al orden público sin más razones que la animadversión a las mismas.

Las opiniones de la autoridad, presta a restringir las movilizaciones, además, deben considerar que los hechos de violencia son muy pocos en comparación con la inmensa mayoría que participa de las marchas pacíficamente. La medida de prohibición, en este contexto, carece de proporcionalidad. Cuando hay derechos involucrados su regulación no solo debe obedecer a causas reales, más que a percepciones y conjeturas, sino que, además, de todas las medidas disponibles la que restringe de forma más severa los derechos debería ser la última invocada. En Chile, en cambio, y sobre todo en materia de libertad de expresión, su restricción innecesaria es siempre la primera carta en juego –y tres condenas internacionales, de las cuatro que han tenido al Estado de Chile como protagonista, así lo indican.

El enojo del Gobierno con la forma en que la ciudadanía le hace ver que cumple mal su palabra empeñada en un tema tan sensible para las actuales autoridades como el control de la delincuencia (eso exhibe, finalmente, el índice Paz Ciudadana-ADIMARK), no debe servir de excusa para callar las críticas que se formulan en materia de política educacional. El vínculo que el ministro advierte entre movilizaciones y victimización, falso, a la luz de los datos, más bien parece un arrebato con que se busca culpar a los estudiantes movilizados de todo lo que ocurre en Chile.