Al adulterar los balances y estados financieros, como parece haber ocurrido, los ejecutivos de La Polar habrían cometido “administración desleal” y “adulteración de balances”. Una práctica que, a diferencia de otros países, no se encuentra tipificada como delito en Chile y, por lo tanto, la ciudadanía se encuentra sin las herramientas necesarias para sancionar drásticamente esta acción según estándares internacionales. Al respecto existe en un anteproyecto de ley que sanciona estas prácticas con pena de reclusión menor en su grado medio a máximo.
El escándalo de la multitienda La Polar, que a través de un comunicado de prensa reconoció haber realizado malas prácticas crediticias en su cartera de crédito, es solamente la punta del iceberg.
El Sernac presentó hace unos días una demanda colectiva en los juzgados civiles de Santiago. A esto se suma que la primera semana de junio, este mismo organismo tenía más de dos mil reclamos contra la empresa por realizar repactaciones de deudas en forma unilateral, es decir, sin el consentimiento del cliente. Es así que estas repactaciones fantasmas hicieron que, si una persona que compraba un jeans de treinta mil pesos, terminara pagando hasta casi un millón de pesos.
Esta forma particular de hacer negocios tenía su origen en una práctica sistemática que obedecía a un desarrollo estratégico de La Polar, a través de su gerencia (comercial y financiera de créditos). Al parecer, para no tener que castigar la cartera vencida la empresa repactaba esos créditos. Así, se cree que sus ejecutivos habrían adulterado los balances y estados financieros, los que eran auditados por Price Waterhouse. Este caso sólo reventó por las denuncias ante los abusos. Y aún queda por esclarecer la verdad de todo esto.
De estos breves hechos hay algunas preguntas y retos a los que nos enfrentamos. La Polar es una empresa cuyas acciones se transan en la bolsa, de las cuales el 27% corresponde a las AFP que administran nuestros fondos previsionales y que nombraron en esta empresa a directores poco diligentes. En otras palabras, a personas de confianza que hacen mal su trabajo. Si es que se llega a probar, los ejecutivos de La Polar que habrían adulterado los balances cometen lo que se llama administración desleal y adulteración de los balances. Sin embargo, esta práctica no se encuentra tipificada como delito en Chile y, por lo tanto, la ciudadanía se encuentra sin las herramientas necesarias para sancionar drásticamente esta acción según estándares internacionales.
En nuestro país aún tenemos vigente un Código Penal de 1874 y una legislación vaga que, en esta materia, se encuentra en una zona gris. Lo digo porque existe un ante- proyecto de Código Penal de 2005, elaborado por el Foro Penal y que en su Artículo N° 336 sanciona estas prácticas con pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, o el Artículo N° 339 que sanciona al contador o auditor que dictamine falsamente sobre la situación financiera.
Las legislaciones de Estados Unidos, España e Italia nos llevan la delantera, porque en estos países existen las figuras de la administración desleal, información social falsa, imposición de acuerdos abusivos, adopción de acuerdos lesivos, negativa a someterse a la fiscalización de autoridades, por ejemplo.
Desde diciembre de 2009 está vigente la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y que obedeció a compromisos de Chile con la OCDE. Este caso, demuestra que es el momento para crear una legislación acorde con los estándares internacionales que contemple sanciones penales, civiles y administrativas que castiguen de manera eficaz este tipo de prácticas.
Nuestro Congreso tiene la oportunidad de abordar este tema y solicitar al Ejecutivo una iniciativa de ley consensuada por todas las bancadas que permita dar una señal que tienda a fortalecer la fe pública y proteja a los consumidores. Estas medidas son necesarias para que exista real igualdad ante la ley y no quede la sensación de que en Chile se aplica a algunos el derecho penal del enemigo y, a otros, el derecho de guante blanco.
Si la repactacion unilateral no es delito, creo que no habria adulteracion de los balances, por lo tanto, y como siempre, el delito de guante blanco cometido quedaria impune y solo seria un llamado de alerta para los consumidores, claro que en breve tiempo mas, nos sorprenderiamos con otra situacion similar, que nos recordaria este caso y nos preguntariamos ¿cual fue la sancion?, la cual habria que verla en algun programa como "Contacto", "Aqui en Vivo", "Informe Especial". Soy totalmente responsable de mis comentarios, segun lo que dicta la historia en estos casos....
En mi opinión esto ocurre, por el gran error de solo fiscalizar legalmente, es decir, está bien centrarnos en el marco normativo, pero lo que es importante son los riesgos asociados al negocio y a los procesos, situaciones que están a años de diferencia con las leyes. Debemos tender a una sociedad donde se castigue la inexistencia o errores en el control interno, mas que en la falta explicita a la ley (sobre todo cuando esta no exista). Concuerdo en que se debe establecer un marco regulatorio, pero esto no exime de responsabilidad a las instituciones supervisoras (SVS – SBIF) de haber fiscalizado sobre la base de los riesgo.
Donde están nuestros parlamentarios que no han hecho nada por cambiar estas leyes retrógradas, donde está la iglesia que no opina sobre la inmoralidad de sus deudos. No me cabe la menor duda de qué lado son las personas que cometen estos delitos en contra de todos nosotros. como es posible que las personas necesiten "fiscalización" para "portarse bien"? Me da verguenza pertenecer a una sociedad tan maleada. Pero pobre de la persona que se robe un pan para saciar su hambre! NO HAY DERECHO.
El problema de fondo es que tenemos un Estado, que no posee una institucionalidad jurídico-política realmente democrática. En rigor los ciudadanos no poseemos los instrumentos legales adecaudos, para promover el bien común y regular las diversas actividades de la vida nacional; entre ellas la actividad económica. En este marco institucional, se ha privilegiado la desprotección ciudadana, favoreciendo los abusos,estafas, engaños y robos en la comercialización de bienes, servicios y principalmente en el crédito. Si analizamos cuidadosamente las causas de fondo de esta estafa, concluiremos que con urgencia necesitamos profundas transformaciones institucionales, en razón que no es un caso aislado como pretenden hacernos creer las autoridades de turno y los que estuvieron antes een el gobierno, se trata de un problema estructural que abarca todo el espectro de nuestra sociedad. Por tanto, solo una la movilización de la ciudadanía para generar una sociedad verdaderamente democrática nos garantizará solucionar los problemas de raíz.
Esta permisividad por los delitos con cuello y corbata causa depresión. Hasta tienen su propio lenguaje: "malas prácticas."
Bueno el artículo, bien ilustrativo.Según mi opinión hay una figura penal que es la del 470 numero 1 del actual código penal pero como dice el artículo, se trata de un tipo penal muy general. Lo ideal sería una norma especial que no de lugar a dudas e interpretaciones como la que se propone aquí. Ojalá los parlamentarios recojan la idea y se pongan las pilas.
L o ocurrido con La Polar se viene incubando hace mucho tiempo cuando se comenzó a discutir en el parlamento la primera Ley del Consumidor, en esa fecha las empresas del Retail hicieron un lobby feroz para que se aprobara una ley que los beneficiara y así poder seguir con las prácticas de “Venta” que tantas ganancias les dejaban, es decir el Crédito. Una vez aprobada la Ley del Consumidor las empresas se dividieron en varias, una que vende los productos, otra que administra el crédito (Financiera encubierta) y otra que hace las evaluaciones del crédito. Esto les dio las facilidades necesarias para incluir en los nuevos contratos de crédito CLAUSULAS ABUSIVAS con las que seguir ganando dinero, es decir : El USUARIO acepta desde ya que la empresa X pueda ceder los créditos que tenga o llegare a tener en contra del USUARIO bajo este contrato (Cesión y Créditos Cedidos) o esta otra El USUARIO Confiere mandato especial, irrevocable y gratuito a la ADMINISTRADORA, para que esta última, por medio de sus mandatario y actuando en su nombre y representación, sea notificado de la cesión total o parcial de los créditos. Las autoridades no pueden desentenderse de esta problemática ya que sabían, ¿hace cuánto denunciaron cláusulas abusivas en los bancos?. Las casas comerciales tienen bancos o financieras encubiertas y nadie fiscaliza. Trabaje 14 años en una casa comercial y se de lo que hablo.
No se olviden el mejor negocio de las casas comerciales es el crédito y la cobranza.
Ahora hay que mirar el futuro. Lo que le pase a la Polar hoy afectará mi pensión. Creo que hay que salvarla, ¿como? comprando y los que deben, pagando.
Hubo un caso conocido por la opinión pública hace casi 10 años: la empresa Rabié S.A. fue auditada por el SII a raíz de una denuncia de fraudes contables en el año 2002. El Informe del SII emitido a fines de ese año, determinó que habían Libros Contables adulterados en sus saldos y, curiosamente la principal cuenta era la de Cuentas por Cobrar o Deudores. En un sólo ejercicio este saldos fue abultado ficticiamente en casi $ 1.000.000.000. Pero la diferencia (al parecer) es que La Polar solamente adulteraba las Cuentas por Cobrar, en cambio, en la empresa Rabié S.A. el SII descubrió que además se abultaban fraudulentamente los saldos de las Cuentas de Existencias de Mercaderías. Luego, con esta dos cuentas millonariamente abultadas, los resultados de la Balances eran estupendos, violando el Art. 157 de la Ley de Bancos y el Art. 59 letra a) de la Ley de valores. En ese entonces, se gestó rápidamente una red de protección para salvar a la empresa infractora, encabezada por la clase empresarial (que sabía que otros empresarios hacían lo mismo), la clase política e incluso protección a nivel gubernamental. Este caso todavía se encuentra en los tribunales de justicia, adonde fue a parar producto de las defensas de una empresa con poder y dinero, a través de querellas por injurias y acusaciones de robos que no ha podido aun acreditar. Hago presente este caso que ha estado "sumergido" por casi 10 años, por la similitud con el caso La Polar, intentando dejar en claro que estas prácticas fraudulentas han sido siempre utilizadas por empresarios deshonestos.