Los otros muertos de los asesinos de Jaime Guzmán

Roberto Fuentes Morrison, el Wally: La negra historia de un Comando

Dieciocho impactos de bala acabaron con la vida de Roberto Fuentes Morrison, conocido como Wally comandante (R) de escuadrilla FACh. Antes de abordar su camioneta Chevrolet C-10 fue acribillado a la salida de su casa en Lo Plaza 186. Eran las 8:57 del 9 de junio de 1989.

Ricardo Palma Salamanca era uno de los seis fusileros del FPMR-Autónomo que realizaron la emboscada. Asesinaron a Fuentes Morrison pocos días antes de que venciera el plazo de su sentencia de muerte, dictada el 2 mayo, por la dirección nacional del FPMR-A a través de un comunicado en el que se llamó a terminar con la total impunidad de que gozaba Fuentes Morrison por parte de la justicia. Había sido absuelto de su participación en múltiples secuestros y asesinatos que protagonizó como uno de los jefes del llamado “Comando Conjunto Antisubversivo”.

En 1984, transcurridos ya once años del régimen militar, los integrantes del Comando Conjunto se sentían satisfechos. Cuando se hablaba de represión, sólo se mencionaba a la DINA. Casi nadie sabía de su existencia y menos los nombres de sus agentes. Hasta que en agosto de ese año, uno de sus integrantes, el suboficial de la FACh Andrés Valenzuela, se acercó a la periodista Mónica González (hoy directora de CIPER), quien trabajaba en revista Cauce. “Ya no soporto el olor a muerto”, le dijo y le confesó como fueron torturados y asesinados los hombres que pasaron por las cárceles secretas del organismo.

Una vez que su testimonio fue judicializado, comenzarían a surgir decenas de casos que involucrarían de manera directa a Fuentes Morrison y a varios altos mandos de la Fuerza Aérea, Carabineros y la Armada, todos integrantes del Comando Conjunto. El proceso estuvo a cargo del juez Carlos Cerda y terminó abruptamente cuando se le ordenó aplicar la Ley de Amnistía. Cerda se negó, por lo que sería castigado. Pero el expediente quedó en los tribunales. La historia ya estaba escrita.

Los primeros paso del “Wally”

A fines de 1974 se reestructuraron los servicios de inteligencia del régimen de Pinochet. Algunos miembros del antiguo Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), entre ellos Valenzuela y el Wally, pasaron a conformar la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), cuyo objetivo sería desarticular al MIR y al Partido Comunista.

El general Enrique Ruiz Bunger se hizo cargo del nuevo organismo. La coordinación se estableció desde el edificio de calle Juan Antonio Ríos N°6. Allí apareció Roberto Fuentes Morrison como oficial de reserva de la FACh. Su tarea: la sección Declaración del Historial del Personal (DHP), encargada de evitar la infiltración izquierdista en la Fuerza Aérea.

Fuentes se reunía periódicamente con los otros DHP de las FF.AA.: Álvaro Corbalán, por el Ejército; Daniel Guimpert, por la Armada y Manuel Muñoz Gamboa, por Carabineros. Bajo esa pantalla institucional se coordinaba la acción represiva del Comando Conjunto.

Para este fin la DIFA dispuso de la instalación clandestina de distintos centros de detención y tortura de prisioneros, a los que el Wally llegaba periódicamente con su cargamento. Uno de los primeros fue un hangar de la Base Aérea de Cerrillos.

“Nido 20” y “Nido 18” fueron otras dos cárceles clandestinas del “Comando Conjunto”. En ellas Fuentes Morrison era visto con frecuencia. Algunos jóvenes de Patria y Libertad -grupo de ultraderecha que integró cuando fue un activo opositor del gobierno de Salvador Allende-, que participaban de las operaciones del comando represor, lo seguían como su jefe. Valenzuela relató cómo operaban:

-En el “Nido 20” murió un hombre al que llamaban “camarada Díaz”. Llegó en una oportunidad un grupo de gente que al parecer era de Patria y Libertad, al mando de Wally. Empezaron a interrogarlo sobre armamento… le pegaban bastante. Eran alrededor de nueve hombres que le daban duro, entre todos. Cuando se fueron, con otro guardia nos acercamos y constatamos que estaba muerto.

El nuevo jefe del comando

Cuando Roberto Fuentes Morrison se convirtió en el nuevo jefe del comando represor, luego de la abrupta salida de Edgar Ceballos por un conflicto con la DINA, decidió ocupar un nuevo recinto para la detención y tortura de prisioneros: la recién creada cárcel militar “La Prevención”, en la Base Aérea de Colina. De allí en adelante sería conocida como “Remo Cero”.

La suerte de los detenidos dependía de la decisión de un solo hombre. Roberto Fuentes Morrison, el “jefe”, era quien decidía si a un detenido se lo exterminaba o se lo dejaba vivo. A fines de 1975, un día en que Andrés Valenzuela se encontraba de guardia en “Remo Cero”, llegó una furgoneta Citroen y una camioneta C10, abierta:

–Wally me ordenó echar arriba de la camioneta chuzos y palas, unas metralletas AKA y varios litros de combustible. Después, nos pasó una lista de detenidos…En esa lista figuraban Ricardo Weibel, Ignacio González y Miguel Ángel Rodríguez, entre otros –confesó Valenzuela.

Días después Valenzuela se enteró por los relatos de los hombres del organismo que a los prisioneros los habían asesinado en terrenos militares de Peldehue y luego los habían quemado.

“Remo Cero” se cerró en marzo de 1976 por un incidente con la DINA. El comando represor se mudó a las dependencias de una vieja casa de calle Dieciocho 229, en la ex sede del diario El Clarín, la que fue llamada “La Firma”. Un periodo en que se intensificó la acción destinada a aniquilar al PC.

La detención del militante de las juventudes comunistas Carlos Contreras Maluje marcaría el fin del Comando Conjunto. Cuando lo sacaron para preparar una emboscada contra uno de sus compañeros, Contreras se lanzó a la calle pidiendo auxilio. Un carabinero intentó infructuosamente ayudarlo –esa misma noche Contreras sería asesinado y enterrado en la Cuesta Barriga–, pero anotó la patente del auto que se lo llevó.

La investigación determinó que pertenecía al vehículo Fiat 125 celeste de la DIFA, asignado para el uso personal del general Enrique Ruiz Bunger, entonces jefe de gabinete del general Gustavo Leigh, integrante de la Junta de Gobierno. La alarma roja se activó en la Junta. Manuel Contreras, jefe de la DINA, exigió que se pusiera fin al Comando Conjunto. Sus cárceles se cerraron, algunos prisioneros fueron liberados, otros asesinados y los archivos pasaron a la Dirección de Inteligencia de Carabineros, que siguió funcionando en calle Dieciocho, en la ex sede del diario Clarín.

Cerrado este capítulo, Roberto Fuentes Morrison siguió una carrera ascendente en la FACh que lo llevó a ostentar el cargo de comandante de escuadrilla. Era un protegido. De hecho, cuando se conoció en 1984 la confesión de Andrés Valenzuela, fue enviado de inmediato como agregado a la embajada de Chile en Sudáfrica. Hasta que en 1987 se retiró de la institución.

En 1989, cuando la dictadura de Pinochet emprendía su retirada para darle paso a la transición democrática, el Wally vivía sin sobresaltos dedicado a los negocios. A pesar de confirmarse la veracidad de la confesión de Valenzuela y de las decenas de testimonios de sobrevivientes que lo reconocieron, la justicia lo dejó libre.

Su atención se concentraba en la fábrica de su propiedad “Ñanque Limitada”, ubicada en Vicuña Mackenna 1887, donde producía partes y piezas de armas y explosivos. Como cada mañana, aquel 9 de junio hacia allá dirigía sus pasos cuando los seis frentistas le salieron al paso. No alcanzó a desenfundar la pistola Browning 9 mm que siempre cargaba en su cinto y tampoco pudo subirse a su camioneta, curiosamente del mismo modelo y marca que usaba la DIFA para la captura y traslado de sus prisioneros.

Luis Fontaine Manríquez: Un blanco a aniquilar

Eran cerca de las 13:30 horas del día 10 de mayo de 1990. Luis Duque Raúl Fontaine Manríquez aguardaba la luz verde en el taxi en el que viajaba junto a su secretaria Margarita Mardones, en calle Santa Isabel a escasos metros de la esquina de Portugal. De pronto 2 escolares que venían caminando por la vereda sur se aproximaron al vehículo desde atrás.

En un rápido y sorpresivo movimiento, los jóvenes desenfundaron sus armas y comenzaron a impactarle disparos a su objetivo. 18 tiros de balas 9 mm blandieron el cuerpo del retirado coronel de Carabineros. Su mandíbula y su cráneo quedaron totalmente destrozados.

Sus pistoleros, disfrazados de estudiantes secundarios, fueron 2 miembros del FPMR Autónomo. De los más legendarios. Ricardo Palma Salamanca, el Negro, y Raúl Escobar Poblete, Emilio, una dupla letal que ya era de temer, especialmente para los violadores a los derechos humanos que gozaban de impunidad. Juntos habían participado en el comando que asesinó al Wally.

Esta vez fue el turno del fundador del OS-7 de Carabineros. Según consta en las páginas de El Mercurio de la época, una semana antes de su muerte Fontaine convocó a una conferencia de prensa en la que declaró que “no le tengo miedo al FMR (sic) ni al Lautaro ni a ningún grupo armado”. En la ocasión, además, se referió al fallo del juez militar que lo absolvió de todo cargo en la muerte del universitario Carlos Godoy Echegoyen, militante del Partido Socialista (PS).

Ya en aquel entonces era uno de los blancos fijados por la dirección nacional del FPMR. Precisamente porque fueron agentes miembros de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) los que mataron a Godoy, luego de infringirle una brutal tortura, el 22 de febrero de 1985. Y Fontaine era nada menos que el director del mencionado servicio de inteligencia desde el año 1984.

Pero hubo un hecho anterior a este que inscribió a Fontaine dentro de la lista de principales violadores a los derechos humanos. Un caso bullado, que a la larga lo depositarían entre los objetivos a aniquilar por la fracción autónoma del Frente.

La impunidad de un represor

El 30 de marzo de 1985 aparecían degollados por un corvo los cuerpos de Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos, todos miembros del Partido Comunista. A los dos últimos los habían secuestrado desde la puerta de acceso al Colegio Latinoamericano de Integración, un día antes, donde Parada era apoderado y Guerrero profesor.

La noche del 29, los tres detenidos fueron torturados en “La Firma”, el cuartel de la Dicomcar de calle Dieciocho, el mismo que había utilizado previamente el comando de Roberto Fuentes Morrison.
Para la investigación del hecho se designó como ministro en visita al juez José Cánovas Robles, quien desde un primer momento estableció que el crimen era responsabilidad de Carabineros.

Todos eran agentes de la Dicomcar. El organismo lo dirigía Luis Fontaine, quien recibía órdenes directas del entonces director general de Carabineros César Mendoza, también miembro de la Junta Militar.

Los primeros procesamientos de Cánovas abrieron la posibilidad de enjuiciar a agentes represores durante la dictadura y de descubrir los posibles nexos que los vinculaban al Comando Conjunto. Esta posibilidad se cerró el 16 de enero de 1986 cuando la Tercera Sala de la Corte Suprema estimó que los antecedentes no eran suficientes para establecer la participación de Fontaine en el secuestro de 4 profesores y una secretaria de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), ocurrido justo antes del plagio de Guerrero, Parada y Nattino.

Se cerraba, temporalmente, el caso y el proceso no arrojaba ningún responsable. Pero los efectos colaterales se habían dejado sentir en la institución. César Mendoza tuvo que renunciar a su cargo de director general de la policía uniformada y debió abandonar la Junta Militar.

Una suerte similar había corrido Fontaine, llamado a retiro a mediados de 1985. Casi 5 años más tarde, Fontaine se había reinventado como gerente de la industria de luminosos de neón “Riesco y Cía”. Aquel 10 de mayo había salido desde su oficina junto a su secretaria hacia calle Santa Isabel para abordar un taxi. Ahí lo esperaban sus verdugos.

Vestidos de escolares se confundieron con los numerosos colegiales que a esa hora salían de sus clases desde distintos establecimientos del sector. Por eso nadie se alarmó en el instante en que se acercaron al automóvil que transportaba a Fontaine. La sorpresa y la alarma llegaron tarde. Los disparos empezaron a salir alternadamente desde la subametralladora y la pistola semiautomática, ambas cargadas con balas de calibre 9mm.
Cumplido el objetivo, ambos arrancaron por calle Santa Isabel en dirección poniente, acertando un nuevo logro en la campaña “no a la impunidad” iniciada con la muerte de Fuentes Morrison.

Los fusileros tendrían una suerte dispar en su futuro. Mientras Emilio nunca fue detenido ni por esta ni por las diversas acciones subversivas en las que participó, Palma Salamanca cayó en 1992 por esta operación. Fue sentenciado en septiembre de 1994 a 15 años de presidio por homicidio calificado.
Un año antes del asesinato de Fontaine, en mayo de 1989, la justicia había reabierto el llamado caso Degollados. Un nuevo ministro en visita, el juez Milton Juica, sería el encargado de investigar la muerte de Parada, Guerrero y Nattino. La Corte Suprema dictaría el fallo definitivo en octubre de 1995, condenando a 16 implicados al caso, incluyendo cinco cadenas perpetuas.

Víctor Enrique Valenzuela Montecinos : El escolta de Pinochet

Si uno analiza los ajusticiamientos de Roberto Fuentes Morrison y de Luis Fontaine, hay un punto en común que explica por qué fueron blancos del FPMR: ambos participaron directamente en actos de violación a los derechos humanos durante la dictadura militar.

En el caso de Víctor Valenzuela Montecinos los motivos son algo más difusos. Tal vez el haber sido “escolta de avanzada” de Augusto Pinochet fue el factor que terminó sentenciando la muerte de este sargento segundo de Ejército (S), incluido entre los objetivos de la campaña “No a la impunidad” de la agrupación subversiva.

Los pistoleros que se escogieron para su ejecución fueron la dupla más que fogueada que conformaban el Negro Palma y su jefe y compañero de misiones, Emilio.

La acción ocurrió el 26 de octubre de 1990. Temprano en la mañana, al dejar la casa de seguridad en la que pasaron la noche, Emilio le entregó a Palma un revólver calibre.38mm, cargado con 5 balas, y abordaron el taxi Peugeot 504 que habían robado el día anterior para concretar la operación.

Emilio condujo el vehículo con la patente adulterada FB1417, mientras su acompañante se subió en el asiento trasero con la cabeza hundida. Se estacionaron en una calle de tierra y caminaron por una calle paralela a Departamental hasta Maratón, en la intersección con el pasaje Pedro Rezka, en la comuna de Macul. A la entrada del pasaje esperaron por su víctima. Emilio adelante y Ricardo Palma Salamanca a sus espaldas.

Era temprano. Cerca de las 07:15 horas. De pronto, desde la casa ubicada en el número 2020 de Pedro Rezka apareció un hombre de civil, vestido con una casaca de cuero negra, camisa blanca y blue jeans. Emilio le indicó que él era el ex agente CNI al que iban a liquidar.

En su declaración extrajudicial, adjunta a fojas 118 del proceso, Palma Salamanca describió cómo su compañero se acercó por un costado y desenfundó su pistola calibre 9mm:

-Comienza a dispararle por el lado izquierdo. Mientras el sujeto iba cayendo le siguió disparando al cuerpo, casi encima de él, para luego rematarlo cuando éste estaba en el suelo.

En aquel momento el Negrose encontraba detrás de Emilio cuidándole las espaldas:

-Disparé en varias oportunidades con revólver al aire para luego salir corriendo con mi jefe- relató Palma.

Comenzaron su huida hacia el taxi Peugeot. Nadie los detuvo en su fuga. Tal como en el ajusticiamiento a Fontaine, los movimientos fueron veloces y letales. Pero ahora siete impactos de bala les bastaron para fusilar al suboficial experto en explosivos. Siete disparos certeros y fulminantes.

La segunda fue la vencida

No era la primera vez que Víctor Valenzuela se encontraba cerca de la muerte por culpa de miembros del FPMR. En 1986 fue uno de los escoltas que componían la comitiva de Pinochet en el frustrado atentado en el Cajón del Maipo.

Aquella vez salió ileso. Cuatro año más tarde la fortuna no estuvo de su lado. Murió a los 36 años, habiendo desarrollado casi toda su carrera militar en tiempos de dictadura.

En 1973 ingresó al Ejército como soldado conscripto en la escuela de Caballería y egresó en 1975 como cabo segundo del Arma de Ingenieros. Al año siguiente comenzó a desempeñarse en la unidad de antiexplosivos de la Dirección de Inteligencia del Ejercito (DINE), a la que se dirigía cuando fue emboscado por sus fusileros.

Todas las investigaciones de su muerte apuntaban a que fue Emilio el único que le propinó impactos de bala. Así al menos indicaba la declaración extrajudicial de Ricardo Palma Salamanca. Pero surgió un informe del Laboratorio de Criminalística de la PDI que dio un vuelco a esta hipótesis.
El informe realizado por la Sección Balística fue enviado a la Cuarta Fiscalía Militar con fecha 4 de enero de 1991. Llevaba las pericias sobre tres proyectiles extraídos del cuerpo de Valenzuela. Dos de ellos correspondían a balas 9mm de percutidas por una pistola, mientras que el otro era de calibre 38mm proveniente de un revólver.

La conclusión saltaba a la luz. Los disparos habían sido perpetrados por dos armas diferentes. Y aquel proyectil 38mm salió percutido desde el revólver que portaba el Negro Palma. Evidencias que llevaron a la justicia a determinar la sentencia de 15 años de prisión contra Ricardo Alfonso Palma Salamanca.