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Patricio Souza, juez de garantía con diez años de experiencia, advirtió del hacinamiento de las cárceles por múltiples vías. Lo mismo hizo la mayoría de los magistrados del Centro de Justicia. Después de la tragedia de San Miguel, Souza no puede creer que aún se insista en que la solución sea construir más cárceles. El director de la Asociación Nacional de Magistrados afirma que esa vía sólo garantiza vivir en el infierno pues la clientela de los penales está compuesta por jóvenes que abandonan las escuelas. El esfuerzo de un Estado decente, dice el juez, debe ser batallar por retener a los jóvenes en el sistema educativo y no sólo construir más recintos penitenciarios. Y plantea una segunda prioridad: revisar todo el Código Penal “porque hay una desproporción total en las condenas”.

Además: Fiscal de la Suprema: “Habría que construir una cárcel al año para mantener el hacinamiento”

Durante los últimos 15 años el combate a la delincuencia ha sido el arma política más efectiva. Los jueces de garantía han sido un blanco más al ser señalados como responsables de un sistema punitivo que no atornilla para el lado correcto. Y también como culpables de mantener funcionando “la puerta giratoria” de la delincuencia gracias a la cual los malos muy pocas veces llegan a la cárcel. El incendio de la cárcel de San Miguel ha mostrado dramáticamente que ese slogan no era cierto.

Frente a las historias de los 81 muertos en el incendio del 8 de diciembre, los ciudadanos que creyeron en esa caricatura ven ahora un sistema carcelario sobrepoblado a un punto crítico que ha hecho que los chilenos tengamos más presos por habitante que Brasil. Un país en el que se acaba de librar una guerra en las favelas.

Durante estos años, Patricio Souza, juez de garantía con diez años de experiencia, al igual que la mayoría de los magistrados que cumplen esas funciones, advirtieron del hacinamiento de los penales chilenos. Por ello, Souza –quien es director de la Asociación Nacional de Magistrados- no puede creer que aún se insista en que la solución sea construir más cárceles. Afirma que por esa vía sólo se creará un país cada vez más invivible pues la cárcel es una institución que invariablemente se llena al tiempo que las escuelas públicas tienden a vaciarse.

Para el juez Souza hay vasos comunicantes entre ambos espacios. Los que abandonan las escuelas tienden a terminar en la cárcel. Por ello, el esfuerzo de un Estado decente sería batallar por retener a los jóvenes en el sistema educativo. Lo otro sólo nos garantizará vivir en un infierno, concluye.

-Hace un año, en la campaña presidencial, los candidatos denunciaban la existencia de una puerta giratoria que permitía que muchos delincuentes nunca llegaran a la cárcel. Hoy reclaman que las cárceles están llenas, que el sistema está colapsado. ¿Qué le parece ese vaivén de la clase política?
Como operador del sistema no puedo sino valorar que por fin exista preocupación respecto del sistema carcelario. Hay que decir, sin embargo, que lo que sucedió en la cárcel de San Miguel no puede sorprender a nadie. Las circunstancias en que se encuentran los reclusos hoy en Chile era conocida por todos desde antes de la campaña presidencial. El Poder Judicial con sus diferentes estamentos, desde la fiscal de la Corte Suprema hasta los jueces de garantía, informamos en numerosas ocasiones sobre las condiciones infrahumanas que se vivía en los penales. Hay informes semanales de la situación carcelaria porque los jueces de garantía tenemos la obligación de hacer visitas semanales a las cárceles. Es decir, la información siempre ha estado disponible para quién quisiera verla. Y esa información muestra que en los últimos 10 años (2000-2010) el crecimiento carcelario fue de un 15% anual. Una cifra demasiado elocuente como para no advertir la situación que se estaba incubando.

-Entonces, una de las enseñanzas que se puede sacar de esta tragedia para las futuras campañas políticas, es que nunca hubo “puerta giratoria”, de lo contrario no se explica que a pesar de los penales nuevos, tengamos los actuales niveles de hacinamiento.
Así es. La puerta giratoria es un slogan que ha inundado la discusión publica sobre el delito durante estos últimos 10 años. Y es una caricatura. Desde un principio los jueces de garantía dijimos “ojo, miren las cifras, estamos encarcelando a muchas personas”. Yo fui a múltiples entrevistas en las que decía: por favor no me hablen de “puerta giratoria”, miren las cifras, las cárceles están llenas. Hoy Chile tiene uno de los niveles de encarcelamiento más altos del mundo, con 320 encarcelados cada 100 mil habitantes. Dimos muchas alertas de lo que estaba pasando. Recuerdo que en 2007 vivimos una situación muy particular que los jueces de garantía hicimos presente: en marzo de ese año se inauguró “Santiago Uno” y en noviembre nos llegó un oficio de Gendarmería diciéndonos que ese penal estaba colapsado. Se demoró 9 meses en llenar sus 3 mil plazas y no se podía seguir metiendo gente ahí porque como es una cárcel concesionada, meter más presos significa multas y los costos iban a aumentar mucho.

-Siendo bien sintético: ¿la puerta giratoria era una mentira electoral?
No me voy a meter en la cuestión política, pero sí creo que fue una caricatura que se difundió porque nadie se dio el trabajo de ver los estudios disponibles. Cerraron los ojos ante esa información. Y a nosotros que reclamábamos por estos temas nos hacían acusaciones muy graves.

-En 2007 un grupo de jueces de garantía debatió con el senador Alberto Espina. Él los acusaba justamente de fomentar la puerta giratoria.
Efectivamente, recibimos múltiples acusaciones públicas. No sé si fue ese senador el que lo dijo, pero a quienes reclamábamos por cómo estaba operando el sistema se nos decía que éramos un peligro para la seguridad de la sociedad, que no cumplíamos con la ley, que dejábamos libres a las personas porque no hacíamos bien nuestro trabajo. En un debate con el senador Espina yo fui el presentador y participaron los jueces María Francisca Zapata y Francisco Gallardo. Se nos acusó derechamente de no cumplir con la ley y de no encarcelar a la gente cuando debía ser encarcelada. Todo esto ha quedado desmentido de este modo terrible. Ahora se ve que la situación es totalmente distinta a como se presentaba ahí: a través de la caricatura de la puerta giratoria.

-Hay liderazgos políticos que se han construido y han crecido casi únicamente voceando el combate a la delincuencia. Y de todas las corrientes políticas.
Exactamente. Aquí no hay una imputación a sólo un sector político. En todos los sectores ha habido manifestaciones de “populismo punitivo”, una situación que está bastante estudiada afuera y que consiste en usar el temor que tiene la gente a la delincuencia con fines políticos. Y en Chile se creó un discurso, una caricatura, en la que los jueces que velábamos por las garantías dejábamos a todos libres. Pero la situación carcelaria era otra. Y nosotros lo dijimos en innumerables oportunidades, pero no había condiciones políticas y sociales para ser escuchados. Espero que luego de esta tragedia sea posible realizar una política pública acorde con la realidad.

-Al parecer, la lección que están sacando las actuales autoridades es que lo que hay que hacer es construir más cárceles.
¡Por favor! Hay estudios que muestran que si usted construye más cárceles lo que va a hacer es llenar más cárceles. En los últimos 10 años se construyeron al menos 6 establecimientos penitenciarios. Y todos están llenos. Además, el hacinamiento que había en 2000 no se redujo con los nuevos penales, sino que aumentó. Por lo tanto la solución no fue eficiente. Claramente construir más cárceles significa llenar más cárceles y hacer el problema aún más enorme.

-¿Y si se construyen cárceles modulares?
Se van a llenar más rápido. Entiendo que habrá que construir más cárceles porque la situación es muy mala. Si en San Miguel era mala, en la ex Penitenciaria es peor. Pero eso no es lo central. El tema es otro: primero, hay que tener políticas sociales para evitar el ingreso de los jóvenes al mundo de la delincuencia. Por lo que he visto en mi experiencia como juez, los jóvenes que llegan a cuarto medio difícilmente delinquen. Si usted va a una audiencia penal adolescente va a encontrar que el 95% de los que llega ahí desertó del colegio tempranamente. Aunque sea de mala calidad, la educación es una herramienta socializadora para impedir el ingreso de los jóvenes a la delincuencia. Esa es la vía. No más cárceles. Estoy convencido de que si usted revisa la historia de los 81 muertos en San Miguel, con suerte va a encontrar alguno que llegó a octavo.
Lo segundo: hay que hacer entender que la cárcel no es la única respuesta del derecho penal. Tiene que haber respuestas alternativas distintas que tengan como focalización fundamental la reinserción. Por ejemplo, con los primerizos se tienen que hacer todos los esfuerzos para impedir que reincidan. Eso supone que cuando se les conceden los beneficios de la remisión condicional de la pena o la libertad vigilada, debe haber una intervención estatal muy fuerte para que no vuelva a cometer un delito. Pero hoy la reincidencia es altísima, supera el 60%. ¡Hay que detener la avalancha de jóvenes que empiezan en la actividad delictual!

-Uno de los muertos de San Miguel, estaba ahí por una condena por piratería de CD’s. Haberlo mandado a esa cárcel hacinada, ¿no es una desproporción? Lo digo pensando en los otros condenados por delitos menores que van a seguir llegando a cárceles indignas y colapsadas.
Bueno, obviamente todo el Código Penal debe ser revisado porque hay una desproporción total en las condenas. Hay que establecer una cierta racionalidad y revisar las formas de cumplimiento, lo que significa poner penas diferentes al encarcelamiento. No conozco el detalle del caso que me dice, pero imagino que no tenía los requisitos para acceder a penas alternativas. Con un sistema más racional quizás esa persona hubiera cumplido otras penas y no cárcel. Esto tiene que revisarse: las penas y el abanico punitivo tiene que ampliarse.

-Hay algo que me parece preocupante y es la reacción de mucha gente en los debates en Internet. Personas que declaran anónimamente que están felices porque hay 81 flaites menos. Pareciera que esa sensación es bastante más extendida de lo que nos atreveríamos a admitir como país civilizado.
Es posible. Y sin duda eso tiene que ver con que en los últimos 10 ó 15 años ha habido un discurso claramente dirigido al encarcelamiento de las personas como única respuesta que los jueces deben tener respecto de la comisión de los delitos. Sobre esa base pasaron muchas cosas: se crearon caricaturas para los efectos de describir el sistema y se dispuso una serie de decisiones legislativas que fueron endureciendo tanto las penas como la prisión preventiva. Eso también causó una presión al sistema muy grande. La fiscal de la Corte Suprema dijo que si construimos una cárcel al año lo único que vamos a hacer es mantener el hacinamiento. No soluciona lo que hay ahora. Y ni siquiera se construye una cárcel al año. Entonces esto va a seguir subiendo, subiendo y subiendo. (Ver entrevista: Fiscal de la Suprema: “Habría que construir una cárcel al año para mantener el hacinamiento”)
Esto no quiere decir que la delincuencia no sea un problema real y que ha aumentado. El problema es que el temor que siente la gente es muy superior a ese crecimiento. Ha existido un discurso político que ha hecho crecer ese temor y luego se ha legislado para frenar el miedo. Por favor, lea el mensaje del Ejecutivo cuando envía la llamada “Agenda Corta” que endureció la persecución penal (Enviada en 2008 por la administración Bachelet). El mensaje de esa ley dice que la delincuencia no ha aumentado demasiado pero el temor a la delincuencia hay que atenuarlo y ese es el fundamento de esta ley.

-La propuesta es entonces combatir la percepción sobre la delincuencia y no los hechos mismos.
Claro, está basada en el temor a la delincuencia más que en la realidad de los delitos. Ese no es el rigor con que deben hacerse las cosas. ¡Se llegó a legislar sobre esta base más que en la realidad! Lo peor es que las cifras reales siempre estuvieron disponibles.

Después del incendio, todo sigue igual en el Centro de Justicia

Por Juan Pablo Figueroa, CIPER

Jorge González y los hermanos John y Janson Baez parecen unos niños allí sentados con las muñecas esposadas en una sala de audiencias del Centro de Justicia. Los tres son mayores de edad, pero observan a la fiscal Leda Astorga con cara de adolescentes arrepentidos mientras ella solicita que cada uno de ellos pase los próximos 15 años y un día en un sistema carcelario colapsado. Están ahí por poco más de $340 mil que obtuvieron al asaltar un supermercado en la comuna de San Joaquín y que permanecieron en su poder sólo unos segundos. Es el viernes 10 de diciembre y en unos instantes los jueces dirán su veredicto. El presidente del tribunal toma el micrófono y los declara culpables. Pero no de uno, sino que de dos asaltos. Ambos, en menos de cinco minutos y en el mismo lugar.

-Pido perdón a los jueces y a los abogados por hacerles perder hoy el tiempo con nosotros y a las personas que pudieron haber salido perjudicadas. Nunca quisimos hacerle daño a nadie –dice John Baez al terminar los alegatos finales.

Ese viernes 15 de enero de 2010, los tres jóvenes también actuaron como niños. Eran las 18:00 horas cuando entraron al supermercado con un revolver que parecía de verdad, pero que no lo era. Mientras uno apuntaba al guardia y le decía que se quedara en el suelo, los otros saqueaban una caja. Demoraron sólo unos segundos antes de salir corriendo con el botín por la puerta trasera del local. Las cámaras de seguridad lo registraron todo: su entrada, el robo y su huída. También su retorno. No habían pasado dos minutos cuando volvieron con un cuarto joven, sometieron de nuevo al guardia y asaltaron a otra cajera. Cuando salieron ya era tarde: los carabineros los esperaban afuera. El cuarto logró escapar.

Hasta ese día sólo John tenía antecedentes: en 2008 fue condenado a 61 días por tráfico. Y aunque ese mismo año Jorge fue multado por consumo de drogas, él y Janson tenían sus papeles limpios. El próximo miércoles 15 los jueces leerán su fallo y, aunque no es seguro que se acepten las condenas pedidas por la fiscal Astorga, es muy probable que se sumen a los casi 53.000 presos que hacinan las cárceles del país.

Dos salas más allá está Danilo Cortez. Lo trajeron desde Santiago Uno donde cumple prisión preventiva desde el 31 de julio de 2009. Se ve temeroso. Y se entiende. Aunque cayó detenido en medio de un operativo por tráfico de drogas junto a otras 15 personas de Villa La Serena, en La Granja, es el más comprometido de los seis que están allí sentados y engrillados bajo la supervisión de seis gendarmes. A Cortez, el fiscal Christian Toledo lo quiere encarcelar por tráfico y posesión ilegal de armas. Por el primer delito pide una condena de dos años. Dice que le vendió a un carabinero encubierto dos papelillos con 400 miligramos de pasta base en $3.000; que en escuchas telefónicas y en la investigación se lo identificó como “soldado” del grupo que lideraba el cargador de La Vega, Oscar Tobar, y en el que participaban su esposa, su hija, otra mujer y Danilo. Cuando lo detuvieron no le encontraron drogas, pero sí una pistola modelo 75 de 9 mm, un revolver Smith & Weason, una escopeta, un cañón doble y municiones. Por esto, el fiscal pide que lo encierren siete años. Danilo no tiene antecedentes y el 26 de diciembre cumplirá 24 años.