La vida en Europa de los presos condenados a extrañamiento por delitos terroristas

Llegó la democracia y ellos cambiaron la cárcel por el extrañamiento, sabiendo que si pisan su tierra, quebrantan una pena y pueden ser encarcelados. Ya han perdido parte del acento chileno, pero no los chilenismos ni los ánimos de reivindicar su lucha armada. Mientras en Chile se modifica la Ley Antiterrorista con la que se les condenó en los ochenta, tres de los nueve presos del régimen militar que cumplen condenas de extrañamiento plantean su deseo de regresar.

En el pasaporte finlandés que Hugo Marchant (57 años) ocupa para viajar, no figura Manuel, aunque esa sea el nombre con el que fue conocido cuando era un militante clandestino del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Tampoco dice nada de Adolfo Arriagada, el apodo que usaba para evitar que lo detuviera la policía en la época en que su actual mujer, Silvia Aedo (55 años), con quien vive en Tampere, Finlandia, se enamoró de él. Menos aún se menciona a Coyote, como le decían en los ’80, cuando estuvo preso en la Cárcel Pública de Santiago. Lo que sí aparece escaneado en el código de su pasaporte es que puede entrar sin problemas a todos los países del mundo, menos a Chile.

Por lo menos hasta el 2017, cuando se cumplan 25 años desde que el gobierno de Patricio Aylwin le conmutara un presidio perpetuo y 122 años de prisión por el extrañamiento en Finlandia. A él y a 28 presos políticos pertenecientes al MIR, al Movimiento Lautaro y al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), acusados de haber participado en delitos calificados de terroristas. Otros fueron enviados a Noruega, Suecia y a Bélgica por periodos que dependían de los cargos en su contra.

Pero los años de extrañamiento que a Marchant y a los otros les restan por cumplir, podrían haber sido menos si sus casos se hubiesen acogido a un indulto bicentenario que el Presidente Sebastián Piñera rechazó el pasado 25 de julio.

POR LA RAZÓN Y LAS ARMAS

Hugo Marchant reconoce que participó en el homicidio del ex intendente de Santiago Carol Urzúa en 1983. Sólo acota que prefiere llamarlo “ajusticiamiento”:

-Matar es un acto inhumano. Lo que nosotros hicimos fue un acto de justicia -dice a través de un video llamado desde su casa en Finlandia.
Tiene el pelo largo, igual que cuando era clandestino. “Fue un operativo muy celebrado por el pueblo, porque caía un agente de la represión”, dice sin disimular su orgullo. Y justifica el uso de las armas, en esa y en otras operaciones en las que participó siendo mirista.

Otros ocho ex presos por delitos terroristas siguen repartidos por Europa cumpliendo sus penas de extrañamiento.

Jorge Escobar (43 años), Omar en la clandestinidad o el Rucio -como lo conocieron sus compañeros lautaristas-, fue capturado en 1989 por participar en el homicidio de una niña de 5 años y de un carabinero durante un asalto a una tienda en Santa Rosa. Escobar prefiere hablar de “recuperación”. “Yo asumo políticamente las acciones del MAPU-Lautaro porque fui parte de ellas. Nunca asesinamos sólo por asesinar”, dice desde Noruega, donde vive hace 16 años.

Durante ese mismo tiempo Héctor Maturana (44 años) ha vivido en Bélgica, después de que fuera encarcelado por participar en el atentado a Pinochet en 1986. “Fue un acto de resistencia a la dictadura”, dice, con un acento que ha definido como frañol: “Una mezcla media rara entre el francés y el español”.

PREPARACIÓN MILITAR

Mientras militaba en las filas del MIR en los ‘80, Hugo Marchant recibió preparación política y militar en Austria y en Cuba. En 1980 conoció a Silvia, que tenía dos hijos de su matrimonio anterior y que asumió los riesgos que implicaba ser su pareja. “Yo sabía perfectamente que él estaba clandestino, pero no era importante”, dice Silvia.

Marchant siempre estuvo al filo de ser detenido. “El miedo es una cosa viva, y siempre vivimos con eso. Veía un paco y me corría algo heladito en todo el cuerpo porque pensaba que andaba detrás de mí”, dice. Y así fue, porque una semana después del asesinato a Urzúa, la policía dio con su paradero: Hugo, Silvia y Javiera, la hija de ambos de ocho meses, fueron separados y llevados a distintas prisiones en 1983. Después de dos meses, a Silvia la dejaron en libertad provisional. El mismo día que a Hugo lo condenaron a pena de muerte.

Lo del miedo latente, también lo sintió Jorge Escobar cuando vivió clandestino. Sabía –dice- que era el costo de su militancia: “Cuando uno asume una actitud de lucha en una realidad concreta, son decisiones que tomaste. Sabía a lo que iba”, dice. Mientras hacía el Servicio Militar en 1986, fue de los mejores tiradores. “El Ejército de Chile me preparó”, dice irónico. Porque sólo tres años después de terminarlo, fue capturado y condenado a prisión por los mismos que le enseñaron a ocupar las armas.

De los tres, Héctor Maturana fue el único que no hizo el Servicio Militar, pero se las arregló para recibir preparación en el Sudeste Asiático. “Vietnam es otro nivel. Es como el top del terrorismo, por así decir”, cuenta riendo. A Héctor lo tomaron preso en 1989, en lo que llama “una misión de abastecimiento” en el sur, donde murió un carabinero. “Me dieron dos penas de muerte”, dice refiriéndose al total de condenas que tuvo, por esa, y otras acciones del FPMR.

Después de varios recorridos por distintas penitenciarías del país, Hugo, Héctor y Jorge se conocieron a principios de los ‘90 en la Cárcel Pública de Santiago. “De vez en cuando conversábamos, nos encontrábamos en las asambleas o cuando jugábamos a la pelota”, recuerda Hugo Marchant.

LAS “LEYES CUMPLIDO”

Una de las primeras tareas del gobierno de Aylwin fue solucionar el problema de los llamados presos políticos. Pese a la llegada de la democracia, era muy difícil ofrecerles un perdonazo a los cerca de 255 presos involucrados en hechos de sangre y actos terroristas. Según la Constitución de 1980, quienes estaban acusados de participar en este tipo de acciones no podían beneficiarse de ningún indulto. Así lo estipulaba la Ley de Conductas Terroristas, que acaba de ser modificada luego de la larga huelga de hambre de 34 comuneros mapuche presos en virtud de esa misma ley.

Como sea, en 1991 la solución la dieron las llamadas “Leyes Cumplido”, que permitieron dar indultos y libertades provisionales a quienes habían sido juzgados por delitos terroristas.

-Optamos por aplicarles la pena de extrañamiento que es temporal. Consideramos que había que compensarles los tratos inhumanos y degradantes a los que habían sido sometidos y les rebajamos las penas. Yo diría que se aplicó la justicia más próxima a una justicia con misericordia, porque esas personas eran responsables de delito. No eran angelitos -dice Francisco Cumplido (80 años), ex ministro de Justicia de Patricio Aylwin.

Fueron 29 los acusados por actos terroristas beneficiados por el cambio legal. Según Cumplido, a todos ellos se les iniciaron procesos nuevos. En éstos no se considerarían las confesiones hechas bajo tortura. Así, se les conmutaron las penas de cárcel por la del extrañamiento.

En 1992, Hugo, Silvia y sus hijos partieron a Varkaus, Finlandia. En 1994, Jorge partió a Oslo, Noruega. El mismo año, Héctor y Ester, una voluntaria de la agrupación “Dignidad y Justicia”, con quien contrajo matrimonio al interior de la cárcel, partieron a Bruselas, Bélgica.

ANCLADOS A EUROPA

La primera palabra que Hugo Marchant memorizó del finlandés fue “lumicola”, una pala que le sirvió como herramienta cuando, después de tres meses, consiguió su primer trabajo estable, sacando nieve en una obra de construcción.

Al principio poco le importaba el idioma. Lo fundamental era que después de nueve años en la cárcel, por fin podía estar con su mujer y sus hijos, en una casa que le había acomodado el vecindario que lo acogió.

-Me tenían organizado un trabajo y un departamento amoblado con una colecta que hicieron. Calientito, con calefacción. Hicieron una recolección y me entregaron sillones, un televisor, cocina, comida en la despensa. Yo andaba en el aire -recuerda.

Después de varios años, aprendió finlandés y pudo desempeñarse en otros oficios. Hoy no tiene problemas para encontrar trabajo. Es la mano derecha del administrador del edificio industrial donde trabaja como recepcionista.

El idioma también fue una complicación para Jorge Escobar. “Del noruego no tenía de dónde agarrarme. Me costó como cinco años adaptarme”, cuenta. La organización humanitaria que lo acogió, lo acomodó en un departamento de soltero y le consiguió un curso de idiomas. En estos 16 años ha trabajado en la construcción, cuidando enfermos y dando clases de español.

De los tres, Héctor Maturana fue el único que no tuvo una casa de acogida donde llegar. Por eso, recurrió a Marco Paulsen, un ex lautarista que cumplía el extrañamiento en Bélgica, que lo recibió a él y a su mujer en su casa. La ONU le dio un viático para costearse lo necesario para instalarse, antes de que empezara a “hacer pololitos”, pintando casas.

-He hecho de todo, hasta de jardinero. No le hago asco a nada –cuenta desde Bélgica.

Héctor rescata del exilio los interminables viajes que ha hecho por Europa. “He viajado a todos lados. A Turquía, Egipto y todos los años trato de viajar a un lugar nuevo”, cuenta. Aunque no puede regresar al país, se las ha arreglado para mantener tradiciones chilenas en casa: “Yo y mi mujer bailamos cueca con atuendo y todo. Las fiestas patrias las pasamos en mi casa con un grupo de amigos chilenos. Nosotros somos bien chilenos pa esa hueá”.

UNA PAUSA EN EL EXILIO

El 25 de marzo del año pasado, Jorge Escobar entró al país por sesenta días gracias a un permiso humanitario que consiguió para despedirse de su madre que falleció justo en ese tiempo. Cuando el permiso expiró, tuvo que volver al exilio. En esos dos meses participó en la creación de “Chile Vuelvo”, un comité que quiere acabar con el exilio político de los nueve chilenos que aún cumplen condena de extrañamiento.

El 19 de mayo de 2009 Alberto Espinoza y Alejandra Arriaza, abogados del comité, solicitaron el indulto presidencial para el lautarista, el mirista y el frentista. Ha pasado un año desde ese entonces y no ha habido respuesta.

“No creo que haya tenido conocimiento de esa solicitud. No me consta que se haya presentado. Yo creo que no llegaron a una instancia resolutiva”, dice el ex ministro de Justicia Carlos Maldonado, en ese cargo entonces. La solicitud, sin embargo, sigue en dicho ministerio. Y su estado, según lo rectifica la Subsecretaría de Justicia a través de una respuesta entregada gracias a La ley de Transparencia, es confidencial.

EL INDULTO BICENTENARIO

Este año se abrió una nueva posibilidad para los extrañados. No surgió desde el comité que los defiende. Se trata del indulto bicentenario que propuso el capellán de gendarmería Jaime Nawrath a la Conferencia Episcopal y que la Iglesia Católica presentó a La Moneda el 16 de julio. La propuesta original de la Iglesia incluía a personas que hubiesen violado los derechos humanos, uno de los puntos que mayor discusión generó.

Según el sacerdote Nawrath, tanto los militares como quienes hoy cumplen penas de extrañamiento deberían haber sido incorporados en el indulto. “De esto ha pasado harto tiempo. Los que cometieron delitos tienen que pedir perdón y la sociedad tiene que dar el perdón”, explica.

El 25 de julio pasado, el Presidente anunció que no indultaría a quienes estén cumpliendo condenas por delitos de derechos humanos, de sangre, por abusos contra menores, por terrorismo y narcotráfico. Según Piñera, el beneficio sería analizado caso a caso: no se aplicará un beneficio general. Ninguno de los extrañados se declara violador de los derechos humanos ya que, para ellos, era la opción que tenían para responder a la represión. Sin embargo, el gobierno los clasifica como tales por haber estado involucrados en hechos de sangre y actos terroristas.

Antes de que Piñera rechazara el indulto bicentenario ni Marchant ni Escobar se mostraron interesados en acogerse a la medida si es que el beneficio se extendía a los militares. “Rechazo absolutamente cualquier tipo de indulto a los militares que están presos en cárceles de oro”, dice el primero. Escobar agrega: “Ese tipo de indulto suena como el que se solicita para el lumpen, y en esa categoría, créeme, no quiero entrar”.

Héctor Maturana opinó diferente. No le complicaría ser beneficiado por un indulto que perdone al mismo tiempo a militares porque, cree, la responsabilidad no es suya: “El indulto se ve caso a caso. Tú puedes negarlo incluso si consideras que esta persona no tiene mérito suficiente. Es el Presidente quien asume el costo y la responsabilidad”.

En las solicitudes de indulto particulares, Arriaza y Espinoza argumentan que los tres ex presos fueron juzgados en procesos irregulares y que las condenas fueron exageradas. Cumplido insiste en que tanto la irregularidad de los procesos como la exageración de las condenas se consideraron al aplicárseles el extrañamiento. Así y todo, Cumplido opina que a los que les queda poco tiempo deberían poder regresar: “Con veinte años de sistema democrático, ¿qué problema hay en que vuelvan?”.

Además, Arriaza cree que la reapertura de la Comisión Valech desde febrero de este año es relevante para demostrar que los expatriados que piden el indulto fueron torturados. Con la reapertura, podrían sumarse nuevos casos –entre ellos, los suyos- al informe. “Piñera va a tener que reconocer quiénes van a ser las víctimas, yo me imagino que podría ser un peso muy suficiente como para tener que pronunciarse respecto al indulto”, dice.

Pero ni Hugo, ni Jorge, ni Héctor comparten esa certeza. Los tres están en el Informe Valech desde 2003 y, dicen que con la pensión que reciben no se sienten reparados por el Estado. “Estar allí, lo único que hace más visible es la contradicción que cruza a la Concertación. Por una parte nos reconoce como luchadores antidictatoriales o víctimas de la dictadura, y por otra nos mantiene el castigo de extrañamiento o exilio”, dice Jorge.

EL REGRESO

Según el comité Chile Vuelvo, hoy quedan 9 extrañados que aún están pagando la pena. El ex lautarista Marco Paulsen (42 años) es de los 20 ex presos que ya han cumplido su condena de extrañamiento. Lo une con Héctor Maturana una gran amistad que se remonta a los años en que ambos estuvieron en la cárcel y que se consolidó cuando Paulsen lo recibió a él y a su pareja en el exilio. Les ofreció su hogar en Bélgica durante los primeros dos meses del extrañamiento. Pese a no haberse visto por años, la amistad continúa pues siguen en contacto.

Mientras otros optaron por hacer su vida en Europa, Paulsen quiso desde el primer momento que sus hijos crecieran en Chile. Por eso, en 2005 calculó que se había acabado la pena de 12 años de extrañamiento que cumplía en Bélgica desde 1993, y decidió volver.

Primero, y antes de volar rumbo a Santiago, se contactó con el Ministerio de Justicia a través de la embajada para confirmar que las fechas calzaran. Desde Chile le dijeron que sus papeles estaban perdidos y que no tenían cómo confirmarle nada.

Cuando llegó, no lo querían dejar entrar: “No sabía que tenía otra condena por otro caso. Ahí el fiscal se empeñó en decir que yo había quebrantado la condena”, recuerda. Luego fue trasladado a una comisaría. No era la primera vez que interrumpía su condena de exilio, pues Marco había podido entrar a Chile por razones humanitarias en 2002, cuando murió su papá. La escena de la primera vez se repetía al punto que el gendarme que lo tomaba preso era el mismo. “Entonces el mismo rati me saluda y me dice: ‘puta disculpa’”.

Al final quedó en libertad, bajo ciertas condiciones. En vez del mes que tenía previsto pasar de vacaciones con su familia en Chile para planificar su regreso, tuvo que quedarse tres, firmando cada treinta días.

Después de los dos intentos de retorno, Marco pudo establecerse en Chile en 2007, con su pareja, también chilena, y sus dos hijos. Su título en una universidad belga no es reconocido legalmente acá, pero no le causa problemas para conseguir trabajo.
-Por la mentalidad que hay acá, el tener estudios en la Universidad Católica de Lovaina hace que te ofrezcan pega. Es una situación de injusticia que en este caso me beneficia -explica Marco, quien trabaja en un proyecto sobre el riego artificial en la Universidad de Concepción y participa en Chile Vuelvo.

Lo perjudican las tres hojas de antecedentes legales que en Chile, a diferencia de Bélgica, sí exigen a la hora de buscar trabajo. “La gente se espanta antes de leer”, cuenta. Tampoco puede votar ni ejercer cargos públicos.

EL OTRO EXILIO

Esos derechos civiles tampoco los tiene el ex frentista Jorge Martín (53 años), uno de los 49 presos que se fugó de la Cárcel Pública de Santiago en 1990 a través de un túnel subterráneo horadado con tenedores y cucharas. El 27 de enero de este año fue detenido en el aeropuerto de Santiago.

Volvía después de 20 años. Aunque está acusado por el asalto a la Armería Italiana y por otras acciones del Frente, su condena le era indiferente porque, según él, ya prescribió:

-Vine para ver los procesos, que prescriban de una vez por todas. Ya no vi solución política ni voluntad de parte de los abogados que llevan los procesos. A la vez vamos entrando a una edad en que uno siente nostalgia, quiere reencontrarse con su gente, con la familia -explica Martín, quien a juzgar por su acento, tiene mucho más de español que de chileno, pese a su doble nacionalidad.

Si no se hubiese fugado, Jorge habría sido uno más de los presos enviados al extranjero con condena de extrañamiento. Pero él no quiso esperar esa negociación y decidió partir por su cuenta. “Habíamos sacado cuentas, y perdonazo no iba a haber. Ya se suponía que iba a haber pena de extrañamiento, que no íbamos a quedar en libertad. Queríamos demostrarle nuestra fuerza político militar a la dictadura”, dice.

El mismo año que se fugó de la cárcel, partió de Chile clandestino. Después de pasar por varios países con documentos falsos, en 1990 se estableció como un español más en Madrid: sin problemas legales, sin identidad falsa. Pero se cansó de estar en España, un país que no es el suyo, y quiso volver a Chile asumiendo las consecuencias. “Estoy libre entre comillas”, dice, porque el reclamo de prescripción a su condena que él hace, no se ha concretado. Reconoce que está con arraigo nacional y que lo pueden tomar detenido si es que así se ordena.
En una situación similar a la suya se encuentran los más de ciento cincuenta chilenos que por las mismas razones que Jorge viven clandestinos, según los cálculos del comité Chile Vuelvo.

Ni Marchant ni Maturana tienen esperanzas en la solicitud de indulto que presentaron el año pasado. Eso sí, están decididos a regresar apenas cumplan su condena. “Nos vamos con camas y petacas. Me da lo mismo vivir en una mediagua en Chile. Para mí vivir dónde tú quieres no tiene precio”, dice Hugo.

El único que no está seguro de volver definitivamente es Jorge Escobar, aunque se conforma con poder entrar y salir del país cuando quiera. Ya no está ansioso de volver y quedarse, porque ese Chile que ha imaginado y visitado en sus sueños, explica, ya no existe:

-Nuestra apuesta de vida, de transformación social, fue derrotada. Y en ese contexto global, sin lugar a dudas yo como individuo me he sentido derrotado.

*Este reportaje fue hecho en el marco del ramo Periodismo de Investigación impartido por los profesores Cristóbal Edwards y Constanza Mujica en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica.