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Hace sólo dos semanas el ministro de Justicia dio a conocer información que las anteriores administraciones consideraban secreta. Son los informes hechos por una docena de comisiones supervisoras que visitaron en junio pasado los centros donde son sancionados los adolescentes chilenos que han cometido delitos. El panorama que muestran es desalentador y su publicación debería haber encendido un debate sobre por qué el Chile del bicentenario no cumple las normas Internacionales de trato a los jóvenes. Aquí, Francisco Estrada, director del Sename, da algunas luces sobre el problema de fondo. Dice que encontró el servicio que hoy dirige cooptado políticamente, con un gran desorden de recursos y con varias sorpresas desagradables. Entre ellas, un sumario por el suicidio de un joven interno que no sancionó a nadie porque misteriosamente se perdió cuatro años.

En junio pasado una comisión de siete expertos visitó el centro de Internación Provisoria de Cholchol. Allí cumplen su condena 121 jóvenes menores de 18. La comisión determinó que los baños y los talleres eran indignos y que las habitaciones “donde viven la mayor parte del día son denigrantes. Las mínimas necesidades no están cubiertas”. En Cholchol, ubicado al norte de Temuco, llueve 450 mm al año y el agua se filtra por todas partes. Los jóvenes condenados deben dormir en colchones que están “permanentemente mojados” y en dependencias sin calefacción.

Los siete visitadores intentaron con su informe que las autoridades recobraran el sentido común: “No por el hecho de haber cometido delitos resulta correcto impedirles acceso a calefacción. Se trata de una garantía mínima de los seres humanos”, concluyeron.

Durante los últimos tres años grupos de especialistas de diversas instituciones han visitado los distintos centros donde los adolescentes chilenos que han cometido algún delito son internados. En sus informes se repiten adjetivos como “inadecuado, indigno, denigrante”. Alguna que otra vez se describe un avance, pero la mayor parte de las ocasiones los expertos constatan que lo denunciado en la revisión anterior, hecha seis meses antes, sigue sin arreglarse.

Esas evaluaciones fueron calificadas como “secretas” por el ministro de Justicia anterior, Carlos Maldonado (PR). Tras un reciente fallo del Comité para la Transparencia, los informes de estas comisiones comenzarán a subirse a la web del Ministerio de Justicia. Ahora está abierta a todo el público la revisión hecha en el primer semestre de 2010.

Tal como se esperaba, la opinión de los expertos en terreno muestra un panorama desastroso. Una suma de carencias e injusticias que exhiben que lo que se inauguró hace tres años –y permaneció oculto al escrutinio público- fue un sistema de apoyo que no tenía ni la infraestructura ni el personal necesario. Hoy el sistema no ofrece a los jóvenes la prometida rehabilitación sino, muchas veces, un castigo que afecta su dignidad y que habla muy mal del país que mantiene esa situación.

En la Octava Región, por ejemplo, Paulo Egenau, director de la fundación Paréntesis, visitó la sección juvenil de El Manzano, donde hay 24 jóvenes condenados, todos recluidos en un solo modulo, al interior de una cárcel para adultos. El centro es un bloque de cemento desprovisto de cualquier estímulo que no sea la vida “canera”. Está hecho de tal manera que recibe muy poca luz. En su informe, Egenau describe: “Oscuro, frío, ciego, este lugar carece de los requisito necesarios para no provocar graves daños a la salud mental de los adolescentes que permanezcan privados de libertad aquí”. Y recalca: “Es un espacio infrahumano e indigno. Ningún proceso de reintegración social es posible en un entorno con las características de esta sección”.

Francisco Estrada, director del Sename, afirma que en la institución que asumió hace siete meses hay un desorden que explica en parte la distancia a la que está Chile de cumplir con los estándares que fija la Convención de los Derechos del Niño, que firmó hace 20 años.

Hoy, por ejemplo, no se sabe cuánto le cuesta al Estado mantener a un joven en uno de esos centros. Algunas fuentes entienden que es por sobre los 2 millones y medio de pesos mensuales. Pero Estrada no puede ni confirmarlo ni desmentirlo.

-Estamos terminando recién ahora un estudio de costos de todos los centros de privación de libertad de menores del país. Porque lo único que había al respecto era una investigación de 2008, completamente desactualizada. Aquí los problemas de gestión son graves. No hay control financiero riguroso de cada centro –explica.

La falta de control que acusa le ha dado sorpresas desagradables en los primero meses en el cargo. Un ejemplo es un centro en el sur que gastó en un año 20 millones de pesos en teléfonos celulares:

-Cuando pregunté el motivo de esa cifra, me dijeron: “Es que el reglamento dice que los jóvenes se tienen que comunicar con sus familias”. Claro que se que tienen que comunicar pero ¡¿Quién dijo que tenía que ser por celular?! Entonces me explicaron que optaron por el celular “porque era más cómodo”. Yo pienso que en realidad lo hicieron porque era plata pública y nadie los controlaba.

EL HOGAR DEL TILA

Otro de los centros que despierta fuertes críticas es la sección juvenil de la Cárcel de Puente Alto. Ese lugar tiene un pasado siniestro. Durante la década de los ‘80 y ‘90 se transformó en el agujero donde la sociedad chilena envió a cerca de diez mil niños. Algunos llegaban allí porque los habían abandonado; otros porque les pegaban en sus casas o abusaban de ellos; también eran encerrados en ese centro los que habían cometido algún delito. En esos años el sistema decía que a los niños no había que juzgarlos, sino protegerlos. Y se cumplía esa tarea en Puente Alto, al interior de una cárcel de adultos, donde la violación entre los mismos niños era cotidiana.

Ese infierno fue descrito en varios informes que nadie parecía leer. Uno de ellos, fue hecho por Sergio Avalos en 1985 y afirmaba que “estos menores son bombas de tiempo para sí mismos y para la sociedad. En estas condiciones, ¿qué se puede esperar sino futuros adultos traumatizados, psicópatas, bandas de crueles delincuentes vengativos y violadores?”. La profecía resultó exacta, pues en esa cárcel se “formaron” varios de los más despiadados asaltantes que dieron vida a la página roja de los ‘90 y del ‘2000, entre ellos el Tila, también conocido como el “Sicópata de La Dehesa”.

Hoy Puente Alto sigue recibiendo jóvenes y aunque están separados del mundo de los adultos, los visitadores critican el recinto duramente. El representante de la Fundación Tierra Esperanza escribió en su informe: “Este centro resulta definitivamente inadecuado para la reinserción social. La pequeñez del espacio y el mal estado en que se encuentra genera condiciones de hacinamiento y promiscuidad que replica las de cualquier cárcel y que complotan con el desarrollo vital de los adolescentes”.

Un segundo especialista, enviado por la Universidad Católica, concordó: “Resulta evidente que corresponde a una verdadera cárcel juvenil con un trato absolutamente penitenciario y donde además existe una ostensible falta de recursos derivada de la sobre población general del recinto”.

Esta cárcel revela otro grave defecto que afecta a todo el sistema. No tiene cursos ni talleres. Cuando se puso en marcha el sistema, hace tres años, las autoridades se comprometieron a que los jóvenes encontrarían en estos centros las oportunidades que no tuvieron afuera. No solo se harían responsables de los delitos cometidos, sino que se les abrirían puertas para que al salir pudieran optar por otros caminos.

Pero en muchos centros la oferta educativa es inexistente. En el Centro de San Bernardo los visitadores reclaman que los cursos son completamente inadecuados. No hay cursos de computación, por ejemplo. En cambio, se les ofrecen aprender talleres de madera, cuero, fabricación de peluches y de mosaicos. El sistema implícitamente parece esperar que el joven que ha robado se vuelva talabartero.

Ese centro también tiene una historia dura. Se inauguró en los ‘90, de la mano de la firma de la Convención de los Derechos del Niño. Como un signo del cambio de trato que la democracia daría a los niños, este centro recibió el nombre de “Tiempo Joven”. Pero en 1996, a dos años de su inauguración, el Relator especial de las Naciones Unidas, Nigel Rodley, indicó que las medidas de castigo adoptadas ahí constituían un trato “cruel, inhumano y degradante”. El relator afirmó sentirse choqueado por las condiciones bajo las cuales se castigaba a los menores. Y describió: “Las celdas de castigo son container. Los menores son encerrados allí por varios días por orden judicial en completo aislamiento, sin posibilidad de realizar ninguna actividad y sin poder comunicarse con nadie.”

Los castigos no son tema en el informe de los visitadores de junio de este año, entre los que se encontraba un representante de la Unicef. Pero sí el ambiente de cárcel que impera en este centro. “En la última semana se han generado agresiones de un interno a aproximadamente 3 jóvenes con un estoque fabricado artesanalmente, causando incluso perforación de pulmón”. El visitante de la Unicef concluye que aunque hay aspecto destacables, el centro es “inhóspito, frío y gravemente sobrepoblado”.

En varios centros para menores que delinquen, el encierro se intenta aprovechar para completar la educación básica y media. El proceso no es fácil. Los jóvenes tienen graves deficiencias. En el centro de Coronel, el representante de la Defensoría contabilizó a siete jóvenes analfabetos que, sin embargo, no estaban recibiendo ninguna instrucción. En el centro de Iquique los supervisores sospecharon de la calidad de los cursos realizados: “En materia educativa no hay avances, sino retrocesos. Actualmente la educación, impartida por la Serpaj, consta de sólo tres horas de clases a la semana y permite nivelar dos y tres cursos en un año. Se puede deducir que la calidad y la profundidad de los aprendizajes no es satisfactoria”.

La sospecha se acrecienta porque el día de la visita sólo había un interno en clases, en una sala que “además de desaseada, no cuenta con pizarra ni mesas adecuadas”. Este centro, además, está sobrepoblado. En habitaciones hechas para dos, duermen tres, por lo tanto uno lo hace en el piso.

Un hecho más grave aún del centro de Iquique quedó en la nebulosa. La comisión detectó que el personal a cargo había habilitado “un espacio que los jóvenes conocen como ‘el hoyo’ o ‘la cueva de los Pincheira’, en el subterráneo de la Casa 4. La comisión no obtuvo antecedentes claros y concluyentes respecto de su uso”. Con inquietud los fiscalizadores piden al Sename, “un informe detallado respecto al uso del subterráneo de la Casa 4, qué jóvenes han sido dispuestos ahí, por qué motivos y por cuánto tiempo”.

SE PERDIO LA FISCALIZACION

En varios centros los informadores repiten que lo que están constatando ya lo habían acusado en la visita anterior. ¿Por qué sigue sin cambiar? Francisco Estrada explica que esto se debe a varias razones, pero principalmente a que la administración anterior consideraba estos informes “un problema”.

-Estos informes no eran un instrumento que se ocupara para diseñar la política del Sename. Eran un cacho, porque llegaban y había que responderlos. Ahora, con estos informes voy a pedir el presupuesto del próximo año -asegura.

Pero Estrada atribuye también a otro motivo el que las cosas permanecieran por largo tiempo sin solución: “A nivel regional el Sename estaba capturado por partidos políticos.” Y detalla: “En el centro de Coronel, por ejemplo, había cinco familiares de funcionarios trabajando. El director del centro de Coronel me decía que ponía algunos límites a la asociación de funcionarios, pero después, la asociación iba a negociar políticamente con el director regional y le quitaban el piso”.

La cooptación política, dice Estrada, provocaba malas prácticas al interior del Sename. “Hoy el 90% del Sename está en lista uno. Eso es irreal. Tampoco significa que voy a echar a cien personas a fin de año, pero hay gente que no está haciendo bien la pega. Mire, allá, dos oficinas al lado de la mía, ¡encontramos un sumario que estuvo perdido cuatro años!”.

-¿Y que contenía ese sumario para que se perdiera?
-En 2004 un niño se suicidó en un centro de San Joaquín. Había tenido incidentes anteriores y no lo supervisaron adecuadamente. Se ahorcó una noche en 2004, y el sumario fue determinando responsabilidades hasta que se perdió, hace cuatro años. Cuando hice un nuevo sumario para averiguar por qué se había perdido, las faltas habían prescrito. En esa investigación declaró el ocupante anterior de la oficina donde se encontró el sumario y dijo: “Ah, es que yo no me preocupé de lo que estaba en la oficina”. Una respuesta insatisfactoria. Y ese no es el único caso. Hubo otro sumario que estuvo dos años perdido.

-¿Qué puede hacer usted?
-Con esos casos, nada. Están prescritos. Pero una de nuestras tareas es impedir que eso pase de nuevo.