Las denuncias por violencia policial han aumentado en los últimos años. Los culpables son derivados a la justicia militar y nadie se entera de la sanción ni se mejoran los procedimientos. En esta columna, Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano, valora el anuncio de cambiar el Código Militar, pero lamenta haya sido necesaria una huelga de hambre de 34 comuneros mapuche que ya se extiende por 60 días.

El brutal aumento de la violencia policial ejercida por agentes del estado llamados a resguardar el orden público y la seguridad de las personas, pero que arremeten contra la población civil, pone en evidencia la ausencia de medidas efectivas para que cesen estas violaciones a los derechos humanos. Violencia que, además, ha aumentado en intensidad de la agresión, incluyendo la tortura e incluso el asesinato.

Solo en los últimos años, casos como los de Alex Lemun (17 años), Matías Catrileo (22 años) y Jaime Mendoza Collio (24 años), del trabajador forestal Rodrigo Cisternas (26 años), del arquitecto Mario Oviedo en Bellavista (29 años) o del joven Franco Coronado cuando departía junto a su familia en una feria costumbrista (19 años), son muestras de que la policía no solo golpea, también mata.

Un nuevo episodio de violencia policial desmedida se produjo el pasado martes en la ciudad de Linares, tras finalizar un partido entre Rangers y Deportes Concepción. Las imágenes, al igual que ocurrió en el caso de Juan Carlos Curinao –hijo de lonko– en Ercilla, fueron registradas por cámaras de televisión y difundidas luego por canales nacionales. Una riña entre las dos barras habría justificado la intervención de personal de carabineros, tres de los cuales golpeaban de modo bestial a un hombre en el suelo, inclusive uno de ellos profiriendo fuertes improperios mientras le daba con la bota. El agredido, Alex Canales, denunció que ante la presencia de las cámaras carabineros lo condujo al interior del estadio, donde siguió golpeándolo, y que todo el altercado se había producido porque la policía agredió a una menor de edad, además embarazada.

Luis Gutiérrez, prefecto de Linares, decidió dar de baja a dos de los funcionarios y el inicio de un sumario interno, poniéndolos a disposición de “la autoridad competente”: la Fiscalía Militar de Linares. El gobierno valoró la decisión de la autoridad policial frente a este “despropósito, llamémoslo”, señaló tibiamente Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior.

Días atrás también fue removido el capitán de Fuerzas Especiales que encabezó un operativo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, donde carabineros disparó balines con pintura para marcar a los manifestantes, iniciándose igualmente una investigación administrativa. Sin embargo, pocas veces conocemos públicamente los resultados de dichos sumarios, y menos aún de sus sanciones. Esto no permite avanzar en el objetivo primero, evitar que actos similares vuelvan a reiterarse.

Pero los hechos se reiteran, y los tribunales que incorrectamente y contraviniendo derechos fundamentales se hacen cargo de penar estos delitos, la justicia militar, carecen de imparcialidad y de las necesarias garantías de debido proceso que aseguren la sanción y no la impunidad ante estos ultrajes. Como es en gran parte de los casos, la norma.

Un estudio de FLACSO Chile da cuenta que entre 1990 y 2004 se ingresaron 6.083 denuncia por violencia imputable a Carabineros en la justicia militar, solo en las regiones IV, V, VI y Metropolitana. Van progresivamente en aumento: 164 casos en 1990, 476 el 2000, hasta alcanzar 585 el 2004. Y la tendencia se mantiene al alza.

Por eso hay que valorar el gesto del gobierno de presentar al congreso un proyecto de ley para modificar el Código Militar. Por lo demás es su obligación como jefe de estado, puesto que dos fallos condenatorios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y obligatorios para Chile, le exigen modificarla, al igual que numerosas recomendaciones de órganos de Naciones Unidas.

Lo que no es de valorar, es que haya sido tras 60 días de huelga de hambre de 34 comuneros mapuche –dos de ellos menores de edad– en distintos penales del sur del país, la misma que el Presidente ignoró por semanas y que hoy califica de “medida de fuerza ilegítima en una democracia y un estado de derecho”. Más aún cuando lo que piden es no ser juzgados por la justicia militar que éste ahora reconoce imperfecta; así como la no aplicación de la ley antiterrorista en su contra, legislación frente a la cual Piñera también reconoció defectos y anunció un proyecto de ley para modificarla.

El caso es que si bien estos proyectos atacan el problema de fondo (de aprobarse y de cumplir las reformas con los estándares internacionales de derechos humanos), no resuelven en lo inmediato el problema de la impunidad que día a día encontramos frente a hechos de violencia policial descomedida, ni tampoco responde –y por tanto resuelve– las demandas puntuales de los mapuche en huelga de hambre, que por lo mismo no la depondrán.

Es necesario, finalmente, para que los proyectos de ley informados no sean solo una mera presentación y los anuncios presidenciales voladeros de luces, que el gobierno se desista de querellarse contra los mapuche o cualquier otro grupos de la población invocando la ley antiterrorista. Sólo así se puede ser congruente.

Así como que las fiscalías y jueces penales desistan de declarase incompetentes para conocer hechos de violencia policial contra civiles, remitiéndolos a la justicia militar, mientras no se resuelva en el parlamento la jurisdicción de sus tribunales. Siendo indispensable recordar que Chile es el único país en América Latina donde uniformados juzgan a civiles, ello a largos 20 años del término de la dictadura militar.

* Periodista, comunicadora en Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano.