Este viernes 6 de agosto tendrá lugar en Cabrero una audiencia de cautela de garantías solicitada por la defensa del diputado Jorge Sabag, quien se encuentra formalizado por negociación incompatible en los pagos irregulares realizados a supuestas sedes parlamentarias. La audiencia fue pedida por su abogado Hernan Bosselin, quien calificó de “filtraciones” las publicaciones periodísticas sobre este caso, argumentando que vulneran las garantías de su defendido. La defensa busca que el juez fije límites a la información pública de esta investigación para lo cual ha invocado un artículo del Código Procesal Penal que permite hasta el sobreseimiento temporal de la causa. La decisión del tribunal de Cabrero no es un mero trámite, tendrá lugar en los días previos a la reformalizado del diputado, esta vez por fraude al Fisco, lo que está programado para fines de este mes.

Para este viernes a las 13:30 está fijado un sorpresivo hito en el proceso judicial que enfrenta el diputado (DC) Jorge Sabag, hijo del senador Hosain Sabag. Su abogado, Hernán Bosselin, pidió una audiencia cautelar de garantías pues -según fuentes cercanas al tribunal- estima que las informaciones publicadas por la prensa respecto al caso afectan su presunción de inocencia y crean un clima de hostilidad.

Bosselin invocó el artículo 10 del Código Procesal Penal, que establece que el juez debe adoptar las medidas necesarias para el respeto de las garantías constitucionales de un imputado. Esta disposición legal permite incluso la suspensión y el sobreseimiento temporal de la causa.

La semana pasada Bosselin anunció a través del diario La Segunda que presentaría un reclamo contra quienes resultaran responsables de las “filtraciones” de información. El reclamo se originó en la molestia que le provocó la información difundida por el vespertino –lo que también hizo CIPER– en relación al requerimiento hecho por la Fiscalía al Servicio de Impuestos Internos sobre la sociedad Nabatieh S.A., propiedad del senador Hosain Sabag y su familia. En la investigación en curso dicha empresa aparece recibiendo más de $20 millones de asignaciones parlamentarias del diputado Sabag, los que no fueron declarados para el pago de impuestos.

Quienes han seguido desde sus inicios esta polémica indagatoria aseguran que el grueso de la información ya había sido entregada por la Fiscalía en una audiencia pública, por lo que no se trata de filtraciones ni de información reservada. En esa misma audiencia, el diputado Sabag intentó que sólo se le otorgaran 15 días a la Fiscalía para investigar. El Ministerio Público argumentó que lo sucedido con los fondos de Nabatieh podría configurar fraude al Fisco, por lo que era necesario más tiempo. Finalmente el tribunal le otorgó 5 meses para investigar.

Como el plazo está por cumplirse, la defensa de Sabag solicitó una audiencia –fijada para el 31 de agosto– para pedir el sobreseimiento del imputado. Para la misma fecha, la Fiscalía pidió en cambio la reformalización del diputado, modificando la acusación desde negociación incompatible a fraude al Fisco. Y agregó la formalización de su hermano Patricio Sabag como coautor del mismo delito, en virtud de que es la persona que firmó los contratos de arrendamiento de la sede parlamentaria por Nabatieh S.A.

Pese a la molestia del diputado Sabag por lo que estima “filtraciones” a la prensa, lo cierto es que la investigación por la cual se encuentra formalizado se inició en la prensa. Fue después de un reportaje de CIPER que el Ministerio Público decidió pesquisar los contratos de Sabag y sumarlos a otros gastos de diputados que ya investigaba. Estos se originaron también en una serie de publicaciones periodísticas del diario La Nación y el programa Informe Especial (TVN) sobre irregularidades en los pagos de las asignaciones parlamentarias.

El primer reportaje sobre Sabag fue publicado hace un año. En él se reveló que el diputado tenía registrada como oficina parlamentaria una dirección que pertenecía a una sociedad de su padre, el senador (DC) Hosain Sabag. El contrato de arrendamiento había sido firmado por su hermano Patricio a nombre de la sociedad familiar Nabatieh. En esa ocasión, el diputado Sabag argumentó que se trataba sólo de una forma de administrar los fondos y que luego, con ese dinero se pagaba el arriendo de distintas sedes distritales. Para entonces el Ministerio Público había reunido nuevos antecedentes y lo formalizó por negociación incompatible. La imputación podría agravarse si es formalizado por fraude al Fisco, debido a que la Fiscalía habría acreditado que la sede por la cual se firmó el contrato sólo funcionó para las empresas de los Sabag y nunca como oficina parlamentaria.

Inicialmente el caso fue visto en la Corte de Valparaíso e investigado por la Fiscalía de la Quinta Región, sin embargo Bosselin consiguió que la causa fuera trasladada a Cabrero, localidad de la Octava Región que es el corazón del imperio político y económico del clan Sabag.