El Ministerio Público de Valparaíso envió además los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos para que este organismo evalúe si inicia acciones legales por evasión tributaria a una de las sociedades de la familia del senador Hosain Sabag. El caso se enmarca entre las investigaciones por malos usos de los fondos de asignación parlamentaria, en una de cuyas aristas la fiscalía pidió esta semana la primera condena: 7 años para el diputado Maximiano Errázuriz, por los delitos de fraude al Fisco y uso malicioso de instrumento público.

Cuando ya está a punto de concluir el plazo que el Juzgado de Cabrero le otorgó para investigar el uso de los fondos para asesorías del diputado DC Jorge Sabag, la Fiscalía de Valparaíso pidió audiencia para reformalizar al parlamentario. En marzo pasado, a Sabag se le imputó el delito de negociación incompatible, debido a que en vez de pagar directamente el arriendo de sus sedes distritales lo hizo a una sociedad de su padre Hosain Sabag. Ahora se le acusa de fraude al fisco, debido a que la fiscalía cree tener los elementos para probar que una de dichas sedes nunca funcionó como tal, sino que era simplemente una oficina del negocio familiar.

La nueva audiencia fue fijada para el 31 de agosto, ocasión en que también se pedirá la formalización de otro de los hijos del senador Sabag, Patricio, como “coautor extraneus”, pues a diferencia de su hermano no es funcionario público, lo que implica que si no se le imputa la figura de fraude al fisco podría calificar como estafa. El contrato de arriendo de la supuesta sede distrital de Cabrero fue firmado por el diputado Jorge Sabag y la contraparte fue su hermano Patricio. Este último actuó como representante legal y gerente de Inmobiliaria Nabatieh, una sociedad familiar formada en 2004 por sus padres, el senador Hosain Sabag y su esposa Fresia Castillo.

CIPER reveló las irregularidades del contrato en agosto pasado y en esa ocasión el diputado Sabag aseguró que Nabatieh recibía los fondos y luego pagaba los arriendos de sus distintas sedes de San Carlos, Quirihue y Yumbel. Aseguró que por la oficina de Cabrero, ubicada en Río Claro 1050, propiedad de su padre, no pagaba arriendo. Sin embargo, el contrato de la Cámara de Diputados era por esa locación y la fiscalía ha recopilado testimonios que darían cuenta de que nunca funcionó como sede distrital. En la misma investigación consta que al contrato original de la Cámara se le agregó un anexo que incluía el pago de la oficina de San Carlos. Esta última fue arrendada en 2002 a nombre del senador Sabag. La fiscalía investiga aún quién era el que la pagaba.

Si se considera que la sede de San Carlos costaba $180.000, mensualmente casi $400.000 fueron recibidos por Nabatieh para la oficina de Cabrero. Como la fiscalía estima que nunca funcionó, calcula que el perjuicio fiscal es de más de $20 millones. Este monto fue recibido por Nabatieh y no habría sido tributado. Como no tiene atribuciones para investigar este delito, el Ministerio Público puso hace semanas todos los antecedentes en manos del Servicio de Impuestos Internos, entidad que no ha entregado respuesta. Si se decide a iniciar acciones legales, la eventual evasión de la sociedad del senador Hosaín Sabag podría ascender a unos $5 millones.

Mientras la fiscalía busca ampliar el plazo de investigación, el abogado del diputado Sabag, Hernán Bosselin, había pedido con anterioridad que se decretara el sobreseimiento definitivo de la causa.

La investigación se inició tras un reportaje de CIPER y la encabeza la Fiscalía de Valparaíso debido a que en esa ciudad se encuentra la Cámara de Diputados. Sin embargo, en marzo Bosselin logró que la causa se trasladara a Cabrero -donde dice que se firmó el contrato-, localidad de la VIII Región donde los Sabag han construido un imperio político y económico.