La Moneda decide llevar el Diario Oficial a Internet y corta el oxígeno a los privados que controlan La Nación

El diseño y estructura del nuevo Diario Oficial en formato digital ya fue encargado por el Ministerio del Interior. El gobierno pretende además, rebajar al mínimo las tarifas por la publicación de avisos legales obligatorios. De esta forma las millonarias utilidades del Diario Oficial no seguirán subsidiando al diario La Nación. La decisión de La Moneda significa un choque frontal con los integrantes de la sociedad privada Colliguay que hoy controla la Empresa Periodística La Nación y que durante dos décadas se ha beneficiado con las ganancias del Diario Oficial. Un taxativo informe en derecho encargado por el gobierno avala la decisión de cuestionar la validez de la actual sociedad. Lo único que resta por decidir en Palacio, aseguran, es qué pasará con La Nación. Pero ya se barajan alternativas para darle continuidad.

Las millonarias utilidades del Diario Oficial no seguirán financiando la publicación del diario La Nación. Esa es la decisión categórica que ya tomó La Moneda después de conocer el informe en derecho sobre la estructura societaria de la Empresa Periodística La Nación, bajo cuyo alero se edita el Diario Oficial, solicitado por el Ministerio del Interior. “El subsidio del Diario Oficial se acaba. Eso es un hecho. Lo que se debe decidir ahora es qué hacer con el diario La Nación, que arroja pérdidas anuales de hasta 3 mil millones de pesos, como ocurrió en 2009. Como están las cosas ahora, sin las utilidades del Diario Oficial, La Nación iría a la quiebra”, señala una alta fuente de La Moneda que ha participado en las discusiones sobre el tema y que conoció el informe en derecho.

En efecto, los balances de la empresa periodística arrojan utilidades que superan los 2 mil millones de pesos. En 2008, la utilidad del ejercicio fue de $2.234 millones; en 2009, subió a $2.494 millones, dinero que proviene exclusivamente de las ganancias del Diario Oficial.

-El motor del negocio es el Diario Oficial. Todas las utilidades provienen de él. Imprimir y comercializar La Nación tiene un costo negativo que puede ir de $1.500 a $2.000 millones, según el año –confirma un ejecutivo de la empresa.

A pesar de la disparidad en las cifras en torno a las pérdidas de La Nación entre las versiones del gobierno y las de los ejecutivos de la empresa, lo cierto es que las ganancias finales provienen exclusivamente de los ingresos que cosecha el Diario Oficial. Esto se debe a la obligación legal que tienen las sociedades comerciales de publicar su constitución y cada modificación posterior en el Diario Oficial, el que les cobra entre 60 mil y 130 mil pesos, dependiendo de la cantidad de caracteres del extracto que se difundirá.

La decisión que ya se adoptó en Palacio es poner fin a estos cobros, que se consideran excesivos. Para ello se estudia habilitar una plataforma digital, de acceso público, donde se difundan las publicaciones que la ley le exige a las sociedades comerciales.

-Nada justifica hoy mantener un diario en papel para cumplir con la obligación de difundir las leyes y la constitución y modificación de empresas, entre otras materias. Por ello, estamos trabajando en otra estructura y en una rebaja de los costos por publicación a unos 3.500 pesos -asegura la misma fuente gubernamental.

La iniciativa es presentada en La Moneda como un esfuerzo por “mejorar la redistribución de ingresos”, ya que aseguran que hoy los costos de las publicaciones en el Diario Oficial impactan fuertemente en las sociedades de las pequeñas y medianas empresas. Un primer paso en esta dirección, dicen en Palacio, fue el proyecto de ley que rebaja los costos y reduce los tiempos para la formación de sociedades comerciales.

No obstante, la idea de bajar las utilidades del Diario Oficial, no sólo tiene por objeto el loable esfuerzo de aliviar el bolsillo de las Pymes. La iniciativa también busca evitar que los privados que participan en la sociedad de la Empresa Periodística La Nación sigan beneficiándose con las utilidades que arroja el Diario Oficial. Efectivamente, poco más del 29% de la propiedad de La Nación está en manos de la Sociedad de Inversiones Colliguay, una curiosa entidad comercial conformada por tres socios provenientes de nichos políticos tan disímiles como el gremialismo, la democracia cristiana y el socialismo.

Las jugadas de Colliguay

Enrique Alcalde (UDI), Luis Eduardo Thayer (DC) y Raimundo Valenzuela (PS), son los actuales integrantes de Colliguay, una sociedad que nació poco después del retorno de la democracia en 1990 para adquirir el paquete de acciones “preferentes” de La Nación que la dictadura había repartido entre un par de funcionarios de confianza del régimen y la radio Nacional. Aunque el sentido común indicaba que tales acciones no tenían valor, por las deudas que arrastraba La Nación, Colliguay se aseguró así el control del Diario Oficial, una gallina de huevos de oro cuyo potencial sólo algunos elegidos conocían en esos años.

La extensa investigación periodística publicada el año pasado por la periodista Alejandra Matus en El Mostrador, cuenta en detalle el sinuoso camino que recorrió Colliguay para participar en las ganancias del Diario Oficial. Una ruta cuyo inicio Matus fija en un perdonazo tributario que devolvió los números azules a La Nación en 1991, pero cuyos efectos fueron obviados en el balance de ese año, lo que le permitió a Colliguay comprar las acciones “preferentes” en menos de 20 millones de pesos, una cifra insignificante en relación a las ganancias que le reportaría la operación en las siguientes dos décadas.

La jugada se completó en 1992, cuando Colliguay logró que se aprobara que las “preferencias” de sus acciones mantuvieran vigencia por 40 años: hasta 2042. Y en 1993 consiguió un cambio de estatutos que le dio el control total de la Empresa Periodística La Nación, al ampliar el directorio de cinco a siete miembros, tres de los cuales deben ser representantes de las acciones “preferentes”, es decir, de Colliguay. Además, la reforma dejó establecido que toda decisión que afecte la marcha del negocio no puede ser adoptada sin el voto favorable de dos de los tres directores “preferentes” y que la misma condición se aplica para el nombramiento de los directores de La Nación y el Diario Oficial, así como para la nominación del gerente general de la empresa.

En resumen, La Nación es una empresa pública donde el Estado es dueño del 69% de las acciones, pero el control lo ostenta una sociedad privada que tiene en su poder el 29% de los títulos –porque son acciones “preferentes”-, la que se ha beneficiado en los últimos 20 años de las tarifas que cobra el Diario Oficial.

-Vamos a deshacer un entuerto que tiene una muy mala presentación. No es posible que particulares estén beneficiándose de esta manera con un sistema cuya función es difundir las nuevas leyes, lo que el Estado debe proporcionar en forma casi gratuita –dice una fuente de La Moneda.

El informe de Zepeda

Tres son las conclusiones contenidas en el informe en derecho preparado para el Ministerio del Interior por el abogado Carlos Zepeda -del estudio Espina, Zepeda & Acosta- que colisionan frontalmente con los intereses de Colliguay. Aunque Zepeda, de cuyo estudio es socio el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, se excusó de comentar el texto, argumentando que es propiedad de su cliente, CIPER tuvo acceso a dos fuentes que le confirmaron el contenido.

En primer lugar el informe establece que el Ministerio del Interior tiene facultades para fijar las tarifas del Diario Oficial. Eso significa que legalmente el gobierno puede decidir ahora -y sin que nadie lo cuestione- la rebaja o incluso la gratuidad de los pagos por las publicaciones obligatorias. En segundo término indica que las “preferencias” de las acciones que hoy están en poder de Colliguay se extinguieron en 1985. Y en tercer término, señala que la edición del Diario Oficial es una concesión del Estado a la Empresa Periodística La Nación.

Tanto la primera como la tercera conclusión podrían dotar a La Moneda de artillería para bajar radicalmente las utilidades del Diario Oficial, obligando a Colliguay a una negociación en la que termine cediendo su parte y dejando al Fisco como único propietario. Pero las fuentes de Palacio dicen que como el primer punto es incuestionable desde el punto de vista legal, el tercero deja de tener contenido ya que al fijar un precio mínimo o gratuito la concesión ya no da fruto comercial.

Por lo tanto, La Moneda ha decidido darle sustento legal a su estrategia con la segunda conclusión del informe en derecho. Si las “preferencias” de las acciones de Colliguay están extinguidas, la reforma a los estatutos que le dio el control total de la empresa en 1992 sería inválida. De esa forma, las decisiones futuras sobre la continuidad del diario La Nación y las tarifas y el formato de las publicaciones del Diario Oficial, serían resorte exclusivo del sector público, que volvería a tener control en el directorio.

De acuerdo con el informe de Zepeda, las “preferencias” se extinguieron en 1985, cuando se cumplió el plazo de vigencia de la sociedad original que dio vida a la empresa La Nación. Si bien ese año los integrantes de la sociedad resolvieron darle continuidad a la misma, nada dijeron respecto de las “preferencias” y se siguió actuando de hecho como si éstas estuviesen vigentes. Pero de acuerdo con el informe, era necesario establecer un reglamento que normara la operatividad de las “preferencias”, requisito que no se cumplió.

Fuentes allegadas a Colliguay indicaron a CIPER que si La Moneda sigue está ruta, el conflicto se va a judicializar.

-Para los socios de Colliguay no hay duda de que siempre ha estado vigente la distinción entre acciones ordinarias y preferentes, porque la sociedad en su origen le dio esa calidad a los títulos. En 1932 se formó la compañía como una sociedad anónima conformada por el Fisco y un grupo de privados que eran acreedores del diario, porque La Nación estaba quebrada. Los privados capitalizaron las deudas como su parte en la propiedad, por eso son acciones preferentes. Y el Fisco, para ingresar a la sociedad, puso los bienes de la Imprenta Nacional y el Diario Oficial –dice una fuente cercana a los socios de Colliguay.

La misma fuente agrega que Colliguay considera que “es válido hasta hoy que la edición del Diario Oficial es parte constitutiva de la compañía, es un activo, porque fue el aporte del Estado a la sociedad, para garantizar a los accionistas preferentes que recuperarían su inversión”. De esta manera, los privados rechazan que la edición del Diario Oficial sea una concesión del Estado.

Flujos futuros: concepto clave

Una persona que se relaciona estrechamente con los socios de Colliguay, indicó que si el gobierno quiere separar a La Nación del Diario Oficial o transformar este último en una plataforma digital de consulta pública, sin negociar con los dueños de las acciones “preferentes”, el asunto va a terminar en tribunales. Y asegura que para Colliguay un escenario de negociación debe incluir, necesariamente, la valorización de todos los activos de La Nación, entre ellos los flujos futuros del Diario Oficial hasta 2042, fecha en que termina la actual sociedad.

-La clave es que el gobierno incluya los flujos futuros del Diario Oficial, es decir, valorizar sus ingresos futuros y traerlos a valor presente. Si no es así, Colliguay puede alegar que se trata de un proceso expropiatorio ilegal, porque se entendería que la están despojando de su propiedad. Y eso abiertamente vulnera la ley –asegura la misma fuente, quien acota que el gobierno en ese cuadro debería pagar una indemnización si quiere sacar a Colliguay.

En el diseño de La Moneda ese aspecto tampoco los inquieta. Si el Ministerio del Interior utiliza su facultad para reducir al mínimo los cobros por publicación en el Diario Oficial, o establece que sean gratuitos, los flujos futuros de la empresa serán irrelevantes.

Hasta ahora no ha habido un solo gesto de acercamiento de La Moneda a Colliguay. Y en Palacio aseguran que no lo habrá. “No hay nada que negociar”, reiteran. Si la decisión que adopte el gobierno sobre el futuro de La Nación y del Diario Oficial termina con Colliguay recurriendo a los tribunales, tiene sin cuidado a los principales ocupantes de La Moneda:

-Que vayan a tribunales. Es lo mejor para la transparencia de lo que ocurrió. Tendrán que explicar y declarar ante la justicia cómo fue que obtuvieron las acciones -dice un alto funcionario.

En La Moneda aseguran que el informe en derecho que hizo Zepeda no es el único sobre la materia. Los nuevos ocupantes del Ministerio del Interior se encontraron con dos anteriores, uno hecho bajo el gobierno de Eduardo Frei y otro en el período de Ricardo Lagos:

-Ambos concluyeron que era inconstitucional la forma en que se estaba administrando el Diario Oficial -dice la fuente. Y añade que lo único que impidió que el problema se resolviera fue que bajo los gobiernos de la Concertación no hubo “voluntad política” para solucionarlo.

Ahora que al parecer la “voluntad política” de Palacio está empeñada en sacar de la vereda a Colliguay, queda por resolver cuál será su receta para el diario La Nación. El periódico, si bien arroja pérdidas en el balance final, tiene ingresos nada despreciables que en promedio alcanzan los mil millones de pesos cada año. Esto se debe a que el diario tiene tarifas convenientes para publicar avisos legales (como por extravío de cheques) y una sólida parrilla de avisos estatales.

-Se podría racionalizar la compañía y ajustar sus costos a esos ingresos. El Presidente Piñera, que es bueno para poner tareas a los ministros, bien podría ponerle esa tarea al diario para los próximos años -dice un ejecutivo que conoce los números del matutino.

-Hay una legítima discusión abierta respecto del futuro de La Nación. Nada justifica que un gobierno tenga un diario, pero si ya existe, hay una posibilidad de que continúe, pero no como lo usaron los gobiernos de la Concertación. Dos serían los requisitos indispensables para que el diario La Nación, ahora sin el subsidio del Diario Oficial, se mantenga: que sea autosustentable y pluralista. Eso requiere un cambio radical en su administración, que dé transparencia y confianza en su gestión; y un directorio que dé garantías de pluralismo en la línea editorial –señala una fuente de gobierno.

Por ahora, las piezas están puestas en el tablero. En La Moneda al parecer la decisión está cerrada sobre el futuro del Diario Oficial. Los estudios sobre el financiamiento y la estructura que requiere un moderno portal de Internet que reemplace al diario de papel ya están encargados. Lo que viene respecto al diario La Nación no está claro. Y aunque muchos presionan alrededor de La Moneda porque se termine de una vez con el diario, para disputarse la parrilla publicitaria del Estado que hoy capitaliza el matutino, el pie no está puesto en el acelerador. “Si bien este es un tema importante de política social, no es prioritario”, acota una alta fuente de gobierno.