Sobrino del jefe financiero de la DINA y discípulo de Jaime Guzmán, el alcalde gremialista ha reinado por tres periodos con un poder sin contrapeso y un estilo particular: confió la seguridad de la comuna a un ex CNI y a un baladista romántico mientras la Contraloría lo señaló en 2007 como el alcalde que más viaja. Su gestión ha tenido éxitos pero también polémicas y situaciones anómalas que hoy le pasan la cuenta. La semana próxima será formalizado junto a su ex jefe de gabinete, Domingo Soto, a quienes la Fiscalía Centro Norte acusa de haber cobrado coimas por 6.000 UF para el arriendo de un terreno fiscal donde se construyó un supermercado Tottus. Ese será sólo el comienzo, porque en mayo vence el plazo de la investigación que la misma fiscalía sigue en contra de la administradora y el secretario municipal, personas de máxima confianza del alcalde, por el cobro de casi $700 millones en comisiones ilegales por permisos de circulación. En Colina las autoridades tienen relaciones políticas, de amistad y negocios.

Sobrino del jefe financiero de la DINA y discípulo de Jaime Guzmán, el alcalde gremialista ha reinado por tres periodos con un poder sin contrapeso y un estilo particular: confió la seguridad de la comuna a un ex CNI y a un baladista romántico mientras la Contraloría lo señaló en 2007 como el alcalde que más viaja. Su gestión ha tenido éxitos pero también polémicas y situaciones anómalas que hoy le pasan la cuenta. Tras intentar sin éxito involucrar al contralor Ramiro Mendoza en su defensa, la semana próxima Olavarría será formalizado junto a su ex jefe de gabinete, Domingo Soto, a quienes la Fiscalía Centro Norte acusa de haber cobrado coimas por 6.000 UF para el arriendo de un terreno fiscal donde se construyó un supermercado Tottus. Y en mayo vence el plazo de la investigación que la misma fiscalía sigue en contra de la administradora y el secretario municipal, funcionarios de la máxima confianza del alcalde, por el cobro de casi $700 millones en comisiones ilegales por permisos de circulación. En Colina las autoridades tienen relaciones políticas, de amistad y negocios.

Hace diez años, cuando era prácticamente desconocido en la arena política, Mario Antonio Olavarría Rodríguez protagonizó una proeza. Con 36 años, y un periodo como concejal por Providencia, desbancó al dos veces alcalde socialista y actual concejal Manuel Rojas Del Río. El abogado gremialista se convertía así en una de las cartas más promisorias de la Unión Demócrata Independiente, UDI.

Fue un primer gran paso, porque en 2004 y 2008 resultó reelegido. La última vez, pese a las denuncias de corrupción y malas prácticas, obtuvo una altísima votación. Llegó a ser presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y andaba en búsqueda de un cupo para llegar al Parlamento. Pero esta semana el alcalde recibió un duro golpe que amenaza terminar con su carrera política. Acusado de cobrar y recibir coimas a cambio de la adjudicación de un proyecto comercial, Olavarría y su ex jefe de gabinete, Domingo Soto López -entre otros involucrados- serán formalizados el 28 de abril por dos delitos de cohecho.

La investigación de la Fiscalía Centro Norte estableció que en 2006, ante la solicitud del arriendo de un terreno fiscal para la construcción de un supermercado Tottus en el centro de Colina, el alcalde operó a través de un intermediario para adjudicarse 6.000 UF ($120 millones de hoy) a cambio de su aprobación. Según ha podido acreditar la fiscalía a cargo de las indagaciones, habría intentado hacer lo propio con un proyecto similar presentado por D&S para la construcción de un supermercado Líder.

Se afirma que la coima fue pagada a través de Nabil Mansour, empresario viñamarino que ofició de intermediario. Este recibió el dinero de Francisco Leyton Francione, vicepresidente ejecutivo de Tottus, y luego se lo depositó en dos etapas al jefe de gabinete del alcalde, Domingo Soto, quien lo transfirió gradualmente a la cuenta corriente del alcalde.

EL AMIGO SOTO LÓPEZ

Pero la acusación de coima por los terrenos del Tottus es apenas la punta del iceberg de un cúmulo de situaciones anómalas que rondan hace años a la administración de Olavarría. En noviembre último dos de sus colaboradores de mayor confianza fueron formalizadas por fraude reiterado. Se trata de Débora Sepúlveda y Carlos García, administradora y secretario municipal, respectivamente, que en la práctica son las dos máximas autoridades después del alcalde. Hasta el día de hoy ambos siguen en sus puestos.

Sepúlveda y García están acusados de participar en un fraude de casi 700 millones de pesos por el pago de comisiones ilegales a cambio de la venta de permisos de circulación (ver recuadro 1). La operación se hizo mediante una empresa externa a cargo del empresario Lorenzo Villalón, que también está formalizado. Villalón resultó ser socio de Domingo Soto, el jefe de gabinete del alcalde, en dos empresas: Inmobiliaria Tierra del Fuego Compañía Limitada y Sociedad de Servicios y Arriendos Ltda.

Pero a la vez, Soto López está vinculado a otras tres sociedades bajo sospecha. Dos de ellas -Inversiones Patagonia y Decsa- sirvieron para que el intermediario del negocio del Tottus depositara los $120 millones en coimas que habrían ido a parar al bolsillo del alcalde. La tercera, llamada Publidigital, es una empresa “de soluciones comunicacionales” que mantuvo un contrato con el municipio por $100 millones anuales. Está inscrita a nombre de la pareja de Soto López, Patricia Sandoval Basaure, y su domicilio legal es el mismo de Soto. Hasta 2009 tenía a cargo los carteles publicitarios de la comuna donde se destacan las obras del alcalde.

En Colina hay también varias irregularidades señaladas por Contraloría (ver recuadro 2). Entre ellas se cuentan una licitación millonaria adjudicada a la empresa Chilectra, el uso electoral que el alcalde ha hecho de los carteles publicitarios de la comuna y el pago irregular con que grandes inmobiliarias financiaron el cambio al plan regulador de la comuna. También el ministerio de Educación ha centrado su atención en la comuna por anomalías en el cobro de subvenciones al colegio La Puerta, un modelo educacional ideado durante la gestión de Joaquín Lavín en Las Condes. Las anomalías en ese colegio estuvieron cruzadas por hechos de acoso sexual a alumnas y a una secretaria que derivaron en el despido de su director.

Historias hay de sobra en Colina. Las denuncias se arrastran desde mediados de la década, cuando la entonces concejala DC Alejandra Bravo comenzó a dar a conocer antecedentes de corrupción. Pero recién ahora, tras casi tres años de investigación del Ministerio Público, el alcalde arriesga la pérdida del poder sin contrapeso que ha alcanzado en una comuna que sintetiza un país. Colina es un territorio de contrastes donde viven, sin mezclarse, dos clases sociales opuestas. Una mayoría que habita en torno a las cárceles de Colina I y II; y el resto, circunscrita a los condominios edificados en los aires campestres de Chicureo. En esta última zona el alcalde construyó su casa.

POLÍTICA Y FAMILIA

Mario Olavarría Rodríguez se crió en Concepción y a mediados de los ‘70 se trasladó a Santiago junto a su familia. Su padre, Mario Olavarría Aranburu, fue uno de los socios de las empresas de pantalla que creó el director de la DINA, Manuel Contreras, para financiar la represión. El vínculo estaba dado por el tío paterno del alcalde, Humberto Olavarría, ex oficial naval, jefe financiero de la DINA y uno de los grandes amigos de Contreras.

Dado ese historial, no fue extraño que tras egresar del colegio Sagrados Corazones de Santiago se matriculara en Derecho en la Universidad Católica y estableciera contacto con el movimiento gremialista. Esos vínculos serían decisivos para su desembarco en la comuna de la zona norte de la Región Metropolitana.

No hizo una gran carrera para llegar ahí. Primero fue asesor jurídico de Joaquín Lavín en la Municipalidad de Las Condes. Y en 1996, arrastrado por el alcalde Cristián Labbé, fue elegido concejal por Providencia con el 0,27 del total de los votos de esa comuna, lo que equivale a 212 preferencias.

En diciembre de 2000, al asumir la alcaldía, llegó con dos personas de su entera confianza. Una es Débora Sepúlveda Rojas, esposa de un capitán de Carabineros que se integró al departamento de Administración y Finanzas. La otra, Domingo Soto López, quien pasó a ser el principal asesor del nuevo alcalde y en la práctica ofició de jefe de gabinete.

A estos dos se sumó más tarde Carlos García Lecaros, funcionario de la antigua administración, que fue ganándose la confianza hasta alzarse como jefe del Departamento de Tránsito y Secretario municipal.

Los tres conformaron el círculo de hierro del alcalde y hoy están en la mira del Ministerio Público por actos de corrupción.

Junto con disponer los cargos de confianza, Olavarría confió la seguridad del municipio a una empresa externa perteneciente al baladista y ex integrante del Clan Juvenil de Sábado Gigante, Álvaro Véliz. Con dos discos editados y un paso por el Festival de la Canción de Viña del Mar, Véliz organizó un servicio de guardias a cargo de un ex militar llamado Alonso Riquelme, quien se jactaba de su pasado como Comando Cobra de la CNI.

El baladista, el militar en retiro y otros funcionarios ajenos al círculo de hierro del alcalde eran supervisados directamente por Soto, Sepúlveda y García. Los “oficiales” del alcalde.

En una de sus declaraciones a fiscalía, Olavarría dijo que conoció a Soto en las juventudes de la UDI. Y que a través de éste tomó contacto con Sepúlveda. Soto y Débora Sepúlveda son entonces viejos amigos y han mantenido relaciones comerciales. Los depósitos en dinero que el primero ha hecho a la segunda -y que también son materia de investigación por parte del Ministerio Público-, han sido justificados por ambos como pagos por servicios: Sepúlveda dijo a la fiscalía que realizó labores contables para las empresas de Soto.

Antes de llegar a Colina, Domingo Soto no tenía empresas. Era un hombre de tercera línea en el partido, acostumbrado a moverse en las sombras del poder. Trabajó en las campañas electorales de la UDI y a mediados de los ’90, cuando estuvo radicado en Punta Arenas, fue uno de los hombres de confianza del ministro del Interior de Pinochet y senador UDI por la XII Región, Sergio Fernández. De vuelta en Santiago, antes de que Olavarría le diera notoriedad, estuvo encargado de las piletas municipales de Providencia y su sueldo bordeaba los $600 mil. Su situación económica no tardaría en mejorar notoriamente.

APUROS ECONÓMICOS

Hacia mediados de 2006, al promediar su segundo mandato y hacerse efectivo el negocio del supermercado Tottus, una de las cuentas bancarias del alcalde Olavarría registró una serie de depósitos realizados por Domingo Soto, su asesor y jefe de gabinete. Se trata de ingresos por cerca de dos millones mensuales y que el alcalde, en una declaración a la fiscalía local de Colina, dice haber recibido a modo de préstamo por parte de Soto. Según el mismo testimonio, la ayuda prestada obedecería a que en ese momento atravesaba por una difícil situación económica producto de su separación matrimonial.

De cualquier modo, considerando los ingresos globales de Olavarría en los últimos años, su situación no ha sido mala. El levantamiento del secreto bancario practicado por el Ministerio Público consigna que entre septiembre de 2005 y mediados de 2008 recibió depósitos por cerca de 130 millones, sin considerar su sueldo.

En su testimonio a fiscalía, que coincide con su declaración de patrimonio, justificó los ingresos percibidos por su participación en sociedades y una sucesión de bienes.

Igual o mejor es la situación de Domingo Soto, quien tenía un sueldo cercano al millón y medio de pesos como jefe de gabinete del alcalde. Desde 2003 ha participado de manera directa en seis sociedades.

En su reciente declaración a fiscalía, Soto argumentó que la mayor parte de sus ingresos provienen de su función como publicista. Sólo en la campaña electoral de 2005 dijo haber percibido ingresos por cerca de $ 200 millones.

Aunque formalmente salió del municipio en octubre de 2006, el ex asesor admitió que ha seguido colaborando esporádicamente con el alcalde. Pero que esas colaboraciones han sido realizadas de manera voluntaria y desinteresada. Por amor a la política.

ESTILO DE GESTION

En las elecciones municipales de 2008, el alcalde se impuso por un holgado 53.39%. Ni el desgaste de dos periodos en el poder, ni las publicitadas denuncias en su contra -que lo tuvieron al borde de que su propio partido le quitara el apoyo-, mellaron su popularidad. Todo lo contrario. Mario Olavarría había logrado construir una base de apoyo sólida no solamente en Chicureo, donde vive un quinto de la población, sino también en sectores populares del centro y sur de Colina.

La sostenida alza en el presupuesto municipal, que se explica por un incremento de permisos para vehículos y de edificación, se ha traducido en importantes obras sociales para Colina. Entre ellas se cuentan una nueva sede de la comuna, el gimnasio municipal y un moderno centro de salud público.

Pero no todo han sido obras. Olavarría ha invertido en eventos de entretención masivos, que son una constante en la comuna y en los que Álvaro Véliz, el baladista romántico que hasta 2008 prestó el servicio de guardias municipales, ha oficiado de animador y promotor de artistas. A esto se suma el trabajo realizado con las juntas de vecinos, que en su mayoría le deben lealtad y algo más: en los últimos años, en dos oportunidades, la alcaldía ha dispuesto de viáticos y buses con destino a Brasil para integrantes de juntas vecinales.

Uno de esos viajes a Brasil favoreció también a los chóferes municipales, quienes recibieron viáticos y atenciones para una supuesta actividad de trabajo.

A todo lo anterior se suma el hecho de que Olavarría haya sido elegido presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. De esta forma, el alcalde de una comuna semirural terminó convertido en figura nacional.

No es extraño entonces que haya conseguido un tercer mandato en 2008. El triunfo, además, tuvo sabor a desquite al dejar en el camino a los ex concejales Nicolás Pavés (DC) y Alejandra Bravo (PRI, ex DC). Ambos aspiraban al sillón municipal y se habían destacado como los principales críticos de su gestión.

Su poder parecía incontrarrestable, más todavía una vez que consiguió que la concejala UDI por Colina, Angélica Antimán, fuera nombrada gobernadora de Chacabuco. La investigación por las comisiones de los permisos de circulación apenas lo rozó, alcanzando únicamente a su círculo de confianza. Pero no contaba con que una nueva fiscal, Alicia Ascencio, tomaría el caso y sopesaría antecedentes que estaban hacía ya tiempo en manos del Ministerio Público para acusarlo del delito de cohecho y amenazara su imperio.

Auge inmobiliario y de permisos de circulación

La gestión de Mario Olavarría exhibe un enorme logro. En 1999, un año antes de asumir la alcaldía, el número de permisos de circulación otorgados por Colina alcanzaba a los 18.291. Al término de su primer mandato esa cifra casi se había duplicado y, al final del segundo, cuadruplicado. Si antes el financiamiento de Colina dependía del fondo común municipal, que recibe los dineros de las comunas más ricas para repartirlas entre las pobres, desde mediados de la presente década la relación se invirtió. El modelo de negocios implementado por el alcalde para la venta de permisos de circulación le dio autonomía presupuestaria al municipio.

A esto se sumó un notorio incremento en los ingresos por permisos de edificación, producto del auge inmobiliario en Chicureo. La gestión era digna de aplausos y se tradujo en obras y votos. Pero los problemas comenzaron al detectarse anomalías en convenios que regulaban las dos principales fuentes de ingresos.

La fisura inicial provino del sector inmobiliario.

Frente a la denuncia de un particular, que cuestionó un millonario acuerdo entre el municipio y un grupo de inmobiliarias con intereses en Chicureo, en enero de 2005 la Contraloría consideró que “resulta inadmisible que un órgano público reciba de las aludidas empresas financiamiento para la elaboración de un plan regulador comunal, a través de recursos que se destinarán, entre otros fines, a la construcción de una oficina operativa y otros gastos anexos”. El acuerdo había sido firmado en 2001 y en tres años ingresaron casi $200 millones a las arcas del municipio.

Luego vino el tema de los permisos de circulación, la mayor fuente de ingreso de los municipios.

A principios de 2004, tras un nuevo informe de Contraloría que señaló deficiencias en el examen de las cuentas por ingresos de patentes de vehículos, además del extravío de cientos de formularios de permisos de circulación y sellos verdes, el municipio firmó dos contratos sobre el tema. El primero perseguía subsanar las irregularidades anteriores. El segundo significó la renovación de un contrato con Global Express, una empresa externa encargada de dar “un apoyo complementario y restringido en la mejora de la gestión específica de renovación de los permisos de circulación”.

En buenas cuentas, la empresa familiar de Lorenzo Villalón tenía la misión de captar vehículos para que sacaran la patente en Colina. Global Express recibiría $2.000.000 mensuales por el servicio, además de un 11% de la patente de cada nuevo vehículo que ingresa al parque automotriz de la comuna.

El negocio fue provechoso para ambas partes durante los primeros años. Global Express tenía un acuerdo de privilegio con varias de las principales automotoras del país, entre ellas Derco, Mazda y Grunwald. El municipio, en tanto, experimentó un incremento de permisos de circulación cercano al 30% anual. Vinieron más obras y votos. Pero no todo marchó sobre ruedas.

Los inconvenientes surgieron en 2007, una vez que la ex concejala Alejandra Bravo lanzó su batería de denuncias sobre el tema. A las acusaciones sobre irregularidades en los contratos, duplicidad de patentes y pagos de comisiones por permisos de circulación anulados, entre otros hechos, se sumaron antecedentes que apuntaban a la triangulación de dineros.

Sobre este último punto, la concejala cuestionó que las automotoras realizaran pagos directamente a la Corporación Privada Centro Colina. Según la misma denuncia, esta institución sin fines de lucro, que fomenta el desarrollo de la comuna, retenía un porcentaje de esos pagos y realizaba depósitos a la cuenta corriente de Domingo Soto.

El asesor no sólo tuvo que ver con los permisos de circulación. En abril de 2005, siendo todavía asesor del alcalde, Soto formó la Sociedad de Servicios y Arriendos Ltda. junto a Lorenzo Villalón, principal socio de Global Express. Y año y medio después, al tiempo que abandonaba su cargo en la municipalidad de Colina, inscribió junto al mismo empresario la Inmobiliaria Tierra del Fuego Compañía Limitada. Sin deshacer las sociedades, en 2008 Soto se retiró de una y Villalón de la otra.

Para entonces el asesor ya había establecido residencia en Alto San Miguel de Colina, radicándose en la comuna. Lo propio hicieron el alcalde Olavaria y su jefa de Administración y Finanzas, Débora Sepúlveda. Ambos construyeron sus casas en exclusivos sectores de Chicureo.

Mario Olavarría y su relación con el contralor Mendoza

En 2007, cuando el ex concejal Nicolás Pavez dio a conocer irregularidades en un contrato por $3.300.598.782 adjudicado sin licitación a Chilectra, pidió la inhabilitación del contralor Ramiro Mendoza. Éste había formado parte del estudio de Philippi, Yrarrázabal, Pulido y Brunner, donde el hermano del alcalde, Cristián Olavarría, participa en calidad de profesional asociado.

Pero fue el propio alcalde quien implicó al controlar en otra polémica. En una entrevista a radio Cumbre de Colina, donde se hizo cargo de las denuncias de la ex concejala Alejandra Bravo por el arriendo de terrenos al supermercado Tottus, Mario Olavarría justificó la decisión diciendo que el propio Ramiro Mendoza, cuando ejercía como privado, había sido quien realizó el informe en derecho que avalaba la decisión. Entonces la controversia estaba radicada en el hecho de que los terrenos donde se construyó el supermercado pertenecían a Bienes Nacionales.

La antigua relación laboral de Mendoza con el alcalde Olavarría no es ningún secreto. Fue el propio contralor, en una reunión con funcionarios del Ministerio Público para tratar el caso de Colina, quien transparentó las labores que realizó como abogado privado en representación de la comuna.

Como parte del estudio de Philippi, Yrarrázabal, Pulido y Brunner, Ramiro Mendoza y la abogada Blanca Oddó participaron en juicios de cuentas, informes en derecho y recursos de protección en favor de la comuna de Colina y alguno de sus funcionarios. Por lo mismo, desde su llegada a la cabeza de la Contraloría, Mendoza se ha inhabilitado de ver las presentaciones que tengan relación con esa comuna.

Contraloría ha despachado tres resoluciones que no dejan en buen pie a Mario Olavarría. La más antigua data de diciembre de 2007 y señala a éste como el más viajero de los alcaldes del país, con 13 visitas al extranjero que le han significado al municipio un desembolso de $21.143.502. La segunda derivó de la denuncia por la adjudicación directa a Chilectra, destinada a dotar de luminarias a la comuna. El informe de Contraloría concluyó que el millonario contrato debía realizarse con un nuevo proceso de licitación.

El más reciente informe dice relación con el uso electoral que Olavarría dio a los carteles financiados con fondos municipales. Ahí se puede leer lo siguiente: “Es dable sostener que los cuestionados afiches a través de los cuales se publicitó la figura del alcalde de la Municipalidad de Colina –financiados con recursos de esa corporación- en el periodo inmediatamente anterior a las elecciones municipales, en circunstancia que aquél se postulaba a su reelección en el mismo cargo, son susceptibles de ser considerados como propaganda electoral”.