Varios candidatos han reconocido que ya han tenido gastos de campaña, aunque la ley no los considera como gasto electoral pues sólo se contabilizan 30 días antes de las elecciones. Hasta entonces no hay límite ni rendición de cuentas. Después el panorama seguirá siendo opaco. Un estudio de Chile Transparente da cuenta de que en las últimas municipales, sólo un 7,8% de las donaciones tuvieron carácter público, es decir, no se conoce la identidad de los donantes de más del 90% de los aportes privados. Urge reformar tanto la ley sobre votaciones como la de gasto electoral.

El debate en torno al gasto electoral ha irrumpido en la campaña presidencial. Por una parte se ha objetado la propaganda electoral anticipada y al margen de la ley que ya inunda los espacios públicos. Y con mayor o menor sinceridad y precisión, algunos candidatos han reconocido la existencia de gastos de campaña, pero sin aclarar adecuadamente sus montos y fuentes.

La legislación actual poco ayuda en este ámbito. Si bien se prohíbe la propaganda electoral anticipada, esto es antes de 30 días de la elección, la ambigüedad legal y falta de fiscalización han dificultado su aplicación. De acuerdo a ley sobre votaciones (N° 18.700 de 1988), propaganda electoral es aquella “dirigida a inducir a los electores a emitir su voto por candidatos determinados”. Algunos candidatos burlan la ley argumentando que no están induciendo a votar por ellos y que sólo se limitan a promover su imagen o sus ideas específicas.

El juez Mario Cortés, de Casablanca, ordenó el retiro de toda propaganda electoral de su comuna, dando un claro ejemplo de que es posible aplicar la prohibición legal. Sin embargo, en la comuna aledaña de Valparaíso, su par Oscar Suárez todavía no resuelve una denuncia de propaganda electoral ilegal, presentada por los diputados Jorge Burgos y Carlos Montes hace dos semanas. Y en Viña del Mar, la Alcaldesa Virginia Reginato afirma que “ninguna propaganda instalada en nuestra ciudad incentiva a votar”. Para lograr una igual y efectiva aplicación de la ley, es urgente modernizar la regulación sobre propaganda electoral, eliminando sus actuales ambigüedades, y establecer una instancia independiente, profesional y con recursos adecuados para su fiscalización. Esta no es una tarea de la que puedan hacerse responsables los municipios y carabineros, como lo exige actualmente la ley.

Más grave aún es lo que ocurre con el gasto electoral. La ley sobre esta materia (N° 19.884 de 2003), señala que se considerarán como gastos electorales los efectuados durante el período de campaña, es decir, entre el 14 de septiembre y el 10 de diciembre próximos. ¿Qué pasa con los gastos realizados antes? La ley no dice nada al respecto. Por lo tanto no se aplica límite alguno de gasto ni se exige rendir cuentas de lo gastado. Se hace imposible saber entonces sus niveles de gasto y las fuentes de financiamiento.

Una vez que empieza la campaña la situación no es mucho mejor. Si bien existen límites de gasto electoral, una encuesta realizada por Chile Transparente, a candidatos a alcaldes en la última elección municipal, refleja que un 53% de ellos consideró que estos límites no fueron respetados en sus comunas. No es posible contrastar esta percepción con el gasto real efectuado, ya que el Servicio Electoral no fiscaliza en terreno la campaña electoral, limitándose a examinar las rendiciones de cuenta que, un mes después de las elecciones, le presentan los candidatos. Pero como no fiscalizó antes, no tiene como verificar si existe sub-declaración del gasto real efectuado por cada candidato.

Tampoco existe real transparencia en la fuente de financiamiento de las campañas. En nuestro país se aceptan tres tipos de donaciones privadas: anónimas, reservadas y de carácter público. Sólo en éstas últimas es posible conocer el nombre del donante. Sin embargo, un estudio de Chile Transparente (no publicado todavía) muestra que sólo tuvieron carácter público un 7,8% de las donaciones privadas percibidas por los candidatos en la última elección municipal. Es decir, no es posible conocer la identidad de los donantes de más del 90% de los aportes privados. Y en el caso de los partidos políticos, la situación es peor. Sólo tuvieron carácter público un 0,7% de las donaciones privadas que recibieron los partidos para la última elección municipal.

La ley de gasto electoral también debe ser modernizada. Deben incluirse los gastos de precampaña en las rendiciones de cuenta de los candidatos y, por tanto, en los límites de gasto que establece la ley. Y se requiere aumentar los grados de transparencia de las donaciones privadas de manera que la gran mayoría de éstas se hagan en forma pública. En el escenario actual, no existe justificación para mantener un sistema de reserva para la mayor parte de las donaciones privadas que perciben los candidatos y partidos. Un mayor nivel de transparencia permitirá contar con un votante mejor informado, lograr un mejor nivel de rendición de cuentas y de control social, prevenir conflictos de interés y, en definitiva, fortalecer la democracia en nuestro país.

* Cristóbal Tello es director ejecutivo de Chile Transparente. Es abogado de la Universidad de Chile y MSc in Development Studies en la London School of Economics.