El indulto: la caricatura del “perdonazo”

El indulto aparece en el debate público como un intento de la oposición por establecer una asociación directa entre este beneficio y la impunidad. Insistir en ello deja en evidencia el afán por instalar la sensación falaz de que el uso de esta facultad es sinónimo de dejar un delito sin castigo. Por ello, es recomendable mantener la prudencia y alcanzar mayor rigurosidad en su tratamiento.

Hablamos de una institución histórica, que en la actualidad es expresión de una concepción abierta y pluralista de la separación de las funciones del Estado, que ha sido acogida por la mayoría de las constituciones del mundo. Países como España, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Bélgica, Canadá, Rusia, Alemania, podríamos seguir, no discuten su existencia. La doctrina ha entendido que la Justicia formal no siempre expresa la justicia como valor humano. El indulto se convierte así en un acto vedado a los jueces y una necesidad de la compensación de los límites que tienen éstos en la función aplicativa del Derecho. En suma, su vigencia encuentra razón en el derecho a otorgar clemencia sobre quien pesa una sentencia firme y con autoridad de cosa juzgada.

En Chile, esta facultad pertenece de manera amplia al legislador, a través de la amnistía o indulto general; a la Presidencia de la República por vía del ministro de Justicia, mediante el indulto particular; o al propio ofendido, en los delitos en que el simple perdón produce ese efecto (como en el caso de los delitos de acción privada).

En este contexto, no enriquece el debate el tratamiento ligero que se le ha dado a esta institución, con expresiones tales como que “atenta contra el principio de separación de poderes del Estado”; que los gobiernos de la Concertación “lo han aplicado discrecionalmente” o “que no se sostiene ya en la realidad”. No en vano el Pacto de San José de Costa Rica, al que Chile adscribe, refrenda la vigencia del indulto. Nadie discute su utilidad en materia humanitaria -enfermos terminales-, en casos de potenciales errores judiciales, como instrumento para alcanzar la paz social y tranquilidad pública, y en definitiva, como un medio más de protección de los derechos humanos.

La Presidenta Bachelet ha sido clara al expresar que no se opone a la posibilidad de revisar la citada institución, pero en forma objetiva y sensata. Es simplista asociarlo a una caricatura del “perdonazo”: el indulto no anula el delito cometido, ni elimina el carácter de condenado para los efectos de la reincidencia; tampoco vulnera el efecto de cosa juzgada ni el principio de separación de funciones. Su aplicación posibilita, en un menor tiempo y bajo un proceso reglado de exigentes requisitos, la reinserción del condenado a la sociedad. En consecuencia, transformar esta materia en fugaz pirotecnia y darle un uso de botín electoral, sin duda, es demagogia pura y dura, que degradada la actividad política.

¿Será acaso que la oposición no cree que una persona que ha delinquido pueda rehabilitarse y reinsertarse en nuestra sociedad? ¿Será que se opone a conceder una segunda oportunidad en la vida a un ser que, habiendo sido juzgado, sentenciado y privado de libertad, se le otorga un indulto en cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios exigidos para ello? ¿Será que el razonamiento que subyace es que la oposición no está dispuesta a reconocer los derechos humanos de los recluidos? Deducir lo anterior implica ir en contra del fin último del derecho penal -la protección de la paz social y de los intereses esenciales de una sociedad- y del desafío de reincorporar al medio social a quienes han infringido tal mandato.

Los gobiernos de la Concertación han demostrado un notable ejercicio de responsabilidad, transparencia y generosidad en esta materia.

Satanizar el indulto tiene un claro trasfondo electoral que no contribuye al debate. Identificarlo como una de las causales de la delincuencia y la drogadicción es demagogia. Su utilización liviana sólo empobrece la discusión y revela la actitud desesperada de la oposición que, tal como en otras teorías -desalojo e intervención electoral-, intenta confundir a la opinión pública con una nueva burbuja política. Cuidado, al parecer el populismo goza de buena salud.

*Subsecretario General de Gobierno.