Escaso control de medicamentos (II): Las nuevas reglas en las compras públicas
22.10.2008
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22.10.2008
Los cuestionamientos a la calidad de los medicamentos obligaron a la Central Nacional de Abstecimiento (Cenabast) a reformular sus procedimientos. Eso redujo primero la participación de BestPharma en las compras públicas y luego, en 2007, alertó de una de las más graves faltas del laboratorio: una droga contra el cáncer que era infectiva y que fue clave en el cierre de BestPharma. De acuerdo a un estudio privado en desarrollo, el Instituto de Salud Pública (ISP) también debería hacer cambios profundos para poder garantizar la seguridad de los medicamentos.
El laboratorio BestPharma se ha transformado en un ícono del débil control de los medicamentos en Chile. Tras 56 multas del ISP, fue clausurado este año. El problema es que no era cualquier laboratorio, sino que en su mejor momento llegó a ser el principal abastecedor de hospitales y consultorios de todo el país, donde según los testimonios recogidos por CIPER, muchos profesionales de la salud comprobaron en reiteradas ocasiones la baja efectividad y mala calidad de sus productos.
Durante el año pasado, la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) intermedió $153.898 millones en medicamentos para el sector público, lo que la convierte en un actor relevante para el mercado farmacéutico. Pero en su objetivo de aumentar lo más posible su rol para así lograr economías de escalas y mejor poder de negociación con la industria, la Cenabast no pudo soslayar el tema de la calidad.
Así lo constató Mario Jerez cuando asumió la dirección de la institución, pese a que tiene la mirada de un economista y se le nota: «Este mercado es totalmente desequilibrado porque el cliente no toma decisiones, hace fe ciega en el médico y en el código de ética de que no hay intereses en una marca o mayor retorno. La segunda instancia en que tienes que hacer fe es en el suministro del medicamento, pues te pueden prescribir una marca y muchas veces te preguntan, pero en otras simplemente te la cambian. Si el producto es o no de calidad, uno entra al mundo de los terrenos fangosos».
Jerez empezó a pisar ese terreno fangoso cuando en los hospitales y consultorios le decían que no usaban ciertos medicamentos porque eran de mala calidad. Era necesario saber cuánto se debía efectivamente a problemas de calidad y cuánto a preferencias de marcas asociadas al fuerte marketing de los laboratorios.
Como la ley obliga a la Cenabast a comprar lo más barato, salvo que haya razones fundadas para no hacerlo, se topaban con que los consultorios rechazaban los productos. «Teníamos un problema operativo. Cuando los doctores notaban que un medicamento no hacía efecto o tenía un efecto no deseado, simplemente dejaba de usarlo. Eso cerraba la puerta a nuevos medicamentos, pues preferían los de marca, lo que afecta la competencia y sube los precios. Entonces les pedimos que denunciaran», recuerda Jerez.
Para generar confianza, empezaron a poner requisitos de calidad en las bases de compras de medicamentos a través de lo que llama «la teoría del malpensado» con los laboratorios, a modo de obligarlos a actuar éticamente. Lo primero fue no comprar durante un año aquellos medicamentos que hubieran sido declarados «no aptos» por el ISP, sancionando las fallas de calidad más allá de lo estipulado por la ley. Además, se habilitó un mecanismo para fomentar las denuncias por calidad.
Y aunque gran parte de la industria aceptó que la Cenabast ejerciera atribuciones que no eran las tradicionales, Jerez dice que a algunas compañías no les gustó el modelo. La prueba fueron las querellas presentadas por laboratorios por no adjudicarles las ofertas pese a ser los más baratos. Sólo BestPharma presentó 14 recursos legales. «El 2005 y el 2006 me pasé gran parte de las mañanas explicando esto ante los jueces: la importancia de la calidad y sus efectos en el mercado», grafica el director de la Cenabast, quien dice haber ganado prácticamente todos los juicios.
Además de los problemas de calidad, se empezó a sancionar la especulación. Según cuenta Jerez, era común que los laboratorios ofertaran precios bajísimos sin tener realmente el producto. Sólo después de adjudicarse la propuesta, salían por el mundo a buscar un proveedor que les vendiera a ese precio. Si no lo encontraban, simplemente no cumplían, pues la boleta de garantía era muy baja. «Pero si el medicamento no está en los hospitales es muy relevante», enfatiza, pues afecta a los pacientes, tiene un costo financiero y daña la confianza en el sistema.
Por eso se empezó a castigar el incumplimiento -excluyendo de la licitación a quienes registraran dos o más episodios- y también se empezó a exigir que la oferta estuviera asociada a un laboratorio particular, en vez de poner simplemente un país. Según Jerez, estas medidas tuvieron rápido impacto: «Empezaron a cambiar la procedencia de algunos medicamentos y desaparecieron algunos laboratorios de China e India».
No conforme con esto, la Cenabast empezó a hacer sus propios Controles de Especificaciones Técnicas (CET). Jerez los define como una suerte de test antidoping que puede ser facultativo (ante reclamos o problemas anteriores), aleatorio u obligatorio (ante medicamentos muy sensibles). Estos fármacos son enviados a laboratorios reconocidos por el ISP para un análisis de calidad. El ya famoso Tamoxifeno de BestPharma fue detectado en un CET facultativo, donde se descubrió que este medicamento contra el cáncer estaba siendo administrado a los pacientes pese a que no era efectivo para curar la enfermedad.
Por último, extendieron los castigos a los puntajes de las licitaciones de todos los medicamentos de un laboratorio con algún producto declarado «no apto para su uso» por el ISP. «El 2006 BestPharma llevaba decenas de retiros de series, abusando de la confianza de la ciudadanía. Perdían 5 puntos en todas las licitaciones y con eso es casi imposible venderle a la Cenabast», asegura Jerez. Gracias a eso, al momento del cierre, el laboratorio BestPharma representaba el 0,78 de las adquisiciones después de haber representado el 30% de la cartera de la Cenabast.
Sin embargo, estas restricciones operan sólo para ese organismo público y sus medicamentos siguieron a disposición de las farmacias, clínicas y hospitales que compran directamente.
«Yo diría que siempre hay que poner más mecanismos para asegurar la calidad. Me parecen bien los mecanismos que tiene la industria, pero falta mucho. Si no, no tendríamos que sacar medicamentos del mercado. Falta mucho para que nosotros tengamos medicamentos que garanticen la calidad en todos los ámbitos, no sólo público sino también en el retail», concluye Jerez.
El caso BestPharma sorprendió a Rony Lenz en la mitad de un estudio para elaborar una propuesta de rediseño del Instituto de Salud Pública (ISP). También confirmó algunas de las críticas que éste hace al organismo. El trabajo estará listo a fin de año y es realizado de manera privada por su empresa -Lenz Consultores-, que tiene un fuerte énfasis en el área salud.
Si bien es ingeniero comercial, Lenz se ha especializado en ése ámbito y tras ser director de Fonasa (97-2000) ha realizado numerosos trabajos para empresas farmacéuticas. En este proyecto trabaja junto a la doctora Margarita Charlin.
-El principal problema que tenemos hoy día es que la arquitectura institucional del ISP no es la correcta. Nació como la fusión de distintas organizaciones, por lo tanto hoy no tiene una misión clara como institución, sino que se divide entre la fiscalización de distintas cosas -entre ellas, de los laboratorios clínicos, salud del ambiente, salud ocupacional- y entrega servicios, porque es laboratorio de referencia respecto de varias cosas. Los esfuerzos se dispersan -es el primer diagnóstico de Lenz.
La crítica es refutada por la directora del ISP, Ingrid Heitmann, quien explica que para cada área el ISP tiene equipos diferentes y que, por el contrario, dividir las funciones sólo aumentaría los costos administrativos.
Mientras Lenz cuestiona la falta de recursos para la fiscalización, Heitmann reclama la voluntad política de fortalecer al ISP en su conjunto. «Yo creo que con $30 mil millones el ISP podría hacer todo lo que requiere para ponerlo acorde a los tiempos en un país como Chile», dice la directora del organismo, demandando así más del doble de los fondos actuales.
Hoy, más del 60% de los recursos del ISP son generados por autofinanciamiento y, de ese porcentaje, el 80% viene de Control Nacional, que es la unidad encargada de fiscalizar los medicamentos. «Es una entidad fiscalizadora financiada por los fiscalizados», resume Lenz.
En otros países la mayor parte de los fondos son entregados por el Estado, lo que a juicio de Lenz evita incentivos perversos a la hora de fiscalizar. «Pongámoslo de otra forma: desde el punto de vista de los ingresos, BestPharma le dejó $200 millones -entre el 2004 y el 2008- al ISP. O sea, si tuviera varios BestPharma, ingresaría mucha plata. Entonces, si yo lo cierro, pierdo una fuente de ingreso», dice el economista. El cálculo de Lenz es rechazado por Heitmann. Pero Lenz insiste:
-Aquí hay un problema estructural y seguramente este caso nos va a ayudar a aprender como país las cosas que hay que hacer. Hay que tomar algunas decisiones estructurales más drásticas. Hay que tener una agencia que debería ser una superintendencia regulatoria de medicamentos. Mientras eso no suceda, no podemos garantizar la calidad-, afirma el consultor.