El coronel (r) Pedro Valdivia está acusado de usar la empresa de seguridad privada que fundó y administró hasta enero de este año (SyP) para triangular contratos de la Municipalidad de Vitacura a través de Piamonte S.A. Su cargo de director de Operaciones del mismo municipio lo tiene hoy bajo fuego cruzado de la Contraloría y de su ex socia y pareja. El mediático ex oficial de Carabineros dice que todo es “un problema sentimental”. Pero la historia que investigó CIPER es más compleja y está documentada.

El coronel (r) Pedro Valdivia está acusado de usar la empresa de seguridad privada que fundó y administró hasta enero de este año (SyP) para triangular contratos de la Municipalidad de Vitacura a través de Piamonte S.A. Su cargo de director de Operaciones del mismo municipio lo tiene hoy bajo fuego cruzado de la Contraloría y de su ex socia y pareja. El mediático ex oficial de Carabineros dice que todo es “un problema sentimental”. Pero la historia que investigó CIPER es más compleja y está documentada.

Simpático y de palabra fácil, el coronel (r) Pedro Valdivia siempre se hace un tiempo para atender a la prensa. Desde que abandonó una alta jefatura en Carabineros -por su responsabilidad de mando tras un incidente entre personal de la SIP y funcionarios de Investigaciones-, se ha esmerado en cultivar su imagen de experto en seguridad. Número puesto en los matinales de TV cada vez que las noticias imponen el tema de la delincuencia, siempre tiene consejos prácticos y preventivos para que las dueñas de casa, jefes de hogar, empleadas de servicio doméstico y conserjes, sientan que -con alguna ayuda- pueden vivir más seguros.

Director de Operaciones de la Municipalidad de Vitacura desde 1997 y responsable de la seguridad ciudadana en la comuna, Valdivia fue el principal organizador del seminario “Seguridad para los tuyos: Capacita a tu nana en Vitacura”, que se realizó este viernes (22 de agosto) y que encabezó el propio alcalde Torrealba. Pero este hombre que simboliza el combate a los ilícitos, era investigado en ese mismo momento por faltas a la probidad.

Lo que era un rumor fue investigado por CIPER, constatando que existen documentos y testimonios que apuntan a que el coronel (r) Valdivia está comprometido en acciones que facilitaron que una empresa ganara una licitación relacionada con la seguridad ciudadana en Vitacura. Además, esa misma empresa habría pagado una comisión a una compañía de seguridad privada que él fundó y que representó hasta enero de este año.

Se trata de la licitación del suministro de motoristas para la seguridad comunal de Vitacura. La empresa que se quedó con el negocio fue Piamonte S.A. La comisión la habría pagado a SyP, empresa de seguridad privada creada en 1997 por Valdivia, quien tuvo un poder amplio para administrarla y representarla hasta enero de este año.

CIPER logró obtener copias de varios documentos que complican a Valdivia y a los dueños de Piamonte S.A. Uno de ellos es un sorprendente correo electrónico del 15 de junio de 2004. En ese mensaje el coronel (r) aparece informándole a un ejecutivo de Piamonte S.A. las cifras que esa empresa debía ofertar en la licitación para proveer motoristas de seguridad ciudadana a Vitacura, montos con los que, según escribe Valdivia, “debiéramos ganar la propuesta”. Un mes después, el 19 de julio de 2004, el dueño de Piamonte S.A. efectivamente firmó el contrato “Contratación del Servicio de Motoristas para el Programa de Seguridad Ciudadana” con la municipalidad donde Valdivia ejerce la jefatura máxima de seguridad.

La dupla de negocios que formaron Valdivia y Raúl Dell’Oro, propietario de Piamonte S.A., tuvo su origen antes de la mencionada licitación. En 2000, Piamonte S.A. también se adjudicó el servicio de las motos para la vigilancia de las calles de Vitacura. Pero el suministro de los guardias que las conducían como la vestimenta que se les proporcionaba para cumplir su función, fueron subcontratados por Piamonte a SyP. Lo que escapaba a la norma es que Pedro Valdivia, al mismo tiempo que controlaba y supervisaba el servicio que Piamonte daba a la comuna, era poseedor del mandato legal que lo facultaba como administrador y representante de SyP. Entre el 1 de agosto de 2000 y la misma fecha del 2002, Piamonte S.A. pagó a SyP el monto de 306,867 UF mensuales (unos 6,1 millones de pesos en cifras actuales) más IVA por este servicio.

La denuncia de estas irregularidades están en conocimiento del alcalde Raúl Torrealba (RN), al menos desde febrero pasado. Y los hechos han originado incluso una investigación de la Contraloría General de la República. José Zamorano, el encargado de la investigación de la Contraloría, sólo confirmó a CIPER que se ha instalado en la municipalidad para investigar la función del coronel (r) Valdivia. No está facultado -dijo- para responder consultas respecto de las irregularidades que investiga y tampoco sobre los plazos ordenados.

El triángulo de los motoristas

La denuncia contra Valdivia fue ingresada a la Contraloría el 22 de abril de este año. En el texto se afirma que, al mismo tiempo que el ex oficial de Carabineros ejercía como jefe del área de seguridad ciudadana del municipio, tenía a su cargo la administración de la empresa SyP. El coronel (r), según acusa el documento, también habría empleado a funcionarios municipales que estaban bajo su jefatura para supervisar a los guardias que SyP mantenía en tareas de vigilancia para distintas empresas privadas del sector. La supervisión a los guardias de esas empresas se hacía -según el denunciante- a bordo de camionetas municipales.

Una tercera acusación contenida en el texto sostiene que Valdivia ejecutó asesorías de seguridad para Piamonte S.A cuando ésta ya estaba contratada como proveedora de servicios de seguridad que el propio ex oficial debía administrar y fiscalizar.

Pilar Reyes Zurita es una mujer que tiene una relación con el coronel (r) con dos características que pueden ser explosivas: ex socia y ex polola. La propietaria de SyP es además la dueña de un verdadero arsenal de documentos que complican a Valdivia. Uno de sus misiles más duros repartió esquirlas que también alcanzaron a Dell’Oro y a Torrealba.

El edil de Vitacura tiene una estrecha relación con Valdivia. El jefe del Departamento de Protección Civil del municipio, Ricardo Vásquez, cuenta que cuando Valdivia llegó a la comuna en 1997 las encuestas indicaban que la sensación de temor entre los vecinos se empinaba cerca del 70%. En dos años -señala- bajó a 3,5%, donde se ha estacionado hasta ahora. Torrealba valora la labor de Valdivia: sabe que le da uno de los capitales políticos que pesan en las campañas electorales.

El 26 de febrero de este año, Pilar Reyes le envío un correo electrónico a Torrealba en el que denunciaba que “el señor Valdivia a través de Seguridad y Protección Ltda. hace años atrás licitó el servicio de motoristas de Vitacura, sin embargo ante una denuncia del concejal (Sergio) Hernández, decidió traspasar el servicio al señor Del Oro (sic), el cual cancelaba mensualmente una comisión a SyP por efectuar dicha prestación. Esta comisión era facturada a Del Oro por SERVICIOS DE SEGURIDAD LOCALES PIAMONTE, prestaciones que obviamente nunca se realizaron”.

El e-mail solicitaba a Torrealba que interviniera ante Valdivia y Dell’Oro para que Piamonte pagara tres facturas, por un valor total de $ 5.402.965, que adeudaba a SyP.

-El alcalde Torrealba jamás me contestó. Al final decidí querellarme contra Piamonte para conseguir el pago de las facturas -señala Pilar Reyes.

CIPER tuvo acceso a tres de estas facturas que fueron pagadas por Piamonte a pesar de que SyP, según la versión de la empresaria, jamás le prestó el servicio de asesoría en seguridad o vigilancia a la compañía de Dell’Oro.

La dueña de SyP no sólo presentó su demanda ante tribunales sino que, además, le entregó los antecedentes que poseía al concejal de Vitacura Sergio Hernández (DC).

CIPER contactó al alcalde Torrealba para que explicara qué hizo al conocer, en febrero pasado, la denuncia que indica que Valdivia intervino para que Piamonte pagara una comisión a SyP por el servicio prestado al municipio. Pero el jefe de gabinete del edil señaló que el director jurídico de la Municipalidad se comunicaría para responder las consultas. Ese llamado no se concretó.

En tanto, el principal dueño de Piamonte S.A., Raúl Dell’Oro, pidió que se le enviara copia del e-mail que Pilar Reyes remitió a Torrealba, indicando que tras su lectura resolvería si contestaba las consultas, pero CIPER prefirió no hacer circular ese documento por correo electrónico y le propuso una reunión para abordar el contenido del mismo. Dell’Oro no contestó.

Pilar Reyes cuenta que entregó a la Contraloría las pruebas de que Piamonte aparecía licitando el servicio de motoristas, pero que SyP era la empresa que en los hechos administraba los recursos humanos: pagaba honorarios y proveía uniformes. Para comprobarlo, exhibe una factura por la compra de los uniformes y varios contratos de trabajo en los que SyP empleó a guardias que cumplirían labores de motoristas en Vitacura a través de Piamonte. Lo singular es que esos contratos aparecen firmados por Valdivia en representación de SyP.

La versión de Pilar Reyes no es una novedad. Fue el descuido de Valdivia en relación a su doble función lo que hizo surgir las dudas en el entorno de Vitacura. Muchos motoristas de la seguridad comunal eran vistos regularmente en las oficinas que SyP ocupaba entonces en O’Bryan 2870, cerca de la Municipalidad. No era una visita de amigos: allí cobraban sus salarios. La peculiar situación fue detectada por el concejal Hernández, quien denunció a la Contraloría en 2005 el posible uso indebido de vehículos municipales que frecuentemente veía estacionados frente a esta empresa.

Lo que nunca supo Hernández es que si bien entonces no hubo señales de que la Contraloría investigara la eventual irregularidad, su acción sí fue la alerta roja que hizo que Valdivia tomara la decisión de separar a SyP del servicio de motoristas en manos de Piamonte S.A., dejando a Dell’Oro como único beneficiado del negocio. Eso es lo que afirma la entonces socia y polola de Valdivia, Pilar Reyes.

Según los datos en línea del portal de ChileCompra, entre 2007 y 2008 Piamonte participó en 34 licitaciones y en 16 de ellas se adjudicó contratos por venta o arriendo de vehículos o venta de accesorios para vehículos. El año pasado la empresa de Dell’Oro suscribió un contrato para arrendar al municipio de Vitacura 23 vehículos durante 36 meses (10 furgones Fiat Fiorino y 10 autos Fiat Siena que administra Valdivia, y 3 autos Fiat Siena para uso de Carabineros). El precio mensual que le paga Vitacura por los arriendos asciende a UF 347,5 (unos 7,2 millones de pesos).

“Un problema sentimental”

-Detrás de todo esto hay un problema sentimental. Esta señora o señorita terminó una relación hace dos años atrás y yo al formar mi empresa propia, independiente, generó que algunas empresas y asesorías (que eran clientes de SyP) se fueran conmigo. Y de ahí, bueno… me acusó de todo. Todas las acusaciones que me ha hecho están prácticamente descartadas. Me acusó de uso de recursos, que yo trasladaba a su mamá, que le llevaba flores a ella en vehículos municipales. Es tan larga la historia y son tantos los documentos que hay, que al final me llega a doler la cabeza –comenta Valdivia cuando se le pregunta por la investigación de la Contraloría, en la que ya ha declarado dos veces.

El coronel (r) sostiene que entregó a la Contraloría los documentos que a su juicio desvirtúan las denuncias: “Yo presenté todo, incluso las cartas de amor”. CIPER le pidió que exhibiera esos documentos para poder mostrar las dos versiones. Valdivia respondió que estaban en manos de su abogado y que consultaría con él si podía entregarlos. No volvió a comunicarse.

SyP se formó el 17 de abril de 1997, el mismo año en que Valdivia desembarcó en Vitacura. Firmaron el original de la constitución de la sociedad, en partes iguales, el coronel (r) y Carlos Riera Balart, quien actuó en representación de Pilar Reyes, entonces su esposa. La sociedad marchó sin novedad hasta el 2000. Según afirma Pilar Reyes, en 1999, cuando ella ya estaba separada, comenzó un pololeo con Valdivia que se extendería hasta enero de 2006.

Valdivia asegura que él se retiró en marzo de 2000 de SyP, por lo que no recuerda con exactitud la relación de esa empresa con Piamonte en el tema de los motoristas de Vitacura:
-En algún momento hubo un trabajo de motoristas, pero no recuerdo cuánto tiempo pudo haber sido y cuándo fue.

Efectivamente Valdivia dejó SyP el 20 de marzo de 2000, cediendo su parte y dejando el 99% de la propiedad en manos de Pilar Reyes y el 1% restante en poder de una persona que él mismo llevó a la sociedad: José Ignacio Vivanco Bravo. La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderían a Pilar Reyes. Eso es lo que se dejó a la vista de cualquier ciudadano que revise los archivos del Diario Oficial. Pero lo que quedó en reserva, con copia sólo en la notaría, es que nueve días más tarde Pilar Reyes delegó el mandato de administración de la sociedad en Pedro Valdivia, quien quedó facultado para representar ampliamente a SyP en todo lo relacionado con el giro del negocio. Es decir, su gerente y representante legal.

Valdivia dice que se retiró de la sociedad porque atravesaba por problemas personales y conyugales, los que le impedían mantener una empresa. Además, señala que SyP pretendía hacer negocios con Vitacura: “Pero a mí me incomodaba. Incluso en ese tiempo no había normas al respecto, pero yo me retiré por una decisión de negocios y porque tenía problemas personales”. Lo cierto es que antes de que se concretara su salida, el 8 de marzo de 2000, SyP inició un servicio de vigilancia a las casetas de cobranza de los permisos de circulación de Vitacura.

El mandato de la discordia

Pilar Reyes asegura que Valdivia se casó en sociedad conyugal y no deseaba aparecer como propietario de la empresa para efectos de la repartición de bienes al término de su matrimonio. Por eso, dice ella, figura cediendo su parte de SyP el año 2000: “Yo era su polola y confiaba en mí”. A cambio -cuenta- ella le dio el mandato que lo facultó para administrar, representar, firmar contratos y cheques de la empresa.

José Ignacio Vivanco Bravo, afirma Pilar Reyes, era un amigo de Valdivia que nunca se apareció por el negocio. De acuerdo con los registros del Diario Oficial, José Ignacio Vivanco Bravo ha constituido 14 sociedades desde 1983 y en dos aparece como dueño de un exiguo 1% de los derechos: Transportes El Monte Limitada y Seguridad y Protección SYP Limitada. Su rubro fuerte es el de empresario gastrónomico, es propietario del restaurante “Los buenos muchachos”, fue socio de un cabaret y actualmente es investigado por sus vínculos con un millonario fraude con tarjetas de crédito (ver recuadro).

Vivanco se retiró de SyP el 7 de febrero de 2008, cuando la batalla entre Pilar Reyes y Valdivia ya estaba declarada. En su reemplazo ingresó el hermano de ella, Óscar Enrique Reyes Zurita. Una semana antes, el 31 de enero, la empresaria ya había revocado el mandato de administración al ex jefe policial.

El coronel (r) le resta importancia al mandato: “Ese documento tenía por finalidad conservar la posibilidad de recuperar parte de esa empresa en algún minuto de mi vida, porque ese mandato se hizo en el año 2000 por problemas personales que yo tenía, me había separado (…) Era un mandato dado por la dueña de la empresa. Cuando se creó la empresa, se creó en sociedad, y ese mandato fue una cesión que yo hice, completa, de toda mi parte, con el compromiso de que alguna vez, cuando yo solucionara mis problemas personales, pudiera recuperarlo, cosa que no ocurrió”.

Valdivia afirma que “ese mandato no decía relación exactamente con los servicios que prestaba SyP”. Y asegura que a través de esa empresa, él no prestó servicios a Vitacura. Si la Contraloría comprueba que efectivamente usó ese mandato legal y administró o representó a SyP al mismo tiempo que cumplía una función en el mismo rubro en la Municipalidad de Vitacura, corre el riesgo, incluso, de ser destituido.

En su rol de director de Operaciones del municipio está obligado a declarar todas las actividades económicas en las que tenga intereses, incluso en instituciones sin fines de lucro. Y en su declaración de intereses del 6 de octubre de 2004 no mencionó que tenía poderes para representar o administrar SyP. Si la Contraloría considera que esa fue una “omisión grave”, Valdivia se expone a la pena más severa. Más aún si se comprueba que, con posterioridad a esa declaración, él contrató a nombre de SyP a motoristas que trabajaron para Piamonte en Vitacura.

Pilar Reyes exhibe uno de estos contratos, firmado por Valdivia en representación de SyP el 20 de octubre de 2004, sólo dos semanas después de haber presentado su declaración de intereses.

La empresaria muestra diversos documentos que indican que Valdivia efectivamente actuó como gerente general y representante legal de SYP varios años después de su salida formal de la sociedad. Entre los papeles, surgen informes de asesorías para empresas, un escrito judicial, una negociación interna con trabajadores de SyP e incluso una notificación que remitió a la Inspección del Trabajo.

En esos documentos se establece que algunos de los subordinados de Valdivia en Vitacura, como los inspectores municipales Juan Vera Burboa y José Manuel Gallardo, trabajaban al mismo tiempo para SyP como supervisores de los guardias de la empresa privada. De hecho, hasta fines del año pasado le entregaban boletas de honorarios a SyP en las que indicaban como domicilio la avenida Bicentenario 3.800, la dirección de la Municipalidad de Vitacura.

Punto de quiebre

La pareja Reyes-Valdivia puso fin a su pololeo en enero de 2006. Y, según el relato de Pilar Reyes, en los siguientes dos años coordinaron sus labores sin problemas:
-Él venía todas las mañanas a las oficinas de SyP. Se quedaba hasta las 10:00 y se iba a la Municipalidad. Yo llegaba a esa hora y me hacía cargo de todo por el resto del día.

La situación se volvió tensa a fines del año pasado, cuando el coronel (r) quiso recuperar formalmente su propiedad. Valdivia ya había obtenido el divorcio, el que quedó registrado en su certificado de matrimonio con fecha 29 de agosto de 2007. Pero, según relata Pilar Reyes, no llegaron a acuerdo en el monto con el que se debía valorizar a la empresa en las escrituras. Valdivia aborda el tema con menos detalles: “Cuando quise recuperar legalmente (la propiedad), la persona se negó”.

Si para el coronel (r) la trama que lo tiene enredado se originó por despecho, la explicación de Pilar Reyes es bastante menos glamorosa. La empresaria dice que entre el 28 y 29 de enero de este año le llegaron seis cartas de empresas que cancelaron, sin expresión de causa, sus contratos con SyP. “Me avisaban que a contar del 1 de marzo ya no requerían nuestros servicios”. Muestra una de esas cartas: Artel. Pero menciona además a Televisa, Braun Medical y Mc Donald’s entre los que partieron de manera repentina. Ella dice que un gerente de una de estas empresas le explicó lo que estaba sucediendo: Pedro Valdivia había formado su propia empresa de seguridad y se iban con él.

SyP se quedaba sin “rostro” para el mercado de la seguridad y la fuga de esa figura mediática, que además tenía el mandato de administración, arrastraba a sus clientes.

Para lo primero, Pilar Reyes buscó aliarse rápidamente con un personaje que le devolviera peso ante la competencia: el general director de Carabineros (r) Fernando Cordero Rusque, quien aparece en la web de SyP como socio y gerente general. En el organigrama figura también el general (r) Lautaro Contreras, quien ejerce como gerente de Estudios. En el Diario Oficial no hay registro de que Cordero haya ingresado a la sociedad.

Para lo segundo, no había remedio. El 15 de enero se constituyó la empresa individual de responsabilidad limitada “Asesorías en Seguridad Pedro Valdivia E.I.R.L.” o “Pedro Valdivia Seguridad E.I.R.L.”. Y la cartera de clientes de SyP sufrió una merma significativa. Eso comprueba, a juicio de Pilar Reyes, que el coronel (r) trabajó con SyP hasta este año controlando esa cartera. Es más, asegura que SyP apoyó al coronel (r) con recursos destinados al posicionamiento de su imagen pública, porque eso les generaba nuevos clientes. Eso explicaría las boletas de honorarios pagadas por SyP hasta fines del año pasado al encargado de mantener la página www.pedrovaldivia.cl, donde el ex policía difunde noticias y consejos sobre seguridad.

El 31 de enero pasado, la empresaria concurrió a la notaría de Humberto Quezada Moreno, para revocar el mandato delegado en Valdivia. En ese último día con poderes de representación y administración, el coronel (r) dejó firmada una boleta de honorarios porque efectuó un retiro de $1.900.000 de las cuentas de SyP con un cheque que, según el relato de su ex socia, se hizo él mismo.

Una de las últimas operaciones comerciales que registra Valdivia es precisamente con Piamonte S.A. Dell’Oro le vendió este año dos camionetas Fiorino con las que el coronel (r) puso en marcha su nueva empresa de seguridad privada. El mismo Valdivia reconoce que las adquirió para su empresa y señala que no ve nada malo en ello: “He comprado, claro, como compra cualquier persona”.

Los buenos muchachos

José Ignacio Vivanco Bravo, administrador y dueño de Los Buenos Muchachos, aparece involucrado en la investigación de un millonario fraude con tarjetas de crédito que pesquisa la Fiscalía Oriente de la Región Metropolitana. Por esa causa, el 1 junio de 2007 la Brigada contra el Crimen de la Policía de Investigaciones llegó hasta el restaurante de avenida Ricardo Cumming para incautar dos televisores plasma, ocho pantallas planas y una tina de hidromasajes tipo spa avaluada en tres millones de pesos. Las especies habían sido adquiridas con tarjetas de crédito clonadas en el comercio regular y llegaron a poder de Vivanco Bravo por medio de dos conocidos delincuentes.

Uno de ellos es Cristián Deb González, actualmente en prisión preventiva y con un amplio prontuario por fraudes reiterados con tarjetas clonadas, quien hizo fama en 2003 por ser uno de los cabecillas del frustrado plan para desvalijar la bóveda de una sucursal del banco BCI mediante un túnel. La otra es Fresia Astudillo Soto, conocida como la mayor reducidora de objetos robados, también detenida.

De acuerdo con la declaración que Vivanco Bravo prestó en la Fiscalía Oriente, éste compró los objetos a Deb y Astudillo, quienes llegaron por separado para ofrecérselos directamente en su local. El empresario conocía el nombre de ambos pero argumenta haber actuado de buena fe, sin saber que las especies tenían un origen ilícito.

La investigación surgió al constatarse una serie de operaciones fraudulentas con tarjetas de crédito y cheques. Las compras de objetos de lujo y fácil reventa, que significaron montos por cerca de 800 millones de pesos, derivaron en la detención de Cristián Deb y su esposa, Alejandra Lumbrela Santis. Deb fue detenido en diciembre último por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la policía civil, BRIDEC, que lo sindicó como el líder de una banda de estafadores integrada por veinte personas. Cuatro meses después, en abril pasado, Fresia Astudillo cayó en manos de la policía.

La investigación sigue abierta y está a cargo de los fiscales Carlos Gajardo y Felipe Díaz, especializados ambos en delitos económicos.