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María Isabel Moya, jefa del Departamento de Informática del Registro Civil, fue la única integrante de la comisión evaluadora de la licitación de US$ 80 millones que se mantuvo en su puesto tras el descabezamiento de la semana pasada. Ayer, su extensa declaración ante la fiscalía gatilló una serie de diligencias, entre ellas el sorpresivo allanamiento de la casa del ex director Guillermo Arenas en el momento en que festejaba su cumpleaños. Moya es una testigo privilegiada de la cuestionada licitación y maneja antecedentes clave, que de acuerdo a diversas fuentes, apuntarían a la manipulación de la evaluación técnica para favorecer a la empresa TATA.

Citada por Alejandra Godoy, fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte, María Isabel Moya partió en la mañana de ayer dispuesta a contar todo lo que sabía. No era poco: declaró durante más de ocho horas y sus palabras gatillaron múltiples diligencias. Primero se incautó su propio computador desde su oficina y luego los de otros funcionarios del Registro Civil. Previamente la fiscalía ya había requisado otros equipos y documentos de los últimos tres años. Hasta el ex director Guillermo Arenas fue sorprendido por funcionarios de Investigaciones que registraron su casa y su oficina, justo en la noche en que celebraba su cumpleaños número 60.

Guillermo Arenas, director del Registro CivilAsí, cuando muchos creían que Contardo era el principal protagonista de las irregularidades y se buscaba determinar si además había habido lobbistas externos que intentaron influir en la millonaria licitación, Moya volvió a centrar uno de los focos de la investigación en la estrecha relación entre Contardo y Guillermo Arenas. Ha sido una testigo privilegiada de los sospechosos manejos que terminaron con la adjudicación a TATA.

La mano de Contardo

La jefa del Departamento de Informática conoció las propuestas de los participantes el 16 de agosto del año pasado, cuando se abrieron los proyectos presentados por TATA Consultancy Services BPO Chile, Quintec Soluciones Informáticas y Sonda. Comenzó entonces la evaluación técnica de las tres empresas, sopesando y calificando las tres ofertas. Este trabajo se traduciría en el documento de Evaluación Técnica Cualitativa, un paso determinante para la definición final, dado que de acuerdo a las bases tenía un peso de 80% frente al 20% de la oferta económica. En este delicado proceso la acompañaron los cuatro técnicos que tiene a su cargo -Daniel Manríquez, Walter Montenegro, Daniel Rengifo y Claudio Pavez-, quienes se dividieron el trabajo de evaluación por áreas.

El resultado de la evaluación habría sido entregado por Moya a Andrés Contardo, y de acuerdo a fuentes internas del Registro Civil, el documento no se inclinaba por TATA. Es este punto el que alimenta las sospechas sobre el rol jugado por Contardo para beneficiar a la empresa india. De acuerdo a las versiones recogidas por CIPER, el informe que recibió la comisión evaluadora no fue el mismo que salió de la oficina de Moya. El nuevo no sólo favorecía a TATA, sino que se refería a dicha compañía en términos particularmente elogiosos. De allí la importancia del extenso testimonio que prestó ayer María Isabel Moya.

Once días después, Guillermo Arenas designó a la comisión evaluadora que recibiría el informe de Moya y su equipo. Además de la jefa de Informática, el grupo quedó constituido por el jefe de gabinete de Arenas, Jorge Lobos, y los subdirectores que fueron removidos la semana pasada: Gabriela Huarcaya (Jurídica); Enzo Pistacchio (Operaciones); Luis Mella (Administración y Finanzas)y Andrés Moreno (Estudios y Desarrollo). Ante ellos y en esa misma fecha, Moya realizó la primera presentación general del proyecto.

Ambos grupos –técnicos y comisión evaluadora- recorrieron entre el jueves 20 y el viernes 21 de septiembre las dependencias de las tres empresas en competencia. El propósito de la visita fue presenciar la puesta en marcha del llamado Prototipo de Capacidad de Desarrollo y Arquitectura del Software, para demostrar que el diseño funciona y es capaz de emitir, en un máximo de tres segundos, un documento requerido.

Partieron por TATA y, de acuerdo al informe técnico, “en términos generales cumplió con la funcionalidad solicitada, sin embargo no se pudo apreciar requerimientos especificados como: arquitectura, equipo de trabajo, gestión de cambio”. Finalmente la visita no fue considerada en la puntuación, pues pese a que en las bases y en el informe técnico se le mencionaba como un punto de suma importancia, la matriz que más tarde sugirió Andrés Contardo y que luego fue criticada por la Contraloría, no asignó puntaje para ninguna de las tres empresas.

cédulasEl informe técnico cualitativo terminó de redactarse hacia fines de septiembre en las oficinas del Departamento de Informática. El resultado de la evaluación habría sido entregado por Moya a Andrés Contardo, y de acuerdo a fuentes internas del Registro Civil, el documento no se inclinaba por TATA. Es este punto el que alimenta las sospechas sobre el rol jugado por Contardo para beneficiar a la empresa india. El asesor del director del Registro Civil recibió además el contenido de las tres propuestas en competencia.

De acuerdo a las versiones recogidas por CIPER, el informe que recibió la comisión evaluadora no fue el mismo que salió de la oficina de Moya. El nuevo no sólo favorecía a TATA, sino que se refería a dicha compañía en términos particularmente elogiosos. De allí la importancia del extenso testimonio que prestó ayer María Isabel Moya en dependencias de la fiscalía. Sus revelaciones provocaron la inmediata orden de allanar la casa y oficina privada de Guillermo Arenas, la que fue ejecutada por personal de la Brigada de Delitos Económicos de Investigaciones (Bridec). A eso de las 20 horas también fueron allanadas otras dos dependencias del Registro Civil.

Estas diligencias podrían ayudar a reconstruir paso a paso tanto el lugar físico como las personas que tuvieron participación en la elaboración del informe que finalmente tuvieron ante sus ojos los miembros de la Comisión Evaluadora el 4 de octubre. Ese día participó también en el encuentro Andrés Contardo, quien de acuerdo a las actas hizo “una presentación conceptual del proceso de licitación, una metodología para la evaluación y los conceptos básicos a considerar”.

Cuatro días más tarde se firmó el acta final que resume el proceso y otorgó formalmente a TATA la adjudicación de la plataforma tecnológica del Registro Civil. Lo que sigue ya es historia: sólo un par de días después se socializó entre las empresas del sector la denuncia de que hubo propuestas de coimas y en enero la Contraloría impugnó el proceso y ordenó retrotraer todo a la etapa de evaluación. No obstante los reparos, el 10 de marzo el Registro Civil volvió a entregarle el millonario negocio a TATA. Por poco tiempo, ya que el martes 18 el gobierno ordenó volver todo a fojas cero tras informarse por la investigación de CIPER de que mientras Contardo fue asesor de Guillermo Arenas trabajaba simultáneamente para TATA en el extranjero.

Cuando María Isabel Moya terminó ayer su agotadora declaración, partió rauda y sin hacer declaraciones a su oficina en el Registro Civil. Santiago ya estaba oscuro. Allí la esperaban los miembros del Departamento de Informática de la repartición. Todos ellos deberán eventualmente entregar su testimonio ante la fiscal Godoy y quizás recurrir a los archivos que preservaron como salvaguarda ante cualquier evento.