Guillermo Arenas, director del Registro Civil

Sólo tres días después de que una investigación de CIPER revelara las irregularidades de una millonaria licitación del Registro Civil, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, anunció hoy en La Moneda que tras conversar con la Presidenta Michelle Bachelet se decidió remover al director nacional del organismo, Guillermo Arenas (PPD), y a los cuatro subdirectores del servicio.

“Esta decisión se ha adoptado teniendo presente la conveniencia y la necesidad de dar absoluta garantía de transparencia, lo que en nuestra opinión como gobierno resultó lesionado a raíz de los antecedentes y de las denuncias que se han recibido en los últimos días respecto de este proceso de licitación”, dijo Maldonado.

El ministro hacía referencia al reportaje que develó vicios en la adjudicación de un contrato por más de US$ 80 millones entre el Servicio de Registro Civil e Identificación y la empresa de origen indio Tata Consultancy Services BPO Chile S.A. para proveer al servicio de la plataforma tecnológica, comunicaciones e informática que permite la administración de la base de datos de todos los chilenos. Entre otras cosas, el asesor de Guillermo Arenas para esta y otras operaciones en curso del organismo público, Andrés Contardo, trabajó paralelamente en el Registro Civil y en la compañía que se adjudicó la licitación.

El martes pasado, pocas horas después de conocerse la investigación de CIPER, el gobierno ordenó anular todo el proceso y se despidió al asesor Contardo. “Me pudo haber costado la cabeza”, advirtió hoy en El Mercurio Guillermo Arenas. Fue justamente el paso siguiente que se adoptó: su remoción y la del resto de la cúpula del servicio público. Arenas será reemplazado interinamente por el ingeniero Luis Fuentes y el resto de los directores serán elegidos mediante el sistema de Alta Dirección Pública del Estado.

En enero, la Contraloría ya había cuestionado la licitación adjudicada a Tata pero sólo por problemas formales, por lo que debió hacerse una nueva evaluación. La semana pasada, Arenas volvió a asignar el millonario negocio a la compañía india, pero esta vez la investigación de CIPER obligó a la autoridad a anular un proceso que afecta a la seguridad de los chilenos.

En entrevista con el vespertino La Segunda, el abogado de Tata, el penalista Jorge Bofill, calificó la decisión de “arbitraria y completamente incoherente”. Afirmó que se están estudiando acciones legales, pues la empresa ya ha invertido medio millón de dólares en el proyecto de plataforma tecnológica. Según Bofill, Contardo informó al Registro Civil de que prestaba asesorías a Tata en el extranjero, lo que había sido reconocido a CIPER por Pablo Cisternas, gerente general de la empresa en una extensa entrevista .