Los efectos del “perdonazo migratorio”: salud pública espera más de 30 mil nuevos usuarios

Otros 30 mil inmigrantes hasta hoy ilegales en Chile ya no lo serán el próximo 5 de febrero, cuando haya finalizado el proceso de regularización de visas para extranjeros iniciado en noviembre por el Ministerio del Interior. La cifra que arrojará el “perdonazo” migratorio encendió las alarmas de las autoridades de Salud, pues significará un incremento explosivo de usuarios del sistema de atención primaria y hospitalaria de la zona norte capitalina, allí donde se concentra la mayor cantidad de inmigrantes de Santiago.

La presión que se viene sobre los consultorios preocupa especialmente a sus funcionarios. Hasta ahora han visto incrementarse sin tregua el número de usuarios inmigrantes sin que se modifique ni infraestructura ni personal. De allí la tensión acumulada en esos centros de atención primaria contra los extranjeros de pocos recursos.

El conflicto partió en 1998, con la primera “amnistía” migratoria para la oleada de peruanos que llegaron escapando de la guerra interna que sacudió a su país. Cerca de 21 mil inmigrantes resultaron beneficiados -de los cuales 18.500 siguen en Chile-, provocando la primera presión de extranjeros sobre los consultorios, la que no ha cesado de aumentar.

Los efectos de esa explosiva situación se conocerán dos semanas antes de que se entregue la cifra definitiva de nuevos extranjeros que obtendrán su residencia en el país. Entonces, el Ministerio de Salud dará a conocer los primeros resultados de un extenso estudio que arrojará el primer diagnóstico serio sobre los problemas relacionados con las atención de inmigrantes –regulares e irregulares- en los centros asistenciales de la zona metropolitana norte.

El estudio, desarrollado por la consultora Demoscópica, muestra, entre otros factores, que gran parte de las fricciones se deben a que los funcionarios de salud no fueron capacitados para comprender los patrones culturales de los extranjeros, especialmente peruanos, y a la falta de una normativa que estandarice los procedimientos para atenderlos.

-No es tanto que los colegas sean racistas. Es que los peruanos son un cacho. Vienen una vez y después no cumplen con los controles. Llegan con niños de 6 años y nunca les han puesto una vacuna. Cuando están esperando guagua, las mujeres llegan por primera vez al control cuando tienen varios meses de embarazo. Y los colegas se enojan, porque los encuentran descuidados -reconoce una funcionaria de un consultorio de la zona norte que pide reserva de su nombre.

Un médico chileno de la red pública (más del 46% de los facultativos que trabajan en consultorios de salud primaria son extranjeros) entrega otra cara del problema:

-Los inmigrantes no cumplen los controles porque son personas que privilegian el trabajo: vienen a Chile a trabajar, a juntar plata, y muchas veces tienen empleos precarios, con problemas para pedir permiso para ir al control. Nos llegan niños de 5 ó 6 años sin sus vacunas y eso es un problema de salud pública. Los que están irregulares no cotizan en Fonasa y atenderlos es pérdida para el consultorio o el hospital, entonces los directores presionan para que no los reciban. Pero, ¿qué pasa si hay un caso de polio o tuberculosis porque el chico no fue vacunado? El Estado debe tener una política para esas personas. Y como no existe, muchas veces uno los atiende así no más, con costo para uno. Depende mucho de la voluntad del personal y hay menos voluntad en los consultorios donde viven más peruanos, porque con ellos ha aumentado mucho la gente que se atiende ahí. Y el personal gana la misma plata atendiendo a más personas.

“Que aparezcan de un día para otro más de 30 mil ciudadanos, con todos sus derechos, es una tremenda presión sobre el aparato público”, explica el ex jefe metropolitano de Extranjería, Esteban Tumba. Y son los sectores de Trabajo, Salud, Vivienda y Educación los que más sufren. Estos problemas, dice Tumba, se deben a que el Estado ha mantenido una política de fronteras abiertas, pero sin declararla formalmente y sin invertir en políticas públicas para absorber las demandas de estos nuevos ciudadanos.

Grupos vulnerables

Dafne es chilena. Nació hace un mes en la maternidad del Hospital San José y su madre, Melca Pacaya, nunca se sometió a un control médico durante el embarazo. Su caso es un ejemplo de las dificultades que tienen los inmigrantes peruanos, especialmente los indocumentados, para acceder a la red pública de salud.

Aunque desde 2003 existe un convenio entre el Ministerio de Salud y el Departamento de Extranjería para que las madres extranjeras, independiente de si están legalmente en Chile, tengan acceso a controles en los consultorios, Melca Pacaya dice que se le negó la atención en las cuatro oportunidades en que se presentó en el Consultorio Recoleta, que corresponde a su domicilio. Había extraviado su pasaporte y por esa razón no contaba con cédula de identidad chilena. Sin el carné, el consultorio le cerró la puerta:

-Yo no tenía papeles, pero todos me decían “anda así no más, te tienen que atender”. Fui cuatro veces y no me atendieron, porque no tenía carné. En la puerta ya me decían “para qué vienes”. Y yo explicaba que había perdido mi pasaporte, que lo estaba pidiendo en el consulado y que sin pasaporte no me daban carné. La segunda vez fui con una constancia del consulado de que ya había pedido el pasaporte. Igual me dijeron “eso no sirve”. Una vez, estaba ahí sentada y una mujer le dice a otra: “Puchas, esta señora está embarazada y no la quieren atender”. Ellas reclamaron hasta que me subieron a una oficina. Ahí me entrevistaron diciendo “para qué vienes, si no tienes nada”. Bajé y entonces, de buena persona, una matrona me revisó –cuenta Melca.

El sociólogo Lorenzo Agar coordina el equipo que montó en noviembre de 2006 el Ministerio de Salud para conocer en detalle los problemas que enfrentan los inmigrantes en la red de atención pública. Agar explica que “desde 2003 hay una normativa entre extranjería y el Ministerio de Salud, por la cual la mujer embarazada, aunque esté irregular, tiene derecho a una visa de residencia transitoria y acceso al carné de identidad y, con ese carné, acceso a Fonasa, aunque sea en el nivel A, el de las personas sin recursos”.

El profesional asegura que hay un promedio anual de 300 personas que ocupan esa visa especial, en un 90% peruanas.

-El hijo que nace es chileno. Pero no todo el mundo está informado de los derechos de ese niño. Esa es una etapa que queremos cubrir el próximo año: la difusión. Hay una serie de beneficios que no se ocupan porque no se sabe que existen. Difusión entre los inmigrantes y entre los funcionarios de los servicios de salud, porque ahí también hay desconocimiento.

Escasa información

Doscientos mil extranjeros en Chile es la cifra que arrojó el Censo de 2002. Transcurridos cinco años, sigue siendo la cifra oficial pese a que los especialistas en proyección demográfica indican que en estos años se aceleró el ingreso de inmigrantes. Diversos estudios sitúan a la población extranjera entre las 260 y 280 mil personas, un tercio de las cuales proviene de Perú.

-En Chile –comenta Agar- la inmigración ha aumentado un 70% en los últimos 10 años. Y va a seguir aumentando porque todos los indicadores muestran (Archivo PDF 26kb) que es un país atractivo desde el punto de vista migratorio . Si se comparan algunos indicadores de Perú, Bolivia y Chile, claramente muestran que peruanos y bolivianos, e incluso argentinos, van a seguir llegando, bajo la hipótesis de que se mantengan las condiciones económicas, políticas y sociales de estos países. Hoy los inmigrantes corresponden prácticamente al 1,8% de la población chilena. En el censo del 2002 eran el 1,3%.

Si bien al anunciar el “perdonazo” se especuló que esta vez el beneficio se extendería a unas 20 mil personas, esa cifra será largamente superada. Ya en la primera quincena de diciembre había 19.918 visas entregadas. De ellas 15.229 correspondían a peruanos (76,6 % del total). Agar estima que finalmente el número de nuevos inmigrantes regularizados estará entre 30 mil y 40 mil.

Esteban Tumba, director de un diplomado sobre inmigración, tiene una mirada crítica respecto del proceso de regularización en curso. El especialista dice que el proceso de 1998 no fue aprovechado para obtener información que permitiera desarrollar políticas para integrar mejor a los inmigrantes, evitar brotes xenófobos y fomentar el respeto a sus derechos laborales y previsionales. Revisando los formularios que se deben completar en esta nueva amnistía, teme que pasará lo mismo:

-Como Estado tenemos la opción de tener o no política migratoria, pero no nos podemos equivocar en lo que sí debemos hacer: conocer bien el fenómeno. Y no lo conocemos bien. Debemos dimensionar toda la migración, regular e irregular. No se ha desarrollado un solo estudio para que el Estado pueda ir generando líneas de acción. La mirada que existe es más de extranjería que de migración. Desde el punto de vista de extranjería hablas de procedimientos y estándares que la persona cumple o no. Pero si hablamos de migraciones, son procesos sociales. En 1998 respondimos a una emergencia, actuamos sólo sobre los síntomas y el proceso terminó ahí. Pero no hubo ningún aprendizaje, no supimos cuáles eran las causas de la migración, de dónde venía la gente, por qué venía y por qué se había quedado al margen de la legalidad –argumenta Tumba.

Capacitación urgente

Si las autoridades hubiesen contado con un informe de caracterización de los inmigrantes fruto de la “amnistía” de 1998, probablemente se habría capacitado al personal de los consultorios y hospitales para conocer la cultura de los peruanos y atenderlos con eficiencia. Pero no fue así y hoy muchos funcionarios de la salud elaboran juicios negativos –con una gran carga racista- sobre los pacientes peruanos:

-Hace falta un manual de procedimientos exactos y una normativa ministerial. El procedimiento administrativo debe estar normado y estandarizado, para que no existan diferencias entre los consultorios de una comuna y otra. Falta además la socialización de esas normativas a todo nivel, no sólo directivo, sino de los funcionarios. Y falta una socialización de los patrones culturales de la población inmigrante. No basta con tener normas, es necesario socializarlas en un contexto, entregar un panorama cultural que caracterice a quiénes estamos atendiendo, porque hay hábitos distintos y conocerlos facilita la cercanía del personal médico y administrativo con los inmigrantes –dice Mireya Valdebenito, de la consultora Demoscópica.

La socióloga Valdebenito opina con la propiedad que le da el ser la coordinadora del más exhaustivo levantamiento de información sobre la realidad de salud de los inmigrantes que viven en las comunas del norte de Santiago, allí donde se han asentado mayormente los peruanos. La tarea encomendada por el Ministerio de Salud culmina en julio de 2008.

-La idea no es sólo sistematizar información, sino proponer políticas -dice la profesional.

El trabajo fue encargado por el equipo de Lorenzo Agar debido a la carencia de estadísticas de atenciones a extranjeros y los costos que ellas ocasionan, lo que formalmente reconoce el Ministerio de Salud(Archivo PDF 433kb).

Fruto de una encuesta aplicada a más de 130 familias de inmigrantes (unos 400 individuos), cuatro focus group y entrevistas con todos los actores relevantes (funcionarios de la salud, directores de ONG’s y organizaciones de la sociedad civil, entre otros), Mireya apuesta a que una de las políticas ineludibles será capacitar al personal de salud y administrativo para que comprenda la cultura de los inmigrantes.

-Entre las embarazadas peruanas –cuenta Mireya- no existe la necesidad de controlarse en los primeros meses. Así es su cultura. Ellas llegan tardíamente al control y eso, al parecer, molesta en los consultorios porque hay indicadores por los que son evaluados y uno es el mes en que se empieza a controlar el embarazo (…) También, en muchos inmigrantes no existe la cultura de controlar al niño sano y de vacunarlo. Además, se deben entender ciertos hábitos alimenticios, de salubridad y de creencias relacionadas con la salud. Hay gente que cree mucho en las hierbas, en los curanderos, los chamanes y que cuando tiene guaguas se amarra un pañuelo en la cabeza o se pone piedras en el estómago. Y llegan a un sistema de salud que no acoge esos patrones culturales, que no entiende que la persona está acostumbrada a no bañarse durante el periodo del parto y posparto, por ejemplo.

Previsión, residencia y cédula

Cruzando la puerta del Consultorio Recoleta, inmediatamente a mano izquierda está la ventanilla de informaciones. El letrero con los requisitos para ser atendido -pegado en el vidrio- parece hecho con el propósito de ahuyentar a los extranjeros indocumentados: “Previsión al día”, “Certificado de residencia” y “Cédula de identidad”.

Cuando se le pregunta a la funcionaria de la ventanilla cuál es el procedimiento para que una embarazada extranjera pueda controlarse, ella muestra el cartel y recita los tres requisitos. Al replicarle que eso excluye a las embarazadas en situación migratoria irregular, lo que contraviene el convenio del año 2003, la funcionaria insiste en que sólo se atiende con cédula de identidad. Se le consulta entonces por los pasos a seguir para acceder al beneficio del convenio. Vuelve a recitar los requisitos –“son las únicas instrucciones que yo tengo de la directora del consultorio”- y da por cerrado el diálogo.

La directora del consultorio, María Elisa Miranda, no recibió a CIPER. A través de su secretaria señaló que las razones por las cuales el personal de recepción no maneja información sobre el convenio debían ser respondidas por Genoveva Figueroa, directora del Departamento de Salud municipal.

Genoveva Figueroa prometió una entrevista que nunca se materializó.

“En ese consultorio yo he llorado para que atiendan a mi hijo”, dice la dueña de casa peruana Ana Centurión. Ella vive en Salas 224, en el corazón de la Vega Central, en los altillos de las bodegas de frutas. Ocho familias habitan en las pequeñas piezas del inmueble. Parada en la puerta de la vivienda, donde le hace el quite al calor, Ana recibe la ayuda de un operativo sanitario organizado por la sede de la Cruz Roja ubicada a un par de cuadras, en Lastra con Independencia.

-Mi hijo de 3 años estaba enfermo, mal. Lo llevamos al Consultorio Recoleta, pero no lo atendieron porque no teníamos los papeles. Mi hijo tiene su cédula y estamos en Fonasa, pero no tenemos el certificado de residencia. Acá no hay unidad vecinal, se desunieron. El papel lo da también Carabineros y ellos piden un recibo de luz y el contrato de arriendo…

-La verdad es que acá no dan contrato de arriendo –la interrumpe Mónica Contreras, otra ocupante de la casa, también peruana-, tampoco boleta, porque aquí el que está subarrendando también es extranjero, ecuatoriano. Y si tuviéramos alguna queja, lo cogen a él y quedamos todos en la calle.

-¿Y no le cuentan eso a la asistente social o a la directora del consultorio?

-Pero si le digo que hasta le lloré –responde Ana-, porque mi hijo tenía unos granos por todo el cuerpo que le brotaban y se le hacían más grandes. Esto fue recién hace un mes. Yo al consultorio fui y lloré. Le dije que lo único que quería era que lo viera un médico, porque lo había llevado a urgencias del Hospital Roberto del Río y no dieron con su enfermedad. Pero no me lo atendieron. Les dije que mi esposo y yo estamos en Fonasa, y nada. Una señora se interesó cuando me puse a llorar y una enfermera me dijo “anda con la directora”. Entré y me dijo “no”, que tenía que tener el certificado de residencia. Yo le dije “mi hijo está mal, quisiera que lo vea un médico sólo para que me diga si es grave”, y nada. Me rechazó igual. Al final lo vio el “Dr. Simi”, le encontró lo que tenía y nos dio los medicamentos para el bebé.

Así como los inmigrantes le hacen el quite a consultorios como el de Recoleta o el Cruz Melo de Independencia, hay otros centros de atención primaria que han hecho fama por tratarlos bien. Uno de ellos es el Alberto Bachelet. De hecho, siguiendo las instrucciones que le dieron en el Hospital San José después del parto, Melca Pacaya llevó a Dafne a su primer control en el Cruz Melo, pero allí no la recibieron porque su domicilio correspondía a Recoleta. Curiosamente, la enviaron al Consultorio Bachelet, que es de Conchalí.

-A mí no me extraña que la hayan enviado para acá. Somos como el Hogar de Cristo de los consultorios. Siempre buscamos una solución para los extranjeros –indica Yessica Aqueveque, jefa del Servicio de Orientación Médico Estadística (SOME), encargado de visar las admisiones del Consultorio Bachelet.

Melca Pacaya sale del Consultorio Bachelet con su hija en brazos y con la sensación de que por primera vez desde que está en Chile recibió instrucciones claras y precisas en un centro de salud. Yessica Aqueveque le explicó paso a paso cómo inscribir a Dafne en el Registro Civil y luego en el sistema de salud para que tenga acceso a todos las prestaciones que recibe una niña chilena. Al final, la funcionaria la despide con una frase que ahorra explicaciones: “Mi esposo es extranjero. Nació en Lima”.

Cruz Roja y “Dr. Simi”

Tras meses entrevistando extranjeros en la Plaza de Armas o en los barrios de Maruri y la Vega, entre otras zonas, el equipo de Mireya Valdebenito tiene claro que el auge del “Dr. Simi” se debe, en gran parte, a que algo no está funcionando en la red pública:

-Hay una serie de alternativas en atención de salud que no han surgido por casualidad. Es porque hay una demanda muy grande de una población inmigrante básicamente no regular. El Hogar de Cristo tiene un consultorio exclusivo para inmigrantes irregulares, la Cruz Roja brinda atención a inmigrantes sin importar su condición de regularidad, a bajo costo y en horarios en los que ellos pueden atenderse, en fines de semana. El famoso “Dr. Simi” ha tenido un boom entre la población inmigrante porque permite acceder a una consulta en un horario mucho más amplio que los centros públicos, a un bajo costo y garantizando el acceso a los medicamentos, lo que no siempre ocurre en los consultorios. Si han surgido estas alternativas, es un indicador de que hay una insuficiencia del sistema. Los horarios de los consultorios no son compatibles con la jornada laboral de un inmigrante común. La mayoría de las mujeres trabaja en servicio doméstico y los hombres en la construcción, con jornadas de 10 a 12 horas y muchas veces ni siquiera pueden salir, porque están puertas adentro. Y los sábados y domingos la atención es súper restringida, sólo para urgencias.

“Yo perdí un buen empleo, con una buena familia, porque me tuve que salir para ocuparme de mi hija de 7 años”, relata la ex empleada doméstica Marta Quispe. El 17 de abril de 2006 su niña despertó con fuertes dolores estomacales:

-La llevamos a un Sapu en Lo Barnechea. Fuimos temprano, como a las siete de la mañana, y no la atendieron hasta las 10:00. Ella se doblaba de dolor en la silla, pero nos hicieron esperar hasta el final, pasaban primero chilenos que habían llegado después que nosotros. “¿Qué reclamas? Agradece que te atendemos”, me dijeron. Fue una impotencia muy grande. A la niña la enviaron de urgencia a las 10:30 al Hospital Calvo Mackenna, tenía una apendicitis que pasó a peritonitis. La operaron recién a las diez de la noche y la dejaron con una obstrucción intestinal. Confundieron su historia médica con la de otra niña y le dieron comida. Lo sé porque vi el historial médico y yo en Perú hice estudios de enfermería. Tuvieron que volver a operarla y el médico nos dijo “si sabes rezar, reza”. Ella estuvo muy mal.

Tras perder su trabajo de empleada doméstica, Marta ahora toma la presión a los transeúntes frente al local de la Cruz Roja vecino a la Vega. Para corroborar su relato, exhibe un informe (Archivo PDF 424kb )de la doctora que atendió a su hija, María Rivera Quispe, en el control postoperatorio.

Lorenzo Agar señala que uno de los grupos que tiene garantizada su atención, con independencia de si su situación migratoria es irregular, es el de los menores. De hecho, recientemente se firmó el convenio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior que amplió la cobertura garantizada a todos los extranjeros menores de 18 años. Pero las madres peruanas reclaman que esas garantías no siempre se respetan.

En la fiesta de Navidad que ofreció la Cruz Roja a los niños de familias inmigrantes el sábado 15 de diciembre, tres mamás peruanas presentan la misma queja: “Nos atienden al final, primero pasan los chilenos”. Otra apunta: “No nos explican bien, el trato no es amable”.

La doctora Lina Palma atiende a inmigrantes en la sede de la Cruz Roja de calle Independencia y tiene la certeza de que la atención garantizada a los menores no siempre se cumple:

-Tengo un paciente peruano al que le atiendo sus dos hijos, de 7 y 8 años. El menor se quemó y en el hospital tuvo que firmar un pagaré de 20 mil pesos que no pudo cubrir. Después el niño se enterró un clavo y le negaron la atención, no le pusieron la antitetánica, por esa deuda. ¡Cómo no hay corazón para atender a un niño!

Entre 2002 y 2006 ese local de la Cruz Roja trabajó en conjunto con el Consulado de Perú un programa de atención médica a inmigrantes los días sábado. “El convenio consistía en que el consulado proporcionaba médicos peruanos que prestaban un servicio gratuito y nosotros aportábamos voluntariado e infraestructura”, cuenta la presidenta de la entidad, Ximena Basterrica.

En 2007 la cooperación del consulado se diluyó y el programa siguió en marcha sólo por iniciativa de Cruz Roja, que aportó médicos chilenos que cobran 1.500 pesos (US$ 3) o atienden de manera gratuita. Cada sábado por la mañana, cuenta Ximena Basterrica, los médicos reciben hasta 20 extranjeros.

Por la tarde, hasta 60 hijos de inmigrantes llegan a esa sede de la Cruz Roja para recibir atención sicológica y apoyar su inserción en Chile: “En general se sienten muy tristes. Sus padres trabajan todo el día, fueron desgarrados de su entorno, separados de sus abuelos. Se han presentado muchas patologías de salud mental, de depresión infantil”, señala Basterrica.

-En este momento –dice la voluntaria- estamos trabajando un proyecto para crear un jardín infantil para que las mamás extranjeras puedan salir a trabajar tranquilas. Este proyecto lo estamos presentando a la Cruz Roja española y estadounidense para que nos apoyen con el dinero.

La doctora Palma quiere presentar al Ministerio de Salud un proyecto para que el local de la Cruz Roja cercano a la Vega sea considerado como un consultorio público especializado en inmigrantes: “Muchos extranjeros que están ilegales no se atreven a ir a los consultorios y hospitales, porque temen dejar sus datos y que luego los deporten. Pero sí confían en la Cruz Roja, una institución neutral”.

Si uno de los problemas que ha detectado el equipo ministerial de Lorenzo Agar es la escasa difusión de los derechos y garantías que asisten a los extranjeros, Palma pide canalizar recursos públicos para una institución que puede hacer esa tarea ya que cuenta con la confianza de los inmigrantes: “La mitad del trabajo ya está hecho”.

El mito de la tuberculosis

El 24 de noviembre de 2006, el diario Las Últimas Noticias puso en marcha una bola de nieve que sigue creciendo en los barrios de la zona norte santiaguina: “Adolescente peruana en tratamiento por tuberculosis causó pánico en su escuela”, decía el encabezado de la nota.

-No hay indicadores estandarizados. Directores de los mismos centros de atención primaria dicen que hay una alta prevalencia de TBC. Hay investigaciones que la mencionan como una de las enfermedades transportadas que había sido erradicada de Chile y que con la llegada de inmigrantes, particularmente peruanos, aumentó. Pero la verdad es que no hay indicadores. Hay percepciones de la gente que trabaja en los centros (consultorios), pero formalmente, desde el punto de vista epidemiológico, no hay datos –señala Mireya Valdebenito.

Después de haber hecho un intenso rastreo sobre el problema en el sector norte capitalino, la profesional dice que en esa área sólo se detectaron cuatro casos de TBC en extranjeros en 2006.

Lorenzo Agar reconoce que el equipo del Ministerio de Salud que aborda el tema de los inmigrantes se formó por dos cosas fundamentales: “Una se refiere al derecho de las personas a ser atendidas, tiene que ver con los derechos humanos. La otra es un poco más egoísta, pero legítima, porque cuando alguien no tiene acceso a la salud ni a las medidas preventivas, puede propagar enfermedades ya casi inexistentes en Chile”.

La presidenta de la Cruz Roja, Ximena Basterrica, dice que ellos han descubierto algunos cuadros de tuberculosis en inmigrantes que han sido rápidamente derivados a los hospitales San José, en el caso de los adultos, y Roberto del Río, cuando se trata de niños. Pero pide calma frente al tema:

-No olvidemos que los niños chilenos están vacunados. Son niños peruanos los que no lo están y hay que preocuparse de ellos. Todas estas versiones van generando situaciones en que los niños peruanos no son bien recibidos ni aceptados. Pero nosotros en Chile tenemos muy bien desarrollada la prevención.

El problema es que los extranjeros irregulares –salvo las embarazadas o los menores- están fuera del circuito preventivo, porque el único ingreso al sistema de salud que se les permite es cuando presentan una urgencia médica.

Y en ese momento todo se reduce a quién califica qué es una urgencia. “Tuvimos un caso –cuenta Raúl Paiba, dirigente de los refugiados peruanos en Chile- de un peruano al que lo atropelló un bus del Transantiago. Los mismos carabineros lo llevaron a la Posta Central, pero no lo atendieron porque no era una urgencia. Lo botaron. Y el hombre no podía caminar. Tenía una fractura triple en una pierna. ¿Eso no es urgencia?”.

-El criterio de qué es urgencia tampoco es estándar –explica Mireya Valdebenito- y depende mucho del hospital al que uno se dirija. Hay casos de accidentes relativamente graves, con fracturas expuestas, por ejemplo, que no son considerados como urgencias (…). La opción de atender por urgencia es cuando se trata de casos muy graves, que ponen en riesgo la vida.

El costo que le significa al país atender a indocumentados a través de urgencias, no se conoce. “La atención de emergencias es completamente anónima, no hay registro de nacionalidad”, comenta Valdebenito. Tampoco existe la cifra de cuánto gasta el Estado en las atenciones a extranjeros regulares en los hospitales.

-No hay estadísticas en los hospitales –explica Mireya Valdebenito- porque hasta 2006 no se registraba la nacionalidad de los pacientes. Desde noviembre de ese año se registran las variables nacionalidad y etnia en las fichas de egreso. Con eso, por primera vez íbamos a saber qué cantidad de inmigrantes están atendiéndose en los hospitales. El problema es que los funcionarios que completan la ficha dicen que la gente se molesta cuando les preguntan por su nacionalidad o etnia. La gente siente que le faltan el respeto con esa pregunta. Lo consideran un insulto. Entonces, los funcionarios muchas veces prefieren no preguntar y según cómo escuchan el acento de la persona le asignan una nacionalidad. Por lo tanto, ese indicador no tiene mayor relevancia.